20 de marzo de 2025

La decisión forma parte de un plan de infraestructura para la implementación de la bicameralidad, que se instaurará a partir del 2026, cuando el Parlamento estará conformado por 60 senadores y 130 diputados. El Congreso prevé que no solo habrá un aumento en el número de legisladores, sino también en el personal administrativo. Acuerdo de la mesa directiva del Congreso adoptado en sesión del 4 de marzo pasado. Actualmente se registran alrededor de 3.500 funcionarios estrictamente dedicados a labores parlamentarias. En promedio hay 27 trabajadores por cada congresista. Evaluación Según documentos revisados por este Diario, en octubre de 2024, el entonces director general de Administración del Congreso, Carlos Pais, informó sobre deficiencias en la infraestructura del Parlamento para implementar la bicameralidad. Pais recomendó la adquisición de un edificio ubicado en Jirón Lampa 445, en el Cercado de Lima, propiedad del BCP. Señaló que el tiempo para la implementación de la infraestructura es corto y construir una nueva edificación implicaría no solo adquirir un terreno, sino también elaborar el expediente técnico de obra, proceder a su ejecución y, finalmente, a su implementación. Según explicó, esas etapas se podrían concretar después de la entrada en funcionamiento de las cámaras de senadores y diputados; es decir, demasiado tarde. Pais renunció al Congreso en enero pasado, en medio del escándalo por presuntas contrataciones irregulares y una supuesta red de prostitución que habría operado en ese poder del Estado. Lee también: Sin debate y en una sola sesión: estas son las denuncias contra cuatro congresistas que archivó la Comisión de Ética Búsqueda inmobiliaria Tras la exposición de Pais, la Mesa Directiva, presidida por Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), autorizó la búsqueda de inmuebles para la adecuación del Congreso al sistema bicameral. Como parte del acuerdo, se realizó una tasación del edificio del jirón Lampa. La valorización, a cargo de la empresa GHL Servicios & Consultoría, fue determinada en US$ 14,35 millones. Luego, el Congreso se dirigió al BCP para ofrecerle US$ 13 millones. En respuesta, el banco presentó una contraoferta de US$ 13.5 millones, que finalmente fue aceptada. Durante el proceso de análisis de alternativas, se evaluaron 11 edificios dentro de un radio de 1,5 kilómetros del Congreso. De estos, tres cumplieron los requisitos establecidos: el edificio Wiese, el edificio Popular y Porvenir y el edificio del BCP. Sin embargo, los dos primeros fueron descartados debido -según el Congreso- a su categoría de patrimonio cultural y a los costos adicionales que implicaría su adecuación. El edificio del BCP cuenta con un área construida de 25,895 metros cuadrados. Según la documentación del Parlamento, ese espacio permitirá albergar al personal y las instalaciones necesarias para el funcionamiento del sistema bicameral. El edificio está conformado por dos inmuebles, el primero ubicado en jirón Lampa 445 y el segundo ubicado en jirón Lampa 415 con jirón Huallaga 320-324. Fuente: Google Street View La Mesa Directiva dispuso que la Oficina de Auditoría Interna del Congreso supervise el proceso de adquisición. Recientemente, la Contraloría General de la República pretendió remover al jefe de esa oficina, el contador público Fernando Rosales Cirilo, pero poco después dio marcha atrás. El Congreso ha autorizado a la actual directora general de Administración, Rosa Izaguirre Silva, que suscriba la minuta, escritura pública y demás documentos necesarios para formalizar la adquisición. Se abstuvo La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular), votó en abstención cuando la mesa decidió autorizar la compra de los inmuebles al BCP. Este Diario le consultó por los motivos de su voto, pero no respondió hasta la publicación de esta nota. En el 2019, el entonces presidente del directorio del BCP, Dionisio Romero Paoletti, reconoció ante el Ministerio Público aportes de campaña a favor de Fuerza Popular por US$ 3,6 millones. El empresario contó que se reunió en seis o siete ocasiones con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exministro Jaime Yoshiyama para entregarles el dinero en efectivo, en maletines, para la campaña del 2011. Lee también: El 89% de peruanos siente que el país no tiene un rumbo claro Romero estaba citado como testigo en el juicio por el Caso Cocteles. Por ese caso, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, acusa a la lideresa de Fuerza Popular de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por ello, pide 30 años y 10 meses de condena, así como 15 años y 5 meses de inhabilitación. No obstante, en enero pasado, el tribunal a cargo del juicio decidió anular lo avanzado y dispuso que el proceso retroceda a la etapa de control de acusación, una medida que el fiscal Pérez ha apelado. Source link

Fuentes parlamentarias señalaron que las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre, entre otras, se pronunciaron a favor de recibir al ministro. Las tres agrupaciones le han servido de sostén político para que continúe en el cargo hasta el momento. Los voceros de APP y Perú Libre, Alejandro Soto y Flavio Cruz, respectivamente, confirmaron a este Diario sus votos a favor. Soto señaló: “A favor de que asista y exponga lo que quiera exponer. Recuerde que no podemos limitar su derecho de informar al pleno. Es más, los ministros pueden asistir y participar de las sesiones del pleno con voz, pero sin derecho a voto”. Cruz añadió: “Es simple, todos tienen derecho a la defensa”. No obstante, Santiváñez ya se presentó ante el Congreso en octubre pasado, cuando fue interpelado por su falta de liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana y otros cuestionamientos. El portavoz de Fuerza Popular, Arturo Alegría, no respondió a nuestros intentos de comunicación anoche. Horas antes, conversó con este Diario sobre las mociones de censura que se planean discutir el viernes. Entre las bancadas que se opusieron a permitir la exposición del ministro estuvieron Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista, precisó el congresista Roberto Sánchez, portavoz de Juntos por el Perú. Incertidumbre El primer ministro Gustavo Adrianzén dijo esperar que el Congreso retroceda en su interés por censurar a Santiváñez luego de que este exponga los supuestos logros de su gestión. “El señor ministro se ha puesto a disposición del Congreso y estoy seguro de que, con evidencias, documentos y cifras, podrá demostrar que el trabajo que está haciendo está dando resultados, que son resultados progresivos y que resulta imprescindible continuar con esta actuación”, dijo en conferencia de prensa. E inmediatamente añadió: “Confío en que luego de las explicaciones que dé y del diálogo con el Congreso, se va a disipar la idea de aprobar una eventual censura”. Adrianzén volvió a respaldar a Santiváñez pese a la creciente ola de criminalidad que azota al país. En su opinión, los resultados de su gestión “progresivamente están siendo positivos frente a un problema que es gravísimo”. Hasta el lunes pasado, había certeza en el Congreso de que Santiváñez sería censurado debido, entre otros problemas, al incremento de los casos de extorsión. El asesinato de Paul Flores García, vocalista de la agrupación musical Armonía 10, el último domingo, fue un punto de quiebre en el respaldo público que le mostraba un sector del Parlamento. No obstante, diversas fuentes parlamentarias señalaron el último miércoles que la salida de Santiváñez ya no es segura. Sumas y restas El congresista Bazán dijo a El Comercio que la bancada de Renovación Popular “sigue firme” por la censura al ministro. Precisó que “el voto será en bloque”. La agrupación la integran 11 legisladores. El vocero fujimorista Arturo Alegría señaló que el viernes solo se analizarán las mociones que presentaron Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Diego Bazán (Renovación Popular) el último lunes. Esto porque, por un tema reglamentario, la presentada por Fuerza Popular recién se podría discutir el sábado. Alegría informó que su bancada no respaldará la moción de Paredes ni la de Quito, ya que durante el gobierno de Pedro Castillo la izquierda no realizó actos de control político. Precisó que Fuerza Popular apoyará la moción de Bazán, porque “se asemeja más” a la que ellos presentaron. No obstante, se prevé la posibilidad de que algunos congresistas fujimoristas se pronuncien en abstención o no participen de la votación. El martes pasado, el legislador fujimorista Ernesto Bustamante rechazó la censura y esgrimió un argumento insólito. “La guerra contra el terrorismo la ganamos todos los ciudadanos con la ayuda de la policía y las Fuerzas Armadas. Hagamos lo mismo esta vez. No podemos decir: ‘Papá ministro, protégeme, pues, porque me van a extorsionar”, dijo en diálogo con radio Exitosa. En tanto, ese mismo día, el legislador Juan Carlos Lizarzaburu (APP) retiró su firma de la moción impulsada por Bazán. Los únicos congresistas de APP que han firmado mociones de censura contra Santiváñez son Lady Camones y Roberto Chiabra. De las 13 bancadas del Congreso, los miembros de 10 han firmado las mociones de censura. Estas reúnen, en conjunto, 67 votos. Para censurar a un ministro se requieren al menos 66 votos; es decir, más de la mitad del número legal de congresistas (130). Posibilidades Fuentes del sector Interior señalaron a El Comercio que Santiváñez está facultado para presentar una cuestión de confianza ante el pleno este jueves, por su plan de seguridad. Hasta el cierre de esta publicación, el ministro no respondió si utilizará ese mecanismo. El congresista Bazán señaló que, de ocurrir, el Consejo Directivo del Parlamento “podría reunirse en ese momento y no admitir la cuestión de confianza”. Agregó que, por ley, no se puede apelar a ese recurso para frenar competencias exclusivas del Congreso, como la censura a un ministro. El legislador Sánchez añadió que una cuestión de confianza necesitaría ser refrendada por el Consejo de Ministros. No obstante, los especialistas en asuntos parlamentarios Martín Cabrera y Alejandro Rospigliosi coindieron en que sí podría plantearse la cuestión de confianza. “Teóricamente sí estaría facultado. Según el reglamento del Congreso y la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, esta la puede presentar el presidente del Consejo de Ministros […] o también un ministro”, explicó Cabrera. Añadió que si Santiváñez está tramando hacerlo, sería una estrategia que lo podría dejar como “ganador”. “El Congreso no lo censuraría por sus defectos, por los problemas señalados en las mociones, sino que el ministro, con bastante astucia, plantearía su política pública en materia de seguridad ciudadana. […] Es posible que lo haga. Estaría poniéndole la agenda al Congreso”, dijo. Rospigliosi añadió que el Congreso ha dejado abierta esa opción al permitir que el ministro se presente ante el pleno. “No correspondía [su presentación] como requisito procedimental de la moción de censura. El Ministro