La respuesta de la Administración de Donald Trump a las exigencias de datos precisos sobre el caso de los más de 200 venezolanos deportados el sábado pasado a El Salvador bajo una ley del siglo XVIII es “lastimosamente insuficiente”, según ha denunciado el juez encargado del caso, James Boasberg. En un escrito este jueves, el magistrado, claramente molesto, ha acusado a las autoridades de evadir sus responsabilidades con respecto a la orden que él había emitido y ha emitido un nuevo ultimátum, para el martes, para que el Gobierno le dé las explicaciones que reclama.

El choque de este jueves eleva el enfrentamiento entre el poder judicial y el Gobierno, entre temores a que este pulso pueda derivar en una crisis constitucional de consecuencias imprevisibles. El sistema político estadounidense prevé un reparto del poder en tres ramas de rango equivalente y que se controlan entre sí: el poder judicial, el legislativo (en manos del Congreso) y el ejecutivo (en manos del Gobierno). Pero la Administración Trump considera que el poder presidencial es casi omnipotente y los jueces ordinarios no tienen competencias para ponerle límites.

El propio presidente ha reclamado la destitución política de Boasberg, al que ha insultado como “un lunático de la izquierda radical” pese a que fue nombrado para su cargo en 2011 por unanimidad del Senado y contar con un largo historial de decisiones que han perjudicado a republicanos y a demócratas.

Boasberg había prohibido el sábado las deportaciones sin garantías jurídicas y bajo la ley de 1798 contra Enemigos Extranjeros, pensada para tiempos de guerra. También había ordenado que los vuelos que transportaban a los venezolanos regresasen a territorio estadounidense si ya estaban en marcha. Los aviones no volvieron y llevaron a sus pasajeros a El Salvador, donde han quedado alojados en una cárcel para miembros de bandas delictivas. El Gobierno alega que cuando el magistrado emitió su orden las aeronaves ya sobrevolaban aguas internacionales, por lo que estaban fuera de su jurisdicción.

Desde entonces, el juez ha reclamado una serie de datos exactos sobre el despegue, aterrizaje, ruta y pasajeros de esos vuelos, para determinar si las autoridades incurrieron en desacato a su tribunal. Pero los abogados del Departamento de Justicia se han negado sistemáticamente a proporcionarle esa información -parte de la cual es de acceso público en las aplicaciones de seguimiento de vuelos- con el argumento de que es una cuestión de seguridad nacional.

En un nuevo dictamen este jueves, Boasberg ha exigido a los abogados que para el próximo día 25 le expliquen por qué alegan que, pese a que los aviones no regresaron con su pasaje a bordo, el Gobierno no violó la orden que él había dado de devolver a los inmigrantes a suelo estadounidense. Es la primera vez que el magistrado exige directamente a la Administración que demuestre que no cometió desacato en ese caso.

En su escrito, el exasperado juez denuncia que la Administración ha “vuelto a evadir sus responsabilidades”. Poco antes del mediodía, cuando expiraba el ultimátum que había dado el miércoles, los abogados del Departamento de Justicia le han entregado un pliego de seis párrafos en el que un funcionario de la agencia de control de la inmigración (ICE) se limitaba a repetir la información general que Boasberg ya había recibido. El documento no especificaba si el Gobierno se plantea apelar a la doctrina de los secretos de Estado para evitar aportar los datos solicitados, algo que los abogados habían insinuado en la vista del miércoles que podrían hacer.

El funcionario del ICE explica que “algunos secretarios (ministros) del Gobierno” aún se están planteando si tomar ese camino y considera que las 24 horas que el juez había dado de plazo para responder no eran suficientes para una decisión de ese calado.

La respuesta, considera el juez, “es lastimosamente insuficiente”. “Para empezar, el Gobierno no puede presentar a un funcionario regional de ICE para dar fe de las conversaciones a nivel ministerial sobre la doctrina de los secretos de Estado”, explica. Boasberg ya se había mostrado escéptico sobre la posibilidad de que esa doctrina sea aplicable en este caso: entre otras cosas, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha incluido datos sobre esos vuelos en sus cuentas en redes sociales.