19 de marzo de 2025

UNICEF denuncia el mayor número de muertes infantiles en un solo día en el último año en Gaza La oleada de bombardeos con los que Israel rompió el martes la tregua en Gaza costaron la vida a más de 400 personas, incluyendo 130 niños. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se trata del mayor número de muertes de niños en un solo día en el último año en Gaza. Además, denuncia que los niños de la Franja han soportado ya más de 15 meses de guerra, que Israel bloquea la entrada de ayuda humanitaria y reclama que se vuelva al alto el fuego. “La información y las imágenes que llegan de la Franja tras los ataques de esta madrugada van más allá del horror. Según los informes, cientos de personas han muerto, entre ellas más de 130 niños y niñas, lo que constituye el mayor número de muertes infantiles en un solo día en el último año”, ha señalado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. Así, ha criticado que “algunos de los ataques alcanzaron refugios provisionales en los que dormían niños, niñas y familias”, lo que supone “otro recordatorio mortal de que ningún lugar es seguro en Gaza”. “Hoy, el millón de niños y niñas de Gaza, que han soportado más de 15 meses de guerra, se ha sumido de nuevo en un mundo de miedo y muerte. Los ataques y la violencia deben cesar ya”, ha expresado. Russell ha recordado que estos ataques se han producido en un momento en el que la entrada de ayuda humanitaria a Gaza continúa bloqueada después de que haya pasado más de medio mes desde que el último camión con ayuda cruzó al enclave, “lo que agrava los riesgos para la infancia”. A esto se suma que Israel ha cortado el suministro eléctrico que daba servicio a la principal planta desalinizadora, provocando que se haya reducido la cantidad de agua potable. La directora ejecutiva de UNICEF ha instado a todas las partes a restablecer “inmediatamente” el alto el fuego y ha pedido a los países “con influencia que la utilicen para garantizar que la situación no se deteriore aún más”. “Todas las partes deben respetar el Derecho Internacional Humanitario, permitiendo la prestación inmediata de ayuda humanitaria, la protección de los civiles y la liberación de todos los rehenes”, ha concluido. (EP) Source link

Hace 10 años que Saúl Luciano Lliuya (45 años, Huaráz, Perú), un guía de montaña y agricultor peruano, espera este día. Aunque sabe que todo el recorrido que lleva ya es un “hecho histórico”. Hace una década, Lliuya decidió denunciar a la energética alemana RWE para hacerla responsable por el deshielo de los glaciares y los riesgos de más de 50.000 habitantes en Huaraz, una ciudad andina ubicada a 3.000 metros sobre el nivel del mar en la sierra central de Perú. Lo que ha sucedido desde entonces ha marcado precedentes: que un individuo logre sentar en el banquillo a una gran empresa, que la justicia alemana alegue que la denuncia es jurídicamente sólida y que se llegue a una fase de obtención de pruebas. Este miércoles el Tribunal Regional Superior de Hamm, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, al este de Alemania, concluirá con la primera audiencia (que se ha desarrollado durante el lunes y este miércoles) de la demanda civil presentada por Lliuya. El peruano, junto a la ONG alemana Germanwatch y la abogada Roda Verheyen, especialista en derecho ambiental, esperan una sentencia histórica que permita multar a las grandes emisoras que aceleran el cambio climático. Según la denuncia, RWE es responsable del 0,47% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde el inicio de la industrialización. Por ende, concluyen los denunciantes, son responsables de que la familia Lliuya y sus vecinos se vean afectados por los deshielos de los glaciares de la zona y amenazados por una posible avalancha debido al aumento del volumen del lago glaciar Palcacocha (a 4.566 metros sobre el nivel del mar), el cual se encuentra a unos 20 kilómetros por encima de la ciudad. El agricultor peruano solicita en la denuncia que la empresa pague 17.000 euros para contribuir a las medidas de seguridad contra un aluvión. El coste total del proyecto de defensa contra inundaciones es de 3,5 millones de dólares (3,2 millones de euros), pero se ha establecido ese monto en relación al impacto que tiene la empresa en el medio ambiente. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de Perú, el volumen de la laguna se incrementó más de cuatro veces desde 2003 a 2009. Y según la Autoridad Nacional del Agua, desde 1972 a 2009 aumentó 34 veces. La pregunta central de la audiencia ha sido “¿hasta qué punto está amenazada la propiedad del demandante por una posible ola de inundaciones debido a los desprendimientos de rocas o avalanchas que caigan en el lago glaciar Palcacocha?”, ha explicado en una entrevista telefónica a EL PAÍS Francesca Mascha Klein, abogada y funcionara legal de Germanwatch. Si el tribunal decide que sí existe un riesgo jurídico relevante, se pasaría a la siguiente fase, donde la pregunta es: “¿en qué medida contribuyeron a este riesgo el cambio climático y, específicamente, las emisiones de CO₂ de RWE?”. De lo contrario, si se decide que Lliuya no está suficientemente afectado, la demanda se desestima. El tribunal ha adelantado que no emitirá una decisión este miércoles al terminar la audiencia, pero Klein ha indicado que esperan que se emita una fecha para la decisión final, que debe ser en tres semanas. “Puede ser un veredicto que rechace la demanda o una decisión para ingresar a la segunda pregunta probatoria”, ha dicho la abogada. Lliuya, desde las afueras del tribunal, ha indicado a la prensa que “esperan con calma” lo que vaya a suceder durante el día. Junto a él, su representante legal ha declarado que “es un honor haber participado de este proceso porque sienta un precedente en todo el mundo, independientemente de su resultado”. Un portavoz de RWE indicó a Efe que esta demanda “intenta sentar un precedente por el cual todos y cada uno de los emisores de gases de efecto invernadero en Alemania podrían ser considerados legalmente responsables de los efectos del cambio climático en todo el mundo, incluso si siempre han cumplido con la normativa de derecho público aplicable”. Ha agregado que, con ese argumento, “todos los conductores de automóviles también podrían ser considerados responsables”. Por otro lado, ha asegurado que la empresa: “se toma muy en serio su responsabilidad en la protección del clima” y que su estrategia “está en línea con los objetivos climáticos de París”. El grupo no tiene operaciones en Perú. La abogada Roda Verheyen y el demandante Saúl Luciano Lliuya en el Tribunal Regional Superior de Hamm el lunes 17 de marzo, en una imagen cedida por la ONG Germanwatch.Germanwatch Durante la audiencia del lunes, según ha relatado Klein, el tribunal criticó a la empresa por las declaraciones sobre los conductores de coche. “El tribunal dijo explícitamente que no, que este no era el caso y que ese argumento solo instauraba miedo; además que es legalmente falso”, ha dicho. La abogada Verheyen ha indicado: “El tribunal tendrá que decidir si existe un riesgo legal suficiente para que mi cliente considere a RWE proporcionalmente responsable del riesgo de inundación en virtud del derecho civil alemán”. Y ha agregado: “Estamos hablando del caso más evidente de los efectos del cambio climático: el deshielo de los glaciares y el permafrost. Urgen medidas de protección en Huaraz para evitar daños a mi cliente”, según una nota de prensa de Germanwatch. Durante la audiencia el lunes, que duró más de seis horas, el experto designado por el tribunal compartió sus evaluaciones del riesgo de inundación. En el segundo día, las partes harán sus declaraciones finales para que el tribunal de por concluida la audiencia. La abogada de la ONG explica que de ganar el pleito, sería un primer paso para financiar las medidas de protección de Huaraz, pero también “sería una victoria histórica para las comunidades del mundo afectadas por el cambio climático; cambiaría la percepción y significaría para las compañías con altas emisiones que su modelo de negocio representan un riesgo financiero y legal”. Un proceso largo Durante varios años, Lliuya y su padre han experimentado las consecuencias

Cuando parece que el criterio jurídico del caso ERE está asentado, este da otra vuelta más. Más de 14 años después de su inicio, el último viraje ha llegado este miércoles cuando la Audiencia de Sevilla, primer tribunal que condenó a la cúpula de la Junta andaluza en la pieza política por los ERE fraudulentos, ha estimado que el Tribunal Constitucional pudo haber vulnerado el Derecho de la Unión Europea con sus sentencias. El hecho de que una Audiencia provincial corrija al tribunal de garantías en su interpretación es un hecho sin precedentes, según los juristas consultados. En 2019, la Audiencia sevillana condenó a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros ex altos cargos socialistas; en 2022 el Tribunal Supremo ratificó su tesis con otra sentencia condenatoria; y el año pasado el Tribunal Constitucional (TC) rebajó las condenas de manera sustancial y ordenó a la Audiencia de Sevilla que reformulara sus sentencias para adecuarlas a su criterio. Ahora, tras solicitarlo el PP como acusación particular, los jueces de la Audiencia han rechazado dicha orden y optan por elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que decida si el tribunal de garantías español ha contravenido el derecho europeo. En su providencia, la Audiencia plantea una “cuestión prejudicial de interpretación” para saber si el Constitucional “se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar (…) la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia y el Tribunal Supremo”. Es decir, el tribunal de Sevilla consulta al europeo con sede en Luxemburgo para que revise si el Constitucional se extralimitó en la pieza política, y da 10 días a las partes del proceso, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones, para que se pronuncien. En su resolución, los magistrados de la Audiencia plantean al tribunal europeo si el Constitucional pudo contravenir la normativa y jurisprudencia comunitaria en su interpretación sobre las leyes de Presupuesto de 2002 a 2009, “al dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución”. La Audiencia estima que el criterio del alto tribunal podría desproteger el patrimonio público y “mermar el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cargo de los bienes de la administración”. Source link

Henry Kissinger, el secretario de Estado de EE UU más poderoso de la Guerra Fría, escribió una vez que Israel no tiene política exterior, solo política interior. Pocas veces la frase se ha revelado tan cierta como este martes, cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu pulverizó por sorpresa el alto el fuego en Gaza, antes de que cumpliese su segundo mes, con una oleada masiva de bombardeos que causó más de 400 muertos, entre ellos numerosos menores y mujeres. De hecho, dos palabras explican lo sucedido mejor que todas las justificaciones presentadas durante la jornada por Netanyahu o por sus ministros de Defensa y Exteriores, Israel Katz y Gideon Saar. Son “como prometimos”, y las pronunció Bezalel Smotrich —el ultraderechista titular de Finanzas partidario de mantener permanentemente tropas en Gaza y recolonizarla— al celebrar la reanudación de los ataques masivos. Dos meses antes, aseguró haber recibido “garantías” de Netanyahu, del gabinete “y de otras formas” de que la guerra no terminaría “en ningún modo” sin “la destrucción completa de Hamás”, a cambio de permanecer en el Gobierno, pese a su oposición al alto el fuego con Hamás. Por si no estaba claro, Smotrich recurrió entonces a los medios para advertir a Netanyahu (en una grabación filtrada en 2022 se le oye definirlo como un “mentiroso total”) de que podía vivir con la primera fase del alto el fuego, porque implicaba el regreso de 33 rehenes israelíes, pero no con la segunda, la verdaderamente importante por implicar el fin de la guerra. Y que, si incumplía su promesa, no solo sacaría de la coalición a su partido, Sionismo Religioso, sino que también se “aseguraría” de tumbarla. Netanyahu compareció entonces para repetir la palabra “temporal” al hablar del alto el fuego y subrayar que contaba con el “pleno apoyo” del entonces presidente de EE UU, Joe Biden, y de su enseguida sucesor, Donald Trump, “para reanudar los combates” si Israel concluía unilateralmente que las negociaciones de la segunda fase no iban “a ningún lado”. Como Netanyahu impide su inicio desde hace mes y medio, no han ido a ningún lado. O, como ha dicho orgulloso Smotrich este martes: “Es para este momento por lo que nos quedamos en el Gobierno”. Un tanque israelí, en el lado israelí de la frontera con Gaza, este martes.Amir Cohen (REUTERS) Todo lo que ha pasado desde enero apunta a que Netanyahu nunca pretendió llegar a la segunda fase de la tregua, pese a firmarlo en enero. “No hay otra manera de explicarlo”, resumía este martes Amos Harel, comentarista de asuntos militares del diario Haaretz. “Israel violó a sabiendas el acuerdo de alto el fuego con Hamás —con la aprobación de EE UU— porque no quería cumplir plenamente los términos a los que se había comprometido dos meses antes”. El “verdadero objetivo” de la ofensiva, añadía, es “una guerra perpetua en múltiples frentes” que le permita asegurar “un deslizamiento gradual hacia un régimen de estilo autoritario”. Cada vez más presión Es el hecho que emerge entre el ruido de las acusaciones cruzadas. Netanyahu viene boicoteando la continuidad del mismo acuerdo de tregua que rubricó, aparentemente, como regalo a un imprevisible Trump para que regresase al poder con el conflicto al menos con sordina. Ha efectuado graves incumplimientos y apretado cada vez más a Hamás (que ha respetado casi completamente los términos del pacto), en una muestra de la fortaleza estratégica del primero (la Casa Blanca ha responsabilizado “plenamente” al grupo islamista de la reanudación de los bombardeos) y la debilidad del segundo. En contravención de lo acordado, Israel no retiró las tropas de la frontera entre Gaza y Egipto; no permitió la entrada de caravanas para proveer una alternativa habitacional a los numerosos gazatíes que han perdido sus casas, ni de excavadoras para retirar los escombros; y mató a más de cien personas en bombardeos puntuales que fue incrementando como medida de presión negociadora. Hace dos semanas, acabó bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y cortando la electricidad a la desalinizadora de agua, la única línea de que mantenía desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Pero, sobre todo, nunca inició las negociaciones para pasar a la segunda fase, que el acuerdo estipulaba para el 6 de febrero. Así que, hace dos semanas y media, acabó la primera fase, sin transitar a la segunda, ni incluir intercambios de rehenes y presos. Palestinos inspeccionan el lugar de un bombardeo israelí en Yabalia, en el norte de Gaza, este martes.Mahmoud Issa (REUTERS) Su ministro de Exteriores ha justificado justo los nuevos bombardeos masivos precisamente en que las negociaciones habían alcanzado un “punto muerto” que no podía aceptar. “Si hubiésemos seguido a la espera, habríamos seguido sin movernos y me recuerda mucho a los primeros 20 días, entre el 7 de octubre y la entrada terrestre de que había una voluntad o esperanza de que a lo mejor Hamás entraba en razón y llegaba a un acuerdo antes de eso. Hasta que no sucedió, no pasó nada […] Hamás tiene que aprender por las malas que no puede poner a Israel de rodillas”, señaló en una entrevista en una conferencia en la ciudad de Dimona. “Una decisión política” Para Andreas Krieg, analista de riesgos geopolíticos en Oriente Próximo y Norte de África y profesor asociado en la Escuela de Estudios de Seguridad del King’s College de Londres, la reanudación de la guerra es “principalmente una decisión política” del Gobierno de Netanyahu, más que militar, tras dos meses “haciendo todo lo posible para torpedear” el acuerdo. Viene “presionando a Hamás para que liberase a los soldados sin hacer concesiones” o tratando de arrinconarlo a una posición en la que se viese forzado a lanzar una respuesta que le sirviese como “pretexto para la escalada”. Los islamistas lanzaron un pulso en febrero, anunciando que no liberarían rehenes esa semana, en protesta por la acumulación de vulneraciones israelíes previas, y acabaron dando marcha atrás, entre amenazas de Trump de abrir las “puertas del infierno” si no liberaba a