18 de marzo de 2025

Las más de dos horas de charla entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, han arrojado un resultado muy limitado, al menos en público, para imponer un alto el fuego en Ucrania o lograr grandes progresos hacia un acuerdo de paz. Según han informado sus respectivos Gobiernos, los dos líderes han pactado solo una tregua parcial inicial, por la que Moscú se abstendrá de atacar infraestructuras e instalaciones energéticas y que, según el Kremlin, durará 30 días. Además, Rusia ha anunciado un modesto intercambio de prisioneros, de 175 personas por bando, este mismo miércoles. Pero Putin mantiene un listado de exigencias que reclama para dar su visto bueno a un cese de los combates más extenso en el tiempo. Entre ellas figuran el fin de la ayuda militar y del suministro de inteligencia extranjera a Ucrania. Se trata de dos condiciones muy dañinas para Kiev. Los comunicados de los dos Gobiernos difieren notablemente. El de la Casa Blanca no especifica un plazo de duración para la pausa a los ataques contra las infraestructuras. Diferencia “infraestructuras” y “energía”, dando a entender que se trata de dos tipos de instalaciones distintas. El del Kremlin habla de “infraestructuras de energía”. El texto de la Casa Blanca indica, además, se abrirán de inmediato conversaciones “técnicas” en algún lugar de Oriente Próximo, que abordarían primero un alto el fuego en las aguas del mar Negro. Esa tregua limitada progresaría después a alto el fuego absoluto y, más tarde, a paz definitiva. La escasez de resultados tangibles y la inflexibilidad de Putin no han impedido a Trump desbordar entusiasmo en sus reacciones. Poco después de la difusión de los comunicados, el presidente estadounidense, en un mensaje en su red social, Truth, calificó la llamada de “muy buena y productiva”. “Hemos acordado un alto el fuego inmediato para toda la infraestructura y energía, con el entendimiento de que trabajaremos muy rápido para una tregua completa y, finalmente, el fin de esta horrible guerra… ¡el proceso está en pleno efecto y por el bien de la humanidad, conseguiremos terminarlo!”, sostuvo. Las conversaciones pactadas se desarrollarían probablemente en Arabia Saudí, el país que ha acogido las primeras rondas de diálogo entre los representantes de Estados Unidos y delegaciones de Rusia y Ucrania, respectivamente. El breve comunicado de la Casa Blanca no precisa si esas negociaciones se desarrollarían entre Estados Unidos y Moscú o si también estarían incluidos Kiev y los aliados europeos. Hasta el momento, las autoridades de Ucrania han guardado silencio sobre el resultado de la llamada telefónica, pero algunas de las condiciones que exige Putin para un alto el fuego duradero resultan difícilmente aceptables para Kiev. Los dos líderes “hablaron sobre la necesidad de una paz y un alto el fuego en la guerra en Ucrania”, comienza el documento divulgado por la oficina presidencial estadounidense. “Ambos acordaron que este conflicto necesita concluir con una paz duradera. También subrayaron la necesidad de una mejora de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia”. En Moscú, el comunicado oficial ruso contenía detalles ausentes del texto estadounidense. E incluía notables escollos. Putin, según ese comunicado, ha expresado a Trump su rechazo a una tregua incondicional que permita a Ucrania reforzarse, y ha amenazado con una escalada si Kiev recibe más apoyo militar y de inteligencia. “La condición clave para evitar la escalada del conflicto y trabajar en su solución por medios políticos y diplomáticos debe ser el cese total de la ayuda militar extranjera y el suministro de información de inteligencia a Kiev”, ha reclamado el régimen ruso durante la llamada telefónica. El mandatario ruso ha repasado ante el norteamericano “una serie de puntos importantes” para aceptar el alto el fuego de 30 días que incluyen “detener la movilización de tropas y el rearme de las fuerzas armadas de Ucrania”, aunque ha expresado sus dudas sobre la vigilancia en el cumplimiento de la tregua a lo largo del frente. Según el Kremlin, el líder ruso sí ha instruido “de inmediato” a sus militares a cesar los ataques y ha accedido a negociar sobre la navegabilidad en el mar Negro. El presidente ruso reiteró su deseo de alcanzar una solución que atienda “los intereses legítimos de Rusia en el ámbito de su seguridad” y sea “integral, sostenible y a largo plazo”. Traducido, Moscú reclama que Ucrania quede desarmada, sin ningún apoyo occidental y con un Gobierno afín, además de reconocer como rusos los territorios que reclama el Kremlin. Es muy posible que descarrilen las negociaciones ante las exigencias del Kremlin, y Putin ha tratado de convencer a Trump durante su conversación de que Kiev boicoteará su propuesta de tregua. “[Durante la conversación] se señalaron los graves riesgos asociados a la incapacidad de negociar del régimen de Kiev, que ha saboteado y violado repetidamente otros acuerdos alcanzados”, recogía el comunicado del Kremlin, el mismo Gobierno que incumplió los pactos de Minsk de 2015 con varias ofensivas posteriores en Donbás. Además de Ucrania, ambos mandatarios hablaron “de la situación en Oriente Próximo y la región del mar Rojo”, aunque en el comunicado del Kremlin se omite si trataron la nueva ofensiva de Israel en Gaza que provocó más de 400 muertos este martes. “Se realizarán esfuerzos conjuntos para estabilizar la situación en las zonas de crisis y establecer la cooperación en cuestiones de no proliferación nuclear y seguridad mundial”, dice Moscú. Al igual que Trump, Rusia tampoco ocultó su euforia tras la cumbre telefónica. Una de las figuras clave del equipo negociador ruso, el jefe del fondo soberano del Kremlin, Kirill Dmítriev, celebró sus resultados en X: “Bajo el liderazgo del presidente Putin y del presidente Trump, el mundo se ha vuelto un sitio mucho más seguro hoy! ¡Histórico! ¡Épico!”. “Putin y Trump están en la misma sintonía”, ha remarcado el exasesor del presidente ruso Serguéi Markov en su canal de Telegram. “El principal punto es la mejora de las relaciones bilaterales”, ha destacado el analista, que espera el levantamiento de algunas sanciones, principalmente bancarias. “Europa

Rasha Alawieh | La profesora de la Universidad de Brown que fue deportada de Estados Unidos cuando regresaba de vacaciones en el Líbano (y lo que se encontró en su teléfono celular) | USA | Donald Trump | Hassan Nasrallah | ICE | DHS | MUNDO | EL COMERCIO PERÚ Source link

Con marchas en decenas de ciudades colombianas, convocadas por el presidente Gustavo Petro que ha declarado este martes como día cívico para alimentar las movilizaciones, miles de sindicalistas, estudiantes, militantes de la izquierda e indígenas han pedido al Senado no oficializar lo que parece ser una realidad: negar la reforma laboral que venía avanzando lentamente por el Legislativo, y que el mandatario de izquierdas ha convertido en una suerte de definición de su capacidad de lograr el cambio que prometió a su país. Lo ha hecho con un mensaje claro: “Quedan convocados, arranca la consulta popular”, dijo ante una multitud que le vitoreaba, a la que ha convocado para que defina en las urnas el futuro de la reforma, justo a un año de las elecciones legislativas de 2026. La cita a marchar por las calles del centro de Bogotá, a las nueve de la mañana, reunió a 1.500 indígenas que recorrieron cientos de kilómetros, a sindicalistas y a políticos oficialistas. “Fuimos electos en las calles, debemos marchar para que la oposición nos escuche”, decía sobre esa hora la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal. Había entusiasmo y ánimo en el Parque Nacional de la capital, aunque se preveía que el Senado negaría la reforma en las horas siguientes. “Aquí está la mayoría”, explicaba su compañera, la senadora María José Pizarro, en apoyo al argumento de que la decisión del Senado va en contravía de la voluntad popular. Menos de cuatro kilómetros más al sur está la Plaza de Bolívar, el destino de los manifestantes. En su costado sur, el Capitolio, donde se congregaba a las 10 de la mañana la Comisión Séptima del Senado, los 14 congresistas que tenían en sus manos el proyecto que presentó el Ejecutivo en 2023 y que había sido aprobado por la Cámara en junio pasado, con grandes ajustes y tras un cuidadoso trabajo de conciliación que lideró la ahora exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La comunista aceptó eliminar los apartados que fortalecían a los sindicatos, a cambio de mantener avances individuales para los trabajadores, como mayores pagos por el trabajo en días festivos o una mayor extensión de las horas que se consideran nocturnas y tienen un sobresueldo. Miles de simpatizantes del Gobierno de Gustavo Petro, este 18 de marzo en la Plaza Bolívar. Juan Cano (Presidencia de Colombia) Desde la semana anterior, cuando ocho senadores de la Comisión firmaron una propuesta para archivar la reforma, la suerte estaba echada. Argumentaban sus efectos negativos sobre el empleo y la falta de mejoras para los trabajadores informales, que son más de la mitad de la fuerza laboral de Colombia. Este martes, mientras los manifestantes sumaban fuerzas y se preparaban para caminar 40 cuadras, los senadores se preparaban para votar el archivo definitivo del proyecto. Hasta el momento de cerrar esta nota, la votación no se había dado. El presidente, en cambio, habló en favor de la reforma desde una tarima en la Plaza de Bolívar, zahiriendo a los senadores. “Cuando la tiranía contra el pueblo se impone, nos lo enseñó Bolívar, el pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible”, incentivó a los marchantes. Del otro lado, en las calles se preveía una derrota, y se proyectaba al futuro una clara indignación. “Son solo un puñado de congresistas que se oponen a los derechos de la mayoría”, señala la senadora Pizarro. “El Congreso se fue elegido para debatir, no para archivar”, la secunda Carrascal. Por su parte Gerardo Jumí, reconocido dirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia prometía más protestas contra la decisión: “El Congreso le está haciendo un gran mal a los colombianos y debe esperar grandes movilizaciones”. Gustavo Petro habla a los asistentes reunidos en la Plaza Bolívar, este martes en Bogotá.Luisa Gonzalez (REUTERS) Cuando se conoció la postura de los ocho senadores, el presidente anunció que convocará a una consulta popular para que los colombianos definan en las urnas si quieren la reforma laboral, y también una empantanada reforma al sistema de salud. La campaña por esa consulta sería el camino natural de la movilización social, que Petro mismo ha puesto en marcha este martes, y que debería desembocar, de salir adelante, en las urnas. Se trata de un mecanismo constitucional que no han usado los presidentes, aunque sí han usado otros similares: Álvaro Uribe convocó a un fallido referendo, y Juan Manuel Santos fracasó con su plebiscito para refrendar el acuerdo de paz con las extintas FARC. La particularidad de la consulta es que debe contener preguntas sencillas que se respondan sí o no, no textos legales, y en caso de ser aprobada, las diferentes instancias del Estado deben implementarla. Antes de ello, el Gobierno debe definir los interrogantes, el Senado debe avalar la convocatoria, y la organización electoral debe preparar la votación. Iván Velázquez, exministro de Defensa, sale a las marchas convocadas por Petro en la carrera séptima en Bogotá.Diego Cuevas Si llega a las urnas, su destino es difícil. Una popular consulta anticorrupción, el único antecedente, fracasó en 2018 porque no obtuvo el mínimo de votos necesario para que sea válida, conocido como umbral. Cada pregunta debe ser votada por una tercera parte del censo electoral, una cifra alta en un país en el que la abstención ronda el 509% en las elecciones presidenciales. Para el caso de la propuesta por Petro, requeriría que votaran 13.654.457 personas (entre ellas, además, una mayoría por el sí). Es una cifra significativa: Petro fue elegido en 2022 con 11.291.9787 votos en la segunda vuelta y en octubre de 2023 votaron 23.038.752 personas por todos los alcaldes del país. Por eso, para Yaser Andrade, un estudiante de la universidad nacional de 22 años que salió a marchar en apoyo del Gobierno y de la reforma, la consulta es una apesta arriesgada. “El presidente puede perder y se acaba todo su capital político, pero la gente tiene que mostrar que queremos reformas”, explica, antes de aceptar que las marchas de este martes no buscaban hacer cambiar de parecer a