Con marchas en decenas de ciudades colombianas, convocadas por el presidente Gustavo Petro que ha declarado este martes como día cívico para alimentar las movilizaciones, miles de sindicalistas, estudiantes, militantes de la izquierda e indígenas han pedido al Senado no oficializar lo que parece ser una realidad: negar la reforma laboral que venía avanzando lentamente por el Legislativo, y que el mandatario de izquierdas ha convertido en una suerte de definición de su capacidad de lograr el cambio que prometió a su país. Lo ha hecho con un mensaje claro: “Quedan convocados, arranca la consulta popular”, dijo ante una multitud que le vitoreaba, a la que ha convocado para que defina en las urnas el futuro de la reforma, justo a un año de las elecciones legislativas de 2026. La cita a marchar por las calles del centro de Bogotá, a las nueve de la mañana, reunió a 1.500 indígenas que recorrieron cientos de kilómetros, a sindicalistas y a políticos oficialistas. “Fuimos electos en las calles, debemos marchar para que la oposición nos escuche”, decía sobre esa hora la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal. Había entusiasmo y ánimo en el Parque Nacional de la capital, aunque se preveía que el Senado negaría la reforma en las horas siguientes. “Aquí está la mayoría”, explicaba su compañera, la senadora María José Pizarro, en apoyo al argumento de que la decisión del Senado va en contravía de la voluntad popular. Menos de cuatro kilómetros más al sur está la Plaza de Bolívar, el destino de los manifestantes. En su costado sur, el Capitolio, donde se congregaba a las 10 de la mañana la Comisión Séptima del Senado, los 14 congresistas que tenían en sus manos el proyecto que presentó el Ejecutivo en 2023 y que había sido aprobado por la Cámara en junio pasado, con grandes ajustes y tras un cuidadoso trabajo de conciliación que lideró la ahora exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La comunista aceptó eliminar los apartados que fortalecían a los sindicatos, a cambio de mantener avances individuales para los trabajadores, como mayores pagos por el trabajo en días festivos o una mayor extensión de las horas que se consideran nocturnas y tienen un sobresueldo. Miles de simpatizantes del Gobierno de Gustavo Petro, este 18 de marzo en la Plaza Bolívar. Juan Cano (Presidencia de Colombia) Desde la semana anterior, cuando ocho senadores de la Comisión firmaron una propuesta para archivar la reforma, la suerte estaba echada. Argumentaban sus efectos negativos sobre el empleo y la falta de mejoras para los trabajadores informales, que son más de la mitad de la fuerza laboral de Colombia. Este martes, mientras los manifestantes sumaban fuerzas y se preparaban para caminar 40 cuadras, los senadores se preparaban para votar el archivo definitivo del proyecto. Hasta el momento de cerrar esta nota, la votación no se había dado. El presidente, en cambio, habló en favor de la reforma desde una tarima en la Plaza de Bolívar, zahiriendo a los senadores. “Cuando la tiranía contra el pueblo se impone, nos lo enseñó Bolívar, el pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible”, incentivó a los marchantes. Del otro lado, en las calles se preveía una derrota, y se proyectaba al futuro una clara indignación. “Son solo un puñado de congresistas que se oponen a los derechos de la mayoría”, señala la senadora Pizarro. “El Congreso se fue elegido para debatir, no para archivar”, la secunda Carrascal. Por su parte Gerardo Jumí, reconocido dirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia prometía más protestas contra la decisión: “El Congreso le está haciendo un gran mal a los colombianos y debe esperar grandes movilizaciones”. Gustavo Petro habla a los asistentes reunidos en la Plaza Bolívar, este martes en Bogotá.Luisa Gonzalez (REUTERS) Cuando se conoció la postura de los ocho senadores, el presidente anunció que convocará a una consulta popular para que los colombianos definan en las urnas si quieren la reforma laboral, y también una empantanada reforma al sistema de salud. La campaña por esa consulta sería el camino natural de la movilización social, que Petro mismo ha puesto en marcha este martes, y que debería desembocar, de salir adelante, en las urnas. Se trata de un mecanismo constitucional que no han usado los presidentes, aunque sí han usado otros similares: Álvaro Uribe convocó a un fallido referendo, y Juan Manuel Santos fracasó con su plebiscito para refrendar el acuerdo de paz con las extintas FARC. La particularidad de la consulta es que debe contener preguntas sencillas que se respondan sí o no, no textos legales, y en caso de ser aprobada, las diferentes instancias del Estado deben implementarla. Antes de ello, el Gobierno debe definir los interrogantes, el Senado debe avalar la convocatoria, y la organización electoral debe preparar la votación. Iván Velázquez, exministro de Defensa, sale a las marchas convocadas por Petro en la carrera séptima en Bogotá.Diego Cuevas Si llega a las urnas, su destino es difícil. Una popular consulta anticorrupción, el único antecedente, fracasó en 2018 porque no obtuvo el mínimo de votos necesario para que sea válida, conocido como umbral. Cada pregunta debe ser votada por una tercera parte del censo electoral, una cifra alta en un país en el que la abstención ronda el 509% en las elecciones presidenciales. Para el caso de la propuesta por Petro, requeriría que votaran 13.654.457 personas (entre ellas, además, una mayoría por el sí). Es una cifra significativa: Petro fue elegido en 2022 con 11.291.9787 votos en la segunda vuelta y en octubre de 2023 votaron 23.038.752 personas por todos los alcaldes del país. Por eso, para Yaser Andrade, un estudiante de la universidad nacional de 22 años que salió a marchar en apoyo del Gobierno y de la reforma, la consulta es una apesta arriesgada. “El presidente puede perder y se acaba todo su capital político, pero la gente tiene que mostrar que queremos reformas”, explica, antes de aceptar que las marchas de este martes no buscaban hacer cambiar de parecer a
