18 de marzo de 2025

Desde hace unas semanas, cuando las manecillas del reloj marcan las 21.00, comienza una coreografía inusual en la sede de una de las mayores tecnológicas de Shenzhen (Cantón, sur de China). Los técnicos de recursos humanos de DJI, el principal fabricante chino de drones, recorren los pasillos de la compañía con urgencia, instando a los empleados a abandonar sus escritorios. Apenas se permiten excepciones y a los rezagados se les apremia: la regla es clara, hay que fichar la salida para esa hora. La prensa local resalta estos días que algunas firmas chinas están poniendo coto a las horas extra, y destacan también a los gigantes de los electrodomésticos Midea y Haier por incentivar “jornadas más cortas” y “el descanso obligatorio en fines de semana”. Que apagar el ordenador a las nueve de la noche se celebre, ilustra hasta qué punto se ha normalizado una dinámica de trabajo extenuante en el gigante asiático. Estar más de 12 horas en la oficina es una práctica común, que incluso se considera un sello de identidad de las empresas de innovación: es una demostración de compromiso. Por eso, que algunas hayan dado el paso de restringir las horas extra ha desatado un aluvión de reacciones en las redes sociales del país, con muchos preguntándose: “¿Estamos ante el principio del fin de las jornadas maratonianas en China?” Oficialmente, el Consejo de Estado (el Ejecutivo) establece la jornada laboral en ocho horas diarias y 40 horas semanales, pero deja espacio para la ambigüedad. Especifica que, “según las características de cada oficio, se pueden ajustar y plantear otros horarios de trabajo y descanso”. De ahí que el modelo “996″ — de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días a la semana — se haya convertido en un estándar no escrito que ha definido durante lustros la cultura del trabajo de las grandes corporaciones chinas. La obsesión por la productividad extrema, sin embargo, está pasando factura a su fuerza laboral. Los jóvenes, cada vez más desencantados con la lucha constante por destacar, prefieren resistirse a la competencia feroz, que tampoco garantiza mejor calidad de vida. A esta “filosofía” la llaman tangping (“tumbarse”). El agotamiento generalizado y no tener tiempo para el disfrute personal también se refleja, entre otros, en la caída del consumo y de la natalidad, un combo que preocupa especialmente a Pekín. Con este telón de fondo, el Gobierno está tratando que cale el mensaje de buscar un balance entre desarrollo económico y bienestar social. Yanyuan, un programador y gestor de proyectos de DJI que pide ser citado con un apodo, confirma a EL PAÍS que, desde finales de febrero, los jefes de equipo salen a las 21.00 “para dar ejemplo”, y que, desde el martes, la política se ha extendido a todo el personal. “Si tienes un proyecto urgente, debes solicitar permiso para hacer horas extra”, detalla este ingeniero de 31 años. “Los empleados están más contentos porque esperan encontrar equilibrio entre la vida personal y laboral”, afirma. Hasta ahora, lo común era permanecer en el despacho de lunes a viernes de 10.30 a 23.00. No obstante, Yanyuan cree que la medida “aumentará la presión”. “Será más difícil alcanzar los objetivos”, enfatiza, y augura que la flexibilización del horario no tardará en quedar en papel mojado. Menciona que, en DJI, ya se fomentaba “no trabajar horas extra los miércoles”. “Al principio, muchos fichaban antes de las 19.30, pero ya todos ignoran la medida”, señala. En su opinión, se debe a que “el gen neijuan es inherente” a sus compañeros. El término neijuan (literalmente, “dentro de un rollo”) es una de esas palabras que se ponen de moda para reflejar una realidad social. Aunque su significado original es “involución”, el neologismo describe un sistema donde, ante las oportunidades limitadas, las personas se ven obligadas a esforzarse cada vez más para no quedarse atrás. Esto crea un círculo vicioso que alimenta la competitividad, pero no genera verdaderos progresos. En español, podría compararse con la idea de una “carrera de ratas”. Incluso los líderes comunistas utilizan la expresión, porque retrata lo que asocian con un freno estructural para la economía: “Conviene combatir la competencia autodestructiva derivada del neijuan y corregir las prácticas de los gobiernos locales y las compañías que fomentan esa dinámica”, aseveraron durante la Conferencia Central de Trabajo Económico, celebrada el pasado diciembre. Consideran que esa competición desmedida ha derivado, además, en guerras de precios que afectan a la rentabilidad de las empresas y desincentivan la innovación. La semana pasada, el primer ministro, Li Qiang, incluyó el concepto por primera vez en el informe sobre la Labor del Gobierno. “Es necesario rectificar de manera integral la excesiva competencia interna [neijuan]”, reza el texto. “Creo que en las grandes ciudades el fenómeno neijuan es muy grave”, escribe en Xiaohongshu (el Instagram chino) una usuaria de la provincia de Jiangsu. “Si yo trabajase hasta las 21.00, mi padre vendría a buscarme a preguntar qué pasa”, prosigue. “¿Se supone que tenemos que agradecerles trabajar solamente once horas diarias?”, responde otro internauta. “Trabajar horas extra se da por sentado China, pero no sé por qué”, se lamenta por teléfono Ami (pseudónimo), del área de negocios de Midea. Varios reportajes aseguran que la firma cantonesa está pidiendo a sus trabajadores abandonar la oficina a las 18.20. Ami, sin embargo, dice que, al menos en su departamento, “la iniciativa duró solamente dos semanas”. Reconoce que otras medidas para reducir la carga laboral sí se están aplicando estrictamente, como eliminar los formalismos y las reuniones a última hora. Tiene 30 años y piensa que su generación se siente “decepcionada”. “Aunque trabajemos bien y mucho, podemos perder el trabajo por cuestiones ajenas a nosotros”, asegura. “Somos responsables”, recalca, “pero a diferencia de los empleados más mayores, estamos en contra del presencialismo”. “No queremos unirnos al juego de fingir trabajar horas extra y ser aplicados; si queremos irnos, nos vamos”, apostilla. Ami valora las medidas anunciadas (“son positivas”, insiste), pero también duda de su aplicación a largo plazo. Source

El Gobierno de EE.UU. anunció este martes que las negociaciones para un alto al fuego en Ucrania continuarán el domingo en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita, para dar continuidad al diálogo que mantuvieron este martes el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. En una entrevista con la cadena Fox News, Steve Witkoff, uno de los asesores más cercanos a Trump, afirmó que las conversaciones sobre un acuerdo de alto el fuego “comenzarán el domingo en Yeda”. MIRA AQUÍ: Trump y Putin conversan por teléfono sobre el alto el fuego en Ucrania: ¿qué pedirá el líder ruso? Según Witkoff, la delegación estadounidense en Arabia Saudí estará encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, aunque no precisó quién formará parte de la delegación rusa y si el Gobierno ucraniano estará invitado a ese diálogo. Durante una llamada este martes, Trump y Putin acordaron una pausa inmediata en los ataques contra infraestructuras energéticas en la guerra de Ucrania, pero el líder ruso se mostró reticente a respaldar una tregua más amplia de 30 días, algo que Washington considera un primer paso hacia un acuerdo de paz. La Casa Blanca describió el acuerdo de hoy como el inicio de un “movimiento hacia la paz” que espera incluya un alto el fuego marítimo en el mar Negro y, eventualmente, el fin definitivo de los combates. Según el Kremlin, durante la llamada Putin reiteró su petición para que cese toda asistencia militar y de inteligencia occidental a Ucrania. Trump, sin embargo, aseguró posteriormente en una entrevista con Fox News que ese tema no se abordó durante la llamada. Las negociaciones en Arabia Saudita llegarán en un momento en que la Administración de Trump sigue intentando que Rusia acepte su propuesta de tregua de 30 días. MÁS INFORMACIÓN: Donald Trump y Vladimir Putin pactan una tregua muy limitada, sin alto el fuego total El Gobierno ucraniano ya aceptó la propuesta la semana pasada durante otras conversaciones en Yeda, lideradas por Rubio y Waltz, quienes volverán a Arabia Saudita en los próximos días. Por su parte, Witkoff, que ostenta el cargo de enviado especial para Oriente Medio, ha liderado las negociaciones con Putin. Según explicó este martes a Fox News, ya se ha reunido en dos ocasiones con el presidente ruso, la última vez durante cuatro horas, para presentarle la propuesta de alto al fuego de 30 días. SOBRE EL AUTOR Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Source link

En el enfrentamiento que la Administración de Donald Trump y el estamento judicial libran en torno a los límites del poder del presidente, los jueces han asestado este martes un importante golpe. Un magistrado federal en el Estado de Maryland ha emitido una orden que prohíbe al oligarca tecnológico Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) continuar el desmantelamiento de la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo (Usaid). El juez Theodore Chuang también ha declarado que la decisión de DOGE de abolir Usaid es “probablemente inconstitucional” y ha ordenado de modo cautelar que se den los pasos necesarios para que la agencia pueda recuperar su sede de siempre, en el edificio Ronald Reagan en el centro de Washington, por si la decisión final sobre el caso acaba siendo favorable a los demandantes que denuncian que cerrar la agencia es ilegal. La entidad bajo el control de Musk despidió a la mayoría de los funcionarios de la institución y ordenó vaciar sus oficinas el mes pasado. Los pocos trabajadores que conservaron su empleo pasaron a depender del Departamento de Estado. La instrucción de Chuang también estipula que los trabajadores despedidos deben recuperar el acceso a su correo electrónico oficial, notificaciones de seguridad, sistema de pagos y otros sistemas electrónicos. En su escrito, el magistrado señala que los actos de DOGE para desmantelar Usaid a toda prisa “probablemente violaron la Constitución de Estados Unidos de muchos modos”. Esas decisiones no solo perjudicaron a los trabajadores de la agencia federal. También dañaron al interés público y de los contribuyentes, y se saltaron las competencias de los legisladores elegidos por los votantes, y a quienes corresponde determinar si es conveniente cerrar una institución federal, cómo, cuándo y a qué ritmo. La decisión de Chuang representa un nuevo revés en los intentos de la Administración Trump de despedir a centenares de miles de empleados federales. Otros tribunales han ordenado la reincorporación de miles de estos trabajadores cesados en sus puestos de trabajo de un día para otro con el argumento de que sus puestos de trabajo no son imprescindibles. El magistrado actuaba a instancias del grupo Fondo de Defensores de la Democracia del Estado, que representa a más de una veintena de empleados de Usaid. Estos trabajadores, a los que los documentos del caso solo identifican con el nombre genérico “J.Doe”, el seudónimo que se emplea en los casos legales estadounidenses donde es necesario proteger la identidad de la persona. Los demandantes argumentan que Musk acumula un poder al frente de DOGE “sin precedentes en Estados Unidos” para reorganizar las instituciones federales. En su opinión, la Constitución exige que un poder de este tipo solo pueda ejercerlo alguien nombrado formalmente por Estados Unidos y confirmado por el Senado como representante oficial del país. La Casa Blanca describe a Musk, convertido en la mano derecha del presidente estadounidense y que permanece con él a sol y sombra, como un “empleado especial” de la residencia presidencial que cumple su misión de manera desinteresada, sin recibir una compensación por ello. La decisión del juez se dirige específicamente contra Musk y su DOGE, al mostrarse de acuerdo en que no tienen potestad para acometer los recortes indiscriminados que llevan a cabo entre la fuerza laboral federal. Pero podría revertirse si la Casa Blanca asigna esa misión a otra persona que sí cuente con esas competencias. A comienzos de este mes el secretario de Estado, Marco Rubio, el hombre del que ahora depende lo que queda de Usaid, confirmó que la Administración Trump había cancelado el 83% de los programas de la agencia. En su demanda, el Fondo de Defensores, una organización defensora de la democracia y los derechos civiles, alega que “el hombre más rico del mundo, y el mayor contribuyente financiero a la reelección del presidente, desmantela pedazo a pedazo todo el poder ejecutivo”. También sostiene que la Constitución prevé que el Senado confirme los nombramientos de las personas con ese nivel de poder y de objetivos federales, precisamente para “impedir un espíritu de favoritismo” que pueda llevar a que “personalidades no adecuadas ejerzan demasiada autoridad”. Por su parte, el Departamento de Justicia alega que Musk no es más que un colaborador sin paga en la Casa Blanca. Quienes firmaron los despidos y el vaciado de la sede fueron los responsables en ese momento al frente de Usaid. “Como asesor, el señor Musk no tiene más autoridad que otros asesores de la Casa Blanca”, alega el Departamento de Justicia. “Como ellos, carece de autoridad formal para tomar decisiones que corresponden al Gobierno. Él solo puede asesorar al presidente y comunicar las directivas del presidente”. La decisión del juez Chuang llega cuando el propio Trump se encuentra inmerso en una pelea contra el poder judicial después de que el sábado un juez del distrito de Washington, James Boasberg, ordenara paralizar las deportaciones de más de 200 venezolanos a los que la Casa Blanca acusa de ser miembros de la banda delictiva Tren de Aragua. La Administración invocaba una ley de 1798 para declararles “enemigos extranjeros” y proceder a su expulsión sin ningún tipo de proceso judicial. El magistrado ordenó paralizar la operación y el regreso de los aviones de transporte si ya hubieran despegado, pero las aeronaves no volvieron y aterrizaron en El Salvador, donde esos inmigrantes han quedado internados en una cárcel para terroristas y miembros de bandas peligrosas. Source link