15 de marzo de 2025

Un juez se ha negado a prohibir las redadas de los agentes de inmigración en las escuelas. El Estado de Tennessee ha dado el primer paso para prohibir el acceso de niños sin papeles a las escuelas. Florida ha aumentado las tasas universitarias según el estatus migratorio del estudiante. El Gobierno ha anunciado la investigación a 50 universidades por supuestamente promover la inclusión y diversidad en sus campus. Ha desaparecido la agencia supervisora de la enseñanza del idioma inglés como parte del desmantelamiento del Departamento de Educación. Inconexas entre sí, pero relacionadas, varias iniciativas estatales y federales están convergiendo en un objetivo: privar a los estudiantes migrantes de su derecho a la educación. El martes pasado el comité de la Cámara de Representantes de Tennessee dio luz verde al proyecto de ley del líder de la mayoría republicana, William Lamberth, que permitirá a las escuelas públicas K-12 y chárter “inscribir o negarse a inscribir a un estudiante que se encuentre ilegalmente presente en los Estados Unidos”. Fuera de la sala de reunión, manifestantes indignados protestaban al grito de “¡Qué vergüenza!” y “¡Ciérrenlo!” “Es una falsa esperanza darles a los niños la mejor educación disponible en el mundo y luego decirles que pueden ser profesionales con licencia, médicos con licencia, abogados, contadores, o incluso postularse a un cargo público, porque eso no es cierto”, dijo Lamberth, según recogió el medio Tennessee Lookout. “Si residen ilegalmente en el país, sus sueños tienen un límite”, añadió. Su propuesta va incluso más allá de la que discute el Senado y que ya había despertado la indignación de la comunidad inmigrante. Patrocinada por el senador republicano Bo Watson, el proyecto de ley exige a las escuelas públicas verificar el estatus migratorio de los estudiantes y cobrar la matrícula a los niños que no pudieran demostrar su residencia legal en Estados Unidos. Ambas iniciativas defienden la idea de que los migrantes indocumentados son una carga para los contribuyentes, a pesar de que pagan los mismos impuestos sobre la gasolina, los alimentos y las compras minoristas que ayudan a financiar las escuelas públicas. “No es legal. Si Tennessee lo aprueba, estaría violando la ley federal. Pero esto, obviamente, hará que los padres teman enviar a sus hijos a la escuela. Y estoy segura de que tendrá un efecto dominó y, de nuevo, provocará caídas significativas en la asistencia estudiantil”, afirma Loredana Valtierra, socia de The Century Foundation, un think tank que promueve la igualdad en la educación. Estos proyectos deben pasar aún varios trámites legislativos para ser aprobados, pero de hacerse realidad es muy probable que enfrentaran demandas legales por parte de organizaciones de derechos civiles, ya que contradice el fallo de la Corte Suprema en el caso Plyler contra Doe, que en 1982 reconoció el derecho a la educación de todos los niños si importar su estatus legal. Aunque no se prohíba por las autoridades, el miedo a las detenciones como parte de la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump, ya ha hecho estragos en la asistencia a las escuelas. Consideradas por años “lugares sensibles”, como los hospitales y las iglesias, el republicano enterró esa protección y los agentes de ICE (Agencia de Inmigración y Control Aduanero) ya pueden acceder a estos edificios en busca de migrantes que deportar. Temor a las redadas Los niños sufren ansiedad de ir a la escuela y los padres tienen miedo de enviarles y que, si los detienen, no los vean más. El zar de la frontera, Tom Homan, encargado de ICE, ha defendido en varias ocasiones que las detenciones se lleven en las escuelas si es necesario. Esta semana se ha dado a conocer el caso de un niño de la escuela de primaria Konawaena, en Kona, Hawai, que fue detenido mientras asistía a clase. Autoridades del condado explicaron que se hizo para reunirlo con su padre, también detenido. Ambos tenían orden de deportación. “La crueldad y el caos son el punto clave, y quieren que la gente tenga miedo de ir a la escuela y aprender, porque no quieren que los extranjeros en este país tengan acceso a la educación. Ese es el objetivo final. Por eso la gente está tan preocupada por la presencia de agentes de policía en las escuelas, por los niños que son abandonados por sus padres y por tener que presenciar su arresto. Esto atenta contra el derecho a la educación”, critica Naureen Shah, directora de Asuntos Gubernamentales de ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles). El último revés para impedir que los temidos agentes de ICE invadan las aulas en busca de estudiantes sin papeles que deportar ha llegado de un juez federal de Denver, que rechazó una demanda presentada por las Escuelas Públicas de Denver para mantener la aplicación de las leyes de inmigración fuera de los campus escolares. Los abogados de la demanda argumentaron que el miedo de las familias a las detenciones desde que se levantó el veto de los lugares sensibles está provocado un aumento del absentismo de los estudiantes. El juez federal de distrito Daniel Domenico, designado por Trump y exsecretario de Justicia de Colorado, afirmó que no estaba claro en qué medida el temor se debía realmente a las nuevas normas, en lugar de a la preocupación más amplia por el aumento de las medidas migratorias. Asimismo, señaló que las escuelas públicas de Denver aún no habían sufrido redadas. Oklahoma Oklahoma es otro de los Estados donde se ha intentado vetar la educación a los estudiantes sin papeles. El gobernador del Estado, el republicano Kevin Stitt, frenó un plan impulsado por el superintendente estatal, Ryan Walters, y aprobado la Junta Estatal de Educación para exigir el estatus migratorio de los niños al registrarse en la escuela pública. Stitt, que se declaró en contra de la inmigración ilegal, señaló que los responsables de políticas deberían centrarse en atacar a aquellos que están en el país ilegalmente y que cometen otros delitos. Florida Los esfuerzos por impedir el acceso de los migrantes a la educación han sido

Source link

Integrantes de colectivos de personas desaparecidas, acompañados por la Iglesia católica, colocaron este viernes zapatos y velas en Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, en memoria de los restos óseos e indicios de personas no localizadas en un rancho de Jalisco (oeste de México), denunciado como un campo de exterminio vinculado a grupos del narcotráfico. Guerrero es uno de los estados más azotados por la violencia del crimen organizado en México. LEE MÁS: Taurinos rechazan propuesta de corridas sin muerte del toro en México En un acto de solidaridad y empatía con las víctimas del Rancho Izaguirre de Jalisco, los integrantes de los colectivos Familiares en Búsqueda María Herrera, Centro de Derechos Humanos José María Morelos, Colectivo Guerrero no más Desaparecidos y el Centro Minerva Bello se reunieron en la plaza central para orar por las víctimas. “A las personas que sepan dónde hay fosas que nos informen, posiblemente ahí están nuestros hijos, todo será anónimo, pueden comunicarse directamente con los colectivos”, expresó Francisca Mayo, del Colectivo Guerrero No más Desaparecidos. LEE MÁS: Estados Unidos desplegará otros 600 militares en la frontera con México La representante de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, reveló que entre los restos localizados en el rancho encontraron e identificaron a una persona desaparecida en la región Montaña, quien ya fue entregada a sus familiares, pero sin ofrecer más detalles. Antúnez criticó que los reclamos son ignorados por las autoridades, por lo que son los familiares quienes llevan a cabo las búsquedas y han logrado encontrar a sus desaparecidos. LEE MÁS: Tragedia en Durango: Al menos 14 muertos en accidente carretero en el norte de México En distintas participaciones los buscadores apuntaron que el estado Guerrero también cuenta con fosas clandestinas, por lo que hicieron un llamado a contactarlos a quienes tengan información de estas. Por su parte, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, remarcó que ese tipo de lugares en donde los grupos criminales reclutan a personas de forma obligada se han convertido en campos de exterminio, e informó que se colocará un buzón en cada iglesia, para que las personas que se pueda entregar información de manera anónima. LEE MÁS: Sheinbaum niega que haya hecho acuerdo “secreto” con Trump para evitar aranceles Este sábado tiene lugar una protesta a nivel nacional tras el hallazgo de un presunto campo de extermino del Cartel Jalisco Nueva Generación con al menos 400 pares de zapatos y diversas pertenencia de desaparecidos, mientras la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, critica a la oposición por magnificar el hecho. Source link

El terrorismo marcó la vida política española y, particularmente, la vasca durante más de cuatro décadas, de 1968 a 2011, pero solo un 25% de los centros no universitarios del País Vasco lo abordan, según un estudio de Eskubidez —foro de entidades de educación en derechos humanos— que revela Raúl López Romo, historiador vinculado al Memorial de Víctimas del Terrorismo, en Vitoria. Asimismo, solamente 20 de esos 800 centros han participado en Herenegun, el programa educativo estrella del Gobierno vasco sobre la violencia en Euskadi, desde su inicio en 2021, y solo el 5% han solicitado la presencia de “víctimas educadoras” en sus aulas, según Alberto Alonso, nuevo director del Instituto de la Memoria del País Vasco, Gogora, que ha pasado del PNV al PSE tras el último cambio del Ejecutivo autónomo. Tampoco periodos históricos como la Guerra Civil y el franquismo tienen un trato adecuado, señala José Antonio Pérez, docente y secretario del Instituto de Historia Valentín de Foronda. “El terrorismo, especialmente el de ETA, ha sido el fenómeno que más nos ha singularizado en las últimas décadas y apenas tiene presencia en las aulas”, señala López Romo, que precisa: “En el currículum educativo vasco la referencia al terrorismo es mínima, descontextualizada, perdida en el ámbito internacional. Solo se aborda con la asignatura de Historia de cuarto de la ESO —alumnos entre 15 y 16 años—, en el apartado referente a los derechos humanos”. Al carecer de un epígrafe específico, su tratamiento depende del profesorado, aclara López Romo. El resultado es que solo el 25% de los centros no universitarios lo abordan. Estima que el profesorado, especialmente de la enseñanza pública, al simpatizar ampliamente con la izquierda abertzale —lo refleja su afiliación sindical— rehúye su tratamiento. Alonso, nuevo director de Gogora, estima que ese profesorado siente vértigo ante el pasado sucio vivido en Euskadi; y sucede lo mismo a numerosos padres, que no quieren problemas. “Hay una especie de pacto de silencio que beneficia a la izquierda abertzale y también a la estrategia del PP de utilizar políticamente los sentimientos agraviados de las víctimas de ETA”, añade. También es reveladora, señala Alonso, la experiencia de Herenegun, planteado como programa educativo estrella del Gobierno vasco para tratar la violencia. Empezó en 2021, tras un preámbulo conflictivo, y hasta 2024 solamente han participado 20 de 800 centros y 4.146 alumnos. Se planteó como programa piloto y de ahí no ha salido. Asimismo, apenas un 5% de centros educativos vascos ha pedido la participación de víctimas de ETA y de la guerra sucia en las aulas, promovida por el Gobierno vasco al final del terrorismo hasta hoy. Alonso insiste en que, aunque el terrorismo etarra predominó en democracia, Gogora aborda también la guerra sucia y no eludirá actuaciones sobre la matanza del hotel Monbar, en 1985, y el secuestro y asesinato, dos años antes, de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cuyas víctimas fueron presuntos etarras. El nuevo director de Gogora asegura, tras la experiencia de Herenegun, que existe una importante demanda en los jóvenes de saber qué pasó y son frecuentemente los padres quienes obstaculizan esa sed de conocimiento juvenil. Lo mismo opina López Romo por su experiencia en el Memorial de Víctimas. Pérez, que, como docente, mantiene estrecho contacto con jóvenes, dibuja de ellos un perfil que le impide ser pesimista. “Rechazan la violencia. No son radicales ideológicamente. Les preocupan predominantemente los problemas sociales sobre los identitarios, y debatiendo son tolerantes”. Pérez sostiene que el desconocimiento juvenil se extiende a la Guerra Civil y al franquismo. “Llegan a la universidad con conocimientos plagados de lugares comunes y mitos, pues aunque el tratamiento del franquismo es más explícito que el terrorismo en el currículum educativo, los programas del siglo XX están muy constreñidos y se explican insuficientemente”. Desconocimiento sobre la Guerra Civil A muchos jóvenes les provoca un shock, señala Pérez, conocer que en la Guerra Civil hubo tantos vascos en el bando golpista-franquista, en el que militó el carlismo, como en el republicano, donde se alinearon PNV y la Acción Nacionalista Vasca (ANV), o cuando se enteran de que la represión franquista en la guerra y posguerra fue superior en Andalucía y Extremadura que en Euskadi. O cuando conocen que más del 90% de los asesinatos de ETA ocurrieron tras la dictadura. Alonso resume que los mitos juveniles más recurrentes, influidos por el peso del nacionalismo, son la visión de una Euskadi atacada en su identidad por España y la justificación de ETA por la represión y tortura franquista y posterior. Luis Castells, veterano historiador de la UPV, precisa que la izquierda abertzale ha conseguido permear en los jóvenes su discurso sobre el conflicto histórico de Euskadi contra España para justificar el terrorismo etarra frente a la realidad de que este intentó derribar la democracia y la autonomía, como el golpismo y la extrema derecha. El nuevo director de Gogora añade que la reticencia del PP a condenar el franquismo —como muestra el cincuentenario de la muerte del dictador o cuando el Gobierno sacó sus restos de Cuelgamuros— obstaculiza la labor pedagógica. Tampoco ayuda la burda identificación de Bildu con ETA que hace el PP, así como la utilización de las víctimas de ETA ahondando en otro mito: las víctimas del franquismo son de izquierdas y las de ETA de derechas. Alonso, Pérez y Castells consideran que el profesorado debe romper esos mitos y ofrecer a los jóvenes instrumentos para que forjen su criterio. El deseo de los jóvenes por conocer el pasado y la insistencia de parte del profesorado por divulgarlo para que la historia no se repita animan a Gogora y al Memorial a persistir. López Romo revela una encuesta del Memorial de Víctimas realizada a mil profesores de toda España: El 90% reclama mayor presencia del tratamiento del terrorismo en la enseñanza reglada y en los libros de texto. El nuevo director de Gogora adelanta que, pese al fracaso, mantendrá Herenegun por el compromiso de sus participantes y porque estima que con la mejora de