Un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania es una tarea logística ingente. En la mayor guerra que ha visto el mundo en décadas, con 2.000 kilómetros de frente, medio millón de soldados en primera línea por cada bando, el cese de las hostilidades se antoja más que complicado, pero no imposible. Los dos enemigos ya han acordado regularmente treguas temporales, en localizaciones muy precisas y a veces con incidentes, pero las han llevado a cabo con éxito.

El mejor ejemplo es el paso a través del frente de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Las misiones de esta agencia de la ONU cruzan cada tres semanas de media la zona de conflicto, desde la parte de la provincia de Zaporiyia bajo control ucranio a la parte ocupada por Rusia. Son los técnicos que se relevan para monitorizar la situación en la central nuclear de Energodar, la mayor de Europa, bajo tutela del invasor. El director del OIEA, Rafael Grossi, explicó en 2024 a EL PAÍS que deben gestionar con ambos bandos un periodo de “silencio”, que puede ser de horas, y durante el cual los dos ejércitos dejan de disparar en una carretera concreta del frente. Durante ese tiempo, la misión del OIEA cruza el frente de guerra.

Este operativo no está exento de peligros. Grossi explicó que el primer convoy del OIEA que cruzó la línea de guerra, y en el que él estaba, en agosto de 2022, recibió múltiples disparos en lo que se denomina “zona gris”, la que no está controlada por ningún bando. Grossi asegura que se desconoce quién fue el responsable. Otro relevo de los inspectores del OIEA previsto para diciembre tuvo que abortarse porque uno de sus todoterrenos fue destruido por un dron bomba. Las dificultades para pactar el “silencio” temporal desde diciembre forzó al OIEA a realizar por primera vez este marzo el relevo de sus técnicos a través de Rusia, contraviniendo el pacto por el que las misiones de la ONU siempre tienen que partir y regresar del territorio de la Ucrania libre. Grossi dijo que lo sucedido era una excepción.

Hubo otro cese de las hostilidades que fue posible mediante la mediación de la ONU, y también de Turquía: fue el acuerdo del grano sellado en verano de 2022 por el cual los barcos de guerra rusos en el mar Negro no atacarían los puertos y los mercantes que salían de Odesa con cereales ucranios hacia Estambul. El pacto incluía que los barcos navegaran por un corredor determinado y los militares rusos los inspeccionaran. El presidente Vladímir Putin canceló definitivamente el acuerdo en otoño de 2023, alegando que Rusia necesitaba a cambio que se levantaran sanciones de exportación en su contra. Además, el Kremlin acusó a Ucrania de romper el pacto al bombardear sus buques de guerra.

Prisioneros y corredores humanitarios

Un ámbito en el que el cese de hostilidades momentáneo ha sido regular, dos veces por mes de media, es en el intercambio de prisioneros de guerra. El canje se ha producido en el último medio año sobre todo a través de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, con la mediación de un tercer Estado, en la mayoría de casos, los Emiratos Árabes. No hay formalmente una guerra abierta entre Ucrania y Bielorrusia, pero sus territorios de contacto están fuertemente militarizados. Minsk no solo es el mejor aliado de Moscú, también permitió en 2022 que las tropas salieran de su territorio para invadir Ucrania.

Pero por lo menos desde 2023 hasta 2024, según Acnur, la agencia para los refugiados de la ONU, estos canjes de presos también se han llevado a cabo en un paso fronterizo entre la provincia ucrania de Sumi y la rusa de Bélgorod. Acnur estuvo presente hasta mediados de 2024 en esta aduana, en la que se acordó un corredor humanitario para civiles durante unas seis horas al día. El punto de cruce entre los dos países también se mantenía cerrado a los civiles cuando se utilizaba para el intercambio de prisioneros o de cadáveres.

Este puesto fronterizo quedó cerrado en agosto de 2024 tras el inicio de la ofensiva ucrania que ha llevado a las tropas de Kiev a ocupar parte de la provincia rusa de Kursk. El paso entre Sumi y Bélgorod era el probable lugar por el que debía realizarse el 24 de enero de 2024 un intercambio de prisioneros que terminó en desgracia. Es el caso más claro de los riesgos que afronta un alto el fuego en una extensión de miles de kilómetros. En la mañana de aquel día fue derribado un avión militar ruso que se aproximaba para aterrizar en el aeropuerto de Bélgorod. En la aeronave viajaban 65 prisioneros de guerra ucranios que, pocas horas después, debían ser intercambiados y enviados a sus hogares.

Un informe de la ONG Iniciativa de Medios para los Derechos Humanos (MIHR) presentado el pasado enero daba por probable que el avión fuera derribado por un misil antiaéreo ucranio. Los servicios de inteligencia estadounidenses así lo señalaron en 2024 al diario The New York Times, dando por hecho que el armamento utilizado fue un sistema antiaéreo estadounidense Patriot. La MIHR tampoco descartaba que el aparato fuera destruido por un cohete antiaéreo ruso porque en aquel momento se estaba produciendo un ataque ucranio sobre Bélgorod

El servicio de inteligencia del Ministerio de Defensa ucranio (GUR) indicó en 2024 que el accidente podía deberse a que la parte rusa no informó de que era necesario un periodo de “silencio”, de suspensión temporal de las hostilidades porque estaba en proceso el operativo de intercambio de prisioneros. El aeropuerto de Bélgorod se encuentra a 35 kilómetros de la frontera y del frente de guerra de la provincia de Járkov. En su espacio aéreo se produce el constante intercambio de fuego de artillería, de drones y del movimiento de cazas bombarderos. Una situación con estas dificultades es a lo que se enfrentaría una hipotética tregua en la guerra, pero ampliado a un territorio con una longitud equivalente a la distancia entre Madrid y Berlín.