15 de marzo de 2025

MIRA: Equipo de la fiscalía contra la corrupción del poder investiga a más de 500 personas El antecedente en mención data de 2005, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció respecto a una acción de amparo presentada contra la resolución del Congreso del 2001 que inhabilitó al fallecido expresidente Alberto Fujimori por 10 años. En el considerando 20 del referido fallo, los miembros del TC estipulan que la inhabilitación aplica para ocupar cargos públicos, pero también abarca “el derecho de participación y el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza”. El JNE no es ajeno a los criterios establecidos por el TC en 2005, e incluso los aplicó -aunque solo en parte- a Martin Vizcarra. Cuando Perú Primero, el partido de Vizcarra, se encontraba en proceso de inscripción recibió una tacha -presentada por el periodista ‘Beto’ Ortiz y el abogado Wilber Medina- por las inhabilitaciones que recaían sobre su presidente y fundador. Si bien la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas declaró infundada la tacha, el caso se elevó al pleno del JNE donde se tuvo un criterio distinto. En la máxima instancia del ente electoral, se estableció que Martín Vizcarra se encontraba “impedido de inscribirse como fundador y presidente ejecutivo de la organización política en vías de inscripción Partido Político Perú Primero”, según consta en una resolución, de junio de 2023, publicada en el diario El Peruano. El fallo también determinó que los impedimentos de Vizcarra no debían “incidir restrictivamente en el derecho de los demás fundadores e integrantes respecto a asociarse y constituir una organización política”. Es por esto último que el partido continuó y logró su inscripción formal. El mandato del pleno del JNE tuvo efectos inmediatos, según consta en el registro de afiliaciones del ente electoral. El fallo se publicó el 15 de junio del 2023 y cuatro días después se le quitó a Vizcarra la condición de fundador y presidente del partido Perú Primero en el registro del ente electoral. Lo único que mantiene Vizcarra es su condición de afiliado válido, con lo cual viene realizando campaña pese a las inhabilitaciones vigentes. El siguiente paso Roberto Burneo, actual presidente del JNE, explicó en RPP Noticias que el fallo del 2023 solo estaba referido a la condición de fundador y presidente del partido Perú Primero, por lo que ahora evaluarán el extremo de la sentencia del TC que abarca el derecho a “pertenecer o representar a una organización política”. Para ello, el titular del máximo ente electoral ha solicitado al Congreso la lista de todas las inhabilitaciones vigentes a la fecha. “El Tribunal Constitucional, en su oportunidad, indicó que la participación de los inhabilitados políticamente no solamente de encargos públicos sino también en candidaturas, inclusive para ser parte de un partido político. Por eso estamos pidiendo formalmente al Congreso que nos comunique, porque si bien ha sido publicada esta sanción [a Vizcarra], tenemos que tener la información actualizada porque puede haber, en el transcurso del tiempo, algún proceso específico”, adelantó el titular del JNE. A esto se suma que, el pasado 10 de marzo, el aprista moqueguano Luis Miguel Caya presentó un pedido formal ante el JNE solicitandos el retiro de Martín Vizcarra del padrón de afiliados de Perú Primero, utilizando los mismos argumentos esgrimidos por el TC en 2005 y aplicados en la resolución del JNE de 2023. MIRA: Congreso también abraza a Juan José Santivañez: estas son las veces que lo respaldó o blindó Los especialistas en materia electoral también coinciden en que dicho antecedente es aplicable para dejar a Vizcarra fuera del partido Perú Primero. Los abogados especialistas José Manuel Villalobos y Silvia Guevara resaltaron que el fallo del TC del 2005 establece, en su considerando 28, que tiene efectos jurídicos vinculantes para todos los poderes y organismos públicos, por lo cual el JNE queda habilitado a pronunciarse respecto a la inscripción de Vizcarra en el referido partido. El único detalle, según apuntó Guevara, es que no existe una facultad expresa que lo habilite a desafiliar directamente a un ciudadano. “En el marco de los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional y considerando que esta es un precedente vinculante, se comprende que su afiliación no debería constar en el registro del JNE. […] Es necesario que el JNE determine criterios al respecto, más allá de lo señalado en la resolución (del 2023), la cual no fue un pronunciamiento de oficio, sino a consecuencia de una tacha, y donde los alcances respecto de la sentencia sobre la afiliación no fueron analizados”, anotó la abogada. Por el contrario, Alejandro Salas, abogado de Martín Vizcarra y miembro de Perú Primero, calificó de “errada y absurda” la interpretación. “Una inhabilitación administrativa como es las que ejerce el Congreso con sus juicios políticos no tiene la capacidad de limitar el ejercicio del derecho de un ciudadano de participar en política. La vida política de un ciudadano, el pertenecer a un partido político no tiene restricción en la constitución ni un mecanismo que lo limite”, afirmó. La resolución del JNE respecto al caso de Martín Vizcarra podría tener repercusiones respecto a otros casos. Hasta la fecha, este Parlamento ha inhabilitado a dos exministros que, en el último año, se afiliaron a partidos políticos: Víctor Zamora (Ahora Nación) y Juan Carrasco (Avanza País). Existen otras denuncias constitucionales en trámite contra el expresidente Francisco Sagasti, quien se encuentra afiliado al Partido Morado, y Pedro Castillo y Aníbal Torres, quienes tienen partidos en proceso de inscripción. Source link

El testimonio fue brindado ante los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema por el periodista Roberto Wong, gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) al momento del golpe. Su declaración coincide con lo manifestado previamente por otras cinco personas durante la etapa de investigación de este caso -tal como reportó El Comercio en su edición del 16 de enero del 2024-, pero que todavía están por declarar dentro de la fase de juzgamiento. LEE TAMBIÉN | Testigo confirma que Pedro Castillo sí dio órdenes a la PNP para ejecutar su mensaje golpista y revela detalles de su detención De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, esas declaraciones -a las que ahora se suma la de Roberto Wong– acreditan que la ex jefa del Gabinete Ministerial intentó materializar en las normas “las decisiones anunciadas” por Pedro Castillo en su mensaje a la Nación. Frente a una pregunta del abogado de la propia Betssy Chávez respecto a si esta le había hablado sobre la emisión decreto supremo luego del mensaje de Pedro Castillo, el testigo respondió que sí. “Ella acompaña a mi equipo (los periodistas de TV Perú enviados para lo que sería la transmisión del mensaje) hasta la puerta de Palacio y me encuentra. Me agradece por la transmisión. Yo le digo ‘puede usted darnos una declaración respecto a lo que ha ocurrido’. Ella me dice que no, porque se iba a firmar el decreto o un decreto supremo”. El abogado de la exministra le reiteró la pregunta y el testigo reiteró su respuesta: “Me dice que no puede darme la declaración porque va a ir a firmar un decreto supremo, muchas gracias y eso fue todo”, manifestó. Ante esta respuesta, la defensa de Betssy Chávez intentó evidenciar una contradicción en relación con su declaración previa respecto a estos hechos, brindada durante la investigación fiscal. Allí, ante la pregunta de si había tenido comunicación con la exministra ese día, había dicho que no. El propio juez Iván Guerrero, integrante de la sala, le pidió al testigo precisar la aparente contradicción, recordándole que estaba bajo juramento. El testigo explicó que durante la investigación fiscal, entendió esa pregunta como si había hablado con Betssy Chávez antes de la emisión del golpista “por teléfono para coordinar algo”. “Quizás no entendí bien en ese momento al fiscal (que lo interrogó durante la fase de indagación); pero sí hubo una comunicación breve en que yo le pedí una entrevista”, se ratificó. Durante la mencionada investigación fiscal, que se realizó entre diciembre del 2022 y diciembre del 2023, hubo cinco testigos que también atribuyen a Betssy Chávez la intención de plasmar el golpe de estado en un golpe supremo. Estos incluyen a Cintya Malpartida, la periodista llevada al Despacho Presidencia para la transmisión del mensaje y a cuatro extrabajadores de la PCM. Esos testimonios fueron recogidos en la acusación del Ministerio Público por este caso. “Preguntamos a la ex premier por la entrevista [que había ofrecido inicialmente a TV Perú], pero ella nos dice ‘más tarde, luego, porque tengo que sacar el decreto supremo´”, dijo Cintya Malpartida. Según su testimonio, ello ocurrió mientras salían de Palacio de Gobierno luego del mensaje y antes de encontrarse con Roberto Wong. Roberto Wong, exgerente general del IRTP, declara como testigo durante el juicio de Pedro Castillo. Foto: GEC / Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO “Luego del mensaje a la Nación, la ex premier Betssy Chávez regresó a su despacho en la PCM, y poco tiempo después salió de ahí su asesora Nidia Contreras diciendo ‘necesitamos un cartón con el formato de decreto supremo’”, manifestó. Milagros Talledo Silva, secretaria de la oficina de la PCM. “Después del mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo es Nadia Contreras Gallardo quien sale del despacho de la PCM e ingresa a la secretaria y solicita a Milagros Talledo un formato de decreto supremo”, dijo Nataly Vega Tafur, secretaria de la oficina de la PCM. “Como yo no trabajo en la Secretaría General no atendí dicho pedido, ella [Talledo Silva] ingresó y pidió el cartón de decreto supremo, presumo que fue para la premier Betssy Chávez”, declaró Richard García Sabroso, jefe de Asesoría Jurídica de la PCM. Finalmente, Rosario de la Gala Hidalgo, secretaria del secretario general de la PCM, sostuvo que Talledo le pidió el formato, pero que ella no manejaba “ninguno de los formatos de decreto supremo ni resoluciones ministeriales, esos lo manejan la Oficina de Asesoría Jurídica”. El decreto supremo en cuestión nunca se publicó, en medio del eventual y acelerado fracaso del golpe de Pedro Castillo. Betssy Chávez renunció mientras Pedro Castillo se dirigía junto a su familia a la Embajada de México, trayecto en el que acabó siendo intervenido por la Policía, y -de acuerdo con el Ministerio Público- ella también partió hacia esa sede diplomática, antes de regresar a su despacho como congresista. Los cinco testigos mencionados también están citado para declarar en este juicio. El Comercio consultó a Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, respecto a si ella admitía o niega la intención de elaborar un decreto supremo luego del mensaje de Pedro Castillo, así como haber hechos las coordinaciones para su transmisión por televisipon. El abogado respondió que “por el momento” no pueden responder esas preguntas, debido a que “son parte de los interrogatorios y contrainterrogatorios que están sucediendo”. “En todo caso, seguimos evaluando todo como defensa”, acotó. Pedro Castillo, Anibal Torres y Betssy Chávez, acusados por el golpe de estado del 7 de diciembre del 2022. / Luis Iparraguirre La coordinación para transmitir el golpe Junto a Roberto Wong, otro tres testigos también declararon en la audiencia de este viernes tres: Eduardo Guerrero, exsecretario de Comunicaciones de Palacio de Gobierno; Nelly Torres, exproductora general de TV Perú; y Fernando Aliaga, expresidente del directorio del IRTP (entidad de la que depende TV Perú). Sus testimonios abordaron la cadena de coordinaciones hecha, presuntamente por orden Betssy Chávez, para la transmisión del mensaje golpista. Fernando Aliaga manifestó que