15 de marzo de 2025

Un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania es una tarea logística ingente. En la mayor guerra que ha visto el mundo en décadas, con 2.000 kilómetros de frente, medio millón de soldados en primera línea por cada bando, el cese de las hostilidades se antoja más que complicado, pero no imposible. Los dos enemigos ya han acordado regularmente treguas temporales, en localizaciones muy precisas y a veces con incidentes, pero las han llevado a cabo con éxito. El mejor ejemplo es el paso a través del frente de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Las misiones de esta agencia de la ONU cruzan cada tres semanas de media la zona de conflicto, desde la parte de la provincia de Zaporiyia bajo control ucranio a la parte ocupada por Rusia. Son los técnicos que se relevan para monitorizar la situación en la central nuclear de Energodar, la mayor de Europa, bajo tutela del invasor. El director del OIEA, Rafael Grossi, explicó en 2024 a EL PAÍS que deben gestionar con ambos bandos un periodo de “silencio”, que puede ser de horas, y durante el cual los dos ejércitos dejan de disparar en una carretera concreta del frente. Durante ese tiempo, la misión del OIEA cruza el frente de guerra. Este operativo no está exento de peligros. Grossi explicó que el primer convoy del OIEA que cruzó la línea de guerra, y en el que él estaba, en agosto de 2022, recibió múltiples disparos en lo que se denomina “zona gris”, la que no está controlada por ningún bando. Grossi asegura que se desconoce quién fue el responsable. Otro relevo de los inspectores del OIEA previsto para diciembre tuvo que abortarse porque uno de sus todoterrenos fue destruido por un dron bomba. Las dificultades para pactar el “silencio” temporal desde diciembre forzó al OIEA a realizar por primera vez este marzo el relevo de sus técnicos a través de Rusia, contraviniendo el pacto por el que las misiones de la ONU siempre tienen que partir y regresar del territorio de la Ucrania libre. Grossi dijo que lo sucedido era una excepción. Hubo otro cese de las hostilidades que fue posible mediante la mediación de la ONU, y también de Turquía: fue el acuerdo del grano sellado en verano de 2022 por el cual los barcos de guerra rusos en el mar Negro no atacarían los puertos y los mercantes que salían de Odesa con cereales ucranios hacia Estambul. El pacto incluía que los barcos navegaran por un corredor determinado y los militares rusos los inspeccionaran. El presidente Vladímir Putin canceló definitivamente el acuerdo en otoño de 2023, alegando que Rusia necesitaba a cambio que se levantaran sanciones de exportación en su contra. Además, el Kremlin acusó a Ucrania de romper el pacto al bombardear sus buques de guerra. Prisioneros y corredores humanitarios Un ámbito en el que el cese de hostilidades momentáneo ha sido regular, dos veces por mes de media, es en el intercambio de prisioneros de guerra. El canje se ha producido en el último medio año sobre todo a través de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, con la mediación de un tercer Estado, en la mayoría de casos, los Emiratos Árabes. No hay formalmente una guerra abierta entre Ucrania y Bielorrusia, pero sus territorios de contacto están fuertemente militarizados. Minsk no solo es el mejor aliado de Moscú, también permitió en 2022 que las tropas salieran de su territorio para invadir Ucrania. Pero por lo menos desde 2023 hasta 2024, según Acnur, la agencia para los refugiados de la ONU, estos canjes de presos también se han llevado a cabo en un paso fronterizo entre la provincia ucrania de Sumi y la rusa de Bélgorod. Acnur estuvo presente hasta mediados de 2024 en esta aduana, en la que se acordó un corredor humanitario para civiles durante unas seis horas al día. El punto de cruce entre los dos países también se mantenía cerrado a los civiles cuando se utilizaba para el intercambio de prisioneros o de cadáveres. Este puesto fronterizo quedó cerrado en agosto de 2024 tras el inicio de la ofensiva ucrania que ha llevado a las tropas de Kiev a ocupar parte de la provincia rusa de Kursk. El paso entre Sumi y Bélgorod era el probable lugar por el que debía realizarse el 24 de enero de 2024 un intercambio de prisioneros que terminó en desgracia. Es el caso más claro de los riesgos que afronta un alto el fuego en una extensión de miles de kilómetros. En la mañana de aquel día fue derribado un avión militar ruso que se aproximaba para aterrizar en el aeropuerto de Bélgorod. En la aeronave viajaban 65 prisioneros de guerra ucranios que, pocas horas después, debían ser intercambiados y enviados a sus hogares. Un informe de la ONG Iniciativa de Medios para los Derechos Humanos (MIHR) presentado el pasado enero daba por probable que el avión fuera derribado por un misil antiaéreo ucranio. Los servicios de inteligencia estadounidenses así lo señalaron en 2024 al diario The New York Times, dando por hecho que el armamento utilizado fue un sistema antiaéreo estadounidense Patriot. La MIHR tampoco descartaba que el aparato fuera destruido por un cohete antiaéreo ruso porque en aquel momento se estaba produciendo un ataque ucranio sobre Bélgorod El servicio de inteligencia del Ministerio de Defensa ucranio (GUR) indicó en 2024 que el accidente podía deberse a que la parte rusa no informó de que era necesario un periodo de “silencio”, de suspensión temporal de las hostilidades porque estaba en proceso el operativo de intercambio de prisioneros. El aeropuerto de Bélgorod se encuentra a 35 kilómetros de la frontera y del frente de guerra de la provincia de Járkov. En su espacio aéreo se produce el constante intercambio de fuego de artillería, de drones y del movimiento de cazas bombarderos. Una situación con estas dificultades es a lo que se enfrentaría una hipotética tregua

La propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, a las tropas ucranianas cercadas en la región de Kursk para que depongan las armas para conservar sus vidas “sigue vigente”, pero el tiempo “se acaba”, advirtió este sábado el Kremlin. “Aún sigue vigente”, dijo Peskov a la agencia TASS al ser preguntado sobre la propuesta de Putin, realizada el viernes. LEE TAMBIÉN: Zelensky dice que Putin quiere prolongar la guerra y rechazará la propuesta de EE. UU. Enseguida agregó, que el tiempo para rendirse se acaba rápido. El jefe del Kremlin aseguró ayer que el ejército ruso garantizará la vida y un trato digno a los soldados ucranianos cercados en Kursk, tal y como le pidió el líder estadounidense, Donald Trump. “En caso de que depongan las armas y se entreguen, se les garantizará la vida y un trato digno de acuerdo con las normas del derecho internacional”, dijo el jefe del Kremlin en una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad ruso. Putin aseguró que Rusia “comprende” la petición de carácter humanitario que hizo Trump, aunque acusó a los militares ucranianos de “múltiples crímenes contra la población civil” de Kursk, que las tropas de Kiev invadieron en agosto de 2024 y donde Moscú ha lanzado una gran ofensiva en las últimas semanas, recuperando grandes porciones de territorio. A la vez, subrayó que para el cumplimiento “eficaz” del llamamiento de Trump es necesario que la cúpula político-militar de Ucrania ordene a las tropas atrincheradas en Kursk deponer las armas y rendirse. SEPA MÁS: Putin promete a Trump salvar la vida a soldados ucranianos que se entreguen en Kursk Trump afirmó este viernes que “en este momento, miles de soldados ucranianos están completamente rodeados por el ejército ruso y en una posición muy mala y vulnerable”. “He pedido con firmeza al presidente Putin que se salven esas vidas. Esto sería una masacre horrible, una que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Dios los bendiga a todos!”, escribió en su red Truth Social. En tanto, el expresidente y subjefe del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, advirtió hoy de que “las próximas horas” serán clave para mostrar la elección de Kiev. “En caso de negarse a deponer las armas, todos ellos (las tropas cercadas) serán eliminados consistentemente y sin piedad”, escribió en Telegram. El jueves, una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reunió en Moscú con Putin para tratar la oferta de un alto el fuego de 30 días con Ucrania, acordada esta semana en Arabia Saudita entre Washington y Kiev. Putin subrayó que está a favor de la tregua, pero advirtió que ve problemas en su aplicación y verificación y consideró deseable hablar por teléfono con su homólogo estadounidense. SOBRE EL AUTOR Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Source link

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. No hay nada más importante para los wixaritari, un pueblo indígena de la Sierra Madre Occidental de México, que la lluvia. En torno a ella practican una compleja ritualidad asociada al ciclo agrícola que incluye un peregrinar hacia los cinco rumbos, llevar ofrendas a los lugares sagrados y consumir el híkuri o peyote. En los últimos 15 años, la falta de agua de esta comunidad, a la que también se le conoce erróneamente como huicholes y que vive la mayor parte del año en la Sierra Madre Occidental, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, les ha puesto en aprietos. Ante el crecimiento de la población y los efectos del cambio climático, los manantiales y terrenos disponibles para sembrar dejaron de ser suficientes para abastecer a todos. Por eso, en un encuentro inesperado, en una ceremonia ocurrida en Valle de Bravo, en el Estado de México, en 2007, el marakame y líder de la comunidad de La Cebolleta Antonio Parra, pidió ayuda a Liliana Riva Palacio, directora del Proyecto ConcentrArte. Necesitaban ideas que les ayudaran a conservar el agua de la sierra. Tres años después de aquel encuentro, en 2010, Riva Palacio fundó junto con la artista plástica Teresa Lobo el proyecto Ha Ta Tukari (Agua Nuestra Vida) para generar sostenibilidad a partir de la recolección de agua de lluvia. Conformado por organizaciones como Isla Urbana, La Ventana Infinita, SARAR Transformación, y las comunidades wixaritari, ha cambiado la vida de los habitantes de las comunidades de la Cebolleta y La Laguna, en el municipio de Mezquitic, con la instalación de más de 180 recolectores de lluvia en los hogares y espacios comunitarios (Scall). Ahora, el proyecto opera en 21 localidades más gracias al complejo trabajo de educación y al fortalecimiento de capacidades locales para la adopción, buen uso y mantenimiento de los sistemas de captación pluvial y la formación de un equipo local técnico. El proyecto atiende otros ámbitos como salud, educación e higiene; la adopción de baños secos, y mejores prácticas en el manejo de residuos. Además, están empezando a trabajar en la regeneración del bosque y cuerpos de agua con la creación de un Comité Hidroforestal. Miembros de la organización llegan a una comunidad Wixaritari de Mezquitic a instalar un sistema de cosecha de lluvia en una escuela. LISET MACHORRO “Nos ha cambiado la vida la captación de agua de lluvia, el acceso a la misma y el saneamiento. Además, los niños están aprendiendo cómo cuidar el agua, cómo la pueden obtener en sus hogares, ahorita están cambiando muchísimo las cosas”, asegura Alejandra Parra, de 25 años. La joven wixárika, que conoció el proyecto Ha Ta Tukari cuando tenía 10, es una de las nueve miembros de la comunidad del equipo intercultural, que hoy opera en gran parte el proyecto. Un exitoso caso de sostenibilidad Los habitantes de la Sierra se ganan la vida cazando venado y sembrando en el sistema agrario del coamil los cinco colores del maíz. También son reconocidos por su complejo arte hecho con chaquira e hilos. El trabajo diario pasa por cortar leña, desgranar el maíz, prender el fogón, el nixtamal, tortear, trabajar la chaquira, hacer adobes para construir casas y cumplir con “el costumbre”, la peregrinación. Antes de 2010, los habitantes de la Cebolleta y La Laguna solo podían obtener agua contaminada mediante el acarreo, que les tomaba hasta dos horas diarias. Hoy, en los hogares en los que se instaló el sistema de captación, aumentó la disponibilidad de agua en 218%, (pasó de 5,6 a 17,7 litros por persona al día). Cada sistema recolecta alrededor de 25.000 litros al año, lo que asegura que haya agua limpia en los hogares, incluso durante la temporada de secas. Esto ha hecho que los casos de diarrea se redujeran en casi 50% y el acarreo en 88% en ambas comunidades. Además, en los últimos años, el equipo intercultural ha instalado hasta 75 sistemas de capacitación de lluvia adicionales en centros comunitarios de la Sierra y 11 más en centros ceremoniales en el municipio de Mezquitic. Esos trabajadores comunitarios, que llevan tres años capacitándose en lengua wixárika, son “el corazón del proyecto”, cuenta Shiara González, coordinadora de Ha Ta Tukari. Niña wixárika se lava el rostro con agua recolectada gracias al trabajo educativo de Ha Ta Tukari. LISET MACHORRO Según cuenta, con ese equipo hacen juntas comunitarias, diagnósticos de situación de acceso al agua, talleres de higiene en las escuelas, o de adopción de ecotecnología, además de instalación de sistemas de recolección. “Son procesos que demandan el tejido fino de los diferentes actores involucrados y que han implicado una gran cantidad de tiempo y recursos invertidos”, reconoce González. “Nosotros buscamos potenciar los impactos del acceso al agua con procesos educativos para que la gente quiera, adopte y cuide los sistemas de captación. También para fomentar la higiene”, agrega Lobo. Además, Ha Ta Tukari está dando poder a las mujeres de la comunidad. “Gracias al proyecto, ya tienen oportunidad de mejorar en muchas cosas, pues les da tiempo de hacer otras actividades, de estar más al pendiente de sus hijos: practican otras tareas como crecer hortalizas a través del agua que obtienen”, señala Alejandra Parra. “Ahora somos dos chicas en el equipo intercultural y ha sido un gran ejemplo de que hay otras oportunidades de salir adelante. Para mí ha sido una gran escuela”, reconoce. Los retos Pero el proyecto también enfrenta retos importantes. Desde 2021, la inseguridad en la Sierra ha crecido por los choques de grupos delictivos y del narcotráfico, y las organizaciones que promueven el proyecto deben enviar los materiales escoltados por la Guardia Nacional. Ya en la montaña, el equipo intercultural opera los sistemas de recolección. Gracias a la formación que recibieron, son técnicos capaces de instalarlos y repararlos. “El equipo ha visitado las 21 comunidades restantes de San Andrés Cohamiata y básicamente en todas ya

La Policía Nacional ha informado este sábado de la liberación de la mujer y el joven de 19 años que habían sido secuestrados el jueves en la localidad residencial de El Salobre, en el sur de Gran Canaria. El cuerpo armado ha precisado que esta liberación ha sido fruto de “la presión policial”, si bien ha rehusado ofrecer más detalles de la operación debido a que la investigación sigue abierta. La mujer y el joven son esposa e hijo de José A. C., un conocido narcotraficante local conocido como José el del Buque. Ambos fueron forzados el jueves a abandonar su domicilio en la exclusiva zona de chalets en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y, desde entonces, se encontraban en paradero desconocido. El despliegue policial no se centró solo en el sur de la isla, sino que se amplió a otros puntos del norte y de la capital, las Palmas de Gran Canaria. Fuentes cercanas a la operación explicaron que los indicios apuntan a una operación muy organizada con empleo de violencia y a que el secuestro responde a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. La prensa local abunda, en este sentido, que se baraja la hipótesis de que detrás del secuestro se encuentre el robo de más de media tonelada de cocaína, valorada en 25 millones de euros. La organización criminal responsable del cargamento en origen, que habría entrado en contenedores y en caletas de barcos a través del Puerto de Las Palmas, acusaba a la banda del narco José el del Buque de ser los responsables de la sustracción de parte del alijo. La cantidad total de cocaína que metieron en la Isla podría ser superior a las dos toneladas. José el del Buque pasa por ser uno de los mayores narcotraficantes de cocaína de Canarias, sobre todo tras la detención del capo Campuzano a finales de febrero en Madrid. Procede del barrio de Schamann, uno de los más humildes de la capital, si bien su radio de acción se centra más bien en la parte sur de la isla. Source link

Un juez se ha negado a prohibir las redadas de los agentes de inmigración en las escuelas. El Estado de Tennessee ha dado el primer paso para prohibir el acceso de niños sin papeles a las escuelas. Florida ha aumentado las tasas universitarias según el estatus migratorio del estudiante. El Gobierno ha anunciado la investigación a 50 universidades por supuestamente promover la inclusión y diversidad en sus campus. Ha desaparecido la agencia supervisora de la enseñanza del idioma inglés como parte del desmantelamiento del Departamento de Educación. Inconexas entre sí, pero relacionadas, varias iniciativas estatales y federales están convergiendo en un objetivo: privar a los estudiantes migrantes de su derecho a la educación. El martes pasado el comité de la Cámara de Representantes de Tennessee dio luz verde al proyecto de ley del líder de la mayoría republicana, William Lamberth, que permitirá a las escuelas públicas K-12 y chárter “inscribir o negarse a inscribir a un estudiante que se encuentre ilegalmente presente en los Estados Unidos”. Fuera de la sala de reunión, manifestantes indignados protestaban al grito de “¡Qué vergüenza!” y “¡Ciérrenlo!” “Es una falsa esperanza darles a los niños la mejor educación disponible en el mundo y luego decirles que pueden ser profesionales con licencia, médicos con licencia, abogados, contadores, o incluso postularse a un cargo público, porque eso no es cierto”, dijo Lamberth, según recogió el medio Tennessee Lookout. “Si residen ilegalmente en el país, sus sueños tienen un límite”, añadió. Su propuesta va incluso más allá de la que discute el Senado y que ya había despertado la indignación de la comunidad inmigrante. Patrocinada por el senador republicano Bo Watson, el proyecto de ley exige a las escuelas públicas verificar el estatus migratorio de los estudiantes y cobrar la matrícula a los niños que no pudieran demostrar su residencia legal en Estados Unidos. Ambas iniciativas defienden la idea de que los migrantes indocumentados son una carga para los contribuyentes, a pesar de que pagan los mismos impuestos sobre la gasolina, los alimentos y las compras minoristas que ayudan a financiar las escuelas públicas. “No es legal. Si Tennessee lo aprueba, estaría violando la ley federal. Pero esto, obviamente, hará que los padres teman enviar a sus hijos a la escuela. Y estoy segura de que tendrá un efecto dominó y, de nuevo, provocará caídas significativas en la asistencia estudiantil”, afirma Loredana Valtierra, socia de The Century Foundation, un think tank que promueve la igualdad en la educación. Estos proyectos deben pasar aún varios trámites legislativos para ser aprobados, pero de hacerse realidad es muy probable que enfrentaran demandas legales por parte de organizaciones de derechos civiles, ya que contradice el fallo de la Corte Suprema en el caso Plyler contra Doe, que en 1982 reconoció el derecho a la educación de todos los niños si importar su estatus legal. Aunque no se prohíba por las autoridades, el miedo a las detenciones como parte de la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump, ya ha hecho estragos en la asistencia a las escuelas. Consideradas por años “lugares sensibles”, como los hospitales y las iglesias, el republicano enterró esa protección y los agentes de ICE (Agencia de Inmigración y Control Aduanero) ya pueden acceder a estos edificios en busca de migrantes que deportar. Temor a las redadas Los niños sufren ansiedad de ir a la escuela y los padres tienen miedo de enviarles y que, si los detienen, no los vean más. El zar de la frontera, Tom Homan, encargado de ICE, ha defendido en varias ocasiones que las detenciones se lleven en las escuelas si es necesario. Esta semana se ha dado a conocer el caso de un niño de la escuela de primaria Konawaena, en Kona, Hawai, que fue detenido mientras asistía a clase. Autoridades del condado explicaron que se hizo para reunirlo con su padre, también detenido. Ambos tenían orden de deportación. “La crueldad y el caos son el punto clave, y quieren que la gente tenga miedo de ir a la escuela y aprender, porque no quieren que los extranjeros en este país tengan acceso a la educación. Ese es el objetivo final. Por eso la gente está tan preocupada por la presencia de agentes de policía en las escuelas, por los niños que son abandonados por sus padres y por tener que presenciar su arresto. Esto atenta contra el derecho a la educación”, critica Naureen Shah, directora de Asuntos Gubernamentales de ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles). El último revés para impedir que los temidos agentes de ICE invadan las aulas en busca de estudiantes sin papeles que deportar ha llegado de un juez federal de Denver, que rechazó una demanda presentada por las Escuelas Públicas de Denver para mantener la aplicación de las leyes de inmigración fuera de los campus escolares. Los abogados de la demanda argumentaron que el miedo de las familias a las detenciones desde que se levantó el veto de los lugares sensibles está provocado un aumento del absentismo de los estudiantes. El juez federal de distrito Daniel Domenico, designado por Trump y exsecretario de Justicia de Colorado, afirmó que no estaba claro en qué medida el temor se debía realmente a las nuevas normas, en lugar de a la preocupación más amplia por el aumento de las medidas migratorias. Asimismo, señaló que las escuelas públicas de Denver aún no habían sufrido redadas. Oklahoma Oklahoma es otro de los Estados donde se ha intentado vetar la educación a los estudiantes sin papeles. El gobernador del Estado, el republicano Kevin Stitt, frenó un plan impulsado por el superintendente estatal, Ryan Walters, y aprobado la Junta Estatal de Educación para exigir el estatus migratorio de los niños al registrarse en la escuela pública. Stitt, que se declaró en contra de la inmigración ilegal, señaló que los responsables de políticas deberían centrarse en atacar a aquellos que están en el país ilegalmente y que cometen otros delitos. Florida Los esfuerzos por impedir el acceso de los migrantes a la educación han sido