15 de marzo de 2025

José Luis Sanz (Sevilla, 1968) había conseguido dejar atrás las críticas por haber pactado con Vox los presupuestos municipales de 2025. Se disponía a gobernar sin el corsé de su primer año de mandato como alcalde de Sevilla (686.741 habitantes —con unas cuentas, primero prorrogadas y luego aprobadas en agosto gracias a una cuestión de confianza—, cuando se ha topado con un súbito imprevisto, que, además, parece que parte de su propio partido. La publicación de supuestos sobresueldos y gastos del PP con cargo a fondos de la Diputación, hace una década, cuando él ocupaba cargos de responsabilidad, ha trastocado la estabilidad política que deseaba para la cuarta ciudad de España con una maniobra que él denuncia que pretendía “amedrentarlo”. Sanz se queja, también, de la falta de interlocución con el Gobierno para resolver problemas seculares de la capital andaluza, como la falta de infraestructuras, y nuevos, como los problemas de un turismo, que el regidor hispalense no considera que esté masificado. Pregunta. Ahora que ha pactado el presupuesto municipal con Vox, ¿tiene margen para realizar sus propias políticas? Respuesta. Hay más posibilidades de hacer muchas cosas. El anterior entró en vigor muy tarde, el 8 de agosto, aunque tuvo una ejecución del 78%, pero poco se pudo hacer. Este año estamos afrontando los grandes problemas que tiene la ciudad con mucha más perspectiva y presupuesto. P. En ese debate de presupuestos usted dijo que no veía a la ultraderecha, pero la portavoz de Vox hizo un discurso contra la propaganda feminista, la lucha contra la violencia machista o la inmigración “ilegal”. ¿Lo comparte? R. No lo comparto en absoluto, pero como tampoco comparto el que hacen otros portavoces en el pleno. Yo no tengo un acuerdo de gobierno con Vox, no somos socios de gobierno, solo hay un acuerdo para aprobar un presupuesto que se aleja de lo ideológico y se centra en la gestión de los grandes problemas que tiene Sevilla. P. ¿No es ideológico reducir la partida de la unidad contra la violencia de género y destinarla a asociaciones que se autodenominan pro vida? R. Bueno, a otro tipo de asociaciones que se preocupan también por las madres solteras. Tengo claro que en violencia de género este país ha conseguido grandes avances y, si de mí depende, en el Ayuntamiento de Sevilla no vamos a dar ni un solo paso atrás. Lo tengo clarísimo. El acuerdo firmado con Vox no sobrepasa ninguna línea roja. El acuerdo con Vox se aleja de lo ideológico, no sobrepasa ninguna línea roja” P. ¿Sevilla tiene un problema de masificación turística? R. Creo que no. El fenómeno que se está viendo en la ciudad es un fenómeno global igual al de cualquier otra capital europea. Pero no nos olvidemos, el turismo es la principal industria de la ciudad, supone el 25% del PIB. A mí me gustaría que hubiera más fábricas de aviones, de tanques, que la industria agroalimentaria fuera todavía mucho más fuerte, pero eso, de aquí a mañana, no lo vamos a conseguir. P. Los alcaldes de las principales capitales andaluzas abogan por la tasa turística. ¿Por qué no logran convencer a la Junta de que regule su aplicación? R. Esa es mi idea, que fuera un decreto de la Junta, que es quien tiene la competencia, al que cualquier ciudad se pueda acoger. Sevilla es la tercera ciudad más visitada de España, con casi cuatro millones de visitantes y ocho millones de pernoctaciones. ¿Se les puede dar servicio de limpieza, de seguridad y mantener nuestro conjunto histórico con el IBI que pagan los sevillanos? Rotundamente no. Esa es la motivación para reclamar una tasa turística. Hay otros instrumentos que no pasan por la Junta. Podemos mirar al Ministerio de Fomento o al Ministerio de Hacienda y decirle a la ministra, ahora secretaria general del PSOE andaluz que, por ejemplo, un porcentaje del IVA que el turismo paga en la ciudad repercuta en la ciudad. No hay un ministro de Fomento que se preocupe por el déficit de infraestructuras que tiene Sevilla o uno de Hacienda que se preocupe por los problemas del turismo. En el Gobierno de la nación no hay un interlocutor. P. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró recientemente que ojalá tuviera con usted la misma interlocución que con la alcaldesa de Granada (PP). R. El ministro por aquí no ha venido. Vino una vez y se encerró en la Diputación de Sevilla (PSOE). Le hemos mandado varias cartas, le hemos pedido varias citas y no hemos tenido respuesta. En el Gobierno de la nación no hay un interlocutor” P. ¿Qué solución le va a pedir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar el narcotráfico en el Guadalquivir? R. Esa cita es para poner encima de la mesa el número de policías nacionales que faltan en la ciudad de Sevilla, los problemas de seguridad que eso genera. Por lo visto no solo faltaban policías nacionales, también faltaban guardias civiles en el área metropolitana de Sevilla, que es quien tiene que controlar las entradas o salidas de esas narcolanchas. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la entrevista con EL PAÍS en el Ayuntamiento hispalense. PACO PUENTES P. ¿Es partidario de una unidad de la Guardia Civil patrullando el Guadalquivir? R. No sé cuál es la gravedad real del problema, pero si cada día es más frecuente, a lo mejor es conveniente que haya unidades parecidas a las que hay en otras zonas del litoral andaluz, también en el río Guadalquivir. P. ¿Cuál cree que es el objetivo de las informaciones sobre los pagos de sobresueldos y de gastos del partido con dinero de la Diputación de Sevilla? R. Lo único que se me ocurre es que la intencionalidad de esa información es desestabilizar al gobierno municipal o poner en riesgo la alcaldía de la capital de Andalucía. P. Dijo que al alcalde de Sevilla “no se le coacciona”. ¿Quién le ha intentado coaccionar y cómo? R. A mí directamente nadie. Pero, cuando veo

Pocos minutos después de las ocho de la noche del viernes, Cuba entera ya era un punto ciego en el mapa de la región. Por cuarta vez en seis meses la isla quedó completamente a oscuras luego de la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a causa de una avería en una subestación del Diezmero, un barrio en la periferia habanera, que provocó una pérdida “importante” de generación en el occidente del país, según informaron las autoridades. Los cubanos no esperaron para volcarse en redes sociales con las mismas quejas que arrastran desde hace tiempo: el reclamo común de “¿hasta cuándo?”, “esto no acaba” o “esto es una falta de respeto”. Un grupo de vecinas conversan en la calle en la calzada 10 de octubre, durante el apagón la noche del viernes 14 de marzo de 2025. Marcel Villa Decenas de fotos dibujaban un escenario del fin del mundo: un equipo médico del hospital provincial Dr. Gustavo Aldereguía, de Cienfuegos, que tuvo que encender las linternas de sus celulares para terminar una operación quirúrgica; gente en plena calle esquivando el calor y el tedio; otros mostrando, entre lo molesto y lo simbólico, el hotel Torre K-23 de La Habana completamente alumbrado en medio del apagón, como un recordatorio de la distancia entre los cubanos y las prioridades de su Gobierno. Para la madrugada del sábado, la Unión Eléctrica (UNE) comunicaba que había restablecido parte del servicio en las 12 provincias cubanas. Las autoridades también confirmaron que los aeropuertos internacionales mantenían sus operaciones. No obstante, gran parte de la población se encuentra aún sin servicio eléctrico casi 16 horas después del colapso. Es una situación desesperante para la mayoría. A pesar de que los apagones son constantes al menos en el último año, nadie se adapta a que sea la normalidad. “La gente se siente mal, es un descaro, tenemos que seguir aguantando. Esto es lo último y tenemos que aguantar callados, porque ni siquiera puedes protestar porque te llevan preso”, aseguró desde el municipio Bauta, a 40 kilómetros al suroeste de La Habana, una cubana que pidió permanecer en anonimato, y quien asegura que, a las once de la mañana de este sábado, todavía permanece sin luz eléctrica. El último gran colapso de la SEN se produjo en diciembre del pasado año, pero el primer gran apagón de este tipo se registró en octubre, cuando localidades enteras permanecieron sin luz hasta casi cinco días y las autoridades tuvieron que reconocer que el país se encontraba en una “situación de emergencia energética”. Desde hace un tiempo los cubanos, a modo chiste trágico, suelen decir que no viven entre apagones, sino entre “alumbrones”. Hay quien tiene dos horas de luz por día y se apura en cocinar todo lo que puede en ese tiempo; hay quien se pasa un día entero sin comunicarse con sus familiares en el exterior cuando se agota la batería del celular; hay quien ve como un golpe de suerte tener tres días consecutivos de electricidad y sintonizar la telenovela de la noche; hay quien no va al trabajo o la escuela, actividades que el gobierno suspende oficialmente y con no poca frecuencia por la falta de luz. A todos los atraviesa un malestar general, la certeza de haber vuelto a la precariedad y el desasosiego del llamado Periodo Especial de inicios de los noventa, y la convicción de no saber si hay una solución a corto plazo para la crisis energética cubana. Un joven camina por las calles de Centro Habana alumbrándose con su teléfono móvil. Marcel Villa Los funcionarios han explicado que el déficit de generación eléctrica en Cuba recae en “el estado de la infraestructura, la falta de combustible y el incremento de la demanda”. Ciertamente, el país, sumido en una de las peores crisis económicas de su historia, no cuenta con divisas ni recursos para brindar mantenimiento al añejo sistema de termoeléctricas que tienen casi 40 años de funcionamiento. Durante el último año el país vio una reducción en el suministro de petróleo que llegaba de aliados como Venezuela, México o Rusia. La falta de carburante obliga al Ministerio de Energía a parar un número determinado de motores de generación eléctrica distribuidos por el país, lo que desvía toda la presión de la red a las siete centrales termoeléctricas terrestres. Cuando una de estas instalaciones falla, lo que sucede con frecuencia debido a la obsolescencia de las infraestructuras, el servicio se queda sin respaldo suficiente y en ocasiones se produce una desconexión total. Cuba alquiló entre 2022 y 2023 ocho centrales flotantes a una empresa turca para suplir las carencias, pero en la actualidad solo queda una junto al puerto de La Habana. Aunque es una crisis de décadas, los apagones diarios se intensificaron en agosto. En febrero el déficit eléctrico alcanzó el 57%, lo que significa que, en un momento concreto, casi seis de cada diez bombillas en el país no podían encenderse por falta de capacidad de generación. Antes, hubo otros tres colapsos de máxima gravedad: en dos ocasiones la mecha fue una falla en la central Antonio Guiteras, una de las mayores del país. Y a principios de noviembre los estragos del huracán Rafael provocaron otra caída. En todos los casos la recuperación del servicio llevó días, especialmente después del huracán, ya que además de reiniciar la red las autoridades tuvieron que arreglar postes, transformadores y líneas de alta tensión que habían quedado destruidas. El enorme coste social y económico de la crisis energética —en un país al que se le suman el detrimento del turismo que trajo la pandemia de covid-19, la crisis sanitaria o la falta de alimentos, que han repercutido en un éxodo sin precedentes de la historia cubana reciente, —no tiene soluciones inmediatas. Los expertos estiman que la inversión necesaria para una renovación del sistema eléctrico oscilaría entre los 8.000 y los 10.000 millones de dólares, y el director general de electricidad del Ministerio de Energía, Lázaro Guerra, aseguró el año pasado en una entrevista a

Al menos diez personas murieron este sábado en la ciudad costera de Latakia, en el oeste de Siria, en una explosión causada por munición sin detonar, informó la agencia estatal SANA. “El número de muertos en la explosión (…) ha aumentado a diez, entre ellos tres mujeres y un niño”, informó la Agencia de Noticias Árabe Siria (SANA) Además, 14 personas, incluidos cuatro niños, resultaron heridos en esa explosión, que, según SANA, estuvo provocada “por un chatarrero que intentaba desmontar municiones de guerra [sin detonar] en un taller en un edificio de cuatro pisos”. PUEDES VER: Designan al líder de la revolución siria nuevo presidente del país durante la transición La agencia de noticias confirmó la versión dada anteriormente por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), que había reportado un “accidente” causado por munición sin detonar, abandonada durante la guerra civil. Latakia es el feudo del expresidente Bashar al Assad y fue escenario de masacres de civiles en las últimas semanas. Una residente de la ciudad, Ward Jamul, de 32 años, explicó a AFP que escuchó una “explosión fuerte” y añadió que “se dirigió al lugar y encontró un edificio completamente destruido”. MIRA TAMBIÉN: Hallan una fosa común en Hama, en centro de Siria, con siete cadáveres, según ONG Personal de defensa civil y ambulancias llegaron a la zona y “un gran número de personas” trató de “socorrer a las personas atrapadas bajo los escombros”, añadió. En una imagen difundida por la agencia Sana aparecía una gran humareda emanando de un barrio de Latakia. Source link

Lorena tenía su vuelo de retorno a Nicaragua el 17 de febrero. Se había ido a Miami de vacaciones, pero sobre todo había viajado para comprar ropa y cosméticos para revender en su país de origen. Una actividad que le genera, cada vez que viaja a Estados Unidos, la posibilidad de cubrir más que el pasaje de avión. Todo estaba listo desde el día anterior al viaje a Managua: el equipaje cerrado y bien pesado para no pasar aprietos en la báscula del aeropuerto, pero esa noche recibió un correo electrónico de la aerolínea Avianca que la descolocó: “Te informamos que hemos sido notificados por las autoridades migratorias de Nicaragua de que no han autorizado tu ingreso al país, por lo que no podrás embarcar tu vuelo”. No hubo más explicaciones. La vida de Lorena —que comparte a EL PAÍS su testimonio bajo condición de anonimato— se partió como una vaina que suelta sus semillas. Se sintió vacía, sin nada. El correo fue un cimbronazo mortal: no poder embarcar significaba perder a sus dos hijos menores de edad, su trabajo, su familia, sus amigos, su entorno y su patria. Le impusieron un destierro de facto, una de las prácticas represivas más usadas por el régimen “co-presidencial” de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los últimos meses. De acuerdo con fuentes migratorias y del sector turístico consultadas por EL PAÍS, la Administración sandinista ha impedido el ingreso de más de 250 personas a Nicaragua entre enero y la segunda semana de marzo de 2025. Si bien entre los vetados hay algunas personalidades o personas cercanas al mismo Gobierno, la novedad es que la mayoría se trata de gente que no tiene vinculación política o visibilidad pública. “Gente de a pie”, como se considera Lorena. Ella participó en algunas marchas contra la pareja presidencial en 2018, pero durante todos estos años, por temor, evitó cualquier expresión de descontento, incluso en redes sociales. Se dedicó, dice, a sobrevivir. Se calló. No obstante, fue víctima de esta política represiva migratoria, que no es nueva pero se ha consolidado. Ya no solo se concentra en opositores, periodistas, religiosos o líderes sociales. El régimen de Ortega y Murillo ha desarrollado un robusto sistema para impedir el ingreso de ciudadanos a Nicaragua —en especial por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino— que obliga a las aerolíneas que aterrizan en Managua a enviar con tres días de antelación los manifiestos de los vuelos para poder ser purgados. “Los oficiales de Migración y Extranjería están saturados. Revisan más de mil nombres al día”, dice una fuente de Migración y Extranjería, en referencia a las listas que a diario son actualizadas en dependencia de los ingresos al país. “Ahora están haciendo tres depuraciones de las listas de pasajeros: primero a las 72 horas, después a las 48 y el mismo día del vuelo. Por eso ha habido personas a las que bajan en la puerta del avión. Esto es como El juego del calamar, la serie de Netflix”, agrega otra fuente cercana a la industria de viajes. Oficina de Recopilación de Información El arquitecto y ejecutor de esta política represiva migratoria es Luis Cañas, el todopoderoso viceministro del Interior. En 2022, el Departamento de Despacho y Control Migratorio era el encargado de “analizar” a cada pasajero que entraba y salía de Nicaragua. Sin embargo, luego de varias fallas en el “análisis” de los pasajeros, el viceministro llegó al departamento a orientar que cambiaría de nombre y lo bautizó como Oficina de Recopilación de Información. “A la oficina de análisis se les había pasado varia gente”, relata una fuente del Ministerio del Interior. De modo que el mecanismo fue afilado, pero en realidad era para adaptarla a una estructura nacional de espionaje y vigilancia. Las oficinas de recopilación de información están en el edificio de Gobernación en Managua, Migración Central y en el Aeropuerto de Managua. La información proporcionada por las aerolíneas debe pasar un primer filtro en el aeropuerto, luego pasan a Migración Central y son sometidas a una tercera revisión en Gobernación. La información de cada persona debe ser chequeada por los tres departamentos y triangular los nombres para identificar a ciudadanos que publicaron en alguna ocasión contenido en contra del régimen, como ha sucedido con algunas personalidades de la televisión local. Un entramado de vigilancia más allá de Migración El temor a no poder regresar a Nicaragua ha impactado en el sector de los viajes. Las agencias consultadas por EL PAÍS coinciden en una significativa disminución en sus ventas o cancelación de reservas existentes. Si bien esta táctica represiva es una de las más temidas por los nicaragüenses en este momento al ser la más visible, es solo un engranaje de un sistema de vigilancia nacional montado por los Ortega-Murillo que tiene infiltrada a la población en general, según el informe más reciente del Grupo de Expertos de Naciones Unidas. El equipo pudo documentar la existencia de una amplia estructura de vigilancia e inteligencia que responde a las órdenes de los “co-presidentes”. La componen principalmente miembros del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR); el Ministerio de Salud y grupos armados progubernamentales, es decir, paramilitares. La estructura utiliza centros de cómputo instalados en cada municipio de Nicaragua. “Todas las instituciones públicas también están vinculadas a esta estructura a través de sus secretarios políticos, quienes identifican a los funcionarios públicos y otras personas a investigar”, resumen el Grupo de Expertos. “El Gobierno utiliza esta información (canalizada principalmente a través del Centro de Información e Inteligencia Policial, el Comité Nacional de Información, la Unidad de Análisis Financiero y la estructura del Frente Sandinista) para identificar a opositores, vigilar sus actividades, acosarlos o geolocalizarlos. Esta estructura también determina a quién detener, expulsar, impedir el regreso o despojar arbitrariamente de la nacionalidad”. La administración sandinista también cuenta con un sistema ruso de radiogoniometría y software SORM-3 utilizado para vigilar a embajadas y detectar a posibles “traidores” de la dictadura y

El Congreso de los Diputados se ha fijado ya como una obligación “necesaria y urgente” cambiar su Reglamento de funcionamiento interno para impedir a los falsos periodistas y pseudomedios que han proliferado en los últimos años que condicionen y perjudiquen el trabajo diario de la mayoría no solo de los parlamentarios, sino también de los periodistas de “medios de comunicación legítimos”. El vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, lanzó el martes pasado desde la tribuna del hemiciclo ese reto a todos los partidos y PSOE y Sumar han establecido contactos con la mayoría de los grupos para consensuar la reforma de ese reglamento. El borrador de esa ley, que manejan varios grupos políticos y que incluiría por primera vez la tipificación de sanciones por mal comportamiento, se envió también al PP, pero rechaza apoyarla, al igual que hace Vox. Sin embargo, el cambio podría salir adelante con el apoyo de los partidos que forman el Ejecutivo y sus socios habituales. “Los propagadores de bulos y odio erosionan nuestra democracia a través de los pseudomedios. Hago un llamamiento a todos los grupos políticos para que acuerden con valentía la modificación del Reglamento del Congreso. Es necesario y urgente. En sus manos está”, proclamó el vicepresidente socialista del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis el martes al final del pleno. Fue la consecuencia de meses y semanas de discretas negociaciones primero en la Mesa de la Cámara, incluso con los componentes del PP, asociaciones profesionales de periodistas, y luego ya con un borrador de documento de la nueva ley con todos los demás grupos presentes en la Junta de Portavoces, todos menos con Vox. El PP ya advirtió de partida que tenía muy complicado adherirse a ese proyecto. Algunos de los componentes del PP en la Mesa entienden las razones que hay detrás del intento de reforma de las normas que rigen para el comportamiento de diputados y periodistas y demás personal de la casa dentro del Congreso, sobre todo en lo que respecta a pseudoperiodistas acreditados por empresas que aprovechan para acosar con preguntas y provocaciones fundamentalmente a miembros del Gobierno progresista y de sus partidos aliados, pero no mantienen precisamente ni buenas relaciones ni de confianza con el portavoz oficial de los populares, Miguel Tellado. Tellado ya aclaró a EL PAÍS que el PP nunca respaldará un cambio que coarte a esos personajes. Las asociaciones profesionales de periodistas han venido pidiendo de manera reiterada en los últimos años que las autoridades del Congreso adopten medidas para garantizar que los profesionales puedan hacer su trabajo dentro de la Cámara sin sufrir hostigamientos, señalamientos o insultos de representantes de pseudomedios. Estas organizaciones instan a la Cámara a que adopte esas medidas, pero en ningún caso ejercerán funciones de vigilancia sobre la labor de otros acreditados para cubrir la actividad parlamentaria. El nuevo texto se alinea con el reglamento europeo de la libertad de medios de comunicación (regulación 2024/1083) y con la futura legislación española anunciada por el Gobierno como transposición de la normativa emanante de Europa. PSOE, Sumar y los demás grupos, socios frecuentes del Gobierno, han entendido finalmente, tras meses de dudas sobre las repercusiones de esas medidas, que la situación se ha enrarecido tanto con la actuación de esos pseudoperiodistas que había que ponerle freno. El borrador de la ley, que requerirá la mayoría absoluta de la Cámara para prosperar, ya se maneja en varios partidos y se pretende acelerar. Primero irá a la Mesa para que lo califique y acepte su debate, y luego pasará por comisión y ponencia para llegar al pleno, ser votado y entrar en vigor. Ese proceso requiere meses. El borrador de la nueva ley del Reglamento del Congreso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge que desde la Cámara baja “se promoverán acciones encaminadas a identificar y a diferenciar entre medios de comunicación legítimos y aquellos que operan con fines propagandísticos, de manipulación o desestabilización”. El texto retrata el escenario alcanzado en los últimos años con la aparición de los nuevos medios, los móviles, el llamado periodismo ciudadano, los activistas, las redes sociales y la distorsión del debate público con las noticias falsas, manipuladas y tendenciosas, y se fija el reto de intentar proteger el espacio parlamentario a los nuevos tiempos. El actual artículo 98 regula cómo se conceden las acreditaciones para trabajar en algunas zonas del Congreso, pero en la nueva norma se reconoce que se ha quedado desactualizado. En diciembre de 2011 la Presidencia planteó algunos criterios añadidos en una instrucción, también ya desfasada. En los artículos 105 y 106 se alude a conceptos jurídicos indeterminados sobre “personas que perturbaren” o que provoquen “desórdenes graves”, pero su interpretación se deja al criterio de la Presidencia y no dicen nada de “cómo y por qué razón puede perderse” la acreditación para trabajar dentro del Congreso. En el Congreso ya se constató el problema, en julio de 2019 tras la entrada y la grabación ilegal de un periodista de OKdiario en el despacho en la Cámara del vicepresidente Pablo Iglesias, de Podemos. Se le retiró la acreditación durante un año. El Tribunal Supremo, sin embargo, estimó el recurso del periodista y lo anuló en febrero de 2020 no por el fondo del problema sino porque esa medida no estaba basada en unas normas aprobadas con un régimen tipificado de castigos. Es lo que se quiere introducir ahora en consonancia con lo ya establecido en otros parlamentos, europeos y de otros países. Source link