14 de marzo de 2025

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó su visita al Perú y advirtió que hay un serio deterioro en las libertades de prensa y de expresión en el país en medio de una crisis política e institucional. En su comunicado emitido este viernes 14 de marzo, destacan que estas situaciones amenazan con agravarse de cara a las elecciones generales que se realizarán en abril del 2026. LEE TAMBIÉN: “Nos vamos muy preocupados”: todo lo que dejó el ultimo día de visita de la SIP al Perú Durante la visita de la delegación de la sociedad interamericana que duró tres días, pudieron constatar la “creciente hostilidad hacia los medios independientes, la persecución judicial a periodistas críticos y el uso sistemático de desinformación y ataques en redes sociales generan un clima adverso para el ejercicio de la profesión”. Esto ya había sido adelantado por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, en declaraciones a El Comercio. “La verdad, nos vamos muy preocupados por toda esta situación, que conocíamos obviamente, pero que en estos días hemos podido reforzar y también por el diálogo con los funcionarios que estamos teniendo […] Realmente, hasta ahora notamos un permanente deterioro que se sigue agudizando y que, probablemente, en período prelectoral como el que se empieza a vivir en Perú, sea aún más grave”, dijo Jornet a este Diario. La SIP constata fuerte debilitamiento de la libertad de prensa en Perúhttps://t.co/QVaF7nwUBV — SIP • IAPA (@sip_oficial) March 14, 2025 Entre las principales preocupaciones que expresa la sociedad se encuentran la persecución judicial contra periodistas con querellas de autoridades y dirigentes políticos en sede penal en lugar del fuero civil. Asimismo, la hostilidad y estigmatización desde el Gobierno, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; y otras figuras políticas que “han adoptado un discurso confrontativo y beligerante contra medios y periodistas, con el cual intentan desacreditar su labor y lanzan acusaciones infundadas de intentos de desestabilización”. También se menciona el incremento de amenazas desde el crimen organizado (mencionando el asesinato del periodista Gastón Medina en Ica), y restricciones al acceso de información, además de un sesgo en medios del Estado con la pérdida de pluralismo en medios que integran el Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP). En la visita, la SIP también buscó profundizar sobre la situación de periodistas peruanos que enfrentan procesos judiciales y ataques sistemáticos por su labor. LEE TAMBIÉN: Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, firma la Declaración de Chapultepec tras reunión con la SIP “La última edición del Índice Chapultepec, elaborado por la SIP, confirmó un grave retroceso en las libertades de expresión y de prensa en el Perú. El país descendió del puesto 12 al 16 en el ranking de 22 países, ingresando en la categoría de ‘alta restricción’ de las libertades de prensa y expresión”, advierten en su pronunciamiento. Reuniones de la SIP en el Perú La delegación de la SIP estuvo integrada por el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica (El Salvador), junto con el expresidente de la SIP Roberto Rock, director de La Silla Rota (México); el vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director de La Voz del Interior (Argentina), y el director ejecutivo de la organización, Carlos Lauría. En su visita de tres días, tuvieron reuniones con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. “La SIP intentó concertar una reunión con la presidenta Dina Boluarte, pero sus asesores de prensa no respondieron a las reiteradas solicitudes”, precisaron. Source link

El juicio oral contra Pedro Castillo y tres exministros por el golpe de estado de diciembre del 2022 se reanuda este martes 18 de marzo. La sesión será nuevamente en la sala de audiencias de la Corte Suprema en el complejo policial de la Dinoes, contigua al penal de Barbadillo, donde el expresidente se encuentra recluido. En la audiencia de este viernes 14 de marzo se tomaron las declaraciones de nuevos testigos de la fiscalía: Fernando Aliaga y Roberto Wong, exfuncionarios del IRTP, Eduardo Guerrero, exsecretario de Comunicaciones de Palacio, y Nelly Torres, exdirectora de noticias de TV Perú. Todo fueron citados para esta sesión por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. SIGUE AQUÍ LA AUDIENCIA DEL VIERNES 14 DE MARZO: NOTA PREVIA En la cuarta sesión del juicio, declaró como acusado el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima el día del golpe. También dio su testimonio como testigo el general PNP (r) Vicente Álvarez Moreno, jefe del Estado Mayor de la PNP el día de los hechos. Por otro lado, el acusado exministro Willy Huerta cambió de oposición y se negó a declarar en esta etapa de juicio, reservando su testimonio para la parte final, luego de que se evalúen todas las pruebas. En tanto, Pedro Castillo se asuentó de la audiencia luego de haber sido llevado de emergencia a un hospital tras sufrir una descompensación. Durante la tercera sesión del juicio en contra del expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado, la sala dio por acreditado al abogado de la defensa pública Ricardo Jhony Hernández Medina como nuevo defensor del profesor. Esto luego de que se conociera que el abogado de la defensa pública, Edgar Calle, asignado en la audiencia anterior, pidió su cambio por “el resquebrajamiento de la confianza recíproca entre abogado y patrocinado”. Castillo, en tanto, reiteró que no acepta un abogado de la defensa pública. La Sala aclaró que el expresidente puede designar al abogado de su elección en cualquier momento del proceso y le recordó además que tiene apersonados en este proceso a tres abogados privados. También se dio cuenta de la huelga de hambre iniciada por Castillo Terrones. Al respecto, el tribunal exhortó al procesado a que se abstenga de continuar con la medida de protesta y dispuso que el director del penal Barbadillo adopte las acciones necesarias para el cuidado de su vida y su salud. La próxima audiencia del juicio oral en contra del ex jefe de Estado y de los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, entre otros, se realizará el jueves 13 de marzo. Pedro Castillo deberá comparecer ante la sala en medio de una huelga de hambre que, según dijo, inició este lunes en señal de protesta contra lo que califica como un “juicio oral politizado”. Mediante su cuenta oficial en X, el exmandatario difundió una carta en la que insiste en que su encarcelamiento es injusto. Carta difundida en la cuenta oficial del expresidente Pedro Castillo en X. El proceso ha estado marcado por la controversia desde su inicio. La semana pasada, Castillo se presentó sin abogado en la audiencia de instalación del juicio, realizada en una sala de audiencias adjunta al penal de Barbadillo, en Ate. En un intento por retirarse, recibió una advertencia del tribunal, que le recordó que está sometido a un proceso judicial con reglas claras y que podrían aplicarse “medidas coercitivas” en su contra. El jueves, durante la segunda jornada del juicio, perdió los papeles y recurrió a insultos contra los fiscales que lo acusan. Lee también: Congreso restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia: los entretelones de una decisión aplazada Otros implicados Junto a Castillo, también son procesados como coautores del delito de rebelión la exprimera ministra Betssy Chávez, el exasesor de la PCM Aníbal Torres, el exministro del Interior Willy Huerta y los oficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón. Este último, quien actualmente reside en Suiza, fue declarado reo contumaz por no presentarse al juicio, ni de manera presencial ni virtual. El Ministerio Público ha solicitado penas diferenciadas para los acusados: 15 años de prisión para Torres, debido a su avanzada edad, y 25 años para el resto de los implicados. Todos han rechazado los cargos. Castillo sostiene que el 7 de diciembre de 2022 solo leyó un discurso sin efectos legales y que nunca recurrió a la violencia. Asegura, además, que fue “el pueblo” quien le pidió cerrar el Congreso y que, en realidad, el golpe de Estado se lo dieron a él. El tribunal encargado del caso está conformado por los jueces supremos José Neyra (presidente), Iván Guerrero y Norma Carbajal. Por su parte, el representante de la Procuraduría General del Estado, Mario Camacho Lazarte, ha solicitado que, en caso de una sentencia condenatoria, los acusados sean obligados a pagar una reparación civil de más de S/ 64 millones. Source link