14 de marzo de 2025

La psicóloga social argentina Dolores Albarracín recibió esta semana el prestigioso Premio Fronteras del Conocimiento en Ciencias Sociales, que otorga la Fundación BBVA y que está dotado con 80.000 euros en Madrid. Y esta misma semana, también se enteró de manera extraoficial de que su proyecto de cinco años para identificar maneras de aumentar las tasas de vacunación junto a la Universidad de Pensilvania (EE UU) era uno de los 33 afectados por los recortes de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), la agencia principal del gobierno de los Estados Unidos responsable de la investigación biomédica. “Un periodista me contó que yo estaba incluida en una lista”, cuenta a EL PAÍS la recién galardonada. Sus sospechas se hicieron realidad cuando el 11 de marzo recibió una carta del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ―cuyo secretario es Robert F. Kennedy Jr., un firme opositor del uso de las vacunas―, que alegaba que la investigación financiada por cuatro millones de dólares ya no sea alinea con las prioridades del gobierno de Donald Trump. “El NIH está obligado a administrar cuidadosamente las subvenciones concedidas para garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice de forma que beneficie al pueblo estadounidense y mejore su calidad de vida. Su proyecto no satisface estos criterios”, se lee en el documento, al que tuvo acceso este periódico. Las subvenciones canceladas en EE UU ascienden a millones de dólares en fondos perdidos para estudiar la reticencia a vacunarse y otros aspectos. Sin embargo, no ha sido la única área de estudio afectada, pues la semana pasada se enviaron al menos 16 cartas de término sobre investigaciones relacionadas con poblaciones transgénero, diversidad e inclusión, según publicaciones en las redes sociales del Servicio DOGE liderado por Elon Musk. Para Albarracín lo que está sucediendo es “algo sin precedentes” y su beca, que estaba vigente desde 2023, es el primer grant revocado a esta universidad. Las cartas de rescisión que han recibido Albarracín y otros científicos en el país llegan en medio de un brote de sarampión en curso, originado en el oeste de Texas, que ha afectado principalmente a niños no vacunados, a pesar de que esta enfermedad se declaró erradicada en Estados Unidos en el año 2000. “Lo que está ocurriendo ahora desgraciadamente ya viene con un trasfondo de bastantes años. Desde el 2018, mi equipo ya ha estado reportando que los conservadores están en contra de la vacunación más que otros grupos por distintas razones”, explica la experta sobre los hallazgos de su trabajo, que ha tenido implicaciones en la salud y que ha sido clave para definir estrategias para evitar los comportamientos de riesgo. Ya sea por motivos religiosos, indica Albarracín, porque creen que vacunar es “interferir con la santidad de la Creación” o porque consideran que el gobierno no se tiene que entrometer en la vida privada de los ciudadanos. Cada Estado se encarga de definir las políticas de vacunación y los de tendencia conservadora se han dedicado a limitar la obligación a vacunar a los niños. Según Albarracín, las políticas varían por condados y justamente quería indagar los impactos de estas medidas. Hace más de una década que Albarracín llegó desde Argentina a Estados Unidos y se incorporó a la universidad, y desde 2021 dirige el Laboratorio de Acción Social y el Grupo de Salud y Medios Sociales en la Escuela de Comunicación Annenberg. La Teoría de las Actitudes, que es su campo de trabajo, puede ayudar a predecir qué tipo de desinformación es prioritario atajar. Por ejemplo, tener la creencia de que la Tierra es plana no tiene un impacto directo sobre una conducta, mientas que considerar que las vacunas son dañinas provoca que un individuo no se vacune. “Yo he estudiado la persuasión en el laboratorio, pero también con aplicaciones a la salud, porque son conocimientos fundamentales para por ejemplo poder cambiar conductas. Y ahora, bueno, veremos qué pasa en el futuro”, se lamenta. Más recortes a la ciencia La administración Trump está recortando áreas de investigación financiadas por el NIH desde hace años. De hecho, también se está analizando modificar las subvenciones relacionadas con las vacunas de ARN mensajero, una tecnología incorporada en la vacuna contra el coronavirus. El director interino de los NIH, el doctor Matthew Memoli, solicitó información sobre la financiación de la agencia destinada a la investigación de vacunas de ARNm, según un correo electrónico publicado por el medio NPR. Esto incluye iniciativas para desarrollar vacunas contra diversas enfermedades, como la enfermedad de Lyme o el dengue. “Vendría otra lista con un componente internacional. Eso sería desastroso porque por ejemplo, toda la investigación del sida, la mayor parte se hace en África”, agrega Dolores Albarracín. La psicóloga social no sabe muy bien en qué puede terminar esto, por la “cantidad de medidas ilegales” que ha tomado el gobierno. “Desde cierres a de universidades o hasta perseguir investigadores… Cualquier cosa me parece que puede ocurrir porque vamos en un sentido claramente fascista y autoritario. Esto ya lo vi en mi país”, reflexiona. Source link

El exfutbolista y empresario Gerard Piqué ha declarado esta mañana en los juzgados de Majadahonda, donde estaba citado como investigado por el papel que jugó, junto al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, en las negociaciones que llevaron la Supercopa a Arabia Saudí y por las que se pactó una prima de cuatro millones anuales para la empresa de la que es socio fundador, Kosmos. Piqué ha llegado poco después de las nueve de la mañana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, vestido de traje y con una sonrisa. Ha eludido, eso sí, hacer declaración alguna a la prensa. Lo mismo que a su salida, minutos antes de las 12 del mediodía. En su declaración, ha respondido solo a la juez, a la fiscal y a su abogado, pero no a las partes. La defensa de Piqué se ha centrado en confirmar que efectivamente el contrato con Arabia se firmó gracias a su intervención, pero que se trata de una operación habitual, con las comisiones habituales, defendiendo así la legalidad de las mismas, siempre de acuerdo su relato. También ha explicado, según fuentes presentes en la sala, que se firmó la adenda al contrato original, con la que se aseguraba cobrar comisiones por tres años más, “por la relación de confianza” con la RFEF. Piqué ha pedido una última declaración antes de abandonar la sala y le ha dicho a la jueza que está sufriendo mucho, que el caso ha influido en su reputación. Entonces, ha roto a llorar. La juez investiga “posibles ilegalidades” en los acuerdos entre la RFEF y la entidad saudí Sela Sports. Acuerdos en los que consta como figura clave de la negociación la empresa de Gerard Piqué, en aquel momento todavía jugador del FC Barcelona, equipo que participaba en la competición, y que ejerció como “tercera parte”. El caso Supercopa es solo una parte de la llamada Operación Brodie, que investiga una supuesta trama ilegal en el seno de la Federación liderada por Rubiales y que tendrá que responder por los posibles delitos de corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales. El exjugador del Barcelona Gerard Piqué, a su llegada al juzgado de Majadahonda este viernes.Associated Press/LaPresse (APS) Los últimos documentos remitidos sobre el caso por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, señalaban directamente al exfutbolista. Como bien explicaba hace unos meses en este diario el periodista Óscar López Fonseca, la UCO elaboró un informe en el que concluye Gerard Piqué fue “parte activa” en el contrato de la Supercopa de España de fútbol ahora bajo sospecha. El acuerdo para la disputa de los partidos de esta competición en aquel país se plasmó en un acuerdo por 264 millones de euros firmado en 2019 entre el entonces mandatario de la Federación, una empresa saudí y la mercantil Kosmos, de la que es fundador y presidente Piqué, que cobró una comisión por ello. Como colofón del documento policial, los agentes de la UCO planteaban a la magistrada la necesidad de librar una comisión rogatoria (solicitud de ayuda judicial) a las autoridades saudíes para solicitar información sobre la posible existencia de cuentas bancarias abiertas a nombre del exfutbolista, Rubiales y otras 10 personas más, así como de una quincena de sociedades, muchas de ellas ligadas a Piqué. Los agentes argumentan que esta información es fundamental “para la completa averiguación de los hechos investigados” y, en concreto, “para dilucidar no solo todo lo concerniente a la negociación para la celebración de la Supercopa de España de fútbol, sino también aquellos negocios ―ejecutados o intencionados― por algunos de los investigados con presumible ocasión de esta”. Con anterioridad, la jueza ya había enviado comisiones rogatorias a Andorra y República Dominicana en busca de activos financieros de los presuntos implicados, entre los que destaca el expresidente de la RFEF. Más información Los investigadores señalaron en su día que, tras el nombramiento de Rubiales como presidente de la RFEF, este organismo se planteó la celebración del torneo de la Supercopa ―que enfrenta a los dos finalistas de la Copa del Rey y a los dos primeros clasificados de la Liga de cada año― fuera de España. “Entre los diferentes intermediarios que ofrecieron sus servicios para negociar, es preciso destacar que Piqué fue parte activa en el proceso a través de la sociedad de su representante [Arturo Canales] AC Talent”, detalla el informe, que destaca que esta empresa “recibió un mandato de exclusividad” firmado por la Federación para buscar “opciones de negocio” por la Supercopa en Estados Unidos, China y Japón. “En este contexto, se establecieron contactos con Amazon y con Sony sobre diferentes alternativas para la celebración del torneo”, añade. Mientras esto ocurría, en enero de 2019 la RFEF recibió un mensaje de otro empresario, Alfonso Roberes, en el que le informaba del interés de SELA por hacerse con los derechos del torneo con una oferta que su emisario calificaba de “muy atractiva que nunca antes han hecho por un partido de Supercopa”. La UCO destaca que la propuesta recibió una respuesta negativa, aunque tan solo unos días después la propia Federación se reunió directamente con la empresa saudí con la intermediación de Kosmos, la sociedad de Piqué, “terminando por acordar el inicio de las negociaciones”. Finalmente, el acuerdo se firmó el 11 de septiembre entre ambas partes. El informe policial recoge que de la sucesión de acontecimientos “se ha podido inferir que la intermediación realizada por Kosmos habría sido realmente ejercida en favor de la RFEF y no de SELA”, como inicialmente se presentó. En anteriores informes policiales ya se destacaba que en el acuerdo, la Federación se atribuyó “una posición de garante” para que la empresa de Piqué recibiera la denominada “prima de éxito”. Esta consistía en tres millones de euros que la empresa saudí se comprometía a pagar a Kosmos cada año si entre los equipos que disputaban la competición