13 de marzo de 2025

Nadie en Rusia se esperaba hace dos meses que Donald Trump anunciase tantas concesiones al Kremlin y humillase en directo al ucranio Volodímir Zelenski. Pero el idilio perfecto entre el presidente estadounidense y Vladímir Putin se ha desvanecido de pronto con la propuesta de Washington de una tregua de 30 días acompañada de una Kiev rearmada. Muchos rusos vuelven ahora a convencerse de que los denostados Estados Unidos siguen siendo el enemigo de siempre. El Kremlin se tomará un tiempo para responder. Pero será difícil contentar al mismo tiempo a Trump, al que urge quitarse la cuestión ucrania de encima, y a cientos de miles de rusos que han sacrificado sus vidas por la cruzada de Putin en Ucrania. “Estamos abiertos a dialogar con la nueva Administración estadounidense sobre el conflicto ucranio. Lo más importante es acabar con las causas profundas de esta crisis. Lucharemos por los intereses de Rusia, del pueblo ruso, este es el objetivo y significado de la operación militar especial”, dijo el mandatario el 23 de febrero, un día antes del tercer aniversario de la guerra. “No renunciaremos a lo que es nuestro”, volvió a prometer Putin la pasada semana a las viudas y madres de sus soldados. El presidente visitó el miércoles por sorpresa un centro de mando de sus fuerzas en la región de Kursk. Lo hizo ataviado con un uniforme militar, una estampa poco habitual en el mandatario, justo cuando tiene sobre la mesa la oferta de tregua. Allí encargó a su ejército que aplastara lo que queda de las fuerzas ucranias que invadieron Kursk en agosto, según Efe, y en donde Rusia asegura haber recuperado el control del 86% del territorio ocupado. Las autoridades rusas y su propaganda han tomado con cautela el guante lanzado por Washington. Solo unos pocos políticos se han atrevido a señalar que la propuesta de Trump contradice, a priori, la retórica del Kremlin de estos últimos meses a favor de alcanzar todos y cada uno de sus objetivos en Ucrania. “Cualquier acuerdo será con nuestras condiciones, no con las estadounidenses”, ha hecho hincapié el vicepresidente del Consejo de la Federación, el Senado, Konstantín Kosachev, antes de argumentar que las tropas rusas llevan la iniciativa en el campo de batalla. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, ha insinuado a su vez que Moscú decidirá lo que convenga sin tener en cuenta al resto de actores del conflicto. “La posición de Rusia no se forma en el extranjero a través de los acuerdos o esfuerzos de otras partes. La posición de Rusia se forma dentro de la Federación de Rusia”, ha manifestado en una entrevista. Fuentes del Gobierno ruso citadas por las agencias Reuters y Bloomberg consideran difícil que Putin acepte una tregua que beneficiaría más a Ucrania que a Rusia. “Putin está en una posición fuerte porque Rusia está a la ofensiva”, decía uno de los contactos de Reuters. “Han disfrazado la reanudación del rearme con una oferta de alto el fuego”, añadía otra fuente. Putin preparó hace tiempo su economía para una guerra larga. El politólogo Iván Preobrazhenski cree que el Kremlin busca concesiones en esta fase de negociaciones, como dificultar la capacidad defensiva ucrania o que Kiev reconozca los territorios ocupados, pero no renunciará a su objetivo final, tener a Ucrania dentro de su esfera de influencia. ”Creo que Putin no ha decidido todavía si iniciará unas negociaciones de paz en toda regla. Probablemente, no esté seguro si terminar la guerra”, decía el analista a este periódico la semana pasada. ‘Sí, pero’ “La respuesta de Rusia a la propuesta de alto el fuego no debe ser no, sino sí, pero”, opina el exasesor de Putin Dmitri Markov en su canal de Telegram. “Es decir, aceptar el fuego de 30 días con la condición de que se introduzca un embargo al suministro de armas a Ucrania durante el mismo período”, explica el experto. Markov no termina de decantarse por qué elección tomará el presidente ruso. El experto destaca que en contra de la tregua juegan varios factores. Entre ellos, que Rusia avanza en el frente, “no hay ninguna confianza en Occidente” y Putin y todos los líderes rusos “han dicho muchas veces que Rusia necesita una paz duradera, no una tregua”. A favor del alto el fuego estaría, según el analista, el levantamiento de sanciones y que Trump “desea la paz y se puede hacer tratos con él”. El presidente ruso siempre ha hablado de manera abstracta de los objetivos de su “operación militar especial” con el fin de poder justificar en el futuro su victoria, sea cual sea su alcance. Su gran ofensiva de 2022 amenazaba Kiev, Odesa y Járkov antes de su fracaso. Hoy, sus tropas están desalojando a las fuerzas ucranias de Kursk, territorio ruso, mientras la campaña en el este de Ucrania se estanca desde hace meses y no ha llegado a Pokrovsk. En cualquier caso, Putin ha dejado entrever que quiere la desmilitarización total de Ucrania y un Gobierno afín al Kremlin —lo que denomina desnazificación, pese a que consideró legítimas las elecciones que ganó Petró Poroshenko en 2014 y Zelenski en 2019—. La cuestión para el Kremlin es que con Trump tiene de pronto al frente de la Casa Blanca un político que comparte en cierto modo su visión decimonónica del mundo: las grandes potencias usan a los demás países como si fueran piezas en el tablero y no Estados soberanos. Ucrania es, como Groenlandia, Panamá, el Ártico o el este de Europa, una parte del Gran Juego, la expresión con la que Rudyard Kipling definió la partida entre el imperio ruso y el Reino Unido por colonizar Asia Central. El Kremlin no quiere enfadar a Trump. Y las negociaciones han sido divididas entre la discusión sobre el futuro de Ucrania, por un lado, y las relaciones ruso-estadounidenses por otro. El presidente de EE UU anunció este miércoles que una delegación se dirigía a Moscú. Seis miembros del Gobierno ruso han contado al diario independiente The Moscow Times

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. “La producción necesita de la naturaleza, pero la naturaleza también necesita de la producción porque es la que se está haciendo cargo de protegerla”. Esa es la premisa que el argentino Alejandro Brown, presidente de la Fundación ambientalista ProYungas, defiende para la conservación del medioambiente. “Creo que en el país hay más naturaleza resguardada en manos del sector productivo que todo el sistema de Parques Nacionales y áreas protegidas provinciales”, afirma. Y estima, a manera de hipótesis, que al 15% de la superficie silvestre protegida por el Estado habría que sumarle otro 15%, o más, bajo custodia de las empresas. “Nuestra tarea es ir reconociendo eso, poniéndolo en valor”, agrega. En la actualidad no hay estadísticas que consideren la protección del territorio en manos privadas. Sin embargo, según sus cálculos, teniendo eso en cuenta, el país estaría cerca de cumplir la meta 30×30 propuesta las Naciones Unidas para proteger el 30% de la superficie terrestre y oceánica del planeta para el año 2030. Brown es biólogo, investigador y experto en biodiversidad y desarrollo sustentable con 30 años de experiencia en ecosistemas forestales subtropicales. Hace 25 años fundó ProYungas con la idea de trabajar en la conservación de las yungas o selvas de montaña en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, que se extienden hacia el norte para cruzar América. Carla Cárdenas, bióloga de ProYungas, coloca cámaras trampas en distintos lugares de la selva. Sebastián López Brach Con el tiempo, la ONG amplió su acción hasta llegar a la selva atlántica en Misiones, los pastizales correntinos, el bosque seco y húmedo chaqueño de Formosa y el Chaco. Incluso se ha extendido a Chile, Paraguay y Bolivia. Además, tiene planes de expandirse a Cuyo, la Patagonia y otros países americanos. En Argentina, las yungas abarcan tres millones de hectáreas. Junto con la selva misionera, representan sólo el 2% del territorio nacional, pero atesoran el 50% de la biodiversidad del país. En parte de este pulmón verde se concentran grandes empresas agroindustriales, cuyos bosques están al margen de los sistemas de protección oficiales, aunque bajo el paraguas de la Ley Nacional de Bosques. Se estima que unas 250.000 hectáreas de yungas en zonas húmedas en altura están amparadas por el Estado, mientras que el territorio silvestre, más plano y bajo, colinda con la matriz productiva y es custodiado por el sector privado. Una realidad, dicen en la ONG, que está invisibilizada. Brown remarca que ProYungas nace con la intención de generar información técnica útil para las políticas públicas y la toma de decisiones privadas. En este contexto, la fundación impulsa desde 2010 una alianza con grandes empresas agrícolas, ganaderas y forestales a través del programa Paisaje Productivo Protegido (PPP) para el resguardo de las yungas. El programa nació bajo la consigna disruptiva de que es posible la convivencia entre la producción y la conservación de la naturaleza. Y, aún más: plantea que esta comunión puede ser beneficiosa para los ecosistemas. Crecimiento de hongos en las Yungas.Sebastián López Brach “La gente piensa que se produce sin importar nada. Sin embargo, siempre buscamos que nuestro negocio sea rentable, pero sustentable y sostenible en el tiempo”, dice Juan Martín Guerineau, jefe de zona de la Finca Caspinchango de la citrícola San Miguel, dedicada a la industrialización del limón en las selvas de montaña de Tucumán, y parte del programa desde 2014. “Falta mostrar un poco más. También hay clientes que lo exigen”, asegura. El aporte privado El primer paso para la alianza entre la ONG y las empresas es generar conocimiento sobre el territorio silvestre que está en manos privadas y, más tarde, proponer acciones para preservarlo a largo plazo. Así, se podrá convertir en un activo corporativo en un mundo que reclama responsabilidad ambiental. “Cuando empezamos a hablar con las citrícolas en Tucumán, preguntábamos cuántas hectáreas tenían de producción y cuántas silvestres. Ninguna sabía exactamente cuánto tenían de bosque. Hoy no hay una que no lo sepa. Eso es parte del trabajo”, dice Brown. Actualmente, hay 40 empresas bajo el programa que, entre otras acciones, realizan monitoreos de flora y fauna para conocer la salud de los bosques y acciones de conservación. “Se está generando un enorme bagaje de información sobre biodiversidad con financiamiento privado, algo que no ha existido jamás”, agrega. En total, hay 2.700.000 hectáreas bajo el programa: de esa superficie el 40% es silvestre. El PPP cuenta con el apoyo económico y estratégico de la Unión Europea. Vista de una de las Yungas argentinas.Sebastián López Brach Conocer para cuidar Carla Cárdenas, bióloga de ProYungas y encargada del monitoreo de fauna, explica que este se realiza a través de cámaras trampa fotosensibles. Las ubican en los bosques para capturar imágenes de mamíferos de mediano y gran porte, identificando especies críticas o en peligro de extinción. “En los programas de Tucumán, casi siempre encontramos una o dos especies vulnerables. Entre ellas, está el pecarí de collar, un chancho de monte que vive en las áreas boscosas de las sierras del Aconquija”, apunta. Por su parte, en los bosques de la citrícola San Miguel, que conserva 6.400 hectáreas silvestres y produce en poco más de 650, divisaron un lobito de río, que se creía extinto, y también ocelotes y hurones. En los programas de toda Argentina, ProYungas ha detectado un total de 52 especies de mamíferos grandes y medianos, y 617 especies de aves. La presencia de los animales es un bioindicador de la salud del ecosistema y permite planificar acciones de mejora. Silvia Pacheco, coordinadora técnica de la fundación, cuenta que se hace un mapeo de la superficie natural y productiva, y se realiza un inventario forestal. Con base en esos resultados, se propone un plan de acción. Las empresas asumen el compromiso y el costo de llevarlo adelante. “Habitualmente en algunos ámbitos se habla de la producción como una contraposición a la conservación y la

La inmigración no solo es parte fundamental de la historia de Estados Unidos, forma parte inherente del tejido social y económico de Estados Unidos y es clave para el futuro del país. Cambiar este tejido por medio de “la mayor deportación de la historia” tendrá dos precios: el de llevar a cabo la operación de detenciones y expulsiones masivas y el de las consecuencias de haberlo hecho. Así lo revelan las cifras del Censo que apuntan a que esta población es esencial para las grandes cuentas del país. En el año 2023, según el American Immigration Council (AIC), pagaron un total de 651.900 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Por lo que se refiere a los impuestos federales, fueron los responsables de aproximadamente el 19.25% de lo que se recaudó ese año y algo más de un cuarto de billón de lo recaudado para el Seguro Social y Medicare. De la cantidad total de impuestos, 89.900 millones (el 2.6% de los ingresos federales) fueron abonados por indocumentados, que son casi el 25% del total de inmigrantes. Los indocumentados no solo pagan impuestos —con ITIN, sin número de Seguro Social— sino que además no tienen acceso a muchas deducciones y tampoco lo tienen a la mayoría de los servicios que financian. Por ejemplo, tienen vedado el EITC, el reembolso por rendimientos del trabajo para familias de bajos ingresos. El EITC es considerado como una de las más eficaces herramientas fiscal en la lucha contra la pobreza. “Las contribuciones de los inmigrantes son mucho mayores que el costo de los servicios públicos que utilizan”, describe el AIC. Es más, según los cálculos de Americans for Tax Fairness, los indocumentados pagaron en 40 de los 50 estados una tasa de impuesto estatal local efectiva más alta que el 1% de los hogares con ingresos más elevados, quienes pagan alrededor del 7.2% de sus ingresos como promedio. Los indocumentados pagan un 10.1%. En el caso de los impuestos federales en 2022, y con datos proporcionados por ProPublica sobre la fiscalidad de las corporaciones, los inmigrantes indocumentados pagaron una tasa federal efectiva del 5.27 % en 2022, más alta que la de 55 grandes empresas del país del Fortune 500. Exxon Mobil y ATT, por ejemplo, tuvieron una tasa fiscal efectiva del 2.5% y el 3.1% según estos datos. La inmigración es entonces un pilar firme para las finanzas de muchos Estados. En el de Nueva York se recaudaron unos 74.800 millones de dólares de una población inmigrante que conforma el 23.1% del total y tenía un poder de compra de 160.500 millones. En Nueva Jersey, los inmigrantes son el 24.2% de la población y contribuyeron hace dos años con casi 40.000 millones en impuestos y más de 94.500 millones en capacidad de consumo. En California son más, el 27.3% de la población, y pagaron algo más de 168.000 millones a las arcas públicas. Virginia, Maryland, Washington, Pensilvania, Texas y Vermont son algunos de los Estados en los que mayor contribución tributaria tiene esta población. Las deportaciones que busca la Administración de Donald Trump no solo separará familias (4.1 millones de niños que son ciudadanos viven con padres no documentados) sino que además, vistas las cifras, pasará una amarga factura a las economías federal y locales. “Los inmigrantes ayudan a incrementar la riqueza y prosperidad de todos los estadounidenses. Y, sin embargo, tanto la Casa Blanca como el Congreso están considerando aumentar el presupuesto del ICE en miles de millones para detener y deportar a personas cuando a la vez se recortan servicios sociales esenciales como el Medicaid o la asistencia con alimentos, dice Nan Wu, directora de investigación del AIC. A Wu no se le escapa la ironía de que los inmigrantes han pagado impuestos que se van a usar “para penalizar a todos los estadounidenses con un plan de deportación masivo, cruel y antieconómico”. Los inmigrantes, con o sin papeles, inyectan en la economía billones de dólares, según las cifras del Censo tabuladas por el AIC. En concreto, tienen unos ingresos de 2,4 billones de dólares y un poder adquisitivo de 1,7 billones. Además, la gran mayoría no dependen de los Estados o entidades públicas para garantizarles vivienda, pero igualmente están invirtiendo en ella para revitalizar vecindarios. En 2023 pagaron 167.000 millones en el mercado de la vivienda y poseían 6,6 billones en riqueza basada en bienes raíces. Incremento de población La inmigración es desde 2023 básica para la demografía y con ello para el mercado laboral y empresarial en un momento de caída de la natalidad en el país. En plena desaceleración demográfica entre 2022 y 2023 la inmigración fue responsable del crecimiento total de la población de los Estados Unidos. Es la primera vez que ocurre desde 1850, según ha verificado el Migration Policy Institute. Actualmente, la población migrante es la más alta en números absolutos con casi 47.8 millones de personas (que incluye a tres cuartos de ellos legalmente como ciudadanos naturalizados, residentes permanentes o con visados temporales entre otras posibilidades) pero no en términos porcentuales, ya que con el 14.3% aún está por debajo de la situación en 1910. Más allá de su papel como contribuyentes y consumidores, Steve Hubbard, analista de datos senior de AIC explicaba a EL PAÍS en una conversación telefónica que no solo se pierde “base tributaria, no hay que olvidar el papel importante de la inmigración en la fuerza laboral”. Unos 30.7 millones forman parte de una fuerza laboral de la que se están retirando los baby boomers. Son casi el 18% de la masa laboral con una formación educativa y profesional mixta, muchos con educación superior, otros que no, lo que “ayuda a cerrar déficits laborales en los dos lados del espectro de habilidades”. “Estamos en una posición en la que el país necesita más trabajadores”, explica Hubbard que apunta como el 26.1% de la agricultura depende de la mano de obra migrante, el 25.7% de la construcción e incluso las profesiones STEM (ciencias e ingeniería)”. Este analista de