Sharp, casi en forma de manual, describe en su teoría del ‘soft coup’ los pasos por los que pacíficamente se puede tumbar a un régimen. Primero se crea una atmósfera de malestar con denuncias de corrupción; luego se deslegitima al gobierno, haciéndolo ver represor y autoritario; luego se promueven conflictos y protestas callejeras; hasta que se consigue que este caiga por la concertación de varios factores o por debilidad propia. Tamaño afán requiere una gran capacidad de concertar voluntades organizadas. ¿Pero, tenemos golpistas concertados y organizados para tumbarse a Boluarte que se va en julio del 2026? Veamos al Ministerio Público (MP). Está repartido en cientos de fiscalías cuyas decisiones son autónomas entre sí y respecto de la cabeza, la Fiscal de la Nación (FN), Delia Espinoza. Ella puede pedir informes a los fiscales y podría intentar forzar decisiones por mecanismos ocultos; pero ese es un proceso más ilícito, difícil y tortuoso de lo que se cree. Donde sí tiene comando es en lo que respecta a los aforados, o sea, la presidenta, ministros y congresistas cuyos expedientes sí maneja. Doña Delia tiene las facultades para abrir investigaciones y pedir impedimentos de salida, allanamientos, detenciones preliminares y prisiones preventivas. Salvo para investigar, para todo esto necesita que el Poder Judicial acate sus pedidos. La presidenta olvidó incluir a los jueces entre los golpistas blandos. Según mis fuentes -y una simple observación de su actuación pública- la fiscal Espinoza se siente en medio de una guerra en la que tiene que contratacar para salvar la vida. Es cierto que fue el gobierno quien a mediados del 2024, cuando estaba Juan Carlos Villena de FN interino, empezó a fustigar a los fiscales porque, supuestamente, soltaban a los delincuentes que la PNP detenía. También es cierto que el contrataque fiscal ha sido tardío y con torpezas. La presidenta Dina Boluarte acusó de golpismo a la prensa. (Foto: Presidencia) / ANDRES VALLE Fue tardío porque Espinoza tuvo que esperar a juramentar el 8 de noviembre pasado y armar su equipo. El interinato de Villena poco pudo hacer. Espinoza escogió un vocero, el ex fiscal supremo Víctor Cubas, que explica las decisiones tomadas; pero no es, que se sepa, un actor decisorio de los contrataques, algunos, como les dije, torpes e infelices. Primero fue, el 27 de enero, la denuncia constitucional a todos los congresistas de la Comisión de Defensa que facilitaron la promulgación de la ley que permitió que sus colegas policías y militares en retiro percibieran sueldo y pensión. Espinoza pudo evitarlo, o hacerlo sin nombres propios, con la fórmula de abrir la carpeta ‘a quien resultara responsable’; pero incluyó a 11 congresistas y esgrimió la figura del concepto de doble percepción salarial, que fue rechazado casi unánimemente por la comunidad de juristas opinantes. Luego, el 19 de febrero, vino una foto que, aunque nerviosa y posada con sentimiento de culpa, sonó a provocación bélica contra el gobierno, contra el Congreso y contra el difuso ‘anti caviarismo’. Ese día empezó una ronda de conferencias de prensa de los equipos especiales. Para abrir, se escogió nada menos que al Equipo Especial Lava Jato. Espinoza se sentó un instante en la misma mesa que Rafael Vela y José Domingo Pérez. La foto fue una contradicción flagrante con la decisión de su gestión, a inicios de enero, de apartar a Vela de la coordinación de las fiscalías de lavado de activos. Esa decisión, y otras relacionadas a la fiscal Marita Barreto, le habían permitido enviar a sus enemigos el mensaje de que ella rechazaba los sesgos politizados del pasado reciente. Y eso calmó las aguas pero por poco tiempo. Vela y Pérez no solo son bestias negras para muchos políticos sino una piedra en el zapato para todos los FN desde Pablo Sánchez hasta Espinoza. Durante la gestión de Villena, recogiendo las revelaciones de Jaime Villanueva, el asesor de la ex FN Patricia Benavides, abrió carpetas contra Vela, Pérez y también contra el colega Gustavo Gorriti, otro blanco del anti caviarismo al que convoca el ‘contragolpe blanco’, si lo hay. Espinoza dio un paso adelante apartando a Vela de lavado de activos aunque no de Lava Jato. Una fuente me contó que optó por dejarlo en esa coordinación para que él, que estuvo en ello desde el inicio, respondiera a los cuestionamientos al acuerdo de colaboración con Odebrecht, quitándole ese bulto a la FN. Esto último sí revelaría un discernimiento táctico que no hubo cuando se sentó, nerviosa, con Vela y Pérez. El responsable funcional de este mal rato sería, según mis fuentes, el asesor de la FN José Luis Silva Horna; pero más importante que este, en la toma de decisiones de impacto político de la FN, sería el fiscal adjunto supremo Marcial Páucar. Otros contrataques cuestionables, sino en el fondo, sí en el timing bélico, son el pedido de impedimento de salida para Julio Demartini, primero, y el allanamiento a Juan José Santiváñez, después. Con Demartini, la FN nos arruinó una película: ya no sabremos si el Vaticano le iba a dar el ‘agreement’ como embajador, pues apenas formulado el pedido, el gobierno anunció que daba marcha atrás en el afán de designarlo allí. El allanamiento a Santiváñez, además, aparece justo después de dos reportajes el pasado domingo 2 de marzo con serias denuncias sobre él (ver nuestro perfil de ayer). La confluencia de denuncias con asidero documental contra un personaje en el candelero, no tiene nada de extraordinario. Tampoco sería extraordinario que ello acarree acciones inmediatas del MP, si se trata de revelaciones de actos de corrupción desconocidos por los fiscales. No es el caso; pues el contenido de los reportajes sobre Santiváñez, por lo menos el de “Cuarto Poder”, sí está en carpeta fiscal. De ahí que la coincidencia con el allanamiento dio municiones al gobierno para lanzar la tesis del ‘golpe blando’. La proximidad de fechas, ojo, no fue responsabilidad de la FN sino, en este caso, del juez Juan Carlos Checkley que se tomó unos días para evaluarlo, pero,
