11 de marzo de 2025

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha sido arrestado este martes por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Manila por orden del Tribunal Penal Internacional (TPI), que lo acusa de crímenes de lesa humanidad por su sangrienta guerra contra las drogas. Grupos defensores de los derechos humanos aseguran que, durante dicha campaña, decenas de miles de personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial. El líder filipino, de 79 años, ha sido detenido por la policía a su regreso de Hong Kong, donde estaba de viaje, y se encuentra bajo custodia en la base aérea de Villamor, según ha comunicado el Gobierno filipino. Su asesor jurídico, Salvador Panelo, ha calificado el arresto de “ilegal”, alegando, entre otros motivos, que Filipinas se retiró en 2019 del tribunal internacional con sede en La Haya (Países Bajos). De hecho, el país se había negado hasta el año pasado a cooperar con la investigación del tribunal, argumentando que no tenía jurisdicción sobre el caso. “A primera hora del martes, la oficina de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto”, informa el Ejecutivo del archipiélago asiático. “El expresidente y su equipo gozan de buena salud y un médico del Gobierno los está examinando”, prosigue el texto, recogido por la agencia de noticias filipina PNA. Las autoridades aseguran que los agentes de la Policía Nacional de Filipinas que ejecutaron la orden de detención iban equipados con cámaras corporales para garantizar la transparencia de la operación. Duterte y sus acompañantes aterrizaron a las 09.20, hora local (las 01.20, hora peninsular española), en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila. En ese momento, el Fiscal General del país presentó la notificación del tribunal, y las fuerzas de seguridad nacional lo escoltaron fuera del aeropuerto. Minutos antes de su detención, el político se mostró desafiante, fiel a su estilo: “Tendrán que matarme primero”, declaró al bajar del avión, según recogen los medios locales. Agentes de policía montan guardia frente a la base aérea de Villamor, donde el expresidente Rodrigo Duterte fue llevado tras su arresto por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), este martes en Pasay.Ezra Acayan (Getty Images) Partidarios del expresidente Rodrigo Duterte se reúnen en el exterior de la base aérea de Villamor.Ezra Acayan (Getty Images) Agentes de la policía filipina desplegada en el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Manila ante la llegada del expresidente filipino para su detención.ROLEX DELA PENA (EFE) Agentes de policía montan guardia frente a la base aérea de Villamor, donde el expresidente Rodrigo Duterte fue llevado tras su arresto por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), este martes en Pasay. FRANCIS R. MALASIG (EFE) “Muéstrenme ahora la base jurídica por la que me encuentro aquí”, se escucha decir a Duterte en un vídeo publicado por el medio filipino Rappler, en el que se le ve sentado en un sillón y con semblante serio. El ambiente parece relajado. “Deben responder por esta privación de mi libertad”, prosigue. Aunque Duterte abandonó la política en 2022, continúa siendo una de las figuras más influyentes de la nación (su hija Sara es actualmente la vicepresidenta) y ha disfrutado de relativa inmunidad a pesar de las múltiples acusaciones que pesan en su contra. En Hong Kong, ciudad que acoge a una gran comunidad filipina (es la minoría étnica más numerosa de la urbe, sumando aproximadamente 130.000 personas), Duterte había participado en un acto electoral previo a los comicios de mitad de mandato del próximo 12 de mayo. La guerra contra el narcotráfico de Duterte se convirtió en la piedra angular de su Administración (2016-2022). Su mensaje populista y la promesa de ejercer mano dura para limpiar las calles de traficantes y toxicómanos le llevaron a la presidencia, pese a que múltiples expertos afirmaban que el país no enfrentaba un problema de drogadicción desproporcionado. En su mitin de cierre de campaña, llegó a instar a su electorado a “olvidar las leyes de derechos humanos”. “Traficantes, ladrones y vagos, será mejor que os larguéis, porque os mataré”, advirtió entonces. Según datos oficiales de la Policía, en los operativos murieron unos 6.200 sospechosos, pero las oenegés locales e internacionales elevan la cifra a más de 30.000. En 2021, el TPI inició una investigación en su contra por las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron entre 2011 y 2019, todas ellas bajo su mandato, primero como gobernador de Davao (2009-2015), la segunda ciudad más grande del país, y luego a nivel nacional. Duterte retiró a Filipinas del TPI de manera unilateral en 2019, un movimiento que diversos activistas criticaron por considerar un intento para eludir la rendición de cuentas. Pese a su salida de este organismo, Filipinas continúa siendo miembro de la Interpol, que tiene potestad para solicitar la detención de Duterte en nombre del tribunal. La abogada filipina Kristina Conti, asistente legal del tribunal, apunta que el expresidente debe ser entregado ahora a un Estado miembro del tribunal internacional y después a su sede en La Haya, cita Rappler. Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente participan en una manifestación tras la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar su investigación sobre Duterte, el 18 de julio de 2023 en la ciudad de Quezón (Filipinas).Ezra Acayan (Getty Images) Reclusos son reunidos en el patio de la cárcel mientras el personal de la Oficina de Administración Penitenciaria y Penología registra las instalaciones de la Cárcel de la Ciudad de Manila en busca de drogas y otros elementos ilegales el 30 de noviembre de 2018 en Manila (Filipinas).Jes Aznar (Getty Images) Familiares de presuntos muertos extrajudiciales usan velos mientras participan en una protesta contra los asesinatos de la guerra contra las drogas afuera de la sede militar y policial el 17 de julio de 2019 en Manila (Filipinas).Ezra Acayan (Getty Images) El arresto de este martes supone un paso clave en la búsqueda de la justicia de miles de filipinos que llevan años reclamando responsabilidades por la muerte de sus familiares. Muchos de ellos fueron

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana que el pasado 29 de octubre dejó 225 muertos y tres desaparecidos, Nuria Ruiz Tobarra, emitió este lunes un auto que supone un salto cualitativo en la instrucción del caso, tanto por la imputación de los responsables de Emergencias en la Generalitat Valenciana —la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso— como por el relato que hace de la gestión de la Administración autonómica. El auto de Ruiz Tobarra es toda una enmienda a la totalidad a las tesis que hasta ahora ha esgrimido el Ejecutivo de Carlos Mazón para blindarse de las críticas a su actuación ante la mayor catástrofe que ha arrasado Valencia. Punto por punto, la jueza desmonta la gran mayoría de sus argumentos, desde la falta de información para alertar a la población hasta el reparto de las competencias en la emergencia. Estas son las principales recriminaciones de la magistrada: Alerta a móviles “tardía y errónea” Frente a los argumentos del Consell, que asegura que no envió la alerta a móviles a través del sistema ES Alert antes de las 20.11 horas porque carecía de información fiable de organismos gubernamentales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la magistrada considera que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisó con suficiente antelación de la magnitud de la dana. “La previsión estaba en posesión de las autoridades autonómicas”, recoge la jueza en su auto, “a lo que ha de sumarse la constatación efectiva de las lluvias de aquel día. Por eso, instituciones como la Universidad de Valencia suspendieron sus clases e impidieron que la tragedia salpicara a sus 50.000 estudiantes, profesores y trabajadores. “La dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, estima la jueza. Y recuerda que, cuando llegó la misiva a los teléfonos, que define como “tardía y errónea”, ya había desaparecidos, fallecidos y personas atrapadas en garajes y plantas bajas. La magistrada considera “inexplicable” que el mensaje a móviles no advirtiera de la necesidad de resguardarse en zonas altas -la mayoría de fallecidos fueron ancianos que quedaron atrapados en bajos y garajes- y se ciñera solo a pedir a la población que evitara los desplazamientos. Sin mencionarla por su nombre, la magistrada censura la declaración de la entonces consejera Pradas, que atribuyó la tardanza en el envío del mensaje ES Alert a los técnicos reunidos en el Cecopi. “Resulta nuevamente extraño que se pretenda descargar en los técnicos el contenido del mensaje, no se dice cuáles, en el informe remitido [al juzgado]”, carga Nuria Ruiz Tobarra en su auto. La instructora recuerda que el objeto de sus pesquisas es la investigación de los posibles delitos de homicidio (penado con entre uno y cuatro años de cárcel) y lesiones imprudentes (castigado con hasta tres de prisión). El Cecopi se reunió tarde El Cecopi –el órgano de emergencias de la Generalitat– inició su reunión el día de la riada a las cinco de la tarde, cuando decenas de personas llamaban compulsivamente desde las poblaciones valencianas de Chiva y Cheste al servicio telefónico 112 para alertar de inundaciones por el desbordamiento del barranco del Poyo, que fue el detonante de la tragedia al desbordarse y desatar las riadas. La magistrada cree que este dispositivo de crisis, en el que participaron 29 representantes de instituciones de emergencias autonómicas, estatales y municipales, debió reunirse la mañana de la fatídica jornada. “La convocatoria del Cecopi se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor”. La jueza reprocha que se produjeran “apagones” en el órgano de emergencias que impidieron a los representantes de instituciones que participaron a través de videoconferencia seguir toda la reunión, como le ocurrió a los funcionarios de la CHJ. A la instructora también le ha sorprendido que este dispositivo reconociera ante el juzgado que no levantó actas ni grabó la sesión de su reunión de crisis del 29 de octubre “No es una contestación explícita a lo solicitado”, zanja Ruiz Tobarra. La responsabilidad de la tragedia fue autonómica La responsabilidad de prever, diseñar el dispositivo de protección civil y avisar a la población de la dimensión de la gota fría del pasado 29 de octubre fue del Gobierno autonómico: “Correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de unas precipitaciones que desbordaron ríos y barrancos, pusieron al límite las presas, y que produjeron una sucesión trágica de fallecimientos”. Es más, la jueza señala que eso es lo que constituye el fundamento de una negligencia “con relevancia penal” que pudieron cometer los dirigentes de la Generalitat, “la imprudencia grave”. “La atribución de dichas funciones a la administración autonómica y, por ende, a sus cargos y autoridades, es de ser garantes para que no hubiera fallecidos”, advierte la resolución. La administración autonómica tuvo una “inactividad patente” en la gestión de la riada, según la instructora. Ruiz Tobarra recuerda que sus pesquisas no ponen el foco exclusivamente en el desbordamiento del barranco del Poyo. Y arremete contra la falta de previsión de los responsables autonómico. Datos suficientes para temer lo peor La instructora considera que tanto la Aemet como las llamadas al 112 y los medios de comunicación avisaron suficientemente de la gravedad de la situación y que la Generalitat tenía datos suficientes para valorar el alcance y peligrosidad de la dana. Y cita como ejemplo de fuentes informativas solventes los avisos tres días antes de Aemet, las llamadas al servicio telefónico de emergencias autonómico 112 —que recibió 19.821 comunicaciones la jornada de la tragedia y tuvo su punto álgido entre las 17.00 y 18.00 horas (1.462 llamadas)— y los medios de comunicación. Como ejemplo, cita a la televisión autonómica À Punt, que desde la mañana del aciago día retransmitía en bucle rescates e inundaciones. “En Chiva se ha desbordado el barranco del