3 de octubre de 2024

La fiscal suprema Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, tomó la decisión tras una denuncia formulada por el congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) y revelaciones del periodista Carlos Paredes, director del programa “Contracorriente”, de Willax Televisión. La investigación busca determinar si Barreto divulgó de manera indebida las identidades de un testigo protegido y colaboradores eficaces en investigaciones bajo su cargo. Además, si incumplió con mantener la reserva de esas investigaciones, por presuntamente haber filtrado información. Espinoza estableció un plazo de 60 días para realizar la investigación preliminar. Los hechos denunciados Bermejo formalizó denuncia contra Barreto el último martes mediante su abogado. La acusación del congresista da cuenta de un testimonio del periodista Paredes. Este reveló que la fiscal le entregó información reservada sobre investigaciones en su contra en el 2023. El congresista señaló en la denuncia que la presunta información entregada a Paredes podría contener la identidad de colaboradores eficaces. Además, implicaría que la fiscal no ha respetado la reserva de la investigación. Bermejo – quien enfrenta un juicio por presunta afiliación a organización terrorista – dijo esperar que la fiscal sea retirada de su cargo mientras duren las investigaciones. Entre otros detalles, el congresista destacó que Barreto ha respondido públicamente al periodista. Y en sus declaraciones no ha negado haberse reunido con este. Tampoco ha desmentido que sea su voz la que se escucha en audios grabados por Paredes subrepticiamente. LEE TAMBIÉN: Nicanor Boluarte: Fiscalía reitera que Mateo Castañeda invocó “influencias reales de la presidenta de la República” para archivar caso de su hermano En tanto, Paredes dijo el último lunes que Barreto también reveló su identidad como testigo protegido en otra investigación relacionada a un caso de corrupción. Señaló que ha puesto en peligro su integridad. El artículo 409-B del Código Penal establece que quien revela indebidamente la identidad de un colaborador eficaz, testigo, agraviado o perito protegido, agente encubierto o especial, o información que permita su identificación, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. Además, cuando el delito lo comete un funcionario o servidor público, que por el ejercicio de su cargo tiene acceso a la información, la pena será de entre cinco y siete años años de cárcel, e inhabilitación. En tanto, el funcionario que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa. Acciones urgentes La fiscal suprema dispuso recoger, con urgencia, la declaración testimonial del periodista. Lo ha convocado para este viernes 4 y el próximo miércoles. En esas citaciones, le pedirá que entregue los medios probatorios que sustentan las sindicaciones que realizó contra Barreto. Recientemente, Paredes precisó que ya entregó a la Autoridad de Control del Ministerio Público un audio de 18 minutos, que incriminaría a Barreto. “He entregado el audio íntegro, seguro que lo sometarán a peritaje y verán que no está editado. Lo he entregado porque la autoridad me lo ha solicitado formalmente”, dijo a RPP el último lunes. El audio, según precisó el periodista, data de septiembre del 2023. Se trata de una conversación que sostuvo con Barreto sobre – según su versión – la entrega de un dispositivo USB con información reservada de investigaciones contra Bermejo. “Teníamos una relación fluida y con respeto. La mala relación empieza cuando nosotros, como programa, empezamos a criticar al Eficcop. […] Ella me manda a denunciar penalmente con una fiscal de Eficcop”, dijo. Barreto será citada a declarar para el viernes 11 de octubre. La fiscalía también dispuso realizar con urgencia la visualización, escucha y transcripción del programa “Contracorriente” emitido el último 29 de septiembre, así como las entrevistas que Paredes y Barreto concedieron a RPP el último lunes. Por último, entre otras diligencias, citará para el miércoles 9 y jueves 10 de octubre al fiscal Jorge García Juárez, autor de un informe que presuntamente Barreto entregó al periodista. Rechaza las acusaciones Barreto ha negado las sindicaciones en su contra. El último lunes rechazó haber filtrado información y dijo ser víctima de una campaña que busca su salida del Ministerio Público. “Durante varios meses vengo siendo perseguida, insanamente diría yo […]. Se ha tocado mi honor, se ha tocado mi reputación, fácilmente se endilga hechos totalmente ajenos a la verdad”, dijo en diálogo con RPP. Este Diario buscó contactarla sin éxito tras conocerse el inicio de la investigación preliminar en su contra. Barreto es coordinadora del Eficcop desde que ese equipo especial de fiscales fue creado en el 2022. LEE TAMBIÉN: Congreso rechaza debatir derogación de ley del crimen organizado: Los entretelones de la Junta de Portavoces y la postura de las bancadas En noviembre del 2023, la otrora fiscal de la Nación Patricia Benavides, investigada por presuntamente integrar una organización criminal, la retiró del cargo. No obstante, semanas después fue reincorporada por Pablo Sánchez. Más información La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha pedido a la Universidad Alas Peruanas información sobre la obtención del grado académico de Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la fiscal Barreto. Esto tras una denuncia periodística sobre presuntas irregularidades y favorecimientos indebidos. La Sunedu dio 10 días hábiles a la universidad para que remita la información. El pedido incluye, entre otros documentos, la relación de los académicos que evaluaron la tesis de la fiscal y el acta de la sustentación de ese trabajo. Source link

Fue un operativo que generó un amplio despliegue de agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), de inteligencia y del general PNP Óscar Arriola, entonces encargado de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP. Los agentes se quedaron por varios días en el lugar, ante la posibilidad de que el prófugo intente escapar y para agotar todo medio de búsqueda. LEE TAMBIÉN | Corte Suprema levanta inhabilitación de Cerrón en Caso La Oroya, pero sigue impedido de ocupar cargos públicos No obstante, el propio general Óscar Arriola, hoy jefe del Estado Mayor (el número dos en el alto mando de la PNP), afirma ahora que en realidad nunca hubo la certeza de que el prófugo estuvo en el lugar, solo información que hacía suponer su presencia. Así lo dijo este jueves ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en medio de las indagaciones por un presunto uso del vehículo de Dina Boluarte para favorecer a Vladimir Cerrón, su exsocio político. “Puedo decirles algo categóricamente: desde mi punto de vista, y me someto a cualquier investigación […] tengo un alto porcentaje de probabilidad de que [Vladimir Cerrón] no estuvo ahí en Mikonos. No estuvo ahí en Mikonos. Quieren la verdad, esta es mi verdad, es la verdad que se ha dado ahí”, afirmó. La versión de la PNP sobre lo que pasó en Mikonos Según el relato del general, la génesis del operativo estuvo en la información que les brindó la DINI, la principal agencia de inteligencia del gobierno, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y provee información a Palacio de Gobierno. “Vino de una fuente humana que era manejada por la DINI. Las fuentes humanas son reservadas”, dijo a la comisión parlamentaria. “Asistimos a una reunión que vienen trabajando los equipos, desde el campo nosotros y ellos desde la inteligencia, y tienen ya una información procesal, lo que se conoce como inteligencia, para poder actuar […] Nosotros fuimos convocados por la DINI para hacer la operación”, precisó. Esa información fue complementada con precisiones de “carácter tecnológico” para ubicar a Vladimir Cerrón en ese lugar y con el dato de que “algunos personajes” lo acababan de trasladar a ese lugar desde otro condominio en la misma zona. “La información venía así: que sabían que había un operativo en ciernes, que lo iban a capturar. Entonces llegaron a las 4 de la mañana [del 14 de enero] y lo sacaron del condominio Asia Sur para trasladarlo al condominio Mikonos”. Incluso concluyeron que estaba en el sector D del lugar y determinaron hasta el número del departamento. Con esa información “caliente”, primero realizaron acciones de inteligencia en el lugar y luego decidieron intervenir con agentes el Grecco y de la propia DINI. El operativo se inicia el martes 16 de enero alrededor de las 9 p.m. “Dimos cuenta de esta operación 16 minutos antes de realizarla. Por lo menos yo al [entonces] comandante general de la PNP, Jorge Angulo. Una vez allí, explicó que, a pesar de no tener órdenes de allanamiento, pudieron ingresar a los departamentos con autorización de los propietarios. Sin embargo, no pudieron encontrar al prófugo. “Registramos hasta las 6:30, 7 a.m,. cuando empiezan a aparecer algunos medios de comunicación”. “Si es tan certera la información, si es tan clara, categórica, potente, no se puede ir de acá. Convocamos más fuerzas para los lugares de acceso hacia Asia pueblo, hacia la Panamericana y el mar, que estaba completamente llena de agentes de inteligencia. Los de inteligencia, en la playa, y los otros en los lugares de acceso”, detalló. Agregó que las acciones también incluyeron revisar las cámaras de seguridad del ingreso principal y del ingreso por la playa, tanto de ese día como de los días en que supuestamente fue llevado desde el otro condominio, siempre con los mismo resultados. Para entonces, según Arriola, ya había indicios de que en realidad el prófugo no estuvo en el lugar. “Cuando uno interviene una casa y el objetivo estuvo ahí, hay ciertas características. A veces la cama está caliente, dependiendo de la hora. Las cosas del refrigerador están ahí, hay algunos objetos personales de la persona. No hay nadie, pero se nota con claridad que acaban de salir porque algo pasó. Entonces, empezamos a mirar un poco más detenidamente” Arriola también indicó que pidió hablar personalmente con la “fuente humana” de la DINI, pero no fue posible. “Estuvimos en la zona unos tres días más, hasta el 20 de enero, a tiempo completo. Rentamos una habitación […] Estábamos alojados en un inmueble, verificando que no vayan a llegar algunos yates. Como era verano, nos valimos para que en estas rondas que hace la policía aérea, destine helicópteros para Asia, de mayor presencia en Asia”. Poco después del fallido operativo, el gobierno de Dina Boluarte decidió realizar cambios en las cabezas de la DINI y del alto mando de la PNP. Así, el general Jorge Angulo fue removido como comandante general y Óscar Arriola terminó recibiendo su ascenso hasta ser jefe del Estado Mayor. ¿Qué falló? Si bien no fue explícito, de las declaraciones del número 2 de la PNP se desprende que el dato de la “fuente humana” de la DINI estuvo errado y que también hubo fallas en la geolocalización. Frente a una pregunta de la congresista Hilda Portero (Acción Popular), Arriola explicó que sospechaba en qué departamento estaba el prófugo por la proximidad de una antena. Pero luego refirió que llamaron a una persona que vivía en otro condominio aledaño para geolocalizarla y se llevaron la sorpresa de que era otra antena la que daba señal a Mikonos. La Comisión de Fiscalización presidida por Juan Burgos, de Podemos Perú, viene recogiendo testimonios e información sobre el ‘Caso Cofre’ (Foto: Congreso) Añadió que por esos días también recibió otras informaciones, como que una persona había sido secuestrada por cubanos en Miraflores, pero que no le dieron mayor información, y otras que le generaron una sospecha de que “algo no andaba bien”. “Luego he

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó al congresista Juan Burgos (Podemos Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización, por haber pedido facultades para investigar el presunto encubrimiento de Vladimir Cerrón y el traslado del vehículo de Dina Boluarte conocido como el ‘cofre’. En la conferencia de prensa de este miércoles 2 de octubre, el primer ministro calificó este pedido como algo “injustificado” al señalar que había información remitida a la comisión que, según él, invalida los cuestionamientos sobre la ubicación del vehículo presidencial. LEE TAMBIÉN: Congresista Juan Burgos: “A la presidenta le digo que no ponga trabas para investigar la verdad” “Esto me sorprende. Hace unos días, el 17 de setiembre, para ser más exactos, recibimos información cierta que la empresa concesionaria Vial del Perú, envió a la Comisión de Fiscalización que preside el señor Burgos esta carta de rectificación […] La empresa estaba rectificado su comunicación anterior y decían que el vehículo de placa EGR-844 transitó por el peaje de Chilca, no de Ica”; dijo al mostrar el documento. Adrianzén sobre Juan Burgos “Esta comunicación la tenía el señor Burgos y lo ocultó. ¿En estas condiciones es posible que se pida facultades de investigación, ocultando información, mintiendo a la población con algo que ya era de su conocimiento? Esto es inadmisible. No solo genera duda, sino rechazo de la eventual parcialidad que pudiera tener el referido congresista para llevar adelante una investigación que sea objetiva”, recriminó Adrianzén. Horas antes, luego de la presentación del general PNP Óscar Arriola ante la comisión que preside, Juan Burgos aseguró ante la prensa que tenían nuevos indicios para insistir en el pedido de facultades investigadora que está pendiente desde mediados de setiembre para ser evaluado en el pleno. “Para nosotros es indicio de algo sospechoso tuvo que hacer el vehículo presidencial, el EGR-844″, comentó luego de decir que la concesionaria vial informó que el 24 de febrero el ‘cofre’ y otro vehículo se apartaron de la delegación presidencial, giraron en U y se estacionaron en un grifo en la Panamericana Sur donde fueron fotografiados, para recién regresar a Palacio de Gobierno 26 horas después, el 25 de febrero. LEE TAMBIÉN: Gustavo Adrianzén afirma que no puede dar “una fecha exacta” sobre cuándo Dina Boluarte declarará a la prensa Esto, para Adrianzén, son “declaraciones altisonantes” por parte de Burgos al señalar que el pedido de facultades solo debería proceder si hubiese una razón que la justifique. Sin embargo, el primer ministro evitó responder sobre los desplazamientos del ‘cofre’ ante reportajes periodísticos que señalan que Dina Boluarte no estuvo presente en la zona donde fue fotografiado a fines de febrero. “Disculpe pero no puedo, no estoy en condiciones de poder decir qué es lo que pasó con el ‘cofre’, dónde estuvo, a dónde llevaron a la presidenta, dónde la recogieron, etc. Esto lo hago porque estaría quebrantando la ley”, comentó al asegurar que es información reservada. Source link