2 de octubre de 2024

Las actas de los resultados de las elecciones en Venezuela siguen estando en el foco de la nueva crisis de legitimidad que enfrenta el Gobierno de Nicolás Maduro hace dos meses. Buena parte de la comunidad internacional las continúa pidiendo para reconocer oficialmente la reelección del líder chavista en los comicios del 28 de julio. La oposición ha publicado sus copias en una página web de libre acceso a ciudadanos, analistas de datos y periodistas, según las cuales obtuvieron un triunfo con el 67% de los votos. Ahora, el Centro Carter, que envió especialistas a observar el proceso, las ha presentado este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. “Estas actas son elementos clave, acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se trata de actas originales de Venezuela”, dijo Jennie Lincoln, quien fue la jefa de la misión electoral del Centro Carter que viajó a Venezuela en julio, quien aseguró que según estos documentos el ganador ha sido Edmundo González Urrutia, como defiende la oposición. Tras salir del país luego de su observación, el organismo internacional ya había presentado un duro informe preliminar en el que señaló que el proceso realizado en Venezuela no podía considerarse democrático, de acuerdo a lo que recogieron 17 expertos desplegados en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia. Esta y otras conclusiones fueron presentadas por Lincoln durante la sesión en la que explicó que aunque el sistema electoral venezolano es electrónico, las máquinas imprimen un acta que sirve como comprobante del resultado de cada mesa de votación que se entregan a testigos de todos los partidos, al Plan República, el contingente militar que custodia el proceso y al propio Consejo Nacional Electoral (CNE), que el 29 de julio proclamó a Maduro sin mostrarlas. “Las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa y se les brindan a todos los testigos electorales y a los observadores. Todos los partidos políticos pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que recaban de las 30.000 mesas. Estas actas son documentos clave. Fueron analizadas por la oposición y por misiones internacionales independientes y demuestran que son las actas originales del 28 de julio y dan como ganador a Edmundo González con más del 60% de los votos”, dijo Lincoln mientras mostraba unas de las largas papeletas y señalaba los sus códigos de seguridad como el QR que aseguran su autenticidad. El Consejo Permanente de la OEA, en una sesión extraordinaria, el 28 de agosto en Washington (Estados Unidos). Lenin Nolly (EFE) En su intervención en la sesión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el proceso electoral fue desde el principio “una serie de las peores cosas que se pueden cometer”. “Como se esperaba no se hizo ni libre, ni justo, ni transparente, como se esperaba se hizo sobre la violación de acuerdos firmados”, agregó en referencia a los acuerdos de Barbados —de los que este mes se cumple un año— en los que el Gobierno de Maduro se comprometía, entre otras cosas, a permitir la participación de todos los candidatos y finalmente decidió inhabilitar a su principal rival, María Corina Machado, luego sustituida por Edmundo González Urrutia. El árbitro electoral venezolano está en mora con las obligaciones que le impone la ley de publicar los resultados desagregados por mesa en su página web y también en la Gaceta Electoral, 30 días después de los comicios. Maduro, tras proclamarse ganador, llevó el conflicto al Supremo, parte del aparato institucional que controla. Los magistrados decidieron realizar un peritaje para convalidar los resultados que le han permitido permanecer en el poder. El proceso se hizo en quince días y la televisión estatal se encargó de mostrar imágenes de los especialistas con tapabocas, viseras y guantes manipulando supuestos documentos entregados por el CNE y otros partidos políticos que participaron en la elección, a excepción de la coalición opositora que respalda a Edmundo González Urrutia. En investigaciones periodísticas del portal Armando Info se revel+o que el procedimiento fue realizado por funcionarios del propio ente comicial y no por expertos independientes. El Gobierno de Maduro huyó hacia adelante en medio de las sospechas de fraude. Al día siguiente de las elecciones reprimió las protestas ciudadanas contra los resultados, encarceló a más de 1.700 personas y fue contra la oposición por la publicación de sus copias de las actas oficiales que lograron obtener de un 83,5% de las mesas, tras enfrentar obstáculos para su trabajo la noche de las elecciones. El argumento del chavismo ha sido que solo el CNE puede dar resultados, aun cuando en 2013 el Partido Socialismo Unido de Venezuela también decidió publicarlas en su web. También han dicho que lo difundido la oposición es una falsificación. Estos señalamientos acabaron en una investigación penal que terminó en la orden de captura contra el candidato González Urrutia y que fue archivada, después de que se este se vio forzado a irse al exilio en Madrid a principios de septiembre. Source link

La universidad pública argentina ha renovado el pulso que mantiene con el Gobierno de Javier Milei. Decenas de miles de personas llenaron este miércoles la plaza frente al Congreso en Buenos Aires para exigir más dinero para la educación superior. Eligieron el Congreso y no la Casa Rosada porque es allí donde se juega el futuro de una ley de financiamiento universitario aprobada por la oposición el 13 de septiembre pasado. El presidente ultraderechista tiene listo el veto a la norma, con el argumento de que es “populista y demagógica” y pone en peligro el equilibrio fiscal. Dependerá de los diputados y senadores conseguir dos tercios de los votos para anularlo. “A nuestros representantes en el Congreso, muchos de ellos egresados de la universidad pública, les pedimos que de confirmarse el veto sostengan en el recitno la ley”, ha dicho en su discurso ante la multitud Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Para el Gobierno, la protesta fue “un espectáculo mediático” montado por la oposición “con el propósito de obstruir el plan económico del presidente”, según dice un comunicado de la Oficina de la presidencia. La de este miércoles fue la segunda manifestación masiva que enfrenta Milei por su política de recortes presupuestarios. En abril pasado, medio millón de personas marchó en defensa de las universidades públicas ante la inminencia de un cierre por asfixia financiera. La educación superior es el orgullo de generaciones de argentinos que, desde que fue declarada gratuita en 1949 ven en ella una llave hacia ascenso social de las clases bajas y medias. Milei llegó al poder sosteniendo que las universidades son un reservorio de “comunistas” y que los profesores “adoctrinan” a los alumnos con ideas izquierdistas. Y acompañó la embestida con un recorte de fondos que al inicio del año afectó los salarios de los profesores y puso incluso en peligro el pago de cosas tan elemantales como la electricidad. Ante la emergencia, la oposición logró, pese a los reclamos del Gobierno, aprobar en septiebre una ley que actualiza salarios y garantiza el financiamiento universitario. El coste fiscal de la norna es del 0,4% del PIB, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Vista panorámica de la manifestación en la plaza frente al Congreso argentino en Buenos Aires, el 2 de octubre de 2024.JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE) El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que reúne a las autoridades académicas del país, advirtió que “entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45% en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50% del total del personal”, alertó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que reúne a las autoridades académicas del país. El Gobierno asegura que ha aumentado las partidas que envía a las casi 70 universidades nacionales. Lo ha hecho en un 150% interanual entre enero y septiembre de este año, pero cuando se le descuenta la inflación los recursos caen un 30%, según un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto. El promedio salarial de un “cargo testigo”, esto es un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusia una carga de 20 horas semanales es de 360.000 pesos, unos 360 dólares el cambio oficial. La canasta básica familiar para no ser pobre en Argentina fue en julio pasado de 900 dólares. “Muchos docentes están bajo la línea de pobreza, algo que no sucedía desde hace más de 20 años. La pérdida de trabajadores que se van de la universidad pública es importante”, advirtió Carlos De Feo, secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. La protesta de este miércoles, que se replicó en capitales provinciales, estuvo protagonizada sobre todo por estudiantes y profesores. Se sumaron también jubilados, trabajadores, militates de partidos de extrema izquierda, dirigentes políticos opositores y sindicalistas. La presencia de dirigentes como Sergio Massa, ex candidato presidencial del kirchnerismo en las elecciones pasadas, o el senador radical Martín Lousteau, avivaron las denuncias oficiales de “politización” de la marcha. Milei usó sus redes sociales para fustigar la convocatoria reposteando los mensajes de sus seguidores más fanáticos. “Esto no es una marcha universitaria sino una marcha de parásitos que viven de los impuestos, es decir, del hambre de la gente” o “Ganó Milei. Demostramos que fue una marcha política, que usaron recursos de la universidad para trasladar a militantes de la Cámpora [la agrupación del hijo de Cristina Kirchner, Máxicmo, y la Uocra [sindictado de obreros de la construcción], que estuvo presente Massa, el que ajusto de verdad a la universidad para financiar la campaña, que estuvo la corrupta de CFK”, se lee en el perfil de X del presidente. La convocatoria fue menor que en abril, pero volvió a ser masiva. La Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande y prestigiosa de Argentina, fue la cara más visible, pero también estuvieron presentes frente al Congreso todas las universidades del extrarradio, cuya creación en las últimas décadas abrió las puertas a miles de estudiantes que fueron primera generación de universitarios. La transformación social que encarnaron se ve amenazada por el recorte presupuestario. “Venimos a pelear para que nuestros hijos puedan estudiar”, dijo Graciela Pérez, estudiante de 48 años de Trabajo Social en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). “Sin universidad pública gratuita a mí me sería imposible estudiar y mis hijos tampoco podrían hacerlo”, advirtió Pérez mientras otra estudiante sostenía a su lado una pancarta en la que podía leerse “Sin educación pública, el futuro es para pocos”. Cerca de allí, alumnos de Ciencias Ambientales de la Universidad de Avellaneda pidieron que Milei no les “arruine el presente” ni vete su futuro. Una de ellas, Silvina, lamentó que en vez de arreglar “todo lo que está mal en Argentina”, el Gobierno quiera deteriorar las universidades públicas, uno de los escasos motivos de orgullo nacional que están más allá de la polarización política. Silvina, de 27 años, aseguró que aún le cuesta creer que