2 de octubre de 2024

Los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en Afganistán han estado bajo constante y cruel asedio por el Gobierno de facto de los talibanes. En semanas recientes, sin embargo, las restricciones han tomado proporciones insólitas: la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, expedida en agosto de 2024 —la ley de moralidad―, prohíbe a las mujeres hablar en público por considerar que la voz femenina solo debe expresarse en un entorno íntimo, e incluso les impide cantar públicamente. Cuando se lee esta noticia en la prensa, la primera impresión es que podría tratarse de una noticia falsa por lo absurdo y extremo que resulta pensar en vetar una expresión tan normal y propia de la esencia y dignidad humana, además de un derecho fundamental. Tristemente, es real. Esta ley es un componente más de un modelo de sociedad basado en medidas de deshumanización progresiva de las mujeres y las niñas. Si bien anteriormente el Gobierno de facto en Afganistán ya había intentado borrar y silenciar a las mujeres en los espacios públicos, ahora presenciamos un silenciamiento literal y ya no sólo metafórico. Normas rígidas también para los hombres y las minorías La ley de moralidad del Emirato Islámico de Afganistán ordena a las mujeres “cubrirse totalmente el cuerpo y el rostro y no hablar ni cantar en voz alta de un modo en que las puedan oír personas ajenas a su familia”. Cabe hacer notar que los hombres y los niños están sujetos también a normas rígidas de vestimenta por las que deben cubrirse “del ombligo a las rodillas”. La ley criminaliza y persigue a las personas LGTBIQ+ y restringe los derechos de las minorías religiosas, entre otras medidas, prohibiendo las ceremonias no islámicas y prohibiendo también asociarse con no creyentes, afectando con ello no sólo a las mujeres y las niñas —la mitad de la población—, sino también a las minorías étnicas y religiosas no musulmanas. Se ha enfatizado por personas estudiosas de la sharía, incluyendo organizaciones feministas musulmanas, que este tipo de perspectivas son una interpretación errónea del islam y que no representan auténticamente la doctrina religiosa musulmana. La ley de moralidad —condenada por activistas, medios de comunicación, mecanismos independientes de derechos humanos de la ONU y distintos órganos de Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad, con la notable ausencia de China, Argelia y Rusia— también incluye poderes discrecionales de aplicar castigos severos por su incumplimiento, acrecentando aún más un clima social de miedo e incertidumbre. Si bien la indignación sobre la situación de las mujeres y niñas en Afganistán es crucial, es también esencial entenderla no como un hecho aislado de un solo país, sino como una situación sintomática —ciertamente de las más graves— de los retrocesos y los ataques a la igualdad de género a nivel global. Siendo así, Afganistán es una prueba para la comunidad internacional, sus valores fundacionales y sus líneas rojas: la reacción a esta realidad indicará el camino frente a (potenciales) actos de opresión de género en otras partes del mundo. Evocando a Martin Luther King, “recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino los silencios de nuestros amigos”. Resulta notable y conmovedor ser testigos de las respuestas de las mujeres afganas que, cubiertas completamente de cuerpo y cara, se han grabado en vídeos circulados en redes sociales, cantando a manera de desafiar el régimen de dominación. La lucha por la igualdad y justicia de género ha sido apoyada por distintas figuras públicas, entre ellas Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014, ella misma sobreviviente de un disparo en la cabeza a los 14 años por parte de fundamentalistas talibanes a raíz de su defensa del derecho a la educación de las niñas. Crimen contra la humanidad La realidad de las mujeres y niñas afganas puede caracterizarse como persecución de género, un crimen contra la humanidad perseguible por la Corte Penal Internacional. Se ha sugerido que la discriminación, segregación y subyugación institucionalizada y sistemática que ellas viven reviste también la condición de apartheid de género y que debe reconocerse así explícitamente por el derecho internacional. A tres años vista de la toma del poder en Afganistán por los talibanes, resulta decisivo seguir apoyando la lucha de las mujeres afganas y solidarizarnos con sus movimientos. Esto puede hacerse de maneras concretas como la financiación a las organizaciones lideradas por mujeres, la difusión de sus propuestas, el reconocimiento por terceros países del estatuto jurídico de refugiadas a quienes huyen y la ayuda para amplificar sus voces y su esperanza, aún viva, de que otro Afganistán, y otro mundo, son posibles. Dorothy Estrada Tanck es doctora de Derecho Internacional Público en facultad de Derecho de la Universidad de Murcia Este artículo fue publicado previamente en The Conversation.  Source link

La Cancillería del Perú confirmó este miércoles que un peruano figura entre los seis migrantes que fueron asesinados por militares mexicanos en una carretera del estado de Chiapas, en el sur de México, y condenó el hecho de manera enérgica. “El Gobierno del Perú ha tomado conocimiento, a través del comunicado emitido en la fecha por la Secretaría de la Defensa Nacional de México, de los graves hechos acontecidos ayer 1 de octubre, al promediar las 20:50 horas, en los que integrantes del ejército mexicano hicieron uso de sus armas de fuego contra dos camiones que trasladaban 33 migrantes de distintas nacionalidades”, señala el comunicado de la Cancillería. MIRA: Soldados mexicanos abren fuego contra un grupo de 33 migrantes y matan a seis de ellos “De acuerdo a información oficial puesta en conocimiento a nuestra Embajada en México, por autoridades de la Cancillería de ese país, entre las víctimas mortales de tan execrable hecho se encuentra, lamentablemente, un ciudadano peruano”, agrega. Una de las camionetas que trasladaba a los migrantes y que fue atacada por militares mexicanos. “El Perú condena enérgicamente los hechos acontecidos, que han causado hasta el momento el fallecimiento de seis migrantes, incluyendo la irreparable pérdida de la vida de un connacional”, sigue el comunicado. La Cancillería adelantó que el Gobierno del Perú, a través de su representación diplomática en México, exigirá a las autoridades de ese país una urgente investigación que esclarezca y determine las responsabilidades del condenable acto. “La Cancillería procederá a brindar la asistencia humanitaria a la que hubiere lugar a los familiares de la víctima, en esta difícil circunstancia”, finaliza el comunicado. Al menos dos militares mexicanos son investigados por disparar contra migrantes en el estado de Chiapas, sureste de México, lo que resultó en seis migrantes muertos. (EFE/ STR). / STR De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, el grupo de 33 migrantes viajaba en un convoy de tres camionetas. Había ciudadanos “de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, paquistaní”. No precisó el origen de los fallecidos. Los hechos ocurrieron en una carretera localizada a unos 80 kilómetros de la frontera de México con Guatemala, donde los militares efectuaban labores de reconocimiento terrestre, detalló la agencia AFP. Una de las camionetas “iba a alta velocidad” y “al ver al personal militar se evadió”, mientras que las otras dos eran “como las que usan grupos delincuenciales en esa región”, explicó la Sedena en el comunicado. “Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que dos elementos accionaron su armamento” haciendo que los vehículos detuvieran su marcha, agregó. Reportes de la policía local indican que los militares persiguieron al convoy durante varios kilómetros y que uno de los vehículos salió del camino intentando burlar a los soldados sin éxito. La Sedena agregó que los dos soldados que dispararon “fueron separados de sus funciones” y por tratarse de un hecho donde se vieron afectados civiles, fueron denunciados ante la fiscalía general de México. Source link

A Monterroso, un pueblo lucense que supera los 3.500 habitantes, llegaron el 29 de agosto 126 personas inmigrantes. Desde entonces, son muchos los vecinos que no han parado de organizar actividades para integrarlos, mientras el alcalde del PP, Eloy Pérez, duda de que estas iniciativas consigan una inclusión real. El regidor insiste en que no se opone a la acogida aunque lamenta la gestión realizada por la Delegación del Gobierno en Galicia y el elevado número de nuevos residentes. El presidente de la Sociedad Deportiva Monterroso, Balbino Martínez, coordina la recolecta de ropa donada para entregársela a los recién llegados, que todas las tardes acuden al campo de fútbol para disfrutar de las instalaciones, después de que el equipo local les dedicase el primer partido de liga con un discurso de bienvenida y un pasillo en señal de homenaje y respeto. Algunos ya entrenan con el primer equipo y todos le llaman “presi”. Tienen la entrada gratuita para disfrutar de las competiciones. Martínez considera que los nuevos residentes “son un lujo para el pueblo” y cree que revitalizarán el rural, “ahora en declive”. Confiesa que ya conoce empresas industriales, ganaderas y agrícolas interesadas en contratarlos. “Traen una mochila muy cargada y hay que hacerles la estancia lo más llevadera posible”, asegura. Tatiana De Azevedo, profesora de 40 años, participó en la organización de un pequeño festival de música tradicional gallega como presidenta de la asociación Falcatrueiros. El objetivo era que los nuevos residentes pudiesen conocer mejor la cultura. “Les dimos la bienvenida con canciones y bailes, algunos se animaron a tocar el bombo, el tambor y la pandereta. Fue muy emocionante”, cuenta. Ahora son ellos los que planearán otra actividad para mostrarles sus tradiciones. “Somos un pueblo acogedor”, defiende tras insistir en que el comportamiento de estas personas es ejemplar. Pero el alcalde cree que “el primer paso de la integración es tener formación y trabajo, no jugar un partido de fútbol o asistir a un concierto”. Asegura que estas personas necesitan un empleo con un salario digno y ve muy difícil que todas puedan tener una ocupación laboral en la localidad. “De momento, no hay una inclusión real, son actos decorativos realizados en días concretos”, asegura tras comentar que estas iniciativas le parecen “un lavado de cara”. Le preocupa que no haya una solución a largo plazo: “Vamos a ver cómo se integra esta gente, si es que lo consigue”. Luisa Coto, abogada de 51 años en Monterroso, cree que en el Ayuntamiento dieron un discurso mediático inicial inapropiado sobre este tema: “No fue un mensaje constructivo, era un poco alarmante”. Acudió hace un par de semanas a una reunión vecinal convocada por la asociación local Agrocuir, organizadora de uno de los principales festivales LGTBI de España, en la que participaron alrededor de 70 personas. El objetivo era disuadir los rumores falsos y los comentarios racistas que, según aseguran desde la entidad, “confunden e infunden miedo sin razón alguna”. Durante el encuentro hubo asistentes que solicitaron que los nuevos vecinos pudiesen llegar más tarde del horario establecido al hotel durante el fin de semana de las fiestas de la localidad para poder disfrutar todos juntos de la verbena. Otros se ofrecieron a organizar excursiones para enseñarles los principales atractivos turísticos de Galicia. Algunos docentes jubilados también se mostraron dispuestos a darles clases gratuitas, en caso de que requieran un refuerzo. Al mismo tiempo, Coto confía en que la alcaldía recule en sus actuaciones al darse cuenta de que la situación no es inquietante. Asegura que la gran mayoría de los vecinos, no la totalidad, están satisfechos con esta llegada que “supone un soplo de aire fresco para la comarca”. Varios de los jóvenes africanos, con la camiseta y bufanda de la SD Monterroso, el martes.Carlos Castro Los jóvenes juegan al fútbol, este martes en Monterroso, Lugo. Carlos Castro Los jóvenes posan en el banquillo del campo de fútbol, el martes. Carlos Castro Los jóvenes juegan al fútbol en un campo en Monterroso, Lugo, el martes. Carlos Castro Mecánicos, agricultores y psicólogos Monterroso es un villa donde la huella de un pasado emigrante todavía está muy presente. Los padres de Coto se mudaron a Inglaterra para buscar un futuro mejor. Ella asegura que entre los nuevos residentes hay mecánicos, agricultores, ganaderos, psicólogos y hasta un cámara de televisión: “El rural es diversidad y se está demostrando. Si conseguimos que se sientan acogidos, subirá el índice de población y eso es enriquecedor para todos”. Los recién llegados, de entre 18 y 37 años, están alojados en el hotel Río Ulla y proceden de Malí, Senegal, Mauritania, Marruecos, Nigeria, Somalia y Sudán. Se rodean de un equipo de profesionales dedicados a asistirles entre los que se encuentran un par de profesores de español, tres conserjes, seis técnicos de acogida y dos trabajadores sociales. Reciben clases de lengua castellana todas las mañanas y tienen derecho a contar con asistencia jurídica y psicológica. El regidor denuncia falta de comunicación oficial sobre la nueva situación que vive la localidad: “En la Delegación del Gobierno me dijeron que, en principio, no iban a venir al pueblo cuando en verano les pregunté un par de veces sobre esto porque había rumores. Días antes de su llegada me confirmaron que sí lo harían, pero tuve que enterarme primero por la ONG encargada de la gestión de estas personas”. Recibió la información por parte de la entidad sin ánimo de lucro el 16 de agosto tras no poder reunirse antes por razones de agenda. En la Delegación del Gobierno en Galicia aseguran que existe una comunicación permanente y fluida con la Xunta para informarles de los cálculos con los que se trabaja en cada momento. “Cuando se acerca la fecha de llegada, y con la confirmación, se comunica a los ayuntamientos el traslado. Como ha ocurrido en esta y otras emergencias humanitarias la planificación puede variar porque se trabaja con previsiones que se adaptan a las circunstancias de cada momento”, explican. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y