La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima ejecutó la incautación de una oficina y un estacionamiento doble, ubicados en la urbanización Chacarilla del Estanque, en el distrito de Surco.
El operativo, con fines del proceso de extinción de dominio, se llevó a cabo con el apoyo de la Procuraduría Pública Especializada de Extinción de Dominio.
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Dichos bienes inmuebles fueron adquiridos por la empresa Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A.C., de propiedad de César Simón Meiggs Rojas, la cual fue utilizada para recibir activos maculados.
Las propiedades -valorizadas en S/ 907 mil 984- estarían a nombre de Janet Marlene Alva Cornejo y serían producto de la actividad ilícita vinculada al delito contra la administración pública.
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Según la indagación patrimonial, estos bienes habrían sido adquiridos con fondos ilícitos derivados del pacto ilícito entre Susana Villarán, como alcaldesa de Lima (2011-2014), y las empresas OAS y Odebrecht.
Según la tesis del Ministerio Público, la finalidad era favorecer a Villarán de la Puente en el proceso de las elecciones regionales y municipales 2014.
El caso
Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, pidió 29 años de cárcel contra la exalcaldesa de Lima por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de US$10 millones en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para continuar en el municipio.
El Ministerio Público informó que la denuncia es por asociación ilícita para delinquir, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
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La acusación incluye a José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado y otros involucrados y exfuncionarios de la Municipalidad de Lima. Contra ellos, José Domingo Pérez solicita penas entre 9 y 25 años de prisión efectiva.
Susana Villarán cumplió prisión preventiva hasta mayo del 2020, cuando fue liberada para que se cumpla arresto domiciliario ante el riesgo de contraer COVID-19 al inicio de la pandemia.
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Un año después, el Poder Judicial rechazó ampliar el arresto domiciliario y le impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país mientras seguían las investigaciones contra la exalcaldesa.
