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En la plaza principal de Peine, un pueblo de casas bajas y calles de tierra del Desierto de Atacama, en el norte de Chile, apenas hay movimiento. Es mediodía y el sol se asoma en el cielo sin nubes. De vez en cuando, un camión rompe el silencio mientras trepa sus pendientes agrietadas. Pero no siempre es así de tranquilo. Aunque esta localidad tiene poco más de 300 habitantes, su población puede cuadruplicarse después de las seis de la tarde, cuando regresan a descansar los trabajadores del litio. Este mineral ha convertido a este rincón remoto en un eslabón crucial de la transición energética global.

Peine se ubica en el borde del Salar de Atacama, que abarca cerca de 3.000 kilómetros cuadrados. Bajo su superficie, disuelto en aguas salinas subterráneas conocidas como salmuera, se encuentra una de las mayores y más concentradas reservas de litio del planeta. Este mineral se utiliza en el aire acondicionado, computadores y medicamentos estabilizadores del ánimo, hasta, más recientemente, en baterías de autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. A medida que gobiernos e industrias en todo el mundo adoptan tecnologías más sostenibles, la demanda de litio se ha disparado. El Salar de Atacama es epicentro de este auge. Se estima que contiene unos 8,3 millones de toneladas de litio y actualmente abastece el 30% de la demanda global. Chile tiene un plan nacional para aumentar aún más su producción.

Pero este boom ha transformado el frágil ecosistema del desierto y la vida de las 18 comunidades indígenas que rodean el salar, donde reside el pueblo Lickanantay, también conocidos como atacameños. Hoy, camiones, maquinaria pesada y tuberías cruzan el paisaje desértico, transportando salmuera rica en litio desde pozos subterráneos hacia una red de piscinas de evaporación. Bajo el sol de Atacama, el agua se evapora y deja tras de sí montículos de sal y litio. El cloruro de litio se carga en camiones que recorren el desierto rumbo a la ciudad de Antofagasta, donde el material es refinado en una planta química para obtener carbonato e hidróxido de litio. Luego se transporta 60 kilómetros al norte hasta el puerto de Angamos, en Mejillones, y desde ahí se exporta a destinos como China, Corea, Japón y Estados Unidos.

Peine, antes un lugar de “vida tranquila y sana”, según su presidente comunitario, Sergio Cubillos, se ha convertido en un corredor de vehículos de contratistas al atardecer. Por seguridad, los vecinos han instalado rejas. “Hay consumo de drogas y alcohol”, dice Cubillos. Algunas casas exhiben banderas negras en señal de descontento.

Pero el problema más crítico es el agua. La minería en el norte de Chile “usa volúmenes comparables a los caudales del río Loa”, el más largo del país y principal fuente hídrica de la región, explica Christian Herrera, experto en hidrogeología en zonas áridas de la Universidad Católica del Norte. Un estudio reciente reveló que la zona del Salar de Atacama, donde se extrae salmuera rica en litio, está hundiéndose hasta dos centímetros por año, y que están disminuyendo los niveles de aguas subterráneas.

Los pueblos aledaños han visto cómo se reduce su ya escasa agua potable. En Peine, el agua se corta en las noches para recargar sus estanques. Cubillos comprende que el litio es clave para un mundo sin combustibles fósiles, pero exige mayor regulación. “No queremos que llegue el momento en que se diga: ‘¿Sabe qué? Va a tener que emigrar de Peine porque ya no tiene agua, no le queda territorio’”.

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Los Lickanantay han habitado el desierto no polar más seco del mundo durante milenios. Han sido cazadores, pastores y agricultores. En kunza, su lengua ancestral, la tierra o Madre Tierra se llama Patta Hoiri y el agua, Puri. La región en la que viven es rica en minerales: hace millones de años, la actividad volcánica y magmática los depositó en el subsuelo, y el clima árido los ha preservado.

Las compañías mineras llegaron a la zona a comienzos del siglo XX en busca de cobre. Pronto surgieron pueblos alrededor de los yacimientos. En Peine, la industria inyectó recursos a la economía rural: ayudó a construir la capilla de la iglesia San Roque, la escuela local y una cancha de fútbol. También ha sido una fuente clave de empleo formal.

Pero la demanda reciente de litio ha superado con creces los niveles históricos de extracción. El Estado chileno, a través de la agencia estatal Corfo, es dueño de los derechos mineros del Salar de Atacama. Corfo gestiona los contratos de explotación con empresas que operan en la zona: Albemarle y SQM, con participación accionaria de la firma china Tianqi Lithium y la familia Ponce Lerou, vinculada al exdictador Augusto Pinochet.

Una nueva alianza público-privada entre SQM y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) también operará en el salar entre 2025 y 2060, con Codelco como socio mayoritario (50 % más una acción). Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la demanda global de litio alcanzará 3,8 millones de toneladas métricas de carbonato de litio equivalente en 2035 —frente a 310.000 toneladas en 2020—; se multiplicará por 12. En 2023, el presidente Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, con la meta de aumentar la producción del país en un 70% al 2030 y devolverle a Chile el liderazgo mundial del mercado, perdido en 2017 ante Australia.

“Nadie desconoce que ha existido un desarrollo”, dice Cubillos. “Pero lo que más se reclama es que hay un abandono estatal”.

A diferencia de Australia, donde el litio se extrae de roca dura mediante procesos químicos complejos y costosos, en Chile el método consiste en extraer salmuera, gracias al excepcional clima árido y soleado, explica Hugo Romero, experto en geografía y climatología de la Universidad de Chile. Esto lo hace más barato “porque los insumos prácticamente son naturales”, agrega. Pero advierte que el agua que se evapora junto a la salmuera se pierde en la atmósfera, lo que altera el equilibrio socioecológico e hidrosocial de la zona. La minería del litio “está secando el desierto”, afirma Mauricio Lorca, investigador del impacto del litio en comunidades indígenas en la Universidad de Talca.

Hace tres décadas, ante la llegada de las empresas, líderes indígenas como Cubillos se organizaron en el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), que agrupa a las 18 comunidades del salar. Hoy son un interlocutor clave con las mineras y cuentan con asesores legales para defender su territorio.

Pero algunos acuerdos han generado tensiones. Hace una década, el CPA firmó un inédito convenio con Albemarle, que comprometía a la empresa a entregar el 3,5% de sus ventas anuales al pueblo atacameño. Aunque algunos consideran que las comunidades deben beneficiarse económicamente de la extracción, otros “quieren vivir su vida anterior, una vida tranquila”, dice Cubillos. Lorca observa que “estas relaciones transaccionales, aunque redistributivas, están transformando las relaciones interétnicas de los pueblos indígenas en relaciones económicas”.

Alexis Romero, expresidente del consejo y oriundo de la comunidad de Solor, enfatiza que el CPA ha decidido “no ser socio o parte de la producción de litio, promover la unidad del territorio y ocupar todos los espacios de decisión y discusión sobre el litio”, lo que no impide que atacameños trabajen en la minería.

El consejo también exige garantías de acceso al agua. Para ello, estudió su disponibilidad en el desierto, capacitó a técnicos de terreno, sumó expertos y creó la unidad ambiental del CPA. El sueño era que las comunidades tuvieran “sus propios estudios y monitoreos del territorio” para “debatir con las empresas y el Estado”, explica su líder, Francisco Mondaca, ingeniero ambiental de Toconao. Para él, quien de niño acompañaba a su abuela agricultora en la siembra en el desierto, una transición energética justa debe respetar la fragilidad del entorno. “De lo contrario”, advierte, “será un exterminio de la naturaleza y de una cultura milenaria”.

“No todos estamos en contra de la minería, pero sí queremos saber cuál es el estado de salud de nuestra cuenca”, agrega Edwin Erazo, químico farmacéutico de la comunidad de Cúcuter e integrante de la unidad ambiental del CPA. “No queremos ser una zona de sacrificio”.

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El CPA no está solo en la defensa del salar y sus aguas: grupos de vecinos se han aliado con investigadores. Tras ver cómo su comunidad perdía el acceso al agua por la construcción de un embalse, en 2009 la sanadora Lickanantay de Chuquicamata Sonia Ramos caminó más de 1.500 kilómetros hasta Santiago para exigir la cancelación definitiva de los permisos de una planta geotérmica en los géiseres del Tatio, un sitio ceremonial indígena y el mayor campo de géiseres del hemisferio sur.

“Pensé que sería un ejemplo para mi gente, pero me equivoqué”, dice desde su casa en San Pedro de Atacama. Poco después de su marcha, el CPA firmó su acuerdo con Albemarle. Con el tiempo, fundó Ayllus sin Fronteras, una organización desde donde promueve que el Salar de Atacama no es solo una reserva de recursos, sino el abuelo corazón de la cultura Lickanantay. “Riega todo el gran Atacama con sus ríos subterráneos”, dice.

El liderazgo de Ramos ha atraído a científicos como Manuel Tironi, sociólogo del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, con quien ha estudiado cómo la industria extractiva afecta el equilibrio hídrico, la biodiversidad y cultura Lickanantay. Ramos también ha colaborado con la bióloga chilena Cristina Dorador, profesora asociada de la Universidad de Antofagasta, quien estudia la biodiversidad microbiana de los salares chilenos. Su equipo ha advertido que el aumento de la extracción de litio ha provocado el descenso de poblaciones de flamencos, especialmente endémicas. En 2020, cuando participó en la Convención Constitucional chilena, Dorador propuso modificar el artículo que clasifica a los salares como “yacimientos mineros”. “Los salares no son minas; son ecosistemas”, repite. Aunque su propuesta fue incluida en el borrador de una nueva constitución, esta fue rechazada en un plebiscito. Pero, Dorador dejó el laboratorio para visibilizar los salares.

La actividad minera, mientras tanto, avanza al alero de la Estrategia Nacional del Litio. La alianza entre SQM y Codelco promueve el proyecto Salar Futuro, que promete “un modelo de gobernanza que permita mantener una relación permanente con las comunidades” y métodos de extracción más eficientes y sostenibles, “producir más litio con menos salmuera y sin uso de agua continental”. Ambas empresas aseguran que la alianza “resguarda a nivel local los ecosistemas del Salar y las comunidades presentes”. Aunque el Gobierno ha destinado fondos para investigar estos ecosistemas, aún preocupa el impacto de la expansión minera.

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En el pasado, los atacameños caminaban hasta el salar para recolectar huevos de flamenco, con los que alimentaban a sus familias y hacían trueque con comunidades vecinas. Para proteger a las aves, siempre dejaban algunos huevos en los nidos. Las plumas de flamenco eran parte de ceremonias, como el Talatur, que todavía practican para no perder el agua. Durante el rito, se limpian los canales de riego y se canta en kunza. Hoy, ese ecosistema ha desaparecido. El paisaje está seco. Ya no hay flamencos.

La aguda escasez de agua llevó a la comunidad de Peine a presentar en 2022 una demanda contra Minera Escondida, una de las principales compañías extractoras de cobre del país. El Consejo de Defensa del Estado —que vela por el interés público en causas ambientales— sumó una nueva demanda, incluyendo a Albemarle y Minera Zaldívar. A las compañías se les acusó por la extracción sostenida de agua del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, una fuente clave de agua subterránea para la recarga de Las Vegas de Tilopozo, un humedal sagrado para atacameños. Como evidencia, se incluyó un estudio en el que participó la unidad ambiental del CPA de Mondaca.

En diciembre pasado, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta aprobó un acuerdo de transacción entre Peine, el Consejo de Defensa del Estado y las empresas mineras, para reparar el daño ambiental causado al acuífero y a Las Vegas de Tilopozo. Las compañías deberán implementar medidas para restaurar estos ecosistemas y compensar a la comunidad. “No puede ser que el mundo se beneficie de estos recursos y nosotros paguemos el costo”, dice Cubillos. “Queremos que Peine exista para las futuras generaciones”.