Las estadísticas provisionales sobre delitos de odio en 2024 reflejan una reducción significativa de las denuncias respecto al año anterior. Frente a los 2.268 delitos o incidentes de odio de los que tuvieron noticia las fuerzas de seguridad en 2023 ―cifra que supuso una subida del 21,3% respecto a los doce meses anteriores―, el año pasaron se registraron 1.955, un dato que implica un significativo descenso del 13,8%. En un tipo de delito en el que todos los expertos consideran que existe una tasa de infradenuncia muy elevada (diferentes estudios realizados en la UE y España apuntan a que solo una de cada diez personas pone en conocimiento de la policía los incidentes que sufre), este descenso preocupa a los responsables del Ministerio del Interior, que han comenzado a analizar sus causas.

Fuentes de Interior muestran su convencimiento de que buena parte de la caída está motivada por los mensajes de algunos partidos políticos que en los últimos años han normalizado ciertos discursos de odio hacia colectivos como los inmigrantes o los menores llegados a España. Consideran que “la presión social” que estas manifestaciones suponen “disuade de la denuncia”, añaden.

El propio ministro Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación este lunes del III Plan de Acción de lucha contra los Delitos de Odio, ha incidido en esa idea durante su intervención. “Vivimos tiempos donde el odio se disfraza de discurso legítimo y donde la extrema derecha pretende normalizar la discriminación con la promesa falsa y manipuladora de proteger unos supuestos valores y símbolos”, ha denunciado Marlaska. “Asistimos con estupor a declaraciones de representantes políticos que, sin vergüenza alguna, criminalizan a migrantes, tachan a niños de delincuentes y ponen bajo sospecha cualquier rastro de diversidad”, ha añadido el ministro sin aludir a ninguna formación política concreta, aunque en clara referencia a Vox y ciertos dirigentes del PP. El grueso de los delitos de odio sigue estando relacionado con el racismo y la xenofobia, seguidos a distancia por los de discriminación por la orientación sexual o identidad de género.

No es la única lectura preocupante que los expertos de Interior hacen de los datos provisionales conocidos este lunes. El otro es la constatación de que cada vez son más los menores que cometen este tipo de delitos. Esta tendencia no es nueva y, de hecho, ya afloró en las estadísticas de 2023, cuando uno de cada cinco investigados tenía menos de 18 años. Entonces, este grupo se situó como la segunda franja de edad con más infractores, solo por detrás de los que tenían entre 26 y 40 años. Ahora su presencia entre los autores se ha incrementado, aunque Interior no ha facilitado datos concretos en este sentido.

Interior hará frente a estos cambios detectados con el nuevo plan de lucha contra este tipo de delitos, presentado en un acto público por el ministro este lunes, y que, entre otras novedades, pretende potenciar los Equipos contra el Extremismo Violento (EVO) de la Policía Nacional y los de Respuesta a los Delitos de Odio (Redo) de la Guardia Civil con más efectivos. Estos agentes especializados ampliarán además su terreno de actuación al asumir también las investigaciones por las infracciones cometidas en el ámbito deportivo, en especial en los campos de fútbol y sus alrededores, para agilizar la respuesta policial cuando se produzcan estos hechos. Grande-Marlaska ha mostrado este lunes su “preocupación” por este fenómeno. “No queremos que se normalicen [en estos ámbitos] los discursos de odio”, ha añadido.

El aumento de la plantilla también pretende ayudar a rastrear los discursos de odio en redes, uno de los ámbitos en los que más se producen, según ha explicado el jefe de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, Tomás Fernández. En esta misma línea, Interior creará una nueva supraestructura que se encargará de coordinar, precisamente, el trabajo de los EVO y los REDO, con el objetivo, por un lado, de compartir información y, por otro, “cruzar datos de una manera más eficaz”, algo que ha destacado el ministro. Con ello, se pretende también detectar la presencia de grupos delictivos y agresores reincidentes. Con el mismo fin, Interior va a sustituir los llamados “indicadores de polarización” por “indicadores de motivación” para facilitar a los agentes que atienden a las posibles víctimas a identificar más rápidamente “los hechos susceptibles de ser considerados incidentes, delitos o discursos de odio”. Este cambio contribuirá, según el ministro, a una mejora en las labores de “inteligencia y análisis”.

No será el único cambio en la atención a las víctimas que prevé el nuevo plan. Interior pretende que a las personas que acudan a denunciar se les facilite “un mapa de recursos” para que puedan ser atendidos. “Será una información sencilla y actualizada sobre los medios a su disposición”, ha explicado Grande-Marlaska, que lo ha comparado con el que reciben las víctimas de violencia de género. Las modificaciones buscan también facilitar que se denuncien casos de aporofobia (odio a los pobres), cuyas víctimas son muy reticentes a denunciar. “Se infravaloran y lo normalizan. O les cuesta mucho denunciar porque si abandonan sus pocas pertenencias pierden todo lo que tienen en la vida. Por eso se intenta facilitarles la denuncia, haciendo que los policías puedan recoger las denuncias in situ”, explica Pilar Minuesa jefa del Área de Sistema Estadístico y Atención a Víctimas.