Política

El pleno del Congreso de la República ha programado, entre los temas que evaluará este jueves 3 de octubre, el dictamen que resume los proyectos para crear el delito de terrorismo urbano. “Ya tenemos un texto sustitutorio. Esperamos enriquecer con las opiniones y sugerencias de los especialistas y eso vamos a discutirlo y esperamos aprobarlo el día de mañana”, adelantó este miércoles el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (APP). LEE TAMBIÉN: Ejecutivo presentará su propio proyecto de ley sobre terrorismo urbano, anuncia Santiváñez La convocatoria para el pleno de este jueves 3 detalla que empezará a las 10 a.m. de manera presencial. En declaraciones a la prensa, Salhuana anunció que se recabó la opinión de especialistas y representantes del Colegio de Abogados de Lima para evaluar el tema de la iniciativa sobre terrorismo urbano. La iniciativa que se encuentra agendada en el pleno agrupa diversas iniciativas para incluir en el Código Penal el delito de terrorismo urbano con penas entre 20 y 30 años de prisión, además de las condenas correspondientes a otros delitos específicos como homicidio, robo agravado, sicariato, extorsión, entre otros. La propuesta es que cuando dos o más de una lista de 40 delitos concurran en un mismo acto, generando “zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico”, se configure el delito de terrorismo urbano. Gobierno anuncia su propio proyecto de terrorismo urbano El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció este miércoles que el Ejecutivo presentará su propio proyecto de terrorismo urbano con penas desde 30 años hasta cadena perpetua si se perpetran delitos de sicariato, conspiración, extorsión, entre otros, generando “terror y zozobra en la población o un sector de ella”. “La ley por sí misma no tiene ningún sentido, pero vale per se por su carácter persuasivo. Vamos a señalar con el dedo a quienes cometan estos delitos y los vamos a calificar como terroristas, los vamos a perseguir y los vamos a meter a la cárcel”, aseguró. LEE TAMBIÉN: Gobierno propone que militares y policías denunciados en estados de emergencia sean procesados en fuero militar Gustavo Adrianzén aseguró que las personas que puedan ser sentenciadas por terrorismo urbano serán enviadas directamente al penal de Challapalca. Asimismo, adelantó que el texto incluirá una disposición complementaria para que los militares y policías que sean denunciados en el marco de un estado de emergencia, solo puedan ser procesados en el fuero militar policial y no en la justicia civil. “Hay una medida excepcional para ser aplicada en los estados de emergencia y, según esta medida, la disposición complementaria final, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que durante la vigencia de los estados de emergencia fueran denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones, serán investigados y/o sancionados según el artículo 173 de la Constitución Política del Perú”, señaló. Esta parte de la Constitución señala que en caso de delito de función, “los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar”. “Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que actúen en el marco de estos estados de emergencia, dentro de los planes y siguiendo órdenes, solamente van a poder ser juzgadas, investigadas, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución para ellas, que es en el fuero privativo policial militar”, reiteró el primer ministro. Source link

La periodista Diana Seminario, en su videocolumna “Mirada de fondo”, analiza si las modificaciones hechas a la ley de crimen organizado por el Congreso, que rigen desde agosto último, han tenido impacto o no en el incremento de la criminalidad en el país. “La nueva ley vigente hace menos de un mes, especifica que una organización criminal ha de ser un grupo con ‘estructura compleja y desarrollada y mayor capacidad operativa, además la intención de controla directa o indirectamente un mercado o una economía ilegal’, ‘integrado por tres o más personas que, coordinadamente, cometen delitos con penas superiores a seis años de cárcel’”, afirmó. “Es decir, no todo puede ser calificado como organización criminal, como por ejemplo lo ocurrido en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski donde se acusa de organización criminal a su secretaria y a su chofer, porque ya son tres personas”, agregó. Mira aquí la videocolumna del miércoles 2 de octubre: Mira aquí la videocolumna del martes 1 de octubre: Mira aquí la videocolumna del lunes 30 de setiembre: “Si bien la fiscal Peralta ha sido suspendida por la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, lo mínimo que se esperaría de la JNJ es un pronunciamiento. Ellos mismos han marcado un importante precedente en otros casos, por lo que tendrían que actuar en consecuencia”, remarcó Seminario. Mira aquí la videocolumna del viernes 27 de setiembre: Mira aquí la videocolumna del jueves 26 de setiembre: Mira aquí la videocolumna del miércoles 25 de setiembre Mira aquí la videocolumna del martes 24 de setiembre Mira aquí la videocolumna del 23 de setiembre: Mira aquí la videocolumna del viernes 20 de setiembre Mira aquí la videocolumna del jueves 19 de setiembre: Mira aquí la videocolumna del 18 de setiembre: Mira aquí la videocolumna del 18 de setiembre: Mira aquí la videocolumna del lunes 16 de setiembre: Mira aquí la videocolumna del viernes 13 de setiembre Mira aquí la videocolumna del jueves 12 de setiembre: Mira aquí la videocolumna del 11 de setiembre Mira aquí la videocolumna del miércoles 11 de setiembre: Mira aquí la videocolumna del lunes 9 de setiembre: Mira aquí la videocolumna de este viernes 6 de setiembre Mira aquí la videocolumna del jueves 5 de setiembre Mira aquí la videocolumna del miércoles 4 de setiembre: Mira aquí la videocolumna del martes 3 de setiembre: Mira aquí la videocolumna de este lunes 2 de setiembre: Mira aquí la videocolumna del jueves 29 de agosto: Mira aquí la videocolumna del miércoles 28 de agosto: Mira aquí la videocolumna del martes 27 de agosto: Mira aquí la videocolumna del lunes 26 de agosto: Mira aquí la videocolumna del viernes 23 de agosto: LEE TAMBIÉN: Fiscalía investiga pensión vitalicia otorgada a Alberto Fujimori: Estos serían los posibles delitos y penas Mira aquí la videocolumna del jueves 22 de agosto: Mira aquí la videocolumna del miércoles 21 de agosto: Mira aquí la videocolumna del martes 20 de agosto: Mira aquí la videocolumna del lunes 19 de agosto: Mira aquí la videocolumna del viernes 16 de agosto: Mira aquí la videocolumna del jueves 15 de agosto. Mira aquí la videocolumna del miércoles 14 de agosto: Mira aquí la videocolumna del martes 13 de agosto: Mira aquí la videocolumna del lunes 12 de agosto: Mira aquí la videocolumna del 9 de agosto: Mira aquí la videocolumna del jueves 8 de agosto: Mira aquí la videocolumna del miércoles 7 de agosto: Mira aquí la videocolumna del lunes 5 de agosto: Mira aquí la videocolumna del viernes 2 de agosto: Mira aquí la videocolumna del jueves 1 de agosto: Mira aquí la videocolumna del miércoles 31 de agosto: Mira aquí la videocolumna del martes 30 de julio: “Tras el escandaloso fraude electoral del último domingo que ayer dio como ganador de las elecciones en Venezuela a Nicolás Maduro ese país despertó y las protestas no cesan tanto en Caracas como en todo el país”, afirma Seminario. “Bastó que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) proclamara como ganador a Nicolás Maduro para que las calles de ese país se llenaran de manifestantes. En Caracas los habitantes del barrio más grande de Latinoamérica, Petare, intentaron incluso llegar hasta el Palacio de Miraflores, siendo repelidos por paramilitares motorizados que disparan a mansalva”, añade. Mira aquí la videocolumna del viernes 26 de julio: Mira aquí la videocolumna del jueves 25 de julio: Mira aquí la videocolumna del 24 de julio: Mira aquí la videocolumna del 22 de julio: Mira aquí la videocolumna del 19 de julio: Mira aquí la videocolumna del 18 de julio: Mira aquí la videocolumna del miércoles 17 de julio Mira aquí la videocolumna del martes 16 de julio Mira aquí la videocolumna del lunes 15 de julio Mira aquí la videocolumna del viernes 12 de julio Mira aquí la videocolumna de jueves 11 de julio Mira aquí la videocolumna del 10 de julio: Mira aquí la videocolumna del 9 de julio: Mira aquí la videocolumna del 8 de julio: Mira aquí la videocolumna del 5 de julio: Mira aquí la videocolumna del 4 de julio: Mira aquí la videocolumna del miércoles 3 de julio Mira aquí la videocolumna del martes 2 de julio Mira aquí la videocolumna del lunes 1 de julio Mira aquí la videocolumna del viernes 28 de junio Mira aquí la videocolumna del jueves 27 de junio Mira su videocolumna del miércoles 26 de junio Mira su videocolumna del martes 25 de junio Mira su videocolumna del lunes 24 de junio Mira su videocolumna del viernes 21 de junio Mira aquí la videocolumna del 20 de junio: Mira aquí la videocolumna del miércoles 19 de junio LEE TAMBIÉN: Patricia Chirinos busca inhabilitar al fiscal de la Nación por archivar investigación a Martín Vizcarra: los argumentos de la nueva denuncia Mira aquí la videocolumna del martes 18 de junio Mira aquí la videocolumna del 17 de junio: LEE TAMBIÉN: Lesa humanidad: Estos son los casos que se archivarían si se aprueba dictamen del Congreso, según advierte la fiscalía Mira aquí

Los dos problemas más recientes que el Ejecutivo ha tenido que enfrentar –los incendios forestales y la ola de inseguridad– han desnudado, más allá de lo coyuntural y lo estructural, un serio problema que se arrastra en la conducción del país: un desinterés por aquello que ocurre fuera de la capital. Los incendios forestales, que impactaron en 22 regiones del país, afectaron, de alguna manera, a tres de cada cuatro peruanos (77%), incluyendo a las tres graduaciones que reportan alguna afectación (mucho, 39%; algo, 17%; poco, 21%), según la más reciente encuesta del IEP (“La República”, 29/9/2024). Cuando se hace un acercamiento a las dimensiones regionales y solo considerando el mayor impacto (‘mucho’ y ‘algo’), se nota la que podría ser la explicación de la poca la atención que se le puso: la moderada afectación en la capital. La cifra de ‘muy afectados’ es menor en Lima (24%) que en el centro (35%) y en el norte (45%), y mucho menor que en el sur (51%) y, sobre todo, en el oriente (56%). Como se sabe, el Ejecutivo minimizó el problema en sus primeras reacciones. Pero, a los pocos días, las evidencias hicieron que reculase. Al final de cuentas, no es un hecho menor que gran parte del territorio nacional reporte alguna afectación. En relación con la inseguridad, entre tanto, no se percibe necesariamente un abordaje más prolijo. De hecho, se han retomado medidas que, en el pasado reciente, no han reportado mejoras tangibles. Sin embargo, se muestra un mayor celo. En efecto, ayer, el ministro del Interior Juan José Santiváñez tuvo que enfrentar una interpelación en el Congreso. El celo reseñado podría explicarse cuando se verifica que los problemas de seguridad son marcadamente mayores en Lima que en el interior. Un sondeo reciente de Ipsos para “Perú 21″ (17/9/2024) reporta, por ejemplo, que el robo en la calle, el asalto con arma de fuego y la extorsión son mayores en Lima que en “otras ciudades” (33% versus 22%, 18% versus 8%, y 22% versus 12%, respectivamente). El desdén mostrado supone un riesgo alto que no debe perderse de vista. De no revertirse la situación actual, los próximos comicios generales volverán a mostrar, como pasó en el 2021, que las distancias entre Lima y las regiones trascienden la compleja geografía peruana y las carencias de infraestructura y conectividad. Aunque pueda parecer un exceso de idealismo, el liderazgo político asentado en la capital debería aspirar a acercarse a las preocupaciones más inmediatas de la ciudadanía, tanto en Lima como en las regiones. Al final de cuentas, como bien dice un aforismo muy instalado en la política estadounidense desde hace varias décadas, ‘all politics is local’. Algo que, por estas latitudes, parece olvidarse con mucha facilidad. *El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta. Source link

La fiscal suprema Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, tomó la decisión tras una denuncia formulada por el congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) y revelaciones del periodista Carlos Paredes, director del programa “Contracorriente”, de Willax Televisión. La investigación busca determinar si Barreto divulgó de manera indebida las identidades de un testigo protegido y colaboradores eficaces en investigaciones bajo su cargo. Además, si incumplió con mantener la reserva de esas investigaciones, por presuntamente haber filtrado información. Espinoza estableció un plazo de 60 días para realizar la investigación preliminar. Los hechos denunciados Bermejo formalizó denuncia contra Barreto el último martes mediante su abogado. La acusación del congresista da cuenta de un testimonio del periodista Paredes. Este reveló que la fiscal le entregó información reservada sobre investigaciones en su contra en el 2023. El congresista señaló en la denuncia que la presunta información entregada a Paredes podría contener la identidad de colaboradores eficaces. Además, implicaría que la fiscal no ha respetado la reserva de la investigación. Bermejo – quien enfrenta un juicio por presunta afiliación a organización terrorista – dijo esperar que la fiscal sea retirada de su cargo mientras duren las investigaciones. Entre otros detalles, el congresista destacó que Barreto ha respondido públicamente al periodista. Y en sus declaraciones no ha negado haberse reunido con este. Tampoco ha desmentido que sea su voz la que se escucha en audios grabados por Paredes subrepticiamente. LEE TAMBIÉN: Nicanor Boluarte: Fiscalía reitera que Mateo Castañeda invocó “influencias reales de la presidenta de la República” para archivar caso de su hermano En tanto, Paredes dijo el último lunes que Barreto también reveló su identidad como testigo protegido en otra investigación relacionada a un caso de corrupción. Señaló que ha puesto en peligro su integridad. El artículo 409-B del Código Penal establece que quien revela indebidamente la identidad de un colaborador eficaz, testigo, agraviado o perito protegido, agente encubierto o especial, o información que permita su identificación, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. Además, cuando el delito lo comete un funcionario o servidor público, que por el ejercicio de su cargo tiene acceso a la información, la pena será de entre cinco y siete años años de cárcel, e inhabilitación. En tanto, el funcionario que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa. Acciones urgentes La fiscal suprema dispuso recoger, con urgencia, la declaración testimonial del periodista. Lo ha convocado para este viernes 4 y el próximo miércoles. En esas citaciones, le pedirá que entregue los medios probatorios que sustentan las sindicaciones que realizó contra Barreto. Recientemente, Paredes precisó que ya entregó a la Autoridad de Control del Ministerio Público un audio de 18 minutos, que incriminaría a Barreto. “He entregado el audio íntegro, seguro que lo sometarán a peritaje y verán que no está editado. Lo he entregado porque la autoridad me lo ha solicitado formalmente”, dijo a RPP el último lunes. El audio, según precisó el periodista, data de septiembre del 2023. Se trata de una conversación que sostuvo con Barreto sobre – según su versión – la entrega de un dispositivo USB con información reservada de investigaciones contra Bermejo. “Teníamos una relación fluida y con respeto. La mala relación empieza cuando nosotros, como programa, empezamos a criticar al Eficcop. […] Ella me manda a denunciar penalmente con una fiscal de Eficcop”, dijo. Barreto será citada a declarar para el viernes 11 de octubre. La fiscalía también dispuso realizar con urgencia la visualización, escucha y transcripción del programa “Contracorriente” emitido el último 29 de septiembre, así como las entrevistas que Paredes y Barreto concedieron a RPP el último lunes. Por último, entre otras diligencias, citará para el miércoles 9 y jueves 10 de octubre al fiscal Jorge García Juárez, autor de un informe que presuntamente Barreto entregó al periodista. Rechaza las acusaciones Barreto ha negado las sindicaciones en su contra. El último lunes rechazó haber filtrado información y dijo ser víctima de una campaña que busca su salida del Ministerio Público. “Durante varios meses vengo siendo perseguida, insanamente diría yo […]. Se ha tocado mi honor, se ha tocado mi reputación, fácilmente se endilga hechos totalmente ajenos a la verdad”, dijo en diálogo con RPP. Este Diario buscó contactarla sin éxito tras conocerse el inicio de la investigación preliminar en su contra. Barreto es coordinadora del Eficcop desde que ese equipo especial de fiscales fue creado en el 2022. LEE TAMBIÉN: Congreso rechaza debatir derogación de ley del crimen organizado: Los entretelones de la Junta de Portavoces y la postura de las bancadas En noviembre del 2023, la otrora fiscal de la Nación Patricia Benavides, investigada por presuntamente integrar una organización criminal, la retiró del cargo. No obstante, semanas después fue reincorporada por Pablo Sánchez. Más información La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha pedido a la Universidad Alas Peruanas información sobre la obtención del grado académico de Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la fiscal Barreto. Esto tras una denuncia periodística sobre presuntas irregularidades y favorecimientos indebidos. La Sunedu dio 10 días hábiles a la universidad para que remita la información. El pedido incluye, entre otros documentos, la relación de los académicos que evaluaron la tesis de la fiscal y el acta de la sustentación de ese trabajo. Source link

Fue un operativo que generó un amplio despliegue de agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), de inteligencia y del general PNP Óscar Arriola, entonces encargado de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP. Los agentes se quedaron por varios días en el lugar, ante la posibilidad de que el prófugo intente escapar y para agotar todo medio de búsqueda. LEE TAMBIÉN | Corte Suprema levanta inhabilitación de Cerrón en Caso La Oroya, pero sigue impedido de ocupar cargos públicos No obstante, el propio general Óscar Arriola, hoy jefe del Estado Mayor (el número dos en el alto mando de la PNP), afirma ahora que en realidad nunca hubo la certeza de que el prófugo estuvo en el lugar, solo información que hacía suponer su presencia. Así lo dijo este jueves ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en medio de las indagaciones por un presunto uso del vehículo de Dina Boluarte para favorecer a Vladimir Cerrón, su exsocio político. “Puedo decirles algo categóricamente: desde mi punto de vista, y me someto a cualquier investigación […] tengo un alto porcentaje de probabilidad de que [Vladimir Cerrón] no estuvo ahí en Mikonos. No estuvo ahí en Mikonos. Quieren la verdad, esta es mi verdad, es la verdad que se ha dado ahí”, afirmó. La versión de la PNP sobre lo que pasó en Mikonos Según el relato del general, la génesis del operativo estuvo en la información que les brindó la DINI, la principal agencia de inteligencia del gobierno, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y provee información a Palacio de Gobierno. “Vino de una fuente humana que era manejada por la DINI. Las fuentes humanas son reservadas”, dijo a la comisión parlamentaria. “Asistimos a una reunión que vienen trabajando los equipos, desde el campo nosotros y ellos desde la inteligencia, y tienen ya una información procesal, lo que se conoce como inteligencia, para poder actuar […] Nosotros fuimos convocados por la DINI para hacer la operación”, precisó. Esa información fue complementada con precisiones de “carácter tecnológico” para ubicar a Vladimir Cerrón en ese lugar y con el dato de que “algunos personajes” lo acababan de trasladar a ese lugar desde otro condominio en la misma zona. “La información venía así: que sabían que había un operativo en ciernes, que lo iban a capturar. Entonces llegaron a las 4 de la mañana [del 14 de enero] y lo sacaron del condominio Asia Sur para trasladarlo al condominio Mikonos”. Incluso concluyeron que estaba en el sector D del lugar y determinaron hasta el número del departamento. Con esa información “caliente”, primero realizaron acciones de inteligencia en el lugar y luego decidieron intervenir con agentes el Grecco y de la propia DINI. El operativo se inicia el martes 16 de enero alrededor de las 9 p.m. “Dimos cuenta de esta operación 16 minutos antes de realizarla. Por lo menos yo al [entonces] comandante general de la PNP, Jorge Angulo. Una vez allí, explicó que, a pesar de no tener órdenes de allanamiento, pudieron ingresar a los departamentos con autorización de los propietarios. Sin embargo, no pudieron encontrar al prófugo. “Registramos hasta las 6:30, 7 a.m,. cuando empiezan a aparecer algunos medios de comunicación”. “Si es tan certera la información, si es tan clara, categórica, potente, no se puede ir de acá. Convocamos más fuerzas para los lugares de acceso hacia Asia pueblo, hacia la Panamericana y el mar, que estaba completamente llena de agentes de inteligencia. Los de inteligencia, en la playa, y los otros en los lugares de acceso”, detalló. Agregó que las acciones también incluyeron revisar las cámaras de seguridad del ingreso principal y del ingreso por la playa, tanto de ese día como de los días en que supuestamente fue llevado desde el otro condominio, siempre con los mismo resultados. Para entonces, según Arriola, ya había indicios de que en realidad el prófugo no estuvo en el lugar. “Cuando uno interviene una casa y el objetivo estuvo ahí, hay ciertas características. A veces la cama está caliente, dependiendo de la hora. Las cosas del refrigerador están ahí, hay algunos objetos personales de la persona. No hay nadie, pero se nota con claridad que acaban de salir porque algo pasó. Entonces, empezamos a mirar un poco más detenidamente” Arriola también indicó que pidió hablar personalmente con la “fuente humana” de la DINI, pero no fue posible. “Estuvimos en la zona unos tres días más, hasta el 20 de enero, a tiempo completo. Rentamos una habitación […] Estábamos alojados en un inmueble, verificando que no vayan a llegar algunos yates. Como era verano, nos valimos para que en estas rondas que hace la policía aérea, destine helicópteros para Asia, de mayor presencia en Asia”. Poco después del fallido operativo, el gobierno de Dina Boluarte decidió realizar cambios en las cabezas de la DINI y del alto mando de la PNP. Así, el general Jorge Angulo fue removido como comandante general y Óscar Arriola terminó recibiendo su ascenso hasta ser jefe del Estado Mayor. ¿Qué falló? Si bien no fue explícito, de las declaraciones del número 2 de la PNP se desprende que el dato de la “fuente humana” de la DINI estuvo errado y que también hubo fallas en la geolocalización. Frente a una pregunta de la congresista Hilda Portero (Acción Popular), Arriola explicó que sospechaba en qué departamento estaba el prófugo por la proximidad de una antena. Pero luego refirió que llamaron a una persona que vivía en otro condominio aledaño para geolocalizarla y se llevaron la sorpresa de que era otra antena la que daba señal a Mikonos. La Comisión de Fiscalización presidida por Juan Burgos, de Podemos Perú, viene recogiendo testimonios e información sobre el ‘Caso Cofre’ (Foto: Congreso) Añadió que por esos días también recibió otras informaciones, como que una persona había sido secuestrada por cubanos en Miraflores, pero que no le dieron mayor información, y otras que le generaron una sospecha de que “algo no andaba bien”. “Luego he

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó al congresista Juan Burgos (Podemos Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización, por haber pedido facultades para investigar el presunto encubrimiento de Vladimir Cerrón y el traslado del vehículo de Dina Boluarte conocido como el ‘cofre’. En la conferencia de prensa de este miércoles 2 de octubre, el primer ministro calificó este pedido como algo “injustificado” al señalar que había información remitida a la comisión que, según él, invalida los cuestionamientos sobre la ubicación del vehículo presidencial. LEE TAMBIÉN: Congresista Juan Burgos: “A la presidenta le digo que no ponga trabas para investigar la verdad” “Esto me sorprende. Hace unos días, el 17 de setiembre, para ser más exactos, recibimos información cierta que la empresa concesionaria Vial del Perú, envió a la Comisión de Fiscalización que preside el señor Burgos esta carta de rectificación […] La empresa estaba rectificado su comunicación anterior y decían que el vehículo de placa EGR-844 transitó por el peaje de Chilca, no de Ica”; dijo al mostrar el documento. Adrianzén sobre Juan Burgos “Esta comunicación la tenía el señor Burgos y lo ocultó. ¿En estas condiciones es posible que se pida facultades de investigación, ocultando información, mintiendo a la población con algo que ya era de su conocimiento? Esto es inadmisible. No solo genera duda, sino rechazo de la eventual parcialidad que pudiera tener el referido congresista para llevar adelante una investigación que sea objetiva”, recriminó Adrianzén. Horas antes, luego de la presentación del general PNP Óscar Arriola ante la comisión que preside, Juan Burgos aseguró ante la prensa que tenían nuevos indicios para insistir en el pedido de facultades investigadora que está pendiente desde mediados de setiembre para ser evaluado en el pleno. “Para nosotros es indicio de algo sospechoso tuvo que hacer el vehículo presidencial, el EGR-844″, comentó luego de decir que la concesionaria vial informó que el 24 de febrero el ‘cofre’ y otro vehículo se apartaron de la delegación presidencial, giraron en U y se estacionaron en un grifo en la Panamericana Sur donde fueron fotografiados, para recién regresar a Palacio de Gobierno 26 horas después, el 25 de febrero. LEE TAMBIÉN: Gustavo Adrianzén afirma que no puede dar “una fecha exacta” sobre cuándo Dina Boluarte declarará a la prensa Esto, para Adrianzén, son “declaraciones altisonantes” por parte de Burgos al señalar que el pedido de facultades solo debería proceder si hubiese una razón que la justifique. Sin embargo, el primer ministro evitó responder sobre los desplazamientos del ‘cofre’ ante reportajes periodísticos que señalan que Dina Boluarte no estuvo presente en la zona donde fue fotografiado a fines de febrero. “Disculpe pero no puedo, no estoy en condiciones de poder decir qué es lo que pasó con el ‘cofre’, dónde estuvo, a dónde llevaron a la presidenta, dónde la recogieron, etc. Esto lo hago porque estaría quebrantando la ley”, comentó al asegurar que es información reservada. Source link

El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre el prolongado silencio de la presidenta Dina Boluarte, quien lleva 178 días sin declarar ante la prensa, y señaló que cuando ella así lo crea conveniente, “podrá tener una entrevista” con los medios de comunicación. En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, reiteró que se trata de una decisión que le compete exclusivamente a Boluarte Zegarra y que el Gobierno mantiene comunicación “permanente” con la prensa no solo en Lima, sino también en las regiones. MIRA AQUÍ: En seis meses, Dina Boluarte solo ha respondido a la prensa en dos ocasiones “La señora presidenta, cuando ella así lo crea conveniente, podrá tener una entrevista ante reporteros, como lo ha hecho en alguna ocasión, o podrá en algún momento tener entrevistas puntuales en algún medio de comunicación”, expresó. “Estas son decisiones que solamente competen a la señora presidenta y por lo demás la comunicación con la prensa es permanente y lo pueden ver tanto aquí en Lima como en cada una de las regiones”, agregó. MIRA AQUÍ: Dina Boluarte: “Aquellos que todavía cargan en sus hígados enfermos el odio y la indiferencia, allá ellos” Adrianzén también enfatizó que una muestra de la “transparencia” con la que el Gobierno toma los asuntos de Estado es que todas las semanas los ministros declaran ante la prensa en todas las actividades que realizan y en temas propios de su sector. Adrianzén sobre Dina Boluarte “A este esfuerzo se suma además uno que muy puntualmente hace el vocero presidencial, comentando las actividades de la señora presidenta. Eso entendemos que es un ejercicio de transparencia, al que se suma toda la actividad que hacemos a través de las redes sociales institucionales”, acotó. MIRA AQUÍ: Gustavo Adrianzén afirma que no puede dar “una fecha exacta” sobre cuándo Dina Boluarte declarará a la prensa Como se recuerda, un informe de El Comercio reveló que la presidenta Dina Boluarte suma, en total, 178 días sin responder a la prensa en los últimos seis meses. La última vez que interrumpió su silencio prolongado fue el pasado 8 de julio; es decir, hace 84 días, cuando dio una conferencia para hablar sobre su viaje a China. Previamente, el pasado 5 de abril, dio otra conferencia para responder sobre el Caso Rolex. En esta cayó en contradicciones sobre la posesión de relojes de alta gama y otras joyas que le entregó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Source link

El procurador del Congreso de la República, Manuel Peña Tavera, solicitó al pleno del Tribunal Constitucional (TC) reprogramar la nueva audiencia del próximo 11 de octubre, donde se tiene previsto escuchar al abogado Aldo Vásquez y las partes, en el marco de la demanda competencial que interpuso el Legislativo contra el Poder Judicial (PJ). Como se recuerda, el pasado 10 de julio el TC llevó a cabo la audiencia de vista oral de la demanda que interpuso el Congreso, cuestionando lo fallos emitidos por el PJ a favor de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez, anulando así su inhabilitación. En marzo de este año, Tello y Vásquez fueron inhabilitados por el Legislativo para el ejercicio de cargo público por diez años. Sin embargo, el PJ emitió una medida cautelar reponiéndolos en el cargo. MIRA: Ley sobre terrorismo urbano: ¿Qué dice la iniciativa que será vista en el pleno y qué bancadas la apoyarán? En abril pasado, el Congreso interpuso ante el TC la demanda de competencial contra el PJ, por presunta vulneración de sus prerrogativas. El Nuevo Código Procesal Constitucional establece que la resolución o fallos en un proceso competencial debe emitirse a los 60 días hábiles de haberse producido la interposición de la demanda (esta se interpuso el 17 de abril del 2024) y; caso contrario, 30 días después de haberse producido la vista de la causa (esto se produjo el 10 de julio del 2024). En ambos casos, los plazos estaban vencidos. Sin embargo, esta semana, el TC emitió una resolución ordenando realizar una nueva audiencia para escuchar al abogado e integrante de la JNJ, Aldo Vásquez. Esto, pese a que en la audiencia del 10 de julio pasado, por mayoría, el TC había rechazado su pedido para reprogramar la audiencia, en atención a que no había sido notificado sobre su participación en la demanda. El TC, dijo entonces que “al no ser parte del presente proceso competencial” no podía plantear excepciones, nulidades o pedir reprogramación de la audiencia. En la reciente resolución emitida, el TC alegó que en otra resolución del 27 de junio, el TC admitió a Vásquez como “tercero con interés en el resultado del proceso” por tanto, sí podía presentar escritos y también informar oralmente. Por tanto, dispuso realizar una nueva audiencia con todas las partes implicadas en el caso, incluyendo la defensa del Legislativo, a fin de que Vásquez Ríos pueda informar con el “objeto de aportar sentidos interpretativos relevantes” que serán tomados en cuenta por el TC. La decisión se da en un contexto en el que, al interior del Congreso de la República, se mantiene pendiente de aprobación un proyecto de ley que incide directamente en el número de votos que se necesitan para aprobar una demanda competencial o de inconstitucionalidad. Y es que, actualmente, el Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPC) establecía que para declarar fundada una sentencia dentro de un proceso competencial, se requiere el voto de cinco magistrados conformes, es decir en el mismo sentido. Sin embargo, el proyecto que se debate en el Legislativo establece que se reduzca a cuatro los votos necesarios para hacer sentencia en la demanda competencial; y que se aplicaría de manera retroactiva para todos los casos que estarían pendientes de resolver en el TC. Fuentes del TC señalaron a El Comercio que, para cuando se realizó la primera vista de la causa, en el mes de julio, se habían contabilizado entre los magistrados constitucionales entre tres y cuatro votos a favor de declarar fundada la demanda competencial que formuló el Congreso contra el PJ, por la inhabilitación de los miembros de la JNJ. Con ello, en ese momento, no llegaban a los cinco votos que establece la norma. Pide nueva fecha para después del 11 de octubre Ahora, el Congreso de la República ha solicitado que la audiencia se realice después del 11 de octubre, fecha ya fijada por el TC, debido a que el abogado ad honórem Aníbal Quiroga, designado por la Mesa Directiva del Parlamento para que conozca y defienda este causa; y quien participó de la primera audiencia del 10 de julio, se encontrará fuera del país para esa fecha. En el escrito presentado por el procurador Eduardo Tavera, se señala que Quiroga participará como expositor de una cátedra en la Universidad de Valencia, España. “En tal sentido, a fin de que se garantice el principio de inmediación y de congruencia en el ejercicio de la defensa procesal del Congreso de la República en la presente causa, resulta necesaria la participación del abogado constitucionalista Aníbal Quiroga León, por lo que solicito se disponga la reprogramación de la audiencia de vista convocada a través del Decreto S/N de fecha 1 de octubre de 2024. programándose para una nueva fecha próxima, conforme lo determine su diana Presidencia.” Eduardo Tavera, procurador del Congreso. Según los documentos adjuntados por el procurador, el abogado Quiroga salió del país el pasado 28 de setiembre, rumbo a Madrid (España) y su vuelo de retorno está programado para el 12 de octubre próximo. Además, adjuntó la invitación y confirmación que el abogado ad honórem envió en junio del 2024 a la Universidad de Valencia, confirmando su participación. Este Diario se comunicó con el abogado Aníbal Quiroga, quien confirmó encontrarse en España por temas académicos. Magistrados del TC han salido a descartar que su decisión de volver a programar una nueva audiencia de la demanda competencial para escuchar a Vásquez Ríos, esté relacionado o vaya de la mano con la intensión del Congreso que busca reducir el número de votos necesarios para emitir sentencia en dichos procesos constitucionales. El magistrado del TC, César Ochoa, dijo en RPP que al decisión de programar una nueva audiencia, es una “reconducción” del proceso competencial y que, una vez que se realice la audiencia, “a la brevedad” se emitirá sentencia. “Nosotros no tenemos ninguna coordinación con el Congreso, afirmar eso sería decir que estamos cometiendo prevaricato, definitivamente eso se descarta (…) Me he pronunciado pidiendo

La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima ejecutó la incautación de una oficina y un estacionamiento doble, ubicados en la urbanización Chacarilla del Estanque, en el distrito de Surco. El operativo, con fines del proceso de extinción de dominio, se llevó a cabo con el apoyo de la Procuraduría Pública Especializada de Extinción de Dominio. MIRA AQUÍ: Susana Villarán: Poder Judicial revocó apercibimiento en su contra por reglas de conducta Dichos bienes inmuebles fueron adquiridos por la empresa Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A.C., de propiedad de César Simón Meiggs Rojas, la cual fue utilizada para recibir activos maculados. Las propiedades -valorizadas en S/ 907 mil 984- estarían a nombre de Janet Marlene Alva Cornejo y serían producto de la actividad ilícita vinculada al delito contra la administración pública. MIRA AQUÍ: PJ confirma autorización para que Susana Villarán pase control biométrico virtual Según la indagación patrimonial, estos bienes habrían sido adquiridos con fondos ilícitos derivados del pacto ilícito entre Susana Villarán, como alcaldesa de Lima (2011-2014), y las empresas OAS y Odebrecht. Según la tesis del Ministerio Público, la finalidad era favorecer a Villarán de la Puente en el proceso de las elecciones regionales y municipales 2014. El caso Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, pidió 29 años de cárcel contra la exalcaldesa de Lima por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de US$10 millones en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para continuar en el municipio. El Ministerio Público informó que la denuncia es por asociación ilícita para delinquir, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. MIRA AQUÍ: Susana Villarán: PJ acoge pretensión de reparación civil de más de US$ 270 millones en Caso “Vías Nueva de Lima” La acusación incluye a José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado y otros involucrados y exfuncionarios de la Municipalidad de Lima. Contra ellos, José Domingo Pérez solicita penas entre 9 y 25 años de prisión efectiva. Susana Villarán cumplió prisión preventiva hasta mayo del 2020, cuando fue liberada para que se cumpla arresto domiciliario ante el riesgo de contraer COVID-19 al inicio de la pandemia. MIRA AQUÍ: Susana Villarán: todo lo que se sabe de la demolición de casa en playa Arica y descargos de los propietarios Un año después, el Poder Judicial rechazó ampliar el arresto domiciliario y le impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país mientras seguían las investigaciones contra la exalcaldesa. Source link

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, respondió este miércoles 2 de octubre por la creciente ola de inseguridad ciudadana ante un Congreso de la República con gran cantidad de escaños vacíos. El titular de Mininter se presentó ante la representación nacional para responder un pliego interpelatorio de 29 preguntas respecto de la inseguridad ciudadana y los cuestionamientos sobre su desempeño en el cargo. MIRA AQUÍ: Gustavo Adrianzén sobre interpelación al ministro Juan José Santiváñez: “Le ofrezco todo mi respaldo” Tras responder a todas las interrogantes, resultó llamativa la poca presencia de parlamentarios en sus escaños, pese a las críticas desde ese poder del Estado contra la gestión del ministro. Así lucía el Congreso durante la interpelación al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. (Foto: César Bueno / @photo.gec) En su exposición, Santiváñez negó que la presidenta Dina Boluarte le haya pedido cerrar la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac). MIRA AQUÍ: Ejecutivo propone que denuncias por el uso de armas de fuego contra policías y militares sean juzgadas en el fuero militar “De manera categórica, niego haber recibido alguna solicitud directa o indirecta de la señora presidenta para cerrar la Diviac. El Gobierno respeta la autonomía operativa de la Policía Nacional del Perú. […] A la fecha, la Diviac no ha sido cerrada ni desactivada”, manifestó. Así lucía el Congreso durante la interpelación al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. (Foto: César Bueno / @photo.gec) Asimismo, negó que sea su voz la que se escucha en un audio grabado por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, un agente de la Diviac conocido como ‘Culebra’, que revelaría irregularidades en el Poder Ejecutivo. MIRA AQUÍ: Consejo de la Prensa Peruana: Dina Boluarte y Santiváñez fueron los que más trabas pusieron a libertades de expresión y de prensa “No soy el interlocutor de dicha grabación. No existe ni peritaje ni prueba que a la fecha lo acredite”, aseveró Santiváñez. La moción para que el ministro responda ante el Congreso fue aprobada el último 19 de setiembre con 40 votos a favor, 22 en contra y 25 abstenciones, pese a la oposición de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP). Source link