Política

Cada vez que se le sigue el rastro, desaparece y todo vuelve a fojas cero. Así se han pasado los últimos 12 meses, tiempo en el que, a pesar de los más de 50 operativos policiales desplegados (según la policía), Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre y sentenciado por corrupción, ha logrado burlarse de la justicia y permanece aún en la clandestinidad. MIRA: Vladimir Cerrón: Comisión de Fiscalización del Congreso vuelve a citar al chofer del ‘cofre’ presidencial Una seguidilla de errores le permitieron sin mayor problemas al exgobernador de Junín ponerse a buen recaudo, ante una inminente confirmación de condena, el 6 de octubre de 2023. Exteriores del edificio donde había consignado como su domicilio Vladimir Cerrón, ubicado en la Av. Arequipa en Lince. (Foto: Britanie Arroyo / GEC) / GESAC > BRITANIE ARROYO Cuando la justicia llamó a su puerta, varias horas después de transmitirse en TV nacional la decisión judicial, ya era demasiado tarde. Ya había desaparecido. Desde aquella fecha, una situación que se ha convertido, ciertamente, en una constante. Sin resultado positivo Según información policial, se han desplegado más de 50 operativos, en Lima y distintos puntos del país, para dar con la captura del prófugo Vladimir Cerrón. Algunos trascendieron a la prensa, mientras que otros aún se mantienen en reserva. Todos, a buena cuenta, con el mismo resultado: negativo. A fines de diciembre de 2023, la PNP se desplegó en las inmediaciones de las sedes diplomáticas de Bolivia, tras recibir información por Inteligencia de que buscaría llegar para refugiarse y pedir asilo político. La policía buscaba interceptarlo, pero no llegó. Poco después, en el centro del país, se intervino en el fundo “Los Gochis”, ubicado en el distrito de Chacaybamba (Jauja), de propiedad de Carina Palacios, exembajadora del Perú en Bolivia y actual jefa de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso. El acta que se levantó en el lugar, y que fue brindada a los que estaban en la vivienda, apareció en las redes sociales de Cerrón pocas horas después. Luego fue borrada. Posteriormente, una de las últimas operaciones conocidas, llevada a cabo en junio pasado, apuntaba a que el exgobernador se encontraba en Huancayo. Un colaborador, identificado con el nombre clave ‘Mila’, detalló a las autoridades que estaba en el segundo piso de un inmueble en pleno centro de la ciudad, junto a su hombre de confianza Eduardo Bendezú Gutarra. Tal como lo reveló El Comercio, la fuente ‘Mila’ detalló, incluso, que dos personas le preparaban los alimentos y le hacían recados en ese inmueble a Cerrón. No obstante, para cuando la policía ingresó, dos —largos— días después de recibir la información, y tras desplegar fuerzas desde Lima hacia esa ciudad, solo pudo hallar a Bendezú. Fuentes de este Diario insisten en que hubo demoras en el despliegue policial. Aun así, para la policía, esta es una de las veces en donde se estuvo más cerca de capturar al prófugo exgobernador de Junín, pues había elementos que permitirían establecer que sí estuvo en ese lugar. Días antes, se había llevado a cabo una romería en la ciudad en homenaje a su padre, Jaime Cerrón Palomino. “Las informaciones y las corroboraciones a la data de fuente humana que recibimos, nos hicieron acertar de que estuvo en el lugar. (…) Hecha la incursión, porque hemos llevado personal desde Lima exclusivamente para hacer la intervención, esto ha sido verificado. Efectivamente, entre el 12 y el 13 de junio, Vladimir Cerrón habría estado en la vivienda. Nosotros hemos intervenido el 15″, dijo por aquellas fechas el comandante general PNP Víctor Zanabria. Sin embargo, es cierto que también hay informaciones que apuntan a que el fundador de Perú Libre ya no estaría en Perú e, incluso, que se habría utilizado el ‘cofre’ presidencial asignado a la mandataria Dina Boluarte. El hermetismo, la falta de transparencia sobre este tema, así como los audios negados por el ministro del Interior donde se menciona este presunto apoyo, incrementaron las sospechas en ese sentido. Lo cierto es que, desde que Cerrón pasó a la clandestinidad, ya van cuatro ministros los que han desfilado por ese sector, siendo el cuarto Juan José Santiváñez. También se cambió, sin mayor sustento, a los jefes de la PNP (Jorge Angulo) y de la DINI (Roger Arista). Los dos últimos han dejado entrever una protección a Cerrón desde el poder político. 23/12/2023 San Isidro (Lima) Un equipo de la PNP fue desplegado a las inmediaciones de las sedes diplomáticas de Bolivia, tras recibir la información de que Cerrón iba a ser trasladado para refugiarse y pedir asilo. También se apostó en las embajadas de Cuba y Venezuela. 24/12/2023 Ticlio (Huarochirí) En Ticlio, se desplegó un equipo tras conocerse que el exgobernador pasaría por la zona con dirección hacia Huancayo (Junín). Inteligencia tenía la identificación del vehículo donde se trasladaría; sin embargo, nunca llegó a pasar por el lugar. 27/12/2023 Jauja (Junín) Se intervino en el fundo “Los Gochis”, ubicado en Chacaybamba (Monobamba, Jauja). La vivienda es de propiedad de Carina Palacios, exembajadora de Perú en Bolivia y actual jefa de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso. El acta que se levantó en el lugar, y que fue brindada a los que estaban en la vivienda, apareció en las redes sociales de Cerrón pocas horas después. Luego fue borrada. 12/1/2024 Ventanilla (Callao) Se realizó allanamientos en inmuebles en el distrito de Ventanilla y el Callao, hallándose en uno de ellos banderolas de Perú Libre y panfletos en defensa del exgobernador de Junín. El inmueble estaba fuertemente resguardado por varias cámaras de seguridad. 17/1/2024 Asia (Lima Provincias) Se efectuó un operativo en el condominio Mikonos, en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur (Cañete), en el balneario de Asia. Se recibió información de que Cerrón se encontraba en uno de los inmuebles. El condominio tiene más de 100. Tras ocho meses, y tras el escándalo por el ‘cofre’ presidencial, el alto mando de la PNP ahora niega que el exgobernador haya estado en este lugar en aquel

En medio de este contexto, el pasado 27 de setiembre el Ejecutivo decretó estado de emergencia por 60 días en 13 distritos de Lima Metropolitana y Callao: Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho – Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez –con casi 70% de desaprobación e investigado por la fiscalía–, ha declarado que pondrá su cargo a disposición si la medida no es efectiva. Esta es la segunda vez que el gobierno de Dina Boluarte recurre al estado de emergencia como respuesta a la escalada del delito. El año pasado, lo hizo en cuatro distritos capitalinos: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Lince. Tras la medida, no se observaron resultados consistentes en las denuncias por delitos en los distritos. Denuncias por delitos antes, durante y después de los estados de emergencia durante el gobierno de Dina Boluarte En los últimos 10 años, los distintos gobiernos a cargo han mantenido a distritos de Lima Metropolitana y/o Callao en estado de emergencia por motivos de seguridad ciudadana por un total de 732 días. La cifra representa el 18% de la década. De estos, el 80% corresponde a los años 2016 y el 2022. El primero fue durante el gobierno de Ollanta Humala, quien decretó estado de emergencia en el Callao en diciembre del 2015 y lo prorrogó hasta julio del 2016. La medida fue heredada y prorrogada por la gestión de Pedro Pablo Kuczynski hasta octubre del 2016. Durante el 2022, el gobierno castillista mantuvo Lima y Callao en estado de emergencia por seguridad ciudadana un total de 315 días. *Durante los gobiernos de Castillo y Boluarte se decretó el Estado de emergencia en contextos de protesta social, con el fin de evitar disturbios. No fueron incluidos en el conteo porque no responden directamente a motivos de seguridad ciudadana y prevención de delitos comunes. “Medida reactiva” Pese a que el estado de emergencia es una medida excepcional –debido a la suspensión de derechos que implica–, su uso por motivos de seguridad ciudadana ha aumentado en los últimos gobiernos. Al terminar el período de 60 días declarado, en el gobierno de Boluarte, distritos de Lima y/o Callao habrán estado 181 días bajo estado de emergencia, un cuarto del total de tiempo que la presidenta lleva en el cargo. Pedro Castillo, por su parte, mantuvo a la capital y el primer puerto en estado de emergencia un total de 315 días, más del 60% del tiempo que duró su gobierno. En los períodos anteriores, las medidas apenas superaron el 12% del mandato. “Estamos hablando de un cuarto de la gestión de la presidenta [Dina Boluarte] en estado de emergencia. Como dice la norma constitucional, el estado de emergencia es un estado de excepción. No te puede tomar la cuarta parte de la vida política, porque deja de ser excepcional”, opina el exviceministro del Interior Ricardo Valdés. Para el especialista, si no se gestiona correctamente la seguridad ciudadana, el uso de estas medidas podría aumentar aún más, pero por motivos de disturbios y orden público. “Está subiendo la temperatura de la ciudadanía, porque ahora se está ahogando la posibilidad de trabajar, y la gente siente que el Estado no da pie con bola. El Perú es fuertemente informal, y la extorsión se está aprovechando de esa informalidad. Estamos viendo cada vez más reacciones de gremios, y creo que se está cocinando un problema de orden público. El paro de transportistas es una señal de alerta”, advierte. Según Valdés, un estado de emergencia que no responda a un plan operativo integral no es más que “una respuesta reactiva”. “No vemos una respuesta sistemática, integral (a la delincuencia). No vemos un ministro del Interior que converse con el fiscal de la Nación en buenos términos. No vemos ministros que estén dialogando con los gobiernos regionales. No se invita al sector privado para que participe proporcionando información. Lo que vemos es un Ejecutivo y un Legislativo que buscan protegerse de cualquier investigación por corrupción. Si no hay un plan de gestión de la seguridad, si no hay inteligencia, (los estados de emergencia) son, simplemente, declaraciones políticas que buscan hacernos sentir que se están haciendo cargo de un problema”, señala. MÁS INFORMES DE ECDATA, LA UNIDAD DE PERIODISMO DE DATOS DE EL COMERCIO Source link

El congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, dijo estar de acuerdo con que se modifique o incluso se derogue la ley que limita la lucha contra el crimen organizado y aseguró que pedirá al interior de su bancada que se respalde esta postura, a pesar que su vocero votó este lunes contra la posibilidad que el tema sea visto en el pleno. “Estoy de acuerdo con que se revise la modificación, incluso con la derogatoria de este tema”, expresó este martes ante la prensa. LEE TAMBIÉN: Congreso rechaza debatir derogación de ley de crimen organizado: ¿Qué bancadas se opusieron? “Yo voy a impulsar y pedir dentro de mi bancada, yo sé que el voto ayer de nuestro vocero fue en contra pero ha sido precisamente de manera responsable porque creemos que se debe evaluar y plantear una modificatoria”; agregó. Este lunes, la Junta de Portavoces del Congreso rechazó por mayoría que se debata en el pleno la derogación de la Ley N°3210 que modifica las normas de lucha contra organizaciones criminales. Este pedido planteado por Ruth Luque (Bloque Democráctico) para buscar la derogatoria de la norma sin debate previo en comisiones fue rechazada por la mayoría de bancadas, incluyendo por el vocero Alejandro Muñante de Renovación Popular. Ahora deberá pasar por debates en comisiones como la de Justicia. Diego Bazán dijo que recién este miércoles su bancada se reunirá y evaluarán la posición que tomarán al respecto. LEE TAMBIÉN: Junta de Portavoces del Congreso acordó no debatir en el pleno la derogatoria de la ley de crimen organizado “Esta es la posición particular que yo voy a llevar a mi bancada, la voy a defender hasta el final y creo que la mayoría de miembros de la bancada coinciden en el tema. Que se revise y por supuesto, si es necesario que se derogue, también lo vamos a apoyar”, aseguró. El legislador insistió en que Renovación Popular se pronunciará “a favor de que se aceleren los procesos de justicia y se combata la criminalidad”. Source link

El actual ciclo de gobierno, fruto de la elección que ganó Perú Libre en el 2021, ha tenido desde entonces a 13 titulares del Ministerio del Interior (Mininter), el sector llamado a liderar la lucha contra la delincuencia. En un contexto de creciente inseguridad ciudadana y del crimen organizado, las gestiones sucesivos de Pedro Castillo y Dina Boluarte han sumado la cifra más alta de titulares de esa cartera de los últimos ciclos presidenciales. Desde que asumió como presidente hasta su fallido golpe de Estado de diciembre del 2022, Pedro Castillo tuvo a siete ministros del Interior en poco más de 16 meses de gestión. LEE TAMBIÉN | Dina Boluarte: las razones de la fiscalía para iniciar investigación por presunto encubrimiento en caso Vladimir Cerrón En promedio, Pedro Castillo nombró a un nuevo titular del Mininter cada 71 días. Las cifras de su vicepresidente y sucesora, Dina Boluarte, no son mucho mejores. Desde que juró como mandataria, Dina Boluarte le puso ese fajín a seis ministros. Su media es de uno cada 110 días. Ciclo presidencial Presidentes Ministros del Interior Jefes de la PNP (nombrados por el gobierno de turno) 2021-2026 -Pedro Castillo (Julio 2021-Diciembre 2022)-Dina Boluarte (Diciembre 2022-Actualidad) 13 ministros:-Siete con Pedro Castillo-Seis con Dina Boluarte 6 jefes de la PNP :-Cuatro con Pedro Castillo-Dos con Dina Boluarte 2016-2021 -Pedro Pablo Kuczynski (Julio 2016-Marzo 2018)-Martín Vizcarra (Marzo 2018-Noviembre 2020)-Manuel Merino (Noviembre 2020)-Francisco Sagasti (Noviembre 2020-Julio 2021) 10 ministros:-Dos con Pedro Pablo Kuczynski-Cinco con Martín Vizcarra: uno de ellos, Gastón Rodríguez, luego fue el único ministro del Interior de Manuel Merino.-Tres con Francisco Sagasti 6 jefes de la PNP:-Uno con Pedro Pablo Kuczynski-Cuatro con Martín Vizcarra-Uno con Francisco Sagasti 2011-2016 -Ollanta Humala (Julio 2011-Julio 2016) 7 ministros del Interior 3 jefes de la PNP 2006-2011 -Alan García (Julio 2006-Julio 2011) 7 ministros del Interior 6 jefes de la PNP 2001-2006 -Alejandro Toledo (Julio 2001-Julio 2006) 6 ministros del Interior: uno de ellos, el hoy congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, tuvo dos periodos. 6 jefes de la PNP En promedio, con 13 ministros en tres años y dos meses de gestión, el ciclo Pedro Castillo-Dina Boluarte cambió al responsable del Mininter aproximadamente cada tres meses. Esta cartera ya era una de las más volátiles del Ejecutivo, pero la situación se ha agravado en la última década. Los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, los últimos que lograron cumplir su periodo presidencial de cinco años, tuvieron entre seis y siete ministros del Interior. En el caso de Alejadro Toledo, uno de esos ministros, el hoy congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, tuvo dos periodos al frente del sector. El lustro previo, el accidentado periodo 2016-2021, ya había registrado un aumento. Entre esos años hubo 10 ministros del Interior: dos con Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), cinco con Martín Vizcarra (2018-2020) y tres con Francisco Sagasti (2020-2021). Durante el breve gobierno de Manuel Merino (2020), un exministro de Martín Vizcarra, asumió la cartera en un segundo periodo. Los 10 ministros del 2016-2021, una cifra de por sí alta, no tardó en ser superada por los 13 minsitros que ha tenido en pooco más tres años el ciclo presidencial de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Pedro Castillo y Dina Boluarte tras su victoria en las elecciones del 2021. Foto: GEC / Hugo Perez / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ Tipos de cambio El primero en lista de trece es el exfiscal Juan Carrasco. Fue removido por Castillo -sin mayores explicaciones- luego de 69 días al frente del Mininter, pero luego sería nombrado en otros cargos dentro del mismo gobierno. Por él ingresó el abogado Luis Barranzuela, cercano al congresista Guillermo Bermejo, quien renunció antes de cumplir un mes por participar en una fiesta pese a las restricciones por la pandemia del COVID-19. El siguiente ministro fue otro exfiscal: Avelino Guillén, quien duró casi tres meses. Su dimisión fue por no recibir el respaldo de Pedro Castillo en su disputa con el entonces jefe de la Policía, Javier Gallardo, hoy vinculado al caso de presuntos ascensos irregulares. Su sucesor, Alfonso Chávarry, salió luego de 110 días en el cargo, ante una inminente censura congresal por el manejo del sector. Su reemplazo, Dimitri Senmache, sí llegó a ser censurado por el Legislativo por la fuga del exministro Juan Silva, todavía prófugo. Duró 39 días. La gestión posterior fue incluso más corta: Mariano González solo tuvo el fajín por 15 días. Pedro Castillo lo removió, según denunció de inmediato el exministro, por autorizar la creación del equipo especial de la policía de apoyo al grupo de fiscales contra la corrupción en el poder (Eficcop), el cual investigaba penalmente a sus familiares y su entorno. En su lugar fue nombrado Willy Huerta, quien se mantuvo durante el resto del gobierno castillista. Hoy está próximo a ir a juicio junto al expresidente por su presunto rol en el fallido golpe de estado. 1 Juan Carrasco Julio 2021-Octubre 2021 2 Luis Barranzuela Octubre 2021-Noviembre 2021 3 Avelino Guillén Noviembre 2021-Enero 2022 4 Alfonso Chávarry Febrero 2022-Mayo 2022 5 Dimitri Senmache Mayo 2021-Junio 2021 6 Mariano González Julio 2021 7 Willy Huerta Julio 2021-Diciembre 2021 Con Dina Boluarte en Palacio de Gobierno llegó la gestión más breve: los 11 días de César Cervantes. Cuando la presidenta hizo cambios a su gabinete ante las primeras muertes en las protestas contra su gobierno, puso en su lugar a Víctor Rojas, quien duró 23 días. Fue removido en enero del 2023 por las mismas razones. Tras esto llegó Vicente Romero, quien ya había liderado el sector durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Su gestión tuvo la duración más larga del ciclo: 10 meses. En noviembre, el Congreso lo censuró por el incremento de la inseguridad. El siguiente fue Víctor Torres, quien duró poco más de cuatro meses. Fue removido en medio de cuestionamientos por la salida de Jorge Angulo como jefe de la PNP y pocos días después de que la Policía y la fiscalía allanaron la vivienda de la presidenta por el Caso

La fiscal Alejandra Cárdenas, quien se encuentra a cargo de la investigación contra Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, y otros implicados en un presunto tráfico de influencias, informó que los audios encontrados a la fiscal Elizabeth Peralta donde se menciona a Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez fueron derivados a otro despacho para abrir otra indagación. En declaraciones al programa “Nunca es tarde” de RPP, Cárdenas aludió a las dos grabaciones que fueron incluidas en el pedido de prisión preventiva contra ‘Chibolín’ y Peralta y confirmó su hallazgo y que son protagonizadas por una voz masculina desconocida y una femenina atribuida a la investigada, tal y como informó El Comercio. LEE TAMBIÉN: Andrés Hurtado: la fiscal Peralta y los audios que revelarían irregularidades en su nombramiento y “ayuda” a Joaquín Ramírez “Efectivamente este audio existe, se ha ofrecido como indicio de la capacidad para delinquir de la procesada”, aseveró este lunes. “Hay dos cosas que hacer. Una ya se ha hecho, es que el día que se escuchó ese audio y que tiene una parte de video, se ve a una imagen que al parecer sería Peralta, se pase a un equipo dentro de la misma fiscalía para que investigue este nuevo hecho porque sería otro tráfico de influencias, el de Joaquín Ramírez”, comentó. La segunda parte está relacionada a una segunda grabación que involucra a la misma fiscal Peralta pero en supuestas irregularidades en su ascenso dentro del Ministerio Público. Esto será remitido a la fiscalía especializada en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Sobre la posibilidad de que en esta nueva indagación se convoque a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez, Cárdenas dijo que esto sigue en investigación. “Por supuesto, en ese otro extremo que se va a abrir van a tener que convocarlos, pero tampoco de eso podemos adelantar más porque eso está en investigación”, fue lo único que aseveró al respecto. En el requerimiento de prisión preventiva contra Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta, se ha incluido dos diálogos hallados en los allanamientos de esta investigación. LEE TAMBIÉN: Andrés Hurtado en su hora cero: así operaba el exconductor de televisión para amasar fortuna El Comercio reveló que uno de los audios detalla cómo se coordinó una supuesta ayuda en una investigación a Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular (FP), ya que Peralta habría buscado evitar que la entonces fiscal de lavado de activos, Tania Liñán, separara los casos de Ramírez y de la lideresa de FP, Keiko Fujimori. El otro diálogo mencionado por la fiscal Cárdenas está relacionada al desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí, se comenta sobre la venta de exámenes a magistrados y el nombramiento de Elizabeth Peralta como fiscal, el cual se habría concretado tras el apoyo de “San Martín”. Source link

La postura a favor de volver a analizar esta propuesta no solo tiene el respaldo del fujimorismo, sino también de representantes de las bancadas de APP, Avanza País, Somos Perú, Acción Popular y Podemos Perú, mientras que desde la izquierda han puesto reparos. No obstante, aún no existe un acuerdo para definir la lista final de delitos a incluir en un nuevo dictamen. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), afirmó que su grupo de trabajo va a insistir en esta iniciativa. “Sí, por supuesto [que se va a retomar], como se sabe esto fue sometido a la discusión del pleno y desgraciadamente no alcanzó los votos necesarios para su aprobamos. Vamos a insistir con este proyecto de todas maneras, pero hay que lograr cierto consenso entre las diversas bancadas para garantizar su aprobación en el pleno”, manifestó. Lee también: Congresista Juan Burgos: “A la presidenta le digo que no ponga trabas para investigar la verdad” En junio último, el dictamen no tuvo apoyo en el hemiciclo debido a los cambios de último momento que realizó la fujimorista Martha Moyano, entonces presidenta de la Comisión de Constitución. Además, por la intención de un sector de la izquierda de incluir más delitos en la restricción. Por ello, la fórmula regresó a comisión. De la lista inicial, se retiraron los delitos de violación sexual, colusión, corrupción de funcionarios, trata de personas, homicidio y secuestro. Precisamente por estos dos últimos, el expresidente Alberto Fujimori, quien semanas después anunció una candidatura, fue condenado a 25 años de prisión en el 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y las retenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Fujimori falleció el último 11 de setiembre, a raíz del cáncer a la lengua que padecía. En comunicación con El Comercio, Rospigliosi dijo que no puede precisar si se volverá a la fórmula inicial del dictamen, porque “eso depende de las conversaciones con las diversas bancadas”. “Tenemos que llegar a ciertos acuerdos, en algún momento se incluyó una infinidad de delitos, se hizo una lista de lavandería, lo que es impropio de una Constitución”, remarcó. (Foto: Archivo GEC) El parlamentario de Fuerza Popular refirió que la restricción debe ser orientada a los delitos que afectan al sistema democrático. También refirió que espera que la muerte de Fujimori “reduzca la resistencia” de algunas bancadas en la aprobación de este dictamen. Lee también: Perú Libre busca ahora crear una escuela para capacitar a jueces y fiscales: los peligros y detalles del proyecto Al respecto, el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, adelantó que su bancada “sin duda apoyará” que se amplíen los impedimentos para postular a cargos de elección popular. “Estoy de acuerdo con todos los candados que se aprueben para impedir que sentenciados postulen. Mi bancada sin duda apoyará”, señaló en breve comunicación con este Diario. Sin acuerdo para la lista de delitos Desde Avanza País, el congresista Edward Málaga indicó que “definitivamente, se debe insistir” en el dictamen, pero subrayó que “no se debe incluir o excluir delitos a fin de favorecer a los líderes investigados, acusados o condenados de cada bancada, sino para evitarle al país la vergüenza de llegar a ser gobernador por personajes que cometieron actos incompatibles con la democracia”. En diálogo con este Diario, Málaga señaló que su bancada aún no ha consensuado una postura respecto a la lista de delitos que deben ser incorporados en el nuevo texto. A título personal, sostuvo que se debe partir de la propuesta inicial, es decir terrorismo, narcotráfico, violación de la libertad sexual, corrupción de funcionarios, homicidio, tratada de personas, secuestro, traición a la patria y delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Lee también: Se consolida la alianza entre Antauro Humala y Juntos por el Perú con discurso extremista A su turno, el congresista Héctor Valer (Somos Perú) sostuvo que su bancada está de acuerdo con que la propuesta para incorporar mayores candados para las postulaciones llegue otra vez al pleno. No obstante, remarcó que debe ser debatido como parte de un paquete de reformas, como la valla electoral, el número de senadores y la reelección de autoridades locales y regionales. “Nosotros estamos a favor de que aquellos que cometieron homicidios contra los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas no deben postular, tampoco los sentenciados por corrupción de funcionarios, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas”, manifestó. No obstante, evitó señalar si su agrupación apoyaría incluir o no los delitos contra el sistema democrático. “Creo que existía uno solo en el país [golpista], que era Francisco Morales Bermúdez. Lo que hizo el señor Pedro Castillo fue un intento de golpe de Estado”, expresó Valer, quien fue primer ministro durante el gobierno del profesor. Valer, además, opinó que, con el deceso de Fujimori, esta propuesta podría “ser más viable”. “Nosotros creemos que Fuerza Popular defendió a su líder máximo [en junio], porque él estaba inmiscuido no solo por una sentencia por homicidio, sino por corrupción. Sí, ahora creemos que va a ser más viable, creo que podemos alcanzar lo mínimo, que son 87 votos, para concretar esta reforma constitucional”, mencionó. Lee también: Fiscalía advierte que partido de Antauro Humala está “dirigido a promover atentados contra la vida” Por su parte, el parlamentario Luis Aragón (Acción Popular) dijo, a título personal, que está de acuerdo con establecer “controles y candados” para evitar a candidatos con antecedentes en las próximas elecciones. Pero indicó que en su bancada aún no hay un consenso para determinar una lista de delitos mínimos. Aragón refirió que él incluiría delitos contra la administración pública y violación sexual. No obstante, se mostró en contra de intentar bloquear algunas candidaturas. “Si se quiere hacer una reforma que no sea con nombre propio, sino en general, que se incluyan diversos delitos. Pareciera que existen ciertos candidatos que saben que no van a ganar y quieren imponerse de otra manera, eso no es

La presidenta Dina Boluarte aseguró que no se cansará en hacer llamados a la unidad y a un “diálogo sincero”, y luego dijo que seguirán trabajando a pesar de las personas que, según comentó, tienen “hígados enfermos con odio”. “No me voy a cansar de llamar a la unidad y al diálogo sincero, no me voy a cansar en decir encontrémonos en un solo abrazo y en un solo corazón para seguir construyendo más obras como esta”, dijo en la ceremonia de presentación de una nueva tuneladora para la obra Línea 2 del Metro de Lima. LEE TAMBIÉN: Gustavo Adrianzén afirma que no puede dar “una fecha exacta” sobre cuándo Dina Boluarte declarará a la prensa “Sigamos en esa mirada de país, sigamos construyendo el desarrollo de la patria. Aquellos que todavía cargan en sus hígados enfermos el odio, la indiferencia, allá ellos. Acá está el Perú construyendo patria”, agregó. Dina Boluarte en actividad oficial Dina Boluarte dio este discurso para destacar la importancia de la llegada de la nueva tuneladora “Delia” a la Estación Bolognesi en el distrito de Breña. La mandataria aseguró que el Ejecutivo sigue apostando por el desarrollo a través de obras como esta que están comprometidos en sacar adelante. “No nos vamos a detener en la meta que tenemos que buscar y construir el desarrollo de la patria, sin mezquindades políticas ni cálculos políticos”, comentó. LEE TAMBIÉN: Consejo de la Prensa Peruana: Dina Boluarte y Santiváñez fueron los que más trabas pusieron a libertades de expresión y de prensa Boluarte insistió en que el Gobierno seguirá hablando a través de “obras, obras y más obras” y en su llamado para que las autoridades regionales y locales, así como todos los peruanos caminen en unidad y “de la mano con la verdad y la ley”. “En este equipo trabajamos día y noche, no tenemos feriados ni sábados ni domingos”, comentó. Source link

Suman más de 15 congresistas izquierdistas los que se han redistribuido en diez partidos políticos para poder mantener su representación en las elecciones del 2026. Hasta el momento, hemos centrado el debate en la reubicación castillista en Podemos Perú, pero el problema es aún mayor y es algo a lo que deberíamos prestar más atención con miras a la próxima representación parlamentaria. La izquierda parece haber entendido que sus propios partidos no son suficientes para llegar al poder y ha decidido repartirse y camuflarse en distintas agrupaciones. Su objetivo es llegar al poder como sea y eso implica ponerse cualquier camiseta política que estén dispuestos a prestarles. No importan las ideologías, lo que le importa a la izquierda es mantenerse en el poder y seguir impulsando sus agendas antitécnicas de las que tenemos una amplia gama de ejemplos, pero que podemos resumir bien en la afectación al sistema educativo con la carrera pública magisterial. La izquierda está usando a los viejos y nuevos partidos políticos como combis electorales. Somos Perú afilió a Álex Paredes y Elizabeth Medina, dos exintegrantes de Perú Libre que hasta la fecha no se incorporan a su bancada. Intentaron inscribir a otro experulibrista como Segundo Quiroz, pero este no cumplió los requisitos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Este mismo año, Quiroz se había afiliado a Podemos Perú, pero renunció antes de cumplir los dos meses. APP llevaría en su lista de candidatos al Congreso a Roberto Kamiche y Jorge Marticorena, también de las filas del partido de los Cerrón. Otros experulibristas como José Balcázar y Óscar Zea han optado por marcas políticas nuevas como Ahora Nación (de Alfonso López Chau) y Progresemos (de Hernando de Soto), respectivamente. Mientas que Guido Bellido y Guillermo Bermejo se encuentran en proceso de inscribir sus propias agrupaciones políticas. Esta práctica de camuflaje de la izquierda en partidos de variopintas tendencias, que hoy se muestra con más claridad, empezó con mayor fuerza tras el período complementario en el que los entonces antauristas de UPP se reciclaron en Podemos Perú, aunque la mayoría terminó renunciando tras no tener éxito electoral, como Rubén Pantoja o Héctor Maquera. Este último, que participó en el ‘andahuaylazo’ y purgó siete años de prisión, acaba de renunciar a Podemos Perú y se ha unido a la nueva agrupación Salvemos al Perú que impulsa el exministro Mariano González y que tiene entre sus figuras a la exministra Rosario Sasieta. De los 35 partidos políticos con inscripciones, resulta fácil identificar a cinco de izquierda, pero su infiltración llega hasta al menos 16 agrupaciones. Esto, sin contar a las tiendas políticas en proceso de inscripción, donde tenemos otros nueve grupos izquierdistas. Es importante entender que el negocio de la izquierda ya no está necesariamente en llegar a la Presidencia de la República. Su enfoque es tener bancadas con peso numérico en el Parlamento, además de contar con representantes de su corriente infiltrados en distintas agrupaciones. Y ese es un escenario peligroso que ni la nueva estructura bicameral podrá resistir. *El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta. Source link

Ana Zegarra Saboya juró como nueva congresista en la sesión del pleno de este miércoles 2 de octubre ante la Mesa Directiva, en reemplazo del fallecido Hitler Saavedra. El presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (APP), fue el encargado de tomar el juramento de Zegarra, en el que fue el último paso para formalizar su incorporación como legisladora para concluir el periodo parlamentario 2021-2026. LEE TAMBIÉN: Hitler Saavedra: Todo lo que se sabe de la muerte del congresista en un hostal del Cusco y quién es su accesitaria “Dios todopoderoso, por nuestra Nación, por mi querida región Loreto y por mi familia, sí prometo”, señaló al jurar al cargo. #CongresoInforma I El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y los integrantes de la Mesa Directiva, tomaron juramento a Ana Zegarra Saboya, como congresista de la república para completar el periodo legislativo 2021-2026. pic.twitter.com/HlO8jnpqg2 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 2, 2024 Previamente, Salhuana detalló que se completó el proceso para reemplazar en el cargo a Saavedra luego que la Mesa Directiva declarara la vacancia del cargo del legislador de Somos Perú por fallecimiento. Luego de eso, el Jurado Nacional de Elecciones procedió a entregar la credencial para reconocer a Ana Zegarra como parlamentaria elegida por la región Loreto. LEE TAMBIÉN: JNE entrega credencial de congresista a Ana Zegarra en reemplazo de Hitler Saavedra “La Mesa Directiva saluda y felicita a la nueva congresista de la República que se incorpora al Parlamento y le desea éxitos en su función parlamentaria y en su representación del departamento de Loreto”, aseguró el presidente del Congreso. Hitler Saavedra Casternoque fue encontrado sin vida el 17 de setiembre último en una habitación de un hotel en Cusco, región a la que viajó para participar en una audiencia como presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso. Source link

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, comentó que en el pleno de este jueves 3 de octubre se debatirá el proyecto de ley que propone la creación de la figura de terrorismo urbano, y dijo esperar que el texto sea aprobado ese mismo día. En declaraciones a la prensa este miércoles, el titular del Parlamento dijo que se espera la participación de especialistas y representantes del Colegio de Abogados de Lima para evaluar el tema de la iniciativa sobre terrorismo urbano. LEE TAMBIÉN: Ley sobre terrorismo urbano: ¿Qué dice la iniciativa que será vista en el pleno y qué bancadas la apoyarán? “Ya tenemos un texto sustitutorio. Esperamos enriquecer con las opiniones y sugerencias de los especialistas y eso vamos a discutirlo y esperamos aprobarlo el día de mañana”, comentó. El proyecto en cuestión agrupa varias iniciativas para incluir en el Código Penal Peruano la figura de terrorismo urbano con penas entre 20 y 30 años de prisión, además de las penas correspondientes a otros delitos específicos como homicidio, robo agravado, sicariato, extorsión, entre otros. La propuesta es que cuando dos o más de una lista de 40 delitos concurran en un mismo acto, generando “zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico”, se configure el delito de terrorismo urbano. LEE TAMBIÉN: Congreso rechaza debatir derogación de ley de crimen organizado: ¿Qué bancadas se opusieron? De otro lado, Eduardo Salhuana señaló que todavía no hay información sobre cómo será el debate a nivel de la Comisión de Justicia sobre los proyectos para modificar o derogar la ley de crimen organizado. “Cada bancara tiene derecho a tener una posición, pero estoy seguro que al momento que lo sometamos a debate, cada bancada tendrá que reflexionar en torno a los que viene sucediendo en el país”, señaló. Source link