El Gobierno de izquierda español propuso este martes a una veterana fiscal especializada en violencia de género para reemplazar al fiscal general del Estado, recientemente condenado por violar el secreto judicial.

Álvaro García Ortiz, nombrado en 2022 a propuesta del Gobierno de izquierda, renunció el lunes, luego de haber sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa por haber filtrado información del novio de una figura de la oposición de derecha sospechoso de fraude fiscal.

Para sustituirlo, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez propuso este martes a Teresa Peramato, una fiscal con 35 años de experiencia que tuvo un papel importante en la elaboración de la ley contra la violencia de género en 2004 y ha ocupado varios puestos importantes en ese ámbito.

Peramato «es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal» y «con un compromiso feminista indiscutible», aseveró en rueda de prensa el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Su nominación debe ser examinada por el órgano rector del poder judicial y por el comité de justicia del Parlamento, antes de su nombramiento formal por el rey Felipe VI.

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición, criticó la designación, afirmando que Sánchez usa «las instituciones del Estado y especialmente la Fiscalía General del Estado, para defender a su Gobierno y a su entorno personal de las causas judiciales».

Sánchez se encuentra debilitado por varias otras causas judiciales contra miembros de su entorno, como su esposa Begoña Gómez, su hermano David o antiguos aliados políticos como su exministro y cercano colaborador José Luis Ábalos.

García Ortiz, el primer fiscal general del Estado en funciones en haber sido juzgado en la historia de España, presentó formalmente su renuncia el lunes, pero continuará en el cargo hasta que tenga sucesor.

El Tribunal Supremo aún no ha publicado la sentencia detallada contra García Ortiz, que siempre defendió su inocencia.

«Tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional», escribió García Ortiz en su carta de renuncia.