jueves, 05 febrero, 2026
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Las autoridades de Venezuela excarcelaron a cuatro cineastas detenidos la semana pasada tras fotografiar la fachada de un penal de máxima seguridad, informaron este lunes oenegés.

 

Los cuatro cineastas trabajaban en un proyecto para la escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los detuvo el 31 de octubre en las cercanías de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (centro-norte).

 

Noel Cisneros y Katiuska Castillo son estudiantes universitarios, mientras que Ingrid Briceño y Marcela Hernández ya trabajan como productoras profesionales.

 

La Asociación Venezolana de Mujeres Cineastas -a la que pertenecen- informó «con enorme alivio y alegría» su excarcelación. «Están en libertad, sanos y junto a sus familias».

 

La ONG de derechos humanos Provea reportó igualmente la liberación, así como otras organizaciones.

 

Tocorón fue centro de operaciones de la pandilla venezolana Tren de Aragua, cuyos tentáculos se extendieron por todo el continente.

 

Estados Unidos la declaró organización terrorista, mientras que el gobierno venezolano afirma que fue desmantelada y denuncia que se usa como pretexto para atacar al presidente Nicolás Maduro.

 

Esta cárcel era una especie de ciudadela controlada por bandas criminales. Fue clausurada en septiembre de 2023.

 

Se reabrió en 2024 para albergar a cientos de detenidos tras manifestaciones que estallaron posterior a la reelección de Maduro que la oposición denunció como fraudulentas.

 

Varias oenegés y defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones «arbitrarias».

 

A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensifica.

 

La semana pasada, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la desaparición del periodista Joan Camargo. Aún se desconoce su paradero.

 

Al cierre de octubre en Venezuela había al menos 875 detenidos «con fines políticos», según la ONG Foro Penal.

 





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