El gobierno interino de Perú declaró el martes un estado de emergencia en la capital Lima y el vecino puerto del Callao para frenar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado.
La medida, con la que el gobierno podrá militarizar las calles y restringir derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio, cobija al menos a 10 millones de personas.
«El estado de emergencia aprobado por el consejo de ministros entra en vigencia a las 00H00 horas (del miércoles, ndlr) y por 30 días en Lima metropolitana y el Callao», dijo el presidente José Jerí en un breve mensaje a la nación transmitido por la televisión estatal.
Bajo el estado de emergencia, el gobierno puede ordenar a las fuerzas armadas salir a las calles para patrullar la ciudad y colaborar con la policía en el mantenimiento del orden.
Entre las medidas del estado de emergencia se prohíbe que dos personas se trasladen en una misma moto, modalidad que usa el sicariato.
La capital peruana ya estuvo parcialmente bajo estado de emergencia entre marzo y julio pasado, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia.
– «A la ofensiva» –
«Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en millas de familias y perjudicando además el progreso del país», dijo Jerí en su mensaje.
«Pero esto se acabó, hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú», agregó.
La medida es la primera acción de envergadura que toma el gobierno en casi dos semanas que lleva en el poder, en un país que tiene a la inseguridad como una de sus preocupaciones centrales.
«Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos», señaló rodeado de su gabinete.
Las autoridades se habían adelantado la semana pasada que se implementaría un estado de emergencia en Lima por la violencia del crimen organizado, lo que motivó protestas masivas con un muerto a manos de un uniformado y un centenar de heridos entre policías y civiles.
El 15 de octubre, las manifestaciones derivaron en fuertes choques cerca de la sede del Congreso. Miles de personas protestaron ese día contra la inseguridad, el
Congreso y el gobierno recién instalado del derechista Jerí.
La inseguridad ciudadana provocó el 10 de octubre la destitución en el Congreso de la entonces presidenta, Dina Boluarte.
– Crisis política –
Perú acumula siete presidentes desde que en 2016 estalló una crisis institucional por choques de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso.
Con la violencia en aumento, las denuncias de extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17 mil en 2024. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.
Al menos 47 conductores han muerto a manos de pistoleros entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con Anitra, el principal gremio del sector que agrupa a 460 empresas en Lima y el puerto de Callao.
Entre enero y septiembre, en el país se han registrado 20.705 denuncias de extorsión un 28,8% más en comparación al mismo periodo de 2024, en el que se registraron 16.075, según la policía.
Perú registró 17.519 denuncias en todo el año 2024.
