Los miembros de la cúpula de la extinta guerrilla FARC recibieron este martes la sentencia máxima por 21.000 secuestros en Colombia, y deberán pagar con ocho años de trabajos, búsqueda de desaparecidos y otras penas alternativas a la cárcel, según un fallo del tribunal surgido del acuerdo de paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, deberán trabajar por ocho años en la búsqueda de personas desaparecidas, recuperación del medio ambiente, en medio de restricciones a la movilidad y la obligación de realizar otras actividades para dignificar a las víctimas, de acuerdo con lo estipulado en el pacto de 2016 que llevó a su desarme y transformación en partido político.
Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otra guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró victimarios a los excomandantes del llamado Secretariado de 21.396 personas secuestradas antes de dejar las armas.
Son culpables «en calidad de autores de responsabilidad por los crímenes de guerra, de tortura, tratos crueles», dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos.
El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los guerrilleros, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.
Durante su prolongada lucha, las FARC tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt.
Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva dieron la vuelta al mundo.
