La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles una moción de urgencia para tramitar un proyecto de amnistía que podría abarcar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado.

El proyecto de ley, destinado desde un principio a un perdón para los bolsonaristas condenados por la asonada del 8 enero de 2023 en Brasilia, ha sido la prioridad del partido de Bolsonaro en esta legislatura.

Tras la aprobación de la moción de urgencia por 311 votos a favor y 163 en contra, el texto será discutido directamente en el plenario, en lugar de pasar por las comisiones de la cámara baja.

Condenado por la corte suprema por liderar una organización armada para tratar de impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, Bolsonaro busca ayuda del parlamento de mayoría conservadora para resolver sus problemas judiciales.

El expresidente, de 70 años, está en prisión domiciliaria preventiva en Brasilia y este miércoles fue diagnosticado con cáncer de piel.

El proyecto legislativo podría beneficiar a unas 700 personas ya condenadas por participar en la asonada de 2023 contra las sedes de los poderes públicos, que según la corte suprema fue instigada por Bolsonaro como parte de la trama golpista.

Y también podría abarcar al expresidente, según defiende parte del ala conservadora en el Congreso.

-Largo camino-

«Necesitamos pasar esta página de nuestra historia y aprobar la amnistía, porque Bolsonaro merece recuperar todo aquello que Alexandre de Moraes le quitó», afirmó el martes el senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, al aludir al juez a cargo del caso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, dijo antes del voto que el objetivo es nombrar a un relator para llegar «lo antes posible» a un texto que «encuentre un apoyo de mayoría amplia» en el plenario.

Motta anticipó que rechazará cualquier proyecto que «traiga aún más polarización para el país».

La moción de urgencia fue apoyada por los partidos de derecha y centroderecha, que derrotaron a la bancada oficialista de izquierda.

El texto, sin embargo, aún enfrenta un largo camino para convertirse en ley.

Primero debe sortear la resistencia del oficialismo en el plenario de la Cámara de Diputados. Luego iría a discusión al Senado, donde el gobierno de Lula es más fuerte que en la cámara baja, aunque también minoritario.

Además, el propio Lula podría vetar la ley aprobada por el legislativo y varios magistrados del supremo han manifestado que dicha norma sería inconstitucional.

Una eventual amnistía «lejos de abrir el camino para cualquier pacificación, sería un desafío al poder judicial y a la conciencia democrática del país», escribió en la red social X la ministra de relaciones institucionales del gobierno, Gleisi Hoffmann.

-¿Acuerdo secreto?-

El juez Moraes desmintió una versión de prensa según la cual habría un acuerdo secreto entre la corte suprema y parte del parlamento para redactar una ley que reduzca las penas únicamente a los condenados por el 8 de enero, a cambio de permitir a Bolsonaro purgar el resto de su condena en prisión domiciliar.

«El STF (Supremo Tribunal Federal) no hace acuerdos. El STF aplica la ley», afirmó el magistrado en un comunicado.

Bolsonaro se dice perseguido por la justicia brasileña y consiguió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impuso aranceles del 50% a muchos productos brasileños por lo que considera una «caza de brujas» contra el exmandatario.

Washington también ha sancionado a varios magistrados de la corte suprema, incluido Moraes.

Paralelamente a la acción parlamentaria, Bolsonaro tiene previsto apelar la condena de la corte suprema, según anunció su defensa.

Además de esta sentencia, el expresidente está inhabilitado políticamente hasta 2030 por desinformar sobre el sistema electoral.

Brasil celebrará en 2026 elecciones presidenciales sin que la derecha haya definido hasta ahora un candidato sustituto para Bolsonaro.

Por su parte, el izquierdista Lula, de 79 años, ha expresado en varias ocasiones su intención de presentarse a la reelección.