El gobierno de El Salvador aseguró este miércoles que destruyó completamente el mando de las pandillas en el país, pero continuará el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.
Vigente desde marzo de 2022, el régimen de excepción da sustento legal a la ofensiva contra las pandillas, al permitir arrestos sin orden judicial.
«Con todos los principios de guerra del primer año, del segundo año, del tercero, hemos logrado, primero, destruir por completo la organización criminal a nivel de su gobierno (mando)», dijo ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, al canal privado Telecorporación Salvadoreña.
Indicó que las fuerzas de seguridad han detenido a «la mayor cantidad de miembros» de pandillas y acabaron con el «monopolio del crimen» que ejercían esas bandas, que se financiaban con la extorsión, el sicariato y la venta de drogas.
El gobierno de Bukele asegura que las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha -esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos- asesinaron a unas 200.000 personas en tres décadas, más que los 75.000 muertos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
El Salvador ha pedido apoyo a Estados Unidos Unidos, México, Guatemala, Honduras y Belice para arrestar a pandilleros que han huido del país y las autoriades «patrullan» las redes sociales para detectar «remanentes» de las pandillas en el país.
Según cifras oficiales, más 89.000 presuntos pandilleros fueron detenidos bajo el régimen de excepción, aunque unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes. Sin embargo, grupos de derechos humanos denuncian abusos y que miles de inocentes siguen tras las rejas.
La «guerra» contra las pandillas de Bukele, en el poder desde 2019, ha reducido al mínimo los índices de violencia en el país, lo que facilitó su reelección en 2024.
Villatoro vaticinó que El Salvador podría cerrar 2025 con entre 1 y 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, tras recordar que 2024 cerró con 1,9. La tasa de 2021 fue de 18 muertos por cada 100.000 habitantes.
El ministro descartó la derogación del régimen de excepción: «lo que estamos haciendo va para largo», dijo.
El régimen de excepción «es algo que ha valido la pena», afirmó el ministro, al cuestionar que organizaciones de derechos humanos «lo venden como algo malo».
