Ruanda acogerá hasta 250 personas expulsadas de Estados Unidos en el marco de un acuerdo alcanzado con Washington, anunció el gobierno ruandés el martes, como parte de la campaña estadounidense para enviar a migrantes presentes en su territorio a terceros países.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, la administración del presidente Donald Trump negoció varios acuerdos para los que migrantes condenados por delitos –entre ellos latinoamericanos– fueron deportados a terceros países, entre ellos Sudán del Sur y Esuatini.

«Ruanda acordó con Estados Unidos aceptar hasta 250 migrantes. Sobre todo porque casi todas las familias ruandesas han sufrido las dificultades del desplazamiento y que nuestros valores sociales se basan en la reintegración y la rehabilitación», explicó a la AFP la portavoz del gobierno, Yolande Makolo.

La decisión de Ruanda sucede a un acuerdo, que finalmente fue cancelado en 2024, con Reino Unido, según el cual Kigali aceptó la llegada de migrantes irregulares deportados desde el país europeo.

En virtud del acuerdo anunciado el martes, «Ruanda tiene la posibilidad de aprobar a cada persona propuesta para la reinstalación», añadió Makolo, afirmando que los individuos en cuestión se beneficiarían de «formación profesional, asistencia sanitaria y ayuda para la vivienda».

Sin embargo, no dio precisiones sobre el calendario, ni las nacionalidades de los individuos, ni lo que el país africano recibirá en contrapartida.

«Proporcionaré más detalles cuando estos se hayan resuelto», declaró la vocera.

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense no confirmó este acuerdo, pero indicó que Washington «colabora con Ruanda en una serie de prioridades comunes», siendo la aplicación de las políticas migratorias de la administración Trump «una prioridad absoluta».

Las autoridades de Sudán del Sur ya se hicieron cargo el mes pasado de un grupo de ocho migrantes deportados de Estados Unidos. Sólo uno de ellos procedía de este país.

En julio, cinco migrantes ilegales oriundos de países asiáticos y caribeños también fueron deportados a Esuatini, en el sur de África, después de que la administración Trump explicara que sus propios países se negaban a acogerlos.

El presidente estadounidense ha convertido la lucha contra la migración ilegal en una prioridad absoluta, prometiendo la mayor campaña de deportaciones de la historia de Estados Unidos.

– «Infierno» –

En marzo, 252 hombres fueron deportados a El Salvador, la mayoría por sus presuntas pertenencias a la banda venezolana Tren de Aragua, declarada «terrorista» por Washington, y encarcelados en una prisión de alta seguridad conocida por la dureza de sus condiciones.

Todos ellos fueron repatriados a Venezuela a mediados de julio.

Varios de ellos, entrevistados por la AFP, relataron condiciones de encarcelamiento cercanas al «infierno» en El Salvador, con golpes, privaciones y humillaciones.

Caracas afirmó el lunes que solo veinte de sus ciudadanos tenían antecedentes penales, siete de ellos por delitos graves, y que «ninguno estaba relacionado con el Tren de Aragua».

Según un análisis realizado por la AFP a partir de datos oficiales, el número de migrantes enviados a centros de detención en Estados Unidos, como paso previo a su expulsión, alcanzó un récord, con más de 60.000 personas detenidas en junio, de las cuales el 71% no tenía antecedentes penales.

Ruanda, un pequeño país de unos 13 millones de habitantes, es objeto de críticas por su historial en materia de derechos humanos y en los últimos meses ha recibido cada vez más presiones por su implicación en el conflicto de la República Democrática del Congo (RDC).

Su presidente, Paul Kagamé, elegido el año pasado para un cuarto mandato con el 99,18% de los votos, es acusado por sus detractores de silenciar a toda la oposición.