El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, discute este jueves la reelección presidencial indefinida con la mira puesta en la continuidad del mandatario Nayib Bukele, en una profunda reforma constitucional que también propone ampliar el período de gobierno de cinco a seis años.

Bukele, de 44 años, gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de los votos, lo que le dio un control casi absoluto sobre todos los poderes e instituciones del Estado, lo que la oposición denuncia como una «dictadura».

La Asamblea Legislativa, con 57 de los 60 diputados afines a Bukele, debate en un trámite expedito permitir la «reelección sin reservas», ampliar el mandato presidencial, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral, según el proyecto de reforma.

Los diputados oficialistas también proponen acortar el actual período presidencial, que concluía en 2029, a 2027 para celebrar comicios generales, en los cuales podrá participar Bukele tras permitirse la reelección «sin reservas».

Los legisladores podrían aprobar la reforma esta misma noche.

«Este día ha muerto la democracia en El Salvador (…) Se quitaron las máscaras», dijo en el plenario la diputada opositora Marcela Villatoro, quien criticó que se haya presentado la reforma cuando el país entra en una semana de vacaciones. «Son unos cínicos», subrayó.

Bukele goza de enorme apoyo popular por su «guerra» antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial.

«Esto es bastante simple, pueblo salvadoreño. Solamente ustedes van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente», dijo la diputada Ana Figueroa al presentar las reformas.

– «Dictadura» –

La reforma constitucional fue propuesta por la bancada oficialista en medio de denuncias de represión contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno de Bukele, lo que ha forzado al exilio decenas de periodistas y activistas humanitarios.

«El partido de Bukele impulsa una reforma constitucional exprés para permitir la reelección presidencial indefinida. Están recorriendo el mismo camino que

Venezuela. Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura», escribió en la red social X Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW).

Claudia Ortiz, diputada opositora, aseguró que el proyecto «no es democrático». «Esto es un abuso de poder y es una caricaturización de la democracia», afirmó.

«En ningún momento estamos proponiendo que se quede un solo presidente y nunca más hayan elecciones en este país. Eso no es cierto», dijo por su parte la diputada oficialista Suecy Callejas.

En el discurso del primer año de su segundo mandato, Bukele aseguró que le tiene «sin cuidado» que lo llamen «dictador», ante la ola de críticas en su contra por las detenciones de activistas humanitarios.

Las oenegés de derechos humanos aseguran que Bukele basa su popularidad en una política de seguridad que mantiene al país desde hace tres años bajo un régimen de excepción que limita libertades y permite arrestos sin orden judicial.

Bajo el estado de excepción, unas 87.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido arrestados. Según oenegés como Cristosal y Socorro Jurídico, miles han sido detenidos arbitrariamente y aseguran que unos 430 han muerto en prisión.

Señalado por sus críticos de autócrata, la reelección de Bukele en 2024 fue cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

Si es aprobada esta reforma constitucional este jueves, no necesita ser ratificada por otra legislatura parlamentaria pues en abril de 2024 el Congreso decidió optar por un aval de los mismos diputados.