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La izquierda francesa pidió este sábado al presidente Emmanuel Macron que intervenga para frenar los planes de Estados Unidos de destruir anticonceptivos femeninos por valor de casi 10 millones de dólares en Europa.

 

Un portavoz del Departamento de Estado declaró esta semana a AFP que «se tomó la decisión preliminar de destruir determinados» productos anticonceptivos de «contratos de la USAID de la era Biden que fueron rescindidos».

 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) casi totalmente desmantelada por el gobierno republicano de Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca en enero, tras el mandato del demócrata Joe Biden.

 

Según el plan, unos 9,7 millones de dólares en implantes anticonceptivos y DIUs almacenados en Bélgica serán incinerados en Francia.

 

Una carta abierta firmada por la líder ecologista francesa Marine Tondelier y varias legisladoras calificó la decisión estadounidense como «una afrenta a los principios fundamentales de solidaridad, salud pública y derechos sexuales y reproductivos que Francia se comprometió a defender».

 

También instaron a Macron a «no ser cómplice, ni siquiera indirectamente, de políticas retrógradas», y afirmaron que los productos anticonceptivos estaban destinados a «países de ingresos bajos y medios».

 

«Recortar las ayudas a los anticonceptivos es vergonzoso, pero destruir productos que ya se han fabricado y financiado es aún más incomprensible», declaró Tondelier a AFP.

 

Los Verdes instaron al presidente a solicitar la suspensión del plan «como parte de una iniciativa conjunta con la Comisión Europea».

 

Mathilde Panot, líder parlamentaria del partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI) afirmó en X que Macron y el primer ministro, François Bayrou, «tienen la responsabilidad de actuar para evitar esta destrucción, que costará vidas».

 

El portavoz del Departamento de Estado afirmó que la destrucción costará 167.000 dólares y que «no se destruirán medicamentos contra el VIH ni preservativos».

 

Médicos Sin Fronteras declaró que otras organizaciones se ofrecieron a cubrir los gastos de envío y distribución de los suministros, pero el gobierno estadounidense no dio su visto bueno.

 

Los legisladores estadounidenses aprobaron recortar unos 9.000 millones de dólares en ayudas destinadas principalmente a países extranjeros.





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