Decenas de personas realizaron el miércoles una vigilia frente a la fiscalía en Caracas para pedir la libertad de presos políticos, un día después de que Amnistía Internacional (AI) denunciara un «repunte» en las desapariciones forzadas tras las elecciones presidenciales de hace casi un año.

En 2024, estallaron protestas luego de la reelección del presidente Nicolás Maduro el 28 de julio en medio de denuncias de fraude. Los disturbios dejaron 27 muertos y 2.400 detenidos, según cifras oficiales.

Con globos, oraciones, velas y fotografías, familiares pidieron la revisión de casos de los detenidos, algunos en proceso de juicio, para que sean excarcelados, como ya ha ocurrido con unas 1.900 personas. La fiscalía prometió una reunión para el próximo martes.

«Tenemos que hacer presión (…) y que nos den una respuesta más concreta y segura porque si no hay una respuesta para el martes nos volveremos a unir», dijo Sorangel Arguinzones, quien clama por la libertad de su hijo Jesús Jiménez, un joven de 25 años detenido en Mérida (oeste) hace 11 meses.

Su hijo se encuentra en Tocorón, una de las cárceles habilitadas para recluir a manifestantes, acusados de «terrorismo». El joven era funcionario de la policía científica y su madre defiende su inocencia.

Tenemos que «mantenernos en oración y pedir por la libertad de nuestros muchachos (…) ya van casi para un año», señaló Karina Martínez, quien tiene a su hermano Daniel detenido desde enero tras la toma de posesión de Maduro.

«Mi hermano dice: yo nunca he participado en cosas políticas», añade.

Maduro fue proclamado reelecto por la autoridad electoral, de línea oficialista, sin mostrar el escrutinio detallado, como establece la ley.

El martes, AI denunció en su informe un «repunte» de las desapariciones forzadas tras las elecciones presidenciales de hace casi un año. De 15 casos registrados en el último año 11 «siguen en paradero y situación desconocida».

Según el texto, entre los casos hay personas de nacionalidad colombiana, española, estadounidense, ucraniana, uruguaya y venezolana.

AI además dijo que tiene la sospecha «de que cientos de las miles de personas arrestadas arbitrariamente por motivos políticos» luego de los comicios «habrían estado en situación de desaparición forzada en algún momento, aunque fuera por un tiempo limitado».