Familiares de los venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador dejaron el viernes este país sin que el gobierno de Nayib Bukele les permitiera verlos o tener una prueba de vida, casi tres meses después de estar recluidos en la megaprisión para pandilleros.
Dos familiares y dos activistas de una oenegé estuvieron tres días en San Salvador, primer viaje a este país de parientes de los 252 venezolanos que el gobierno de Donald Trump expulsó desde el 15 de marzo, acusándolos, sin presentar pruebas, de integrar la banda criminal Tren de Aragua.
«Venía con mucha ilusión, le prometí a mi hermana que pronto el niño (joven) estaría en libertad, y a muchas madres. No quiero que pierdan la fe. Estuvimos tan cerca, pero a la vez tan lejos», dijo a la AFP poco antes de dejar El Salvador Jhoanna Sanguino, tía de Widmer Agelvis Sanguino, uno de los deportados, de 24 años.
Sanguino, Reina Cárdenas, amiga de Andry Hernández Romero, un estilista expulsado de 32 años, y activistas de la Fundación El Amparo Internacional, representan a una decena de deportados oriundos del estado de Táchira (oeste de Venezuela).
Acudieron, sin respuesta, a la Dirección de Centros Penales para que se les permitiera entrar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cárcel de máxima seguridad construida por Bukele para pandilleros en Tecoluca, a 75 km de San Salvador.
«Están allí sin ningún proceso judicial y sin ningún delito cometido en este país», afirmó a la AFP Walter Márquez, presidente de la fundación.
Según Márquez, también pidieron en la Procuraduría de Derechos Humanos «la visita al Cecot y garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y la salud de los presos».
En la Nunciatura Apostólica entregaron una solicitud para que León XIV interceda en favor de los detenidos. «El propio papa fue migrante en Perú entonces está muy sensibilizado con el tema de la migración», señaló Márquez.
Aliado clave de Trump en su política antiinmigrantes, Bukele aceptó la llegada en marzo de varios aviones con 252 venezolanos y más de una treintena de salvadoreños acusados de ser miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
Washington pagará al gobierno de Bukele seis millones de dólares por tenerlos presos. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que estas detenciones violan los derechos humanos.
«Son 252 venezolanos que todas sus familias los están llorando y luchando por ellos», indicó Sanguino, quien dijo que seguirán esperando en Venezuela al menos «algún contacto, por teléfono o una carta, alguna fe de vida».
Otra treintena de venezolanos están representados en El Salvador por un bufete de abogados salvadoreños contratado por el gobierno de Venezuela. Los de Táchira son críticos del presidente Nicolás Maduro.
