La corte suprema de Brasil alcanzó este miércoles una mayoría entre sus jueces para endurecer las regulaciones de las plataformas digitales, en un proceso inédito en América Latina sobre su papel en la propagación de noticias falsas y discursos de odio.

La corte evalúa la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar esos contenidos.

Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.

Seis de los once magistrados ya se pronunciaron por una mayor responsabilización de las empresas tecnológicas sobre los contenidos publicados por los usuarios.

Estos jueces consideraron que las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.

«Debemos, como tribunal, avanzar en la dirección de la libertad con responsabilidad y de la libertad regulada, que es la única libertad verdadera», dijo el juez Flavio Dino durante la sesión, transmitida por internet.

Lo contrario sería como «pretender abrir una compañía aérea sin regulación en nombre del derecho a ir y venir», añadió.

Un juez votó por mantener el artículo como está y cuatro aún deben pronunciarse.

Google apuntó en un comunicado que eliminar las reglas que separan la responsabilidad de las plataformas y de los usuarios «no contribuirá a poner fin a la circulación de contenidos indeseados en internet».

«Las buenas prácticas de moderación de contenido por parte de empresas privadas son incapaces de lidiar con todos los contenidos controvertidos», dijo el gigante tecnológico, y abogó porque sea la justicia la que establezca «la frontera entre discursos ilícitos y críticas legítimas».

– Definir mecanismos -El debate sobre las redes en el máximo tribunal aún debe definir los mecanismos específicos para que las plataformas reciban sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios.

El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema de urnas electrónicas y justificar sus acciones.

El bolsonarismo se ha mostrado crítico con este proceso en la máxima corte.

Brasil ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando uno de los jueces del tribunal supremo,

Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.

El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia.

Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.

El gobierno de Donald Trump estudia posibles sanciones contra De Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de «perseguir» al exmandatario (2019-2022).