Familiares y representantes de algunos de los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador pidieron al presidente Nayib Bukele el martes en el país centroamericano que les permita verlos en la megacárcel de pandilleros donde están presos desde hace casi tres meses.

La tía de Widmer Agelvis Sanguino y una amiga de Andry Hernández Romero llegaron la noche del lunes a San Salvador, primer viaje al país centroamericano de parientes de alguno de los venezolanos expulsados desde el 15 de marzo por Estados Unidos, acusados de integrar la banda criminal Tren de Aragua.

«Queremos que se nos permita visitarlos, saber cómo está su estado de salud y pedimos una pronta liberación», afirmó a la AFP Jhoanna Sanguino, tía de Agelvis.

Reina Cárdenas dijo tener pruebas de que Hernández Romero, como otros, es «inocente». «Quiero que él sepa que no está solo», expresó, mientras sostenía con Jhoanna fotos de varios de los venezolanos.

«Estamos luchando por ellos. Es frustrante, desesperante no saber nada de ellos, cómo están de salud», agregó.

Las mujeres viajaron acompañadas por Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo Internacional, una oenegé de derechos humanos que levanta la voz por una decena de deportados oriundos del estado de Táchira (oeste de Venezuela), y que asumió la defensa legal de seis de ellos.

«Exhortamos al presidente a que nos reciba para presentarle toda la documentación que demuestra que deben ser puestos en libertad», declaró a la AFP Márquez, quien pidió formalmente el permiso de visita a la megaprisión del Cecot en la Dirección de Centros Penitenciarios.

Junto a Márquez, las mujeres acudieron también en busca de ayuda a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Nunciatura Apostólica.

Aliado clave del presidente Donald Trump en su política antiinmigrantes, Bukele aceptó la llegada en marzo de varios aviones con 252 venezolanos y más de una treintena de salvadoreños acusados de ser miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

– «Todo por los tatuajes» –

El gobierno de Trump, que dijo que pagará a El Salvador seis millones de dólares por mantenerlos encarcelados, no presentó pruebas de sus acusaciones y los expulsó en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, hasta entonces solo usada en tiempos de guerra.

«Todo fue por los tatuajes (…) Hemos dejado nuestra vida personal a un lado para pedir que se haga justicia. Ha sido muy duro», dijo Sanguino.

Agelvis, de 24 años, quien tiene tatuajes de un reloj, una rosa y un búho, fue deportado a pesar de haber ingresado de forma regular a Estados Unidos como refugiado, explicó su tía.

Hernández, de 32 años, quien cruzó la peligrosa selva panameña del Darién en 2004 para llegar a Estados Unidos, es estilista y actor de teatro, y tiene tatuadas dos coronas con los nombres de sus padres.

«Emigró porque estaba siendo amenazado por su orientación sexual y temas políticos», aseguró Cárdenas.

Varios familiares de los venezolanos los reconocieron en los videos difundidos por Bukele donde aparecen rapados y encadenados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel construida para pandilleros en Tecoluca, a 75 km de San Salvador.

«Queremos saber su situación jurídica y exigir su libertad», dijo Márquez, según el cual El Salvador no tiene jurisdicción penal internacional para mantenerlos detenidos y no existe sentencia en Estados Unidos contra ellos.

«No hay ni uno solo que sea del Tren de Aragua», subrayó.

Otro grupo de una treintena de venezolanos están representados en El Salvador por un bufete de abogados salvadoreños, contratados por el gobierno de Venezuela.

Los del grupo de Táchira son críticos del presidente Nicolás Maduro.

Los deportados están incomunicados y sus abogados no han podido verlos, como tampoco han tenido respuesta a recursos de hábeas corpus en su favor, precisó a la AFP Salvador Ríos, del bufete contratado por el gobierno de Venezuela..

Organismos internacionales como Amnistía Internacional consideran que estas detenciones vulneran las normas internacionales de derechos humanos.

Uno de los salvadoreños, Kilmar Ábrego García, cuyo caso provocó un pulso entre el gobierno de Trump y la justicia por haber sido deportado por «error», fue devuelto el viernes a Estados Unidos y quedó detenido para ser procesado por supuesto tráfico de migrantes.