La abogada salvadoreña Ruth López, activista de derechos humanos arrestada hace dos semanas bajo cargos de enriquecimiento ilícito, dijo ser una «presa política» del gobierno de Nayib Bukele, al salir este miércoles de un juzgado que ordenó su detención provisional.

López, de 47 años, es una reconocida abogada de la ONG de derechos humanos Cristosal que indagaba supuestos casos de corrupción del gobierno, asistía a víctimas de la política de seguridad de Bukele y a familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.

«Soy inocente. Soy una presa política (…). Me quieren acusar por mis denuncias contra la corrupción de este gobierno. No hay ninguna institución pública que garantice los derechos», gritó al salir del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador.

Mientras era llevada por una veintena de policías, López, jefa de una unidad anticorrupción de la onegé de derechos humanos Cristosal, pidió un «juicio público» para demostrar que es «inocente».

Su abogado Pedro Cruz aseguró a la AFP que el juzgado dictó detención provisional, pero no precisó por cuánto tiempo, en un caso declarado por las autoridades judiciales «bajo reserva total».

«¡Dios y la verdad están conmigo! No me van a callar», había dicho López temprano, al entrar a la audiencia en medio de una nube de periodistas nacionales e internacionales.

La fiscalía asegura que López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, habría cometido enriquecimiento ilícito -cambió el delito, antes peculado- cuando fue asesora hace una década del entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, detenido en febrero acusado del mismo cargo.

En las afueras del centro judicial, una treintena de personas reclamaron su libertad. «Sabemos que es inocente (…) esto es callar voces de defensores de derechos humanos», dijo Luis Rivera, activista de una organización de trabajadores.

– «Punto de quiebre» –

Sin mencionarla, en su discurso por el primer año de su segundo gobierno, Bukele arremetió el domingo contra las oenegés y rechazó que se trate de encarcelamiento de defensores de derechos humanos.

«No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad», ironizó el presidente, quien asegura que le tiene «sin cuidado» que lo llamen «dictador».

Pero organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denuncian una «escalada de persecución» contra los activistas.

Bukele, que gobierna con poder casi absoluto y goza de enorme popularidad por su guerra antipandillas, acusa a las oenegés y a la prensa de manipulación, activismo político y de orquestar un «ataque» en su contra.

El presidente redujo la violencia en El Salvador a mínimos históricos con un régimen de excepción, vigente desde hace tres años, fuertemente criticado por grupos humanitarios pues permite arrestos sin orden judicial y mantiene a los detenidos totalmente incomunicados.

Organismos de derechos humanos aseguran que el presidente usa el régimen de excepción para frenar su trabajo. La detención de López «marca un punto de quiebre en la represión del gobierno de Bukele», según HRW.

A inicios de mayo también fue detenido un abogado ambientalista y un pastor evangélico que apoyaban una protesta de campesinos, y en febrero Fidel Zavala, activista de derechos humanos, acusado de nexos con las pandillas.

Tras el arresto de López, el gobierno adoptó una ley de «agentes extranjeros similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las oenegés a pagar un impuesto del 30% de los fondos que reciban.