Las redadas antiinmigrantes en Estados Unidos son similares a una «persecución nazi», afirmó este lunes el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuyas últimas apariciones públicas suscitan comentarios sobre la salud del mandatario izquierdista de 79 años.
En las últimas semanas, medios opositores editados en el exilio han informado de una supuesta enfermedad crónica de Ortega por su ausencia pública entre el 1 y 24 de mayo, cuando fueron cancelados importantes actos conmemorativos del gobierno sandinista.
El presidente nicaragüense fustigó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que autorizó la semana pasada al gobierno de Trump a revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole.
«Aprueban la expulsión de los Estados Unidos de un poco más de 500.000 ciudadanos (…) y la pobre gente anda ahí huyendo, perseguida», dijo Ortega en su discurso durante un acto de ascensos militares televisado por medios oficialistas.
«Es algo terrible, terrible. Esto es como las persecuciones que hacían los nazis», criticó el líder nicaragüense, quien habló por casi una hora de varios temas.
La última aparición pública de Ortega fue hace nueve días en la donación de 100 autobuses de China. En esa ocasión se le vio más delgado y pálido; este lunes lucía un mejor semblante.
Ortega indicó que durante el régimen nazi alemán de Adolf Hitler, artífice del exterminio de unos seis millones de judíos en Europa entre 1933 y 1945, se buscaba a «gente trabajadora» que llevaban a «campos de concentración».
«Eso está pasando en los Estados Unidos; una persecución brutal, inhumana, que no tiene nada de democrática ni de cristiana, sino que es un comportamiento fascista», dijo Ortega, junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.
Agregó que la «persecución» contra los migrantes es «una tortura brutal en contra de los hermanos latinoamericanos», al denunciar la separación de madres e hijos.
El exguerrillero, que gobernó Nicaragua también en la década de 1980, es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una «dictadura familiar» junto a su esposa Murillo, de 73 años.
La pareja aumentó el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas opositoras de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según la ONU, y que el gobierno consideró como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
