La protesta que cada miércoles realizan jubilados de Argentina ante el Parlamento volvió a ser repelida por las fuerzas de seguridad, en una jornada marcada por el fracaso de la oposición en su intento por debatir iniciativas para mejorar los paupérrimos ingresos de los pensionados.
Efectivos policiales y de otras fuerzas de seguridad intentaron frenar con escudos y gases lacrimógenos el avance de grupos de jubilados y de organizaciones sociales que marchaban hacia el edificio del Congreso, en el centro de Buenos Aires, cuyos alrededores fueron totalmente vallados por orden de las autoridades.
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Según pudo observar EFE, al menos dos personas fueron detenidas y otras setenta, entre manifestantes y trabajadores de prensa, debieron ser asistidos por heridas.
Las fuerzas de seguridad han repelido a los manifestantes para obligarles a mantenerse sobre la plaza frente al Parlamento e impedirles que corten el tránsito de vehículos.
“No estamos dispuestos a seguir soportando esto porque el modo de gobernar de (el presidente Javier) Milei no es legal. Toda esta represión que estamos sufriendo es una verdadera locura y no corresponde porque el derecho a protestar es constitucional”, dijo a EFE Guillermo Romero, un jubilado de 76 años, presente en la movilización.
Este tipo de escenas se repite cada miércoles desde hace meses, en un escenario de creciente pérdida del poder de compra de los pensionados, cuyas jubilaciones están en su mayoría por debajo del coste de una cesta básica de alimentos.
El pasado miércoles 14 de mayo, el grupo de jubilados fue reprimido por las fuerzas federales mediante el uso de escudos antimotines y gas pimienta.
Pensiones de pobreza
En Argentina hay unos 7,4 millones de jubilados, lo que representa el 15,7 % de la población total del país.
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El 63,5 % de los retirados cobra la jubilación mínima, que en este mes de mayo ha sido de 296.481 pesos (255 dólares / 222 euros), un ingreso que llegó a los 366.481 pesos (316 dólares) por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga desde septiembre de 2022 por la situación de emergencia económica que vive el país.
Este ingreso margina a los jubilados a la pobreza: una persona con vivienda propia necesita un ingreso no menor a 359.243 pesos (310 dólares) para no ser considerada pobre, según datos oficiales.
Pero, de acuerdo a cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos, ese ingreso mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza es de al menos 1.200.523 pesos (1.035 dólares) en el caso de los adultos mayores, cuyos gastos en salud, entre otros, son superiores a los de otros grupos etarios.
Integrantes de la policía se enfrentan con manifestantes durante una marcha de jubilados, frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, Argentina, el 21 de mayo de 2025. (Foto de Juan Ignacio Roncoroni / EFE)
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“La jubilación me alcanza para ir quince días al supermercado, nada más. Yo sobrevivo gracias a que mis hijos me ayudan”, dijo a EFE Graciela, una jubilada de 79 años que también participó de la protesta.
Sesión fallida en el Parlamento
Aunque Argentina arrastra desde hace años con el problema de las bajas jubilaciones, la situación ha empeorado con el severo ajuste fiscal puesto en marcha a finales de 2023 por el Gobierno de Javier Milei, un ajuste que en buena parte ha recaído sobre las pensiones.
El bono de refuerzo está congelado en 70.000 pesos (60 dólares) desde marzo de 2024 y el monto total de lo que cobran mensualmente los jubilados ha perdido la cerrara contra la inflación, que se situó en el 47,3 % interanual en abril último.
Precisamente, uno de los proyectos de ley impulsados por la oposición peronista apunta a actualizar este bono.
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Pero la sesión del pleno de la Cámara de Diputados en la que se iba a debatir esta iniciativa y otra para extender la moratoria que permitía jubilarse sin contra con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley fracasó este miércoles por la falta del quórum necesario para habilitar el debate.
Desde el Gobierno han advertido que, si la oposición logra aprobar en el Parlamento estas iniciativas, Milei las vetará bajo el argumento de que conspiran contra el objetivo de superávit fiscal del Ejecutivo.
Sin embargo, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la prórroga por dos años de la moratoria tendría un coste fiscal equivalente al 0,16 % del PBI, mientras que aumentar el bono tendría un coste del 0,23 % del PIB.
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