Un hombre que se declaró culpable de matar a una empleada de una tienda de conveniencia prendiéndole fuego recibió la inyección letal en Texas este martes, en la segunda de tres ejecuciones programadas en Estados Unidos esta semana.
Matthew Johnson, de 49 años, fue ejecutado en la prisión estatal de Huntsville, 128 km al norte de Houston. Estaba condenado a muerte por el asesinato en 2012 de Nancy Harris, de 76 años.
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“A la familia de la Sra. Harris, al mirarlos a todos, la veo a ella en ese día. Les pido perdón, nunca quise lastimarla”, fueron parte de las últimas palabras de Johnson, según informó el Departamento de Justicia Criminal de Texas.
El condenado admitió en el juicio haber rociado con un líquido inflamable a Harris y haberle prendido fuego durante un robo en una tienda en Garland, Texas. Harris sufrió quemaduras graves y fue desconectada del soporte vital cinco días después.
La ejecución de Johnson ocurrió horas después de que el estado de Indiana, en el medio oeste de Estados Unidos, llevara a cabo su segunda ejecución desde 2009.
Benjamin Ritchie, de 45 años, también recibió la inyección letal en la Prisión Estatal de Indiana en Michigan City por el asesinato en 2000 del oficial Bill Toney, según informaron las autoridades.
Toney, padre de dos hijos, fue asesinado a tiros tras perseguir una camioneta que Ritchie y otro hombre habían robado de una gasolinera en la ciudad de Beech Grove.
La otra ejecución programada para esta semana se llevará a cabo en el estado sureño de Tennessee.
Oscar Smith, de 75 años, será ejecutado por inyección letal el jueves por el asesinato a tiros y apuñalamiento en 1989 de su esposa, Judy Smith, de quien estaba separado, y sus dos hijos, Chad y Jason Burnett.
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Se han llevado a cabo 18 ejecuciones en Estados Unidos este año: 14 por inyección letal, dos por fusilamiento y dos con gas nitrógeno.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país norteamericano, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) tienen moratorias vigentes.
El presidente Donald Trump es un defensor de la pena capital y, en su primer día de mandato, pidió ampliar su aplicación “para los delitos más viles”.
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