El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este viernes a la Corte Suprema de impedirle cumplir sus promesas electorales después de que el tribunal mantuviera el bloqueo de las expulsiones de migrantes bajo una ley del siglo XVIII.
Desde que regresó al poder en enero, Trump ha fulminado muchos de los fallos judiciales emitidos para parar algunos de sus decretos presidenciales sobre distintos temas.
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Pero esperaba que la Corte Suprema, integrada por nueve jueces, de los cuales tres progresistas, no le diera la espalda.
El máximo tribunal ya intervino el 19 de abril para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos a una prisión de El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798.
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Trump los acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” global por Washington.
“La Corte Suprema de Estados Unidos no me permite hacer aquello para lo que me han elegido”, declaró Trump en su plataforma Truth Social, visiblemente enfadado, sobre su promesa de expulsar a un número récord de migrantes en situación irregular.
“Un gran daño”
El tribunal “acaba de dictaminar que los peores asesinos, narcotraficantes, pandilleros e incluso aquellos con problemas mentales que ingresaron ilegalmente a nuestro país no pueden ser expulsados sin pasar por un proceso legal largo, prolongado y costoso, que posiblemente tomará muchos años por persona y que les permitirá cometer numerosos delitos antes siquiera de ver un tribunal”, se quejó.
El presidente republicano suele acusar sin pruebas a los migrantes de ser delincuentes y los considera criminales por haber entrado en el país sin visa o autorización.
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“El resultado de esta decisión permitirá que más criminales entren en nuestro país, causando un gran daño a nuestro querido pueblo estadounidense”, dijo, pese a que la política migratoria estadounidense permite las deportaciones sin tener que usar la ley del siglo XVIII.
Más tiempo
Los máximos magistrados estiman por el contrario que “una notificación aproximadamente 24 horas antes de la expulsión, desprovista de información sobre cómo ejercer los derechos del debido proceso (…) no cumple los requisitos”.
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Aún así considera que está demasiado “alejada de las circunstancias sobre el terreno” y devuelve el caso al Quinto Circuito, un tribunal de apelaciones, para que determine si es lícito el uso de la Ley de enemigos extranjeros y establezca las condiciones en las que los migrantes pueden impugnar su expulsión ante los tribunales.
“Para ser claros, hoy únicamente decidimos que los detenidos tienen derecho a una notificación mayor que la dada el 18 de abril, y otorgamos una medida cautelar temporal”, recalcan.
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Los magistrados repiten además que en caso de “error” como con el salvadoreño Kilmar Ábrego García, enviado en marzo junto con los venezolanos a El Salvador, la administración afirma que “no puede garantizar su regreso”.
Piden a tribunales inferiores que aborden el caso con urgencia porque reconocen “la importancia de los intereses de seguridad nacional del gobierno” y, al mismo tiempo, la necesidad de que “se promuevan de conformidad con la Constitución”.
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“¡Éste es un día malo y peligroso para Estados Unidos!”, concluyó Trump, pero agradeció a los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito por “intentar proteger” el país.
Tres jueces de tribunales federales de distrito han dictaminado que el uso de la Ley de enemigos extranjeros para deportaciones sumarias es inconstitucional, mientras que una jueza designada por Trump autorizó su uso.
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Desde enero, Trump ha enviado tropas a la frontera con México y le impuso aranceles, además de a Canadá, por supuestamente no hacer lo suficiente para detener los cruces ilegales de migrantes.
Además del Tren de Aragua, su gobierno ha designado como organizaciones “terroristas” extranjeras a varios carteles mexicanos y a la pandilla MS-13.
