El salvadoreño Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue deportado a su país el 15 de marzo del 2025. Tres días antes había sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, Maryland, mientras regresaba a casa con su hijo. No le mostraron una orden judicial, solo le dijeron que su estatus migratorio había cambiado. Actualmente, está recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima segudidad construida por Bukele para los criminales más peligrosos.

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El 31 de marzo, en un documento introducido en la Corte de Distrito de Maryland, los abogados del Departamento de Justicia reconocieron que Ábrego García fue deportado a El Salvador por un “error administrativo”. Sin embargo, insistieron en que era miembro de la pandilla MS-13 en Estados Unidos.

Ábrego, inmigrante indocumentado, estaba bajo protección de la justicia. En el 2019, un juez de inmigración había dictaminado que no debía ser enviado a El Salvador debido al riesgo de persecución por parte de pandillas en ese país.​ Específicamente, el juez alegó que la mara Barrio 18 había estado amenazándolo de muerte por el negocio de pupusas de su familia.

El 4 de abril, en una audiencia en Maryland, la jueza de distrito Paula Xinis ordenó que Ábrego fuera devuelto a Estados Unidos. Catalogó su deportación como “completamente ilegal”.

​El 10 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión unánime donde determinó que la deportación de Ábrego fue ilegal y dijo que el Gobierno Estadounidense debe “facilitar” su liberación. Sin embargo, no ordenó explícitamente su retorno inmediato a Estados Unidos, dejando margen para la interpretación por parte del Ejecutivo.​

Tras la decisión de Corte Suprema, la jueza Xinis exigió al gobierno de Trump que le dé reportes diarios sobre la situación del salvadoreño y de los esfuerzos que hace el Ejecutivo para traerlo de regreso a Estados Unidos.

En el primer reporte, el Gobierno confirmó brevemente que Ábrego estaba en el Cecot y que estaba bien.

El 14 de abril Bukele estuvo en la Casa Blanca, donde fue recibido por Trump. Ante la pregunta de la prensa sobre si devolverá a Estados Unidos a Ábrego respondió: “¿Cómo lo devuelvo a Estados Unidos? ¿Lo trafico hacia Estados Unidos? Por supuesto que no voy a hacerlo. La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo traficar a un terrorista hacia Estados Unidos? No tengo el poder de regresarlo a Estados Unidos». Agregó que tampoco podría liberarlo en su país.

Funcionarios del Gobierno de Trump respaldaron las palabras de Bukele.

El asunto escaló el pasado martes, cuando la jueza Xinis sugirió que estaba considerando iniciar un proceso por desacato contra la Administración Trump.

También advirtió a los abogados del Gobierno que ordenará que se les tomen declaraciones juradas para determinar si han cumplido las órdenes judiciales de traer de regreso al salvadoreño.

“Hasta la fecha, lo que indican los registros es que no se ha hecho nada”, dijo.

Xinis desestimó las declaraciones del lunes de funcionarios de la Casa Blanca y de Bukele y señaló que se trataban de “dos barcos muy desorientados que se cruzan en la noche”.

Enfatizó que “la Corte Suprema ya se ha pronunciado” y que lo dicho en la Oficina Oval “no fue ante este tribunal”.

La jueza dio al Gobierno dos semanas para que presente pruebas de cómo está intentando que Ábrego regrese a Estados Unidos y advirtió que “no habrá tolerancia para los juegos ni el fanfarroneo”. También indicó que en ese plazo decidirá si el Gobierno está actuando de buena fe o si está incurriendo en desacato.

Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, dijo que las autoridades cumplirían con la orden de la Corte Suprema de facilitar el regreso de Ábrego si se presenta en algún punto de entrada a Estados Unidos. Pero después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo contradijo.

Joseph Mazzarra, consejero del DHS, indicó en un documento judicial que Ábrego sería detenido si vuelve a intentar entrar en Estados Unidos. Agregó que el Gobierno lo enviaría a otro país o le pediría a un juez de inmigración que revoque la protección concedida hace seis años al salvadoreño.

 El senador demócrata Chris Van Hollen llegó el miércoles a El Salvador para solicitar la liberación de Kilmar Ábrego García

¿Se acabó la división de poderes?

La abogada Ysabel Lonazco, especializada en temas migratorios y quien dirige la firma Lonazco Law, le dijo a El Comercio que tanto el Gobierno Estadounidense como Bukele claramente están desobedeciendo una orden de la Corte Suprema y hacen una interpretación errónea de la misma.

“Definitivamente, el no facilitar el regreso del señor Ábrego García envía un mensaje difícil de digerir. ¿Tiene el Ejecutivo poder absoluto? Personalmente, creo que no. Creo que los jueces son imparciales y que este proceso aún no ha concluido. Tengo la esperanza de que tendrá su debido proceso, pero pienso que tomará tiempo», dijo Lonazco.

“La división y el equilibrio de poderes son la matriz de este país. Han hecho a Estados Unidos conocido en el mundo como una nación de inmigrantes, donde uno puede ser libre de practicar su religión, opción política, identidad sexual, un país de libertades que ha atraído a muchos extranjeros”, anotó.

“Quizás estoy siendo muy optimista, pero como inmigrante, confío en el balance de poderes porque lo he visto en acción durante la primera administración de Trump, donde hubo muchas situaciones parecidas. Pero al final, el Poder Judicial ayudó a hacer justicia a aquellas personas afectadas con órdenes ejecutivas”, remarcó.

Citó dos ejemplos recientes donde se ha impuesto el balance de poderes: la decisión de un juez federal de bloquear temporalmente la decisión del gobierno de Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de migrantes venezolanos. y el dictamen de una jueza para impedir que la administración de Trump elimine el parole humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses

“La justicia dio señales de que el Ejecutivo no es el todopoderoso ante la ley”, manifestó Lonazco.

¿Pero qué pasa si finalmente Ábrego no es retornado? ¿Qué peligros se ciernen sobre otros inmigrantes? Lonazco consideró que la labor de los abogados de inmigración será más compleja.

“La Corte Suprema ya definió que debe primar el debido proceso, lo que significa el derecho a ser escuchados frente a un juez, el derecho a saber de los cargos en contra del inmigrante… No voy a negar que es preocupante esta situación, y es natural que las personas que leen sobre el caso concluyan que es una violación de la división de poderes, y que estamos en una crisis. Sin embargo, pienso que si hay algo claro es que existen garantías legales para los inmigrantes, cada uno está protegido por la Constitución… El rol de cada abogado de inmigración está siendo mucho más difícil, pero no imposible”, enfatizó la abogada.

¿Quién es Kilmar Ábrego García?

Kilmar Ábrego García nació el 26 de julio de 1995 en San Salvador. Su padre fue policía y su madre vendía pupusas, el platillo típico de su país. Desde temprana edad, estuvo expuesto a la violencia de las pandillas, lo que lo llevó a emigrar en busca de seguridad y mejores oportunidades.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa, la pandilla Barrio 18 “usó a Ábrego García como un peón en sus extorsiones, exigiéndole a su madre que se los entregara o los matarían a todos”.

La familia intentó huir de estas amenazas. Se mudó tres veces dentro de El Salvador, pero siempre los encontraban.

En el 2011, a los 16 años, Ábrego ingresó a Estados Unidos como indocumentado. Se estableció en Maryland, donde residió 14 años.

Durante ese tiempo, trabajó en el sector de la construcción y en la industria metalúrgica.

Ábrego se casó con Jennifer Vásquez Sura, ciudadana estadounidense, con quien tuvo tres hijos. Según registros judiciales, los tres niños tienen condiciones de salud especiales.

A inicios del 2019, fue arrestado por el Departamento de Policía del condado Prince George mientras esperaba a las afueras del Home Depot de Hyattsville a que alguien contratara sus servicios.

La policía le preguntó si tenía nexos con alguna pandilla, pero él lo negó. En lugar de liberarlo, fue entregado en custodia al ICE.

El 29 de marzo de ese año, el Departamento de Seguridad Nacional inició el proceso para deportarlo por ingresar al país como indocumentado.

Casi un mes después, fue presentado ante un juez de inmigración, donde Ábrego solicitó asilo y pidió protección de la deportación y protección bajo la Convención Contra la Tortura.

El DHS pidió que siga bajo arresto y argumentó que presumía que Ábrego era miembro de la pandilla MS-13.

Las únicas evidencias presentadas en su contra eran que usaba una gorra y una sudadera con capucha del equipo de baloncesto Chicago Bulls. Además, un informante confidencial había dicho que él pertenecía a una clica de la MS-13 del oeste con base en Nueva York. Sin embargo, sus abogados aseguran que él nunca vivió en esa ciudad.

En octubre del 2019, un juez de inmigración rechazó la solicitud de asilo de Ábrego, pero le otorgó protección contra la deportación a El Salvador debido al riesgo de persecución por parte de la pandilla Barrio 18, que había estado amenazándolo de muerte por el negocio de pupusas de su familia.

El DHS no peló la decisión, por lo que las medidas de protección a Ábrego García entraron en vigor.

Como parte de su protección contra la deportación, Ábrego debe presentarse una vez al año ante el ICE. La última vez que lo hizo fue el 2 de enero del 2025, sin que surgiera algún problema.

Sin embargo, el 12 de marzo el ICE lo detuvo. Le dijeron que su estatus había cambiado.

Contra Ábrego García no pesa ninguna acusación criminal en Estados Unidos ni en El Salvador.