La administración del presidente estadounidense Donald Trump rechazó este viernes dar a una jueza federal la información que le pidió sobre un migrante salvadoreño deportado por error porque estima que le impuso un “plazo impracticable”.

Los abogados del salvadoreño Kilmar Ábrego García expresaron su indignación por la “arrogancia y crueldad” del gobierno, al que acusaron de seguir “retrasando, ofuscándose e ignorando las órdenes judiciales, mientras la vida y la seguridad de un hombre están en peligro”.

“No se tomó ese tiempo para considerar la posibilidad de expulsar a García”, deportado 72 horas después de su arresto, protestaron los letrados.

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La jueza Paula Xinis había exigido que la administración le comunicara por la mañana “el paradero actual y el estatus en el que se encuentra detenido” el salvadoreño y las acciones adoptadas o previstas para “facilitar su regreso”.

Tras una vista judicial de apenas media hora, concluyó que la administración Trump ha incumplido con sus instrucciones e insistió en que le presenten un informe sobre estos puntos “todos los días hasta nuevo aviso” a partir del sábado. También programó una nueva audiencia para el 15 de abril.

Casado con una estadounidense, Ábrego García fue arrestado el 12 de marzo por agentes migratorios y expulsado tres días después junto a más de 200 personas a El Salvador.

El gobierno de Trump acusa a la mayoría de ellas de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” por Washington. No aportó pruebas.

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El gobierno reconoció más tarde ante un tribunal que la expulsión del salvadoreño se debió a un “error administrativo”.

Ábrego García vivió en Estados Unidos bajo un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría estar en peligro en El Salvador.

Pero la administración afirmó que no puede enmendar el error porque Ábrego García está detenido en El Salvador. Lo acusa de formar parte de la pandilla MS-13, también declarada “terrorista”.

“Calendario judicial”

La semana pasada, la jueza Xinis dijo no haber visto pruebas de que sea un pandillero y pidió al gobierno que “facilite y efectúe” el traslado a más tardar el 7 de abril.

La administración Trump llevó el caso ante la Corte Suprema, la cual suspendió la decisión de primera instancia, anulando el plazo.

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Pero los nueve magistrados de la Corte Suprema dieron la razón el jueves a la jueza por unanimidad. Exigen al gobierno “facilitar” el traslado “y garantizar que su situación se gestione como se habría hecho de no haber sido enviado indebidamente a El Salvador”.

Sin embargo, piden a la jueza que “aclare” qué entiende por “efectúe” en su decisión, por “consideración al poder ejecutivo”.

Preguntado por periodistas a bordo del avión Air Force One, Trump dijo que respetará lo que decida la Corte Suprema.

“Si la Corte Suprema dijera que se traiga de vuelta a alguien, lo haría. Respeto a la Corte Suprema (…) Siento un gran respeto por la Corte Suprema”, declaró.

El jueves la magistrada modificó su fallo inicial y ordenó a la administración Trump “tomar todas las medidas posibles para facilitar el regreso de Ábrego García a Estados Unidos lo antes posible”.

El gobierno dice que necesita más tiempo. Alega ser “incapaz de proporcionar la información solicitada por el tribunal en el plazo impracticable que fijó pocas horas después de la decisión de la Corte Suprema”.

“Los asuntos exteriores no pueden tratarse según el calendario judicial”, añadió.