Lo que comenzó como la demanda de un recluso enfermo del penal de Tacna que dormía en el piso terminó con una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el hacinamiento en los penales del país. En mayo del 2020, el TC estableció en un fallo que “existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue”.

Además, el TC declaró que, si en cinco años no se adoptaban medidas para superar ese estado, las prisiones debían cerrarse, empezando por las seis más sobrepobladas cuando el plazo venciera. La decisión implica “el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos, el cierre temporal […] con traslado de los internos a otros establecimientos penitenciarios sin hacinamiento, entre otras medidas”.

El período debe cumplirse en mayo de este año y, si la decisión del TC no se acata, deben asumir “la responsabilidad de omisión o deficiencia las respectivas instituciones públicas, empezando por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, que desde setiembre del 2023 está a cargo de Eduardo Arana.

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Esta situación se da mientras el país enfrenta una ola criminal, sobre todo por las extorsiones y el sicariato, y con cifras alarmantes de hacinamiento en las cárceles. Según un informe de enero del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en las 68 prisiones del país hay 94.911 reclusos, cuando la capacidad de albergue es de 41.019. La sobrepoblación penitenciaria es de 53.892.

En entrevista con El Comercio, Marianella Ledesma, expresidenta del TC y quien fue ponente del fallo en cuestión, señaló: “Evidentemente, las sentencias existen para que se cumplan, no para que estén de adorno o sean una decoración, y quien está llamado […] a cumplir es el Ministro de Justicia”.

“El titular del pliego, en este caso el ministro de Justicia, tendría una responsabilidad penal por omitir el cumplimiento de sus funciones que, por un mandato judicial, se ha encargado a su sector”, remarcó.

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Ernesto Blume,exmagistrado del TC que también firmó la sentencia, dijo que, de no cumplirse los fallos del TC, se incurre en desacato porque “son de obligatorio cumplimiento” y “existen plazos”.

“Si en el plazo de cinco años […] no se han adoptado las medidas suficientes, […] deberán ser cerrados por la autoridad administrativa”.

La situación de las cárceles

La decisión del TC partió del hábeas corpus que un interno del penal de Pollocay (Tacna) presentó en el 2014, en que alegó que la gripe y bronquitis que sufría se agravaron por su reclusión, y que no podía recuperar su salud porque pernoctaba en el piso.

Su reclamo se elevó por las instancias judiciales hasta que en octubre del 2014 llegó al TC, que en su sentencia del 2020 se pronunció sobre el caso, pero también sobre el hacinamiento y situación de los penales. Lo hizo a través del llamado estado de cosas constitucional, usado para “brindar una tutela a los derechos fundamentales cuando el caso evidencie efectos lesivos respecto de un grupo importante de personas”.

Para cuando el fallo se dictó, las seis cárceles más pobladas eran: Chanchamayo (553% por encima de su capacidad), Jaén (522%), Callao (471%), Camaná (453%), Abancay (398%) y Miguel Castro Castro (375%).

Según un documento del INPE de fines de febrero, que El Comercio revisó, ahora la más sobrepoblada es la cárcel del Callao, conocida como Sarita Colonia, con 3.363 reclusos, cuando su capacidad es de 572. Su sobrepoblación es de 2.791 internos (488%).

En el país, Castro Castro (404%), en San Juan de Lurigancho, es la segunda cárcel con más reclusos en total (5.750 hasta febrero, cuando su capacidad es de 1.142). Desde mayo del 2024, ya no recibe más presos.

Para este informe, El Comercio ingresó a los penales del Callao y Castro Castro.

En Castro Castro, los internos duermen en los pasillos de todos los pabellones. Además, en los camarotes de las celdas, que son para dos personas, pernoctan hasta siete. Y en la puerta de cada celda lo hacen hasta tres presos.

El hacinamiento se repite en la mayoría de las cárceles del país. Hasta enero de este año, estaban sobrepoblados 49 de los 68 penales que el INPE administra.

Para Ledesma, si un penal ya se desbordó, “no vas a seguir incorporando más”. “Esos [los más hacinados] ya están en una situación de superemergencia”, recalcó. Asimismo, dijo que, de acuerdo con la sentencia del TC, “el cierre implica ya no seguir recibiendo más población penitenciaria en esos penales”.

“En cinco años [las autoridades] deben haber construido nuevos penales, habilitado nuevos espacios en otras áreas de otros penales para que se trasladen [a los presos] o haber hecho una redistribución de la población carcelaria”.

¿Qué se ha hecho?

El presidente del INPE, Luis Llaque, indicó que el TC declaró estado de cosas inconstitucional porque en el 2020 “no se construía un solo penal desde el 2015”.

“Verificaron que en varios penales era una situación casi insostenible”, recordó a este Diario. Precisó que, desde el 2020, “por la pandemia y otros temas”, no se pudo “construir [más cárceles o pabellones]”.

Llaque dijo que ya se han retomado algunas obras. “El año pasado hemos inaugurado tres pabellones: uno en Lampa [Puno], otro en la misma región y otro en Iquitos. No son muy grandes […] entre todos son 700 unidades. Es como tener un nuevo penal pequeño”.

En Abancay se ha puesto la primera piedra de un penal para 800 internos. Debe estar listo en el 2026, dijo el funcionario como ejemplo.

“Ya tenemos para decirle al Tribunal Constitucional, sí, estoy haciendo algo”.

Cuando se le consultó sobre los seis más hacinados, contestó: “La orden del TC es cerrar, lo que significa [que] no entra un interno más por los altos niveles de hacinamiento. Una vez que baje, ya podría entrar [otro recluso]”.

Un caso llamativo de un penal inconcluso es el del llamado megapenal de Ica, que deberá albergar a 3.168 presos. El proyecto tiene por lo menos 12 años, según información revisada por El Comercio. Desde el 2019 ha habido pocos avances. Según información del INPE, el monto para la ejecución y supervisión del proyecto es de S/630 millones, presupuesto que provendrá del Ministerio de Justicia. Para este año hay una asignación de S/251 millones para reactivar el proyecto.

En diciembre del 2024, el Congreso interpeló al ministro Arana por la situación de los penales. Una pregunta que contestó era sobre los retrasos en la construcción de ese megapenal. Dijo que se retomará en el segundo semestre del año.

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La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular), quien impulsó la interpelación a Arana en el pleno, considera que poco o nada se ha avanzado para frenar el hacinamiento de los penales, pese a que el Minjus tiene “tres mil millones de soles de presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas ha conseguido para la construcción de nuevos penales y la adquisición de grilletes electrónicos”.

Ante el vencimiento del plazo del fallo del TC, Yarrow responsabilizó al titular del Minjus. “Es gravísimo. Entonces, si este señor, para mayo no tenemos resuelto este problema, debe ser censurado, retirado del cargo”.

Yarrow adelantó que presentará una moción de censura contra Arana.