Tras una nueva sesión del llamado “cuarto de guerra”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, afirmó que su sector viene “impulsado acciones concretas” para “redistribuir” a la población penitenciaria en el país. Esto a raíz de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en mayo de 2020, durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

El fallo del TC- según informó la Unidad de Investigación de El Comercio- estableció que “existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue”.

Y, además, ordenó que, si en cinco años no se adoptaban las medidas para superar ese estado, las prisiones debían cerrarse empezando por las seis más sobrepobladas cuando el plazo venciera. Es decir, no podrán recibir a nuevos reos.

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Al respecto, Arana dijo que durante más de 10 años “se dejó de lado la necesidad de una política penitenciaria efectiva” y que es el gobierno de Dina Boluarte el que “rompió esa inercia”.

“Hemos rediseñado la política penitenciaria nacional asignando presupuestos para ampliar la cobertura los establecimientos penitenciaron, para combatir el hacinamiento, el control deficiente y la falta de condiciones mínimas para la rehabilitación […] Estamos trabajando para redistribuir a la población penitenciaria atendiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional”, manifestó en un pronunciamiento.

No obstante, el ministro de Justicia y Derechos Humanos no precisó cuánto presupuesto se ha asignado para ampliar los penales o construir nuevas cárceles. Y tampoco detalló cuándo se iniciaría esta redistribución de reos.

Arana dio cuenta de que el último viernes 4 de abril se realizó un operativo en el penal Ancón I, donde se intervinieron sus 10 pabellones de manera paralelo con participación del INPE, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Ministerio Público.

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Responsabiliza a otros gobiernos

A su turno, la presidenta Boluarte refirió que, así como intervinieron el penal de Ancón I, lo harán en las otras cárceles del país. “Esto [las requisas] tienen que ser de manera sorpresiva, de aquí en adelante ningún penal estará en ese ‘tiempo libre’ desde donde trabajan para seguir extorsionando o seguir articulando su acción delictiva”, complementó.

La jefa de Estado volvió a responsabilizar a otros gobiernos sobre el desborde de la criminalidad en el país.

“Durante años, otros gobiernos miraron de costado y a otro lado, abandonaron su responsabilidad y permitieron que la inseguridad se les escape de las manos. Prefirieron pactar con la corrupción antes de proteger a los peruanos”, expresó.

La presidenta afirmó que desde su administración le han asignado “presupuestos históricos” a la Policía Nacional y, además, “le estamos devolviendo el respaldo político que merecen”.

“Y este esfuerzo es integral, por eso estamos impulsando junto con el empresariado obras por impuesto para construir más cárceles, comisarias y centros de vigilancia, donde más se necesita, porque no hay seguridad sin logística, sin infraestructura”, complementó.

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Boluarte subrayó que aquellos que comentan los delitos de asesinato, secuestro y extorsión “tendrá que pasar décadas en el penal de Challapalca sin ningún beneficio penitenciario”.

No obstante, las cifras que del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE) precisan que de los 43,747 detenidos en flagrancia entre enero y marzo de este año, la mayoría lo es por conducir en estado de ebriedad (24,32%), violencia familiar (18,87%), lesiones (8,04%), micro comercialización de droga (6,72%), hurto (6,17%), receptación (5,46%), omisión de alimentos (3,68%), y robo (2,75%).

En contraste, los detenidos por extorsión (0,66%), homicidio (0,54%), secuestro (0,16%) y sicariato (0,03%), no llegan ni a 1,5% de las aprensiones.

De otro lado, Boluarte promulgó en Palacio de Gobierno la ley que permite mejorar los procesos de selección, capacitación y entrenamiento del sereno municipal.

“Es una norma clave para profesionalizar esta labor y convertir al sereno municipal en un aliado fuerte, cercano y eficaz de nuestra Policía Nacional”, acotó.

Más información

El INPE informó a la UI de este Diario que el Ministerio de Justicia dará este año una asignación de S/251 millones para reactivar la construcción del megapenal de Ica. Este centro d reclusión deberá albergar a 3.168 presos.

El proyecto tiene por lo menos 12 años y desde el 2019 ha habido pocos avances. El monto para la ejecución y supervisión del proyecto es de S/630 millones.