La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ejecutó la inhabilitación impuesta por el Congreso de la República contra Martín Vizcarra, Víctor Zamora y Freddy Díaz, retirándolos del registro de afiliados a partidos políticos.
Según informó el JNE, las personas mencionadas ya no figuran en el Sistema de Registro de Organizaciones Políticas (SROP). Además, la DNROP comunicó esta medida a los personeros legales de las agrupaciones Perú Primero, Ahora Nación-AN y el movimiento regional Pasco Verde.
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Antes de tomar esta decisión, el JNE solicitó al Congreso la relación de ciudadanos inhabilitados y consultó al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para confirmar si las disposiciones legislativas habían sido revertidas. Al no haber cambios en los fallos, se procedió con la exclusión de los mencionados del registro electoral.
Es importante mencionar que, el pasado 12 de marzo, la Comisión Permanente del Congreso inhabilitó a Martín Vizcarra por 10 años para ejercer cargos públicos. La medida se fundamentó en el informe final de denuncias constitucionales, el cual señala que, en su condición de exmandatario, tomó la decisión de disolver el Congreso de la República.
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Por otro lado, cabe precisar que la solicitud para retirar a Vizcarra del registro fue presentada el 10 de marzo por Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua, con base en un fallo del Tribunal Constitucional (TC).
Dicho fallo establece que los ciudadanos inhabilitados para ejercer funciones públicas tampoco pueden formar parte de organizaciones políticas. En este caso, la inhabilitación de Vizcarra, vigente desde 2021 por presuntas irregularidades en su gestión como gobernador de Moquegua, le impide participar en actividades políticas organizadas.
Previo a la decisión del JNE, su presidente, Roberto Burneo, ratificó en una entrevista con RPP Noticias que el criterio del TC es vinculante y debe ser respetado, advirtiendo que permitir la afiliación de inhabilitados podría generar conflictos legales y afectar la legitimidad de los procesos electorales.
