A partir del 22 de abril, los familiares de los congresistas podrán acceder a contratos con el Estado, tras la aprobación de una reforma de la Ley General de Contrataciones Públicas el año pasado.

La norma elimina la restricción que les impedía participar en licitaciones de cualquier entidad estatal. Solo mantiene la prohibición para contratos dentro del Congreso.

El cambio genera preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y el incremento de prácticas clientelistas, lo que podría comprometer la transparencia y eficiencia de las instituciones públicas.

“El gran problema que puede surgir estará en la contratación de los locadores de servicios. […] Al tener los congresistas una posición de poder, podrían llegar a influenciar en alguna institución para que entren sus familiares, pero no por sus capacidades”, alertó María Elena Sánchez, exdirectora general de Administración de diversos ministerios y profesora de la PUCP.

Legisladores profamilia (propia)

Ese y otros cambios en la Ley General de Contrataciones Públicas fueron aprobados en mayo de 2024 con 90 votos a favor.

La medida fue respaldada por congresistas de 10 de las 11 bancadas en funciones en ese momento.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN POR BANCADA:

Posturas

El congresista Jorge Montoya (actualmente en Honor y Democracia) señaló el último lunes que prohibir la contratación de familiares de legisladores en el Estado “es un exceso de control”.

“La pregunta que hay que hacerse es: ¿Qué culpa tienen los familiares de un congresista de no poder continuar con un trabajo en el Estado si lo tenían? Es un exceso de control en ese sentido”, dijo en diálogo con la prensa, luego de la emisión de un informe de “Cuarto poder” sobre este tema.

Montoya destacó que existen otros mecanismos para combatir la corrupción, como la intervención de la contraloría y las unidades de control interno.

El especialista en derecho público Christian Guzmán Napurí también cuestionó la mencionada restricción.

En su opinión, “los impedimentos para contratar con el Estado deben interpretarse restrictivamente porque limitan derechos fundamentales”.

Guzmán recordó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre un recurso presentado en 2016 por el jurista Domingo García Belaunde, hermano del entonces congresista Víctor Andrés García Belaunde.

El jurista acudió al TC tras verse obligado a renunciar como proveedor de servicios para el Estado.

Por mayoría, el tribunal declaró fundado su pedido, al considerar que en su caso se vulneraron el derecho a la libertad de contratación y el principio de presunción de inocencia.

Críticas y preocupaciones

No obstante, en opinión de María Elena Sánchez es justificado que para prevenir conflictos de interés y proteger el interés público, se establezcan ciertas restricciones en la contratación de familiares de funcionarios de alto rango.

“En general es poco creíble que cuando alguien tiene un familiar con una posición de poder, no lo use, no influencie. Las decisiones en el Estado deben ser técnicas y no influenciadas por conexiones familiares, pues esto afecta su eficiencia y transparencia”, dijo.

Para el especialista en gestión pública Marcel Ramírez, los vínculos de favores dentro de la administración pública generan condiciones propicias para posibles conflictos de intereses.

Ramírez destacó que los congresistas tienen una posición privilegiada que les permite incidir en instituciones ajenas al Congreso, lo que podría afectar la transparencia en la gestión pública.

“Las redes clientelistas existentes al interior del Estado peruano, el hecho que los congresistas ejercen su mandato con cierta mayor jerarquía sobre los sectores del Poder Ejecutivo (especialmente por su rol de fiscalización y de aprobación del presupuesto público), los coloca en una situación de ventaja para influir en instituciones que están fuera del mismo Congreso. Sí se genera un potencial conflicto de interés”, señaló.

“No debe escatimarse esfuerzos por limitar al máximo los conflictos de interés. Siempre existirán argumentos contrarios que traten de relajar las restricciones; es el costo de ser funcionario público en un país como el nuestro”.

Marcel Ramírez, especialista en gestión pública

Acceso rápido

Otro cambio significativo en la ley es la reducción del tiempo que debe transcurrir para que un excongresista pueda contratar con el Estado. Ahora, este plazo se reduce de un año a solo seis meses.

Marcel Ramírez consideró que esa decisión ignora las debilidades institucionales del país y los riesgos de corrupción que persisten en el sistema.

“Toda norma debe entenderse en el contexto de las características institucionales del país y en nuestro caso, aunque no nos guste, nuestras instituciones son débiles, cuentan con escasos mecanismos de control ex ante y ex post y la corrupción ha demostrado ser difícil de disminuir o de disuadir efectivamente. Por ello, una reducción de plazos no estaría justificada”, dijo en diálogo con El Comercio.

Ramírez consideró que “en el caso de Perú, con la evidencia abundante de descontrol en contrataciones, escasa supervisión y nula rendición de cuentas, un año es un plazo razonable que debió mantenerse”.

En opinión de María Elena Sánchez, el plazo de un año “ya era bastante reducido”.

“[Reducirlo a seis meses] pareciera que es un tiempo para, digamos, tener la posibilidad de conseguir trabajo rápidamente”.

La especialista consideró probable que, debido a la nueva ley, “ingrese mucha gente [excongresistas] a trabajar en los gobiernos regionales y locales”.

ESTOS SON LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN LA LEY A FAVOR DE CONGRESISTAS Y SUS FAMILIARES:

Posibles consecuencias

En opinión de Marcel Ramírez, es claro que la modificación a la Ley de Contrataciones para beneficiar a los familiares de los congresistas puede erosionar aún más la confianza pública en las instituciones.

“Más allá de la desaprobación o pérdida de confianza en las instituciones, se genera una sensación de injusticia que va deteriorando el llamado ‘contrato social’ y por ende, la confianza en la democracia como modelo político para la República”, dijo.

El especialista añadió que el estado normal de supervivencia del peruano de a pie, aunque parece hacerlo inmune a este tipo de decisiones de sus autoridades, va haciendo cada vez más difícil la introducción futura de reformas necesarias, aunque sean conducidas en forma más responsable.