Tres días después, y ante la serie de críticas que motivó, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, dio a conocer la decisión de “suspender” la elaboración de la iniciativa con la que se buscaba obligar a los medios de comunicación a informar las acciones del Ejecutivo contra la inseguridad ciudadana, a través de una denominada “franja informativa”.

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La decisión se informó tras la sesión del Consejo de Ministros. Arana empezó asegurando que “hay normativa vigente” respecto a la “colaboración” de los medios de comunicación en estados de emergencia, negando así que lo anunciado el último domingo sea “inconstitucional o ilegal”.

No hubo mayor reflexión ni mea culpa; por el contrario, se cuestionó que a pesar de que “no existe una propuesta como tal”, se hayan recibido “comentarios anticipados” que ocasionaron “una equivocada percepción sobre su verdadero propósito y que podría poner en tela de juicio la plena vocación democrática del Ejecutivo”.

“Por ello, no obstante que la intención de la medida tenía como fin mayor unir los esfuerzos de todos en beneficio de la seguridad ciudadana y en la lucha contra la criminalidad, y que de modo alguno pretendía vulnerar la libertad de expresión, en aras de nuestra vocación democrática procederemos a suspender la referida propuesta”, comentó el titular del Minjusdh.

Así, el ministro Arana aseguró que la propuesta que fue informada el domingo —tras el denominado ‘Cuarto de Guerra’ y que, según se dijo entonces, implicaba la modificación de la Ley de Radio y Televisión— simplemente “ya no existe”; reiterando que desde el sector ya no se va a elaborar un proyecto de ley en ese sentido.

“Cuando hemos visto que esta propuesta ha generado una equivocada percepción y una preocupación, lo que nosotros hemos dicho es, dentro de nuestra vocación democrática, ¿qué es peor? (…) Hemos dicho, es preferible entonces que nosotros suspendamos y dejamos sin efecto. Y esto ya quedó en el pasado”, subrayó tras una consulta.

El anuncio generó el rechazo inmediato de gremios periodísticos, en un contexto de incesante hostilidad con el trabajo de la prensa independiente. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) alertó que la propuesta “vulneraría el principio de pluralidad informativa, esencial en una sociedad democrática”. Y desde la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) se calificó ello como “una injerencia directa en los contenidos de los medios de comunicación”.

En el Congreso 

Si bien el Ejecutivo retrocedió y la propuesta no se materializó en el Consejo de Ministros, esta tuvo casi de inmediato acogida en un sector del Congreso. Específicamente, el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón (Perú Libre), salió horas antes a respaldar públicamente la idea y aseguró que esta, incluso, debería de comprender a los otros poderes del Estado, como el Legislativo y el Judicial.

Cerrón dijo que “hay que alentar” la propuesta para una franja informativa y que “esa franja debe ser la voz viva de la realidad”, deslizando para sustentar su idea que los medios “trasladan informaciones de odio” y que “el privado tiene que colaborar con el desarrollo del país”.

No es la primera vez que Perú Libre tiene propuestas en contra de las libertades de prensa y de información. De hecho, uno de los dos proyectos que aúpan la última fórmula legal con la que se elevan las penas para la difamación aprobada el jueves es de un miembro de su bancada: Segundo Montalvo. El texto aún requiere una segunda votación.

Precisamente, además de respaldar la propuesta de franja informativa, Waldemar Cerrón también hizo lo propio con el proyecto de ley que planteó su otro colega de bancada, Issac Mita, quien además es presidente de la Comisión de Justicia, con el que ahora se pretende amedrentar y castigar tanto a fiscalías como policías que divulguen información.

Cerrón cuestionó que se publique lo contenido en una carpeta fiscal, incluso no dudó en usar como ejemplo a su hermano, Vladimir Cerrón, quien permanece en la clandestinidad. “¿Es justo que cuando alguien esté investigado dentro de una carpeta fiscal su caso se ventile en un dominical? No nos parece justo y me parece bien [la propuesta]”, incidió.

Puntos de vista 

Para Adriana León, jefa del Área de Libertad de Prensa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), esto “es una clara demostración de que también en el Congreso existe esta animadversión contra la prensa”.

“Tanto el Ejecutivo como el Legislativo están molestos con la prensa y porque está investigando y fiscalizando la gestión pública; es decir, está haciendo su trabajo”, comentó León.

Explicó que la propuesta sobre la franja informativa “es un despropósito” y viola no solo la Constitución, sino la libertad de expresión y todos los otros derechos consagrados incluso en tratados internacionales a los cuales el Perú está adscrito.

“Los principios de libertad de expresión justamente señalan que una norma como esta de la franja es un atentado contra la libertad de expresión y las libertades de información”, aseveró.

Por su parte, el abogado Roberto Pereira, cuestionó que, en lugar rectificar ante una propuesta de esta naturaleza que surgió en el Ejecutivo, Waldemar Cerrón por el contrario insiste e incurre en mayor gravedad.

“En lugar de corregir, se insiste, se es contumaz en llevar adelante una medida claramente inconstitucional y antidemocrática”, expresó.

Pereira explicó que el riesgo de una ‘franja informativa’ es que la población se vea impedida de poder acceder a una información plural, y la cual es propia de regímenes como Cuba o Nicaragua.

“Es totalmente descabellada, esa propuesta debe ser rechazada”, acotó.