La Comisión de Justicia del Congreso aprobó por mayoría un nuevo predictamen que afecta la labor de la Fiscalía de la Nación. Esta vez, buscan que los fiscales ya no puedan imputar delitos alternativos en el juicio oral.

De acuerdo con la propuesta, la resolución que ordena el inicio del juicio (denominada auto de enjuiciamiento) deberá indicar los delitos materia de la acusación fiscal, “sin reconducir, adecuar o realizar tipificaciones alternativas o subsidiarias”.

“Esto es una dificultad para el Ministerio Público cuando vaya a juicio. Solo podrá proponer un delito y no otros delitos subsidiarios o residuales”, explicó el abogado penalista Rafael Chanjan en diálogo con El Comercio.

El penalista Andy Carrión explicó que actualmente los fiscales pueden, por ejemplo, acusar por colusión y, alternativamente, por negociación incompatible.

“Si no respondes por un delito porque en el juicio se enerva la posibilidad de que prospere, pues entonces puede reconducirse a otro. Sin embargo, lo que quieren los congresistas con este predictamen es que eso ya no sea posible. En pocas palabras, lo que quieren con este proyecto de ley es restringir el campo de acción de las imputaciones”, explicó.

El exprocurador Antonio Maldonado añadió que en casos complejos, no todo está definido cuando se llega a la etapa del juicio oral. Además, debido a que un proceso penal puede ser complicado, las leyes en el Perú permiten que el Ministerio Público proponga delitos alternativos.

El peso de Perú Libre

El predictamen recibió 10 votos a favor, 10 en contra y dos en abstención. Por ello, fue decisiva la postura a favor que manifestó el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita.

Mita integra la bancada de Perú Libre, liderada desde la clandestinidad por el prófugo Vladimir Cerrón.

Los cuatro legisladores perulibristas que integran la comisión se pronunciaron a favor; es decir, votaron en bloque.

Los votos en contra fueron principalmente de Fuerza Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo y Bloque Democrático.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN:

El predictamen se aprobó “con cargo a redacción”; es decir, sufrirá ajustes antes de llegar al pleno del Congreso. No obstante, los cambios estarían enfocados en otro punto del documento, que aborda la prisión preventiva.

Durante el debate del predictamen, ni siquiera se discutió el cambio que limita la imputación de delitos.

La discusión fue únicamente por las variaciones a la figura de la prisión preventiva en determinados delitos.

El predictamen aprobado incluye la modificación de nueve artículos del Nuevo Código Procesal Penal.

En opinión del exprocurador Antonio Maldonado, “es como una ley ómnibus”.

“Ahí hay de todo, por ejemplo, quieren juzgar a jueces y fiscales con leyes especiales. Quieren invertir el orden jurídico del país en 180 grados. Es una propuesta gravísima, un despropósito total y absoluto”.

De mal en peor

Maldonado advirtió que el predictamen “busca afectar la labor de la fiscalía” y generar espacios de impunidad.

El exprocurador resaltó que los fiscales no siempre tienen una certeza absoluta sobre la calificación jurídica de los hechos investigados. “En casos complejos, no todo está definido al llegar a juicio. La investigación preparatoria sienta las bases, pero muchos elementos pueden cambiar durante el proceso. Por supuesto, no de manera drástica”, explicó a El Comercio.

Como ejemplo, recordó el caso del expresidente Pedro Castillo. Durante la investigación preparatoria por el golpe de Estado, la fiscalía planteó inicialmente el presunto delito de rebelión y, de manera alternativa, conspiración para rebelión.

Para Maldonado, este caso demuestra una falla en la normativa penal. “La conducta de Castillo no encaja exactamente en el delito de rebelión tal como está redactado en la ley. Pero eso no significa que sea inocente ni que no haya intentado dar un golpe de Estado. Lo que ocurre es que la figura de rebelión no se ha adecuado a las formas modernas de un golpe”, explicó.

Además, criticó que el Código Penal peruano define la rebelión en términos tradicionales, vinculándola a un golpe de Estado liderado por militares. “Es un tipo penal inadecuado, defectuoso. Y en lugar de corregir estos vacíos legales, los congresistas buscan empeorarlos”, sentenció.

El impacto en los casos de corrupción

El abogado penalista Rafael Chanjan advirtió que el predictamen podría afectar la forma en que los fiscales estructuran sus acusaciones, en especial en delitos de corrupción. Explicó que, en la práctica, se suelen presentar calificaciones alternativas para garantizar que un caso no quede impune.

“Por ejemplo, en casos de colusión, es habitual que se haga una calificación alternativa por negociación incompatible. De esta forma, si en el juicio no se logra probar la colusión, se puede condenar por negociación incompatible, que también es un delito de corrupción, pero con una pena menor”, detalló.

Por su parte, el penalista Andy Carrión advirtió que la iniciativa legislativa limitaría la capacidad de acción de la fiscalía al momento de presentar cargos.

“En pocas palabras, lo que quieren con este proyecto de ley es restringir el campo de acción de las imputaciones que se materializan en el auto de enjuiciamiento”, destacó.

Según Carrión, la medida reduciría las posibilidades de que los acusados enfrenten una condena en casos donde la tipificación del delito sea discutida en juicio.

Otro cambio

El predictamen también considera la creación de un estándar más bajo para que el Ministerio Público solicite prisión preventiva en casos de sicariato, robo, extorsión, secuestro, explotación sexual, trata de personas y terrorismo.

Para que la solicitud sea presentada ante el Poder Judicial, deberá existir notoria flagrancia en la comisión del delito o indicios sólidos y contundentes que acrediten la responsabilidad del imputado, además de que este represente un riesgo para la seguridad de la comunidad.

De acuerdo con la propuesta, el juez, al evaluar si un imputado representa un peligro para la comunidad, deberá considerar diversos factores. Entre ellos se encuentran la cantidad y gravedad de los delitos imputados, así como la magnitud del daño causado, además de los antecedentes policiales, penales o judiciales.

También se tomaría en cuenta cualquier vinculación con organizaciones o bandas criminales.

Actualmente, para que se imponga prisión preventiva, el juez evalúa si existen fundados y graves elementos de convicción, peligro procesal (riesgo de fuga u obstrucción a la justicia) y que la posible condena sea mayor a cinco años de prisión.

El penalista Rafael Chanjan consideró que la Comisión de Justicia “está cayendo en una confusión”.

“La prisión preventiva no debe tener la finalidad de salvaguardar la seguridad de la población, no es una pena adelantada. Es instrumental y tiene como fin salvaguardar el éxito del proceso, asegurar la presencia del imputado en el proceso o evitar que se entorpezca la actividad probatoria”, destacó.

El predictamen aún debe ser evaluado por el pleno del Congreso, la última y definitiva instancia parlamentaria.