La fiscal adjunta suprema provisional Galinka Meza Salas renunció al Ministerio Público tras haber representado a esa institución en las dos primeras audiencias del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado de diciembre de 2022.

La participación de la fiscal en el proceso judicial no se limitó a las sesiones iniciales del juicio, ya que previamente intervino en la mayoría de las audiencias durante la etapa de investigación y control de acusación.

De acuerdo con una resolución de la Fiscalía de la Nación publicada en diario “El Peruano” el martes pasado, Meza presentó su renuncia mediante una carta fechada el último 19 de marzo.

La fiscal solicitó que su salida fuera efectiva desde el 20 de marzo; es decir, pidió la exoneración del plazo legal para estos casos.

La resolución precisa que la renuncia fue aceptada por la Junta de Fiscales Supremos el 21 de marzo. No brinda mayores detalles sobre los causas. Solo se limita a indicar que fue por “motivos personales”.

Luego de su salida, otros fiscales de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos asumieron la conducción del caso.

El despacho de la segunda fiscalía suprema transitoria en mención está a cargo de Alcides Chinchay.

Meza había sido nombrada fiscal adjunta suprema provisional transitoria en septiembre de 2022, con funciones en la segunda fiscalía.

El Comercio consultó al Ministerio Público sobre las razones de la renuncia y si su salida está relacionada con el proceso en curso, pero hasta la publicación de esta nota no se obtuvo una respuesta oficial.

Fuentes de este Diario descartaron una motivación política o que se deba a un cambio de estrategia de la fiscalía en la acusación contra Castillo.

Según conoció El Comercio, desde la Fiscalía de la Nación hubo observaciones a su desempeño en las audiencias, juicios e interrogatorios a su cargo, en particular en comparación a los otros fiscales del mismo despacho que luego participaron en las audiencias.

Aún no se designa a un fiscal adjunto supremo en reemplazo de Meza. Se espera que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lo haga cuando retorne de sus vacaciones.

Consecuencias

El abogado penalista Vladimir Padilla consideró que la renuncia de la fiscal afecta al Ministerio Público en el juicio contra Castillo y otros.

“¿Por qué, si tenía pensado renunciar, lo asumió? Se justificaría si hay una razón poderosa de último momento, como un tema familiar o de salud. Pero el tema de fondo es si afecta o no la posición de la Fiscalía. Yo creo que sí, porque rompe el ritmo, afecta el ritmo de la Fiscalía. Que otro fiscal se enganche no es tan simple. Entonces, sí es una cierta ventaja para Castillo”, explicó.

La fiscalía pide 34 años de prisión para el expresidente por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilida de pública.

También son acusados la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez; su exasesor principal y exjefe del gabinete, Aníbal Torres; y el exministro del Interior Willy Huerta; además de dos policías.

Padilla consideró que la renuncia de la fiscal amerita una explicación por parte del Ministerio Público, dada la relevancia del proceso contra el expresidente.

“Es un caso de trascendencia, por eso amerita explicaciones”, sostuvo.

El abogado expresó su confianza en la integridad de la fiscal Meza y aseguró que no cree que haya aceptado el caso sabiendo que lo dejaría.

“Conozco a la doctora, es una persona bastante íntegra. No creo que sabiendo que iba a dejar el caso, lo aceptara llevar. Debe haber sucedido algo de fuerza mayor que la obliga a retirarse. Ella también ha invertido un montón de tiempo en prepararse para estudiarlo”, señaló.

Padilla que no basta con conocer el expediente, sino que es fundamental que el fiscal a cargo crea en el caso que lleva.

Explicó que el Ministerio Público es un ente corporativo y, en teoría, cualquier fiscal del equipo a cargo de un caso debería estar en condiciones de asumirlo. No obstante – señaló – no solo es necesario el conocimiento jurídico, sino también el dominio del caso en particular.

¿Cambiará la estrategia fiscal?

El abogado penalista Andy Carrión señaló que el fiscal o la fiscal que asuma el caso deberá decidir si mantiene, modifica o mejora la estrategia previa, ya que no es común que un fiscal siga al 100% la línea de otro que ha dejado el proceso.

“Suelen siempre direccionar hacia sus propias virtudes, hacia sus propias consideraciones de cómo creen que debe discurrir el caso”, explicó.

Carrión subrayó que la renuncia de la fiscal tendrá un impacto en el desarrollo del proceso, especialmente porque ha estado a cargo de etapas claves.

“Definitivamente, la separación o renuncia de la fiscal principal de un caso siempre afecta el discurrir de este en la etapa en la que corresponda. Debemos de recordar que esta fiscal es la que, en gran parte, ha llevado adelante no solo la investigación, sino también el control de acusación y la etapa inicial del juicio”, señaló.

El abogado insistió en que el impacto de la salida de la fiscal puede ser negativo, dado que era la responsable de la estrategia del caso.

“Yo creo que sí va a tener un impacto. Por lo general, cuando la cabeza principal de la estrategia deja el caso, pues el impacto suele ser negativo”, afirmó.

Carrión también resaltó el papel de la fiscal Meza en el desarrollo del proceso. “Hay que atribuirle haber llevado adelante todas las etapas, desde la investigación preliminar, la acusación, además de la etapa intermedia, el control de acusación y ahora la etapa inicial del juicio”, concluyó.

Luego del primer par de sesiones del juicio, han sido otros los fiscales los que han venido participando, todos ellos de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción.

El juicio continuará este jueves 3 de abril desde las 9:00 a.m. Están citados cuatro nuevos testigos del Ministerio Público. Estos son Cristian Martínez, conductor del vehículo que trasladaba a Betssy Chávez; Rosario Gatti, exedecán de Chávez. Además, Nataly Vega, exsecretaria del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros; y Lina Sánchez, quien fue secretaria del Ministerio de Defensa cuando ocurrieron los hechos.