Entre mediados de enero y fines de marzo, la presidenta Dina Boluarte y los integrantes del Gabinete Ministerial han protagonizado, al menos, 14 discursos hostiles en contra de la prensa. De estos ataques, 10 se dieron solamente en el mes anterior y después del primer allanamiento a la casa de Juan José Santiváñez, quien dejó recientemente el Ministerio del Interior tras ser censurado por el Congreso.

Y, además, desde el gobierno han acusado en cinco oportunidades a un sector de los medios de comunicación de complotar, en coordinación con el Ministerio Público, para propiciar “un golpe blando” en contra de Boluarte Zegarra. Precisamente, fue ella la que utilizó, por primera vez, ese término el 3 de marzo, luego de respaldar, con palmas y abrazo incluido, a Santiváñez.

Las otras autoridades que ha enarbolado esta fuerte denuncia en contra de la prensa han sido el primer ministro, Gustavo Adrianzén, y el titular de Educación, Morgan Quero [ver recuadro].

Adrianzén ha acusado de golpismo a un sector de los medios y de la fiscalía en tres oportunidades. La última en una columna de opinión publicada el domingo 23 de marzo en el diario oficial “El Peruano”. “Quieren minar la institucionalidad desprestigiando a la presidenta. Buscan hilar una vacancia”, remarcó.

Antes de ser destituido del Ministerio Interior, Santiváñez fustigó a la prensa y en diferentes oportunidades sostuvo que esta no informaba “adecuadamente” del trabajo de la Policía Nacional, como del número de bandas criminales desarticuladas y de los operativos diarios que se realizaban. Aunque él mismo haya brindado datos falsos e inexactos, como cuando dijo que se había capturado al N°2 del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Es en este contexto, que esta semana el gobierno pasó del discurso en contra de los medios a una acción confiscatoria y anticonstitucional: el titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que su sector trabaja en una iniciativa legislativa para modificar la Ley de Radio y Televisión, cuya finalidad es crear una “franja informativa”.

Los medios de comunicación, según detalló Arana”, “tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia”.

La “franja informativa” sería entre las 6 p.m. y 11 p.m., es decir en el horario estelar de los canales de televisión.

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Sería debatido en el consejo

Tras la ceremonia de inicio de obra del Corredor Vial Alimentador N.º 42, en la provincia de Candarave (Tacna), el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, dijo este martes que el Ejecutivo buscar constituir “un espacio de diálogo con los medios para ver cómo hacemos para que se difundan” las intervenciones a favor de la seguridad, “que no son del gobierno, sino del Estado”.

Pérez Reyes intentó poner paños fríos a la polémica iniciativa de la administración de Boluarte, al sostener que “no es una imposición”.

“Nosotros no queremos darles una pauta a los medios, ellos tienen su pauta libremente, en un espacio de diálogo vamos a poder tener la posibilidad de que los ciudadanos se enteren, a través de los canales de señal abierta de las intervenciones de emergencia que se están haciendo”, complementó.

No obstante, fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que este miércoles, se pondría a debate y se votaría la aprobación del proyecto anunciado por Arana. Tras ello, la propuesta sería enviada al Congreso.

Este Diario intentó comunicarse con el primer ministro Adrianzén para consultarse sobre si el gobierno iba a retroceder con esta propuesta, pero no hubo una respuesta al cierre de esta nota.

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“Han metido la pata e intentan poner un parche”

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, sostuvo que las principales autoridades del gobierno “han generado un arroz con mango”, porque primero el ministro de Justicia dijo que los medios de comunicación tendrían la obligación de transmitir la llamada “franja informativa” y luego han salido Adrianzén y Pérez Reyes a llamar al diálogo a la prensa.

“Primero sale el gobierno con un anuncio confiscatorio y luego que dicen que no lo es, que se va a dialogar […] Han metido la pata y ahora intentan poner un parche sobre la marcha. Y esto porque la respuesta en contra de la franja ha sido unánime por parte de congresistas, exministros, abogados constitucionalistas y políticos”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Salazar alertó que si el gobierno concreta su proyecto estaría dando “el primer paso” hacia el camino del “autoritarismo hacia los medios de comunicación y por qué no hacia otras industrias”, porque en la práctica estaría confiscando 40 minutos de la radio y a la televisión. “Esto linda con lo velasquista”, subrayó.

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A su turno, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), refirió que la propuesta de la administración de Boluarte es la de “un bloque propagandístico”.

“Esta franja de 40 minutos en el horario estelar es propaganda, y eso es inaceptable en una democracia, porque es una injerencia directa a la línea editorial de los medios. Y va en contra de los estándares interamericanos, que establecen con claridad que los gobiernos no pueden tener injerencia en los contenidos de los medios. Y parece que el gobierno no va a dar marcha atrás”, dijo.

Lainez, en declaraciones a este Diario, afirmó que existe “un discurso incoherente” por parte de la presidenta y sus ministros, debido a que por un lado dicen que respetan la libertad de expresión, pero por el otro acusan a la prensa de golpista y tienen la intención de presentar un proyecto “para imponer una franja, que es propaganda”.

Adriana León, jefa del Área de Libertad de Prensa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), indicó que el llamado al diálogo de Pérez Reyes le recuerda a la vez que el gobierno elaboró un protocolo para cubrir las protestas sociales en el 2023, pero que en realidad este atentaba contra los medios de comunicación.

“No sé a qué se refiere el ministro cuando pide una reunión con los medios de comunicación, cuando la lógica del gobierno es imponer [una franja]. Si el gobierno quiere comunicar puede usar los medios del Estado. No creo que haya ninguna negociación, esto no quiere decir que no haya un acercamiento”, remarcó.

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Una escalada

Sobre el discurso hostil del Ejecutivo en contra de la prensa, Lainez indicó que las 14 declaraciones de la presidenta y sus ministros en solo dos meses y medio confirman que “existe un ataque sistemático y una franca escalada” de medidas en contra de los medios de comunicación. “Esto no solo se queda en las declaraciones, que van desde el terrorismo de imagen, el golpismo, sino que ya hay una propuesta para modificar una ley [la de radio y TV]”, advirtió.

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) consideró que las expresiones de Boluarte y sus ministros “es una represalia” al trabajo de la prensa, que ha destapado presuntos actos de corrupción del gobierno, como Qali Warma, el Caso Rolex, el aparente uso irregular del cofre, entre otros.

“Hay un intento de avasallamiento que no viene solo del Ejecutivo, sino también del Congreso. Es probable que el Parlamento ponga a segunda votación la ley mordaza, que eleva las penas del delito de difamación y corta los plazos para una rectificación. Hay un ataque por todos los frentes y es deliberado”, acotó.

León, jefa del Área de Libertad de Prensa del IPYS, dijo que las declaraciones hostiles de las altas autoridades del gobierno en contra de los medios y de periodistas revela que “están muy molestos” por la fiscalización que realizan estos.

“Este es un gobierno que tiene 4% de aprobación, donde aún existe libertad de prensa y los medios grandes, medianos y chicos, los tradicionales y los alternativos, tienen unidades de investigación y revelan cada semana nuevas denuncias. En el gobierno hay una confusión de lo que significa el rol del periodismo y echarles la culpa a los medios por su mala imagen es un despropósito”, sostuvo.

Salazar, por su parte, refirió que existe “una actitud revanchista” por parte del gobierno y de querer “golpear a la prensa” que fiscaliza.

“El anuncio de la franja no se puede leer fuera del contexto de estas 14 declaraciones. Hay un intento de tener el control de la información sobre seguridad. Esto puede significar, además, una abierta desinformación gubernamental hacía la ciudadanía. Si a los periodistas le dan un enlatado, que no se puede editar ni cotejar con fuentes, qué nos asegura que esta información no sea una mentira o una propaganda”, finalizó.

Más información

La Asociación Civil Transparencia, a través de un pronunciamiento en X, consideró que obligar a los medios de comunicación a emitir una “franja de información”, elaborada por el gobierno, “representa una vulneración a la independencia periodística en un contexto ya marcado por amenazas del poder político a la libertad de expresión”.