La intención del gobierno de la presidenta Dina Boluarte de obligar a los medios de comunicación a informar sobre los actos que realiza el Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana durante los estados de emergencia “es inconstitucional” y antidemocrático, según advirtieron exministros de Justicia y ex titulares del Tribunal Constitucional.

El último domingo, tras una nueva sesión del llamado “cuarto de guerra”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que su oficina está trabajando en un proyecto que modifica la Ley de Radio y Televisión. ¿El objetivo? Crear una “franja informativa mediante la cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia”.

Tras presentar un shock de inversiones, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, confirmó este lunes la intención de la administración de Boluarte de instaurar esta “franja”. “Creemos que la lucha contra la delincuencia urbana y el crimen organizado debe ser una tarea de todos y, por eso, lo que se ha hecho es invitar a la prensa para que pueda participar en la visibilización de las acciones que desde el gobierno llevamos adelante, constantemente”, manifestó.

Adrianzén refirió que “se tiene prevista esta idea” durante los estados de emergencia, “donde no solamente hay que comunicar las acciones del Gobierno, sino también las medidas que se sugieren que la población adopte en este espacio”.

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En una entrevista en RPP Noticias, el viceministro de Justicia, Juan Alcántara, brindó mayores detalles de los cambios que se pretenden hacer. Por ejemplo, dijo que el artículo 6 de la Ley de Radio y Televisión establece que los medios de comunicación “colaboran con las autoridades”, cuando se dé un régimen de excepción, para proteger la vida y mantener el orden público.

Agregó que el proyecto de ley anunciado por Arana buscará regular este artículo para que se dé “una colaboración efectiva”.

En ese sentido, sostuvo que ya se han definido tres aspectos para la llamada franja: el primero es que sería entre las 6 p.m. y 11 p.m., es decir en el horario estelar de los canales de televisión, otro aspecto es que solo será para informar sobre la lucha contra la inseguridad, cuando haya catástrofes naturales y sobre salubridad.

Y el último punto, es que tendrá una duración de hasta 40 minutos, y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) definirá “la modalidad” de su ejecución.

Alcántara dijo que el gobierno no intenta coactar la libertad de prensa con esta iniciativa y refirió que “no tendría que haber ninguna sanción” en contra de los medios de comunicación que se nieguen a emitir esta franja. Aunque no supo precisar si eso se dejaría claro en el proyecto.

Tras una nueva sesión en el “cuarto de guerra”, la presidenta Boluarte afirmó, en aparente referencia a la iniciativa de su gobierno, que “es importante que los peruanos conozcan cada día, cada hora” las acciones en la lucha contra la criminalidad.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron a este Diario que, tras la ola de cuestionamientos, el gobierno estaría evaluando dar marcha atrás con este proyecto, que se tenía previsto que se debata y vote el miércoles en el Consejo de Ministros.

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“Esto nos asemeja a Venezuela”

Al respecto, el ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro de Justicia Juan Jiménez Mayor consideró que la iniciativa del gobierno de Boluarte para obligar a los medios de comunicación a transmitir una franja “nos asemeja” a países, como Venezuela, donde las administraciones de corte autoritario han buscado el control de los canales, radios, diarios y otros.

“En la época de Hugo Chávez, en Venezuela se aprobó la ley de responsabilidad social en radio y televisión, se conoció como la Ley Resorte, que obligó a los medios de comunicación a transmitir los mensajes que el gobierno chavista establecía. Esto [el proyecto] afecta a la libertad de información y por supuesto en las circunstancias en las que estamos no es lo más conveniente”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Jiménez Mayor sostuvo que existe un error de percepción en el gobierno. “Ellos creen que su situación precaria en legitimidad y la baja popularidad de la presidenta se deben a los medios y no a sus continuos errores y denuncias”, complementó.

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El ex titular de Justicia indicó que no existe voluntad de la administración de Boluarte por acercarse a la prensa y que una muestra de ello ha sido su negativa a firmar la Declaración de Chapultepec.

“El gobierno no debe ir por ese camino, un camino de gobiernos que no respetan la democracia, como Venezuela, esto [la franja] no es una buena foto a nivel internacional”, remarcó.

Jiménez afirmó que este proyecto “sin duda afectaría a la Constitución” y si se llega a aprobar en el Ejecutivo y luego en el Congreso tendrá que ser “impugnado en el Tribunal Constitucional”.

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Una postura similar tuvo el expresidente del TC y exministro de Justicia Víctor García Toma, quien sostuvo que, si los cambios a la Ley de Radio y TV se llegan a concretar en la línea marcada por el Ejecutivo, cabe una acción de inconstitucionalidad y una acción de amparo en su contra.

“Yo no le veo futuro a este proyecto de ley, el Congreso probablemente lo rechace. Y sí, es claramente inconstitucional, porque afecta a derechos fundamentales vinculados con la libertad de expresión, de información y restringe principios y valores del sistema democrático”, subrayó.

En diálogo con este Diario, García Toma recordó que en tiempos recientes desde el gobierno se brindó “información falsa” sobre seguridad ciudadana y puso como ejemplo cuando el exministro del Interior Juan José Santiváñez anunció la captura del N°2 del grupo terrorista Sendero Luminoso, o cuando difundió una foto de policías con presuntos integrantes de Los Pulpos.

“Recientemente, se dijo que se detuvo al asesino del cantante de Armonía 10 y el Poder Judicial desmintió esta información. No se puede utilizar el sistema de información para transmitir cosas que son contrarias a la verdad. Si el gobierno quiere mayor difusión que convoque a conferencias de prensa, que informe y que la presidenta y los ministros respondan”, cuestionó.

“Sería confiscatorio”

A su turno, el ex viceministro de Justicia Gilmar Andía dijo que la iniciativa del gobierno es abiertamente “confiscatoria”, porque en la práctica estarían recibiendo una franja gratuita en los medios de comunicación.

“Nada impide que el Estado pueda contratar los comunicados o franjas que vean por conveniente con los medios de comunicación privados y de acuerdo con la ley de contrataciones. Pero querer obligar a una entidad privada a que haga determinada acción, así lo consideren dentro de los estados de emergencia, es una acción confiscatoria y eso va en contra de la Constitución”, expresó.

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Andía opinó que obligar a la televisión y radio a dar una información de determinada manera, “ya es autoritario”.

“Esto nos llevaría a que más a que más adelante pueden intervenir empresas y fábricas de cualquier tipo. Ya el límite se rompería”, señaló a El Comercio.

El expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez explicó que las empresas privadas desarrollan sus actividades económicas dentro del marco de la Constitución y que el Estado “solo supervisa o regula que se realicen dentro de la economía social de mercado”.

Agregó que el gobierno no puede, entonces, solicitar tiempo de la programación de un canal de TV, páginas de un diario o una línea de montaje de una industria.

En declaraciones a este Diario, Álvarez puntualizó que si este proyecto prospera se corre el riesgo de que la administración de Boluarte más adelante “intervenga otras industrias”.

“Es un peligro para todos. Sí, tiene que retroceder [el gobierno]”, acotó.

Por medio de su cuenta de X, la exministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Neyra sostuvo que el proyecto que alista el Ejecutivo es “una clara afectación a la libertad de prensa y a la pluralidad informativa”.

“Pretenden obligar a difusión actividades del Poder Ejecutivo en ‘franja electoral’. ¿Buscan una alternativa de comunicación frente a la prohibición de contratar publicidad estatal por la convocatoria a elecciones (con la sola excepción de impostergable necesidad y utilidad pública que permite la ley)?”, escribió.

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La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) consideró, a través de un comunicado, que la propuesta del gobierno para modificar la Ley de Radio y TV “representa una irrupción en los contenidos de los medios de comunicación inaceptable en democracia”. Añadió que lo que pretende la administración de Boluarte “es establecer un bloque propagandístico” de sus acciones.

“Esto contraviene estándares internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de información y prohíben la injerencia gubernamental en los medios de comunicación”, remarcó la institución.

Además, advirtió que imponer la referida franja durante los estados de emergencia es, en la práctica, implementarlo de manera permanente, debido al “uso desmedido” de esta figura. “Por dicha razón, las declaraciones del ministro Arana revisten particular gravedad, ya que observamos un intento de controlar el contenido de los medios de comunicación”, subrayó la ANP.